Escándalo
financiero obstaculiza reelección de Uribe
Por
Mario Osava y Constanza Vieira
Inter Press Service (IPS), 26/11/08
Bogotá.–
Cinco mil personas que entonaron consignas contra el
gobierno en la Plaza de Bolívar, en la capital de Colombia,
reflejaron una brusca caída en la popularidad del
presidente Álvaro Uribe, cuyo proyecto reeleccionista para
2010 sufrió un revés en el parlamento.
La
protesta, que se repite desde hace varios días pero se hizo
masiva el martes al grito de "No más Uribe", se
refiere a la intervención del gobierno en la firma
financiera DMG, la cual tuvo gravísimas consecuencias
sociales en los meridionales departamentos de Putumayo y
Nariño.
Unos
600 manifestantes procedentes de Putumayo, fronterizo con
Ecuador, engrosaron la marcha callejera y la concentración
en la Plaza, que atrajo además a muchos pobladores de Bogotá
y de sus alrededores.
La
crisis generada por el cierre de la DMG, empresa creada por
David Murcia Guzmán, tiene consecuencias "gravísimas",
económicas y sociales, alertó el martes de noche el
gobernador del Nariño, Antonio Navarro, en un debate en el
Senado.
Navarro
estimó que 90 por ciento de la población de Pasto, la
capital de Nariño, tuvo negocios con la empresa que en el
departamento contaría con 1.017.000 inversionistas, más de
la mitad del total de habitantes.
En
Putumayo, donde DMG inició sus actividades, la situación
es peor, advirtió el gobernador, quien reclamó un
"fondo de salvamento y solidaridad" para reducir
los efectos sociales de la debacle.
La
actividad en los dos departamentos está detenida desde hace
una semana por un paro cívico, así como por protestas
violentas en las que se registraron heridos este miércoles.
"Éramos
todos uribistas", aseguró un manifestante en la Plaza
de Bolívar a IPS, declaración que repetían otros. El
vuelco de opinión puede alcanzar a más de cuatro millones
de ciudadanos que invirtieron sus ahorros en DMG, según
cuentas oficiales.
"Uribe,
para mí, se volvió un dictador", dijo un hombre que
se identificó como U, originario del sur y residente hoy en
Bogotá.
U,
quien acude a las protestas de traje y corbata, informó que
tiene 30 millones de pesos (unos 14.000 dólares) bloqueados
en DMG, y que está revisando sus opiniones antes favorables
a Uribe en muchos asuntos, incluida su política
antiterrorista.
Su
desconfianza inicial ante la oferta de 100 por ciento de
renta en seis meses cedió, en parte, por los siete años de
trayectoria de la empresa, sin quejas de numerosos clientes
y pagando impuestos. La intención de U es demandar al
Estado por omisión.
"Es
una masacre laboral", definió Concepción Robelto,
quien perdió su empleo hace ocho años debido a la
privatización de la salud promovida por Uribe cuando fue
senador, y ahora también con el cierre de DMG, otra vez por
decisión del actual presidente.
"Otra
vez volvemos a ser pobres", lamentó su hija de 19 años,
que tiene discapacidad psicomotora, según el relato de
Roberto, cuya familia sobrevive con la venta de productos
naturales.
Hay
damnificados por la intervención de DMG en muchas
localidades de Colombia, y no sólo en Putumayo y Nariño,
como da a entender el gobierno, según Robelto y otros
manifestantes que viven en Bogotá, como Eliana Niño.
Según
ella, DMG podía remunerar bien las inversiones porque
"no gasta en publicidad" y pagaba menos impuestos
que los bancos por la fórmula adoptada para sus actividades
financieras.
DMG
operaba con una tarjeta prepagada o de débito, similar a
una tarjeta telefónica, sin identificación del usuario,
con la cual el cliente podía hacer compras en las tiendas
de la empresa hasta agotar la suma invertida.
