Colombia
bajo Uribe
¿Hacia
un Estado paramilitar?
Por
Javier Darío Restrepo
Inter
Press Service (IPS), 29/05/09
Bogotá.–
Visiblemente indignado, el ex presidente colombiano César
Gaviria (1990–1994) denunció esta semana lo que llamó un
artículo "monstruoso" del proyecto de reforma política
que se discute en el Congreso legislativo.
Es
"el artículo cuatro, que habilita a los jefes
paramilitares para ser escogidos a cargos de elección
popular, para hacer contratos con el Estado y para ser
empleados públicos. Lo que tumbaron la Corte Constitucional
y la Ley de Justicia y Paz, ahora lo pretenden convertir en
una consagración constitucional", dijo Gaviria, actual
jefe del opositor Partido Liberal.
No
es la primera vez que esas bandas armadas figuran con
privilegio en las iniciativas del gobierno de Colombia. Recién
investido, el presidente Álvaro Uribe propuso en 2002 al
Congreso el indulto general de los paramilitares y una
representación parlamentaria directa para ellos.
En
su segundo período de gobierno, iniciado en 2006, cuando
acababa de explotar el escándalo de los políticos
favorecidos electoralmente por la presión de los
paramilitares ––los parapolíticos––, el presidente
propuso medidas para buscar la excarcelación de los
congresistas presos.
En
un informe difundido bajo el título "A las puertas del
Ubérrimo" ––el nombre de la hacienda de la familia
Uribe–– los investigadores Iván Cepeda y Jorge Rojas
encontraron antecedentes más remotos de ese favor en la
licencia que Uribe había concedido, cuando era gobernador
del norteño departamento de Antioquia, a la cooperativa de
seguridad privada Convivir Horizonte, a solicitud del
paramilitar Salvatore Mancuso en 1996, "cuando ya había
consumado 10 masacres", anotan los autores.
En
ese mismo año, el gobernador pidió la legalización de
armas de largo alcance para las Convivir, unas
organizaciones paramilitares que los hacendados crearon para
proteger sus tierras y ganados, y sus vidas amenazadas por
la guerrilla que en ese año asolaba las propiedades rurales
en Antioquia y en el vecino Córdoba.
Uribe
gobernó Antioquia entre 1995 y 1997. Fue manifiesta la
mutua admiración entre el gobernador y los líderes de esas
organizaciones. Según el mandatario regional constituían
"un modelo transparente", y "un grupo de
apoyo a las fuerzas militares".
Por
su parte, observan Cepeda y Rojas, "Mancuso no ocultaba
su admiración. 'Uribe ha mantenido un discurso firme',
afirmaba. Carlos Castaño (también líder de los
paramilitares) decía que Uribe "es el hombre más
cercano a nuestra filosofía".
Esta
cercanía se manifestó públicamente y sin atenuantes en
tres ocasiones, que en estos días han adquirido especial
relevancia.
La
primera fue el homenaje que Uribe promovió en honor del
general Rito Alejo del Río, llamado "el pacificador de
Urabá" y actualmente procesado por vinculación a los
grupos paramilitares de esa región de la costa norte. En
ese homenaje, celebrado en Bogotá, Uribe fue el orador
principal.
También
lo fue en el que los ganaderos de Córdoba organizaron en
honor de su líder gremial, Rodrigo García Caicedo,
conocido