A
los seis meses, DMG devolvía a cada cliente la suma que había
invertido, hubiera realizado compras o no. Los productos,
generalmente electrodomésticos, tenían precios ligeramente
más altos que los del mercado, pero la mayoría eran de
contrabando, aseguró este miércoles el fiscal general de
la Nación, Mario Iguarán.
Muchos
campesinos de Putumayo vendieron sus fincas y casas y se
trasladaron a las ciudades para invertir el dinero en DMG.
La fórmula de la empresa era más rentable que la
comercialización de la materia prima de la cocaína, lo
cual les permitió abandonar los cultivos de coca, según
informaron hace un año habitantes del municipio de La
Hormiga a IPS.
DMG
"es una comercializadora, no una pirámide", afirmó
Carmen Marín, también de Bogotá.
Para
Marín, el gobierno intenta confundir las operaciones de la
empresa de Murcia Guzmán con el fraudulento "esquema
piramidal", al que se dedican firmas cuyos primeros
inversores se lucran con el dinero aportado por los
siguientes, más numerosos, quienes lo pierden todo.
El
esquema piramidal también proliferó en Colombia y se
convirtió en un problema social en todo el país en los últimos
meses, lo que obligó al gobierno a tomar medidas para
mitigar sus efectos.
Murcia
Guzmán "no le quitó plata a nadie", afirmó Marín,
mientras la multitud coreaba "liberen a David" y
"David, amigo, el pueblo está contigo".
H,
quien tampoco quiso identificarse, vendió "una
finquita con dos vacas y un caballo" para invertir
50.000 pesos (unos 23.000 dólares) en DMG, sólo para ver cómo
se hundía su sueño de comprar una hacienda más grande.
Ante
la acusación de que DMG es una "lavandería" de
dinero del narcotráfico, Saúl Español, activista del
movimiento "viviendista", que lucha contra el
desalojo de 900.000 familias que no logran pagar el crédito
inmobiliario, sostuvo que el gobierno también recibe dinero
procedente de drogas, pero sin redistribuirlo como hacía
DMG.
Murcia
Guzmán fue detenido el día 19 en Panamá, donde también
tenía muchos negocios, y conducido a Bogotá, acusado de
lavado de activos y captación financiera ilegal y masiva,
entre otros delitos.
Otros
directivos de DMG están presos o prófugos, y numerosas
empresas del holding han sido cerradas, también en Panamá
y otros países.
Se
trata de una "mafia creada para asaltar al Estado"
y que se ha aliado con el narcotráfico, el paramilitarismo
de ultraderecha y la guerrilla izquierdista, atacó el
ministro de Hacienda, Óscar Zuluaga, el martes en la sesión
nocturna del Senado.
DMG
pretendía "generar un clima de rebeldía e insurrección
contra el Estado", además de cometer defraudaciones,
coincidió el general Oscar Naranjo, director de la Policía
Nacional.
La
intervención en la empresa tardó pues era preciso que las
autoridades cumplieran las reglas del estado de derecho,
justificó.
La
pérdida de popularidad de Uribe entre ciudadanos airados
por el cierre de DMG constituye un traspié para las
intenciones reeleccionistas del presidente.
Dos
legisladores oficialistas por Putumayo y Nariño anunciaron
que, tras un pedido de sus electores, no votarán el
proyecto de ley por el cual se convocaría un referendo para
que la ciudadanía decida si Uribe podrá competir en
elecciones por un tercer mandato en 2010.
Sin
ambos votos, el oficialismo pierde su ya estrecha mayoría
en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes,
primera de las cuatro instancias para tramitación del
proyecto de iniciativa popular, lo cual podría hundirlo
definitivamente.
Los
más de cuatro millones de firmas recogidas en adhesión al
referendo, en una campaña que contó con multimillonaria
financiación de origen poco claro, fueron transportadas a
las oficinas de la institución a cargo de las elecciones en
camiones blindados pertenecientes a una empresa de
transporte de valores vinculada con DMG, y que también fue
intervenida.
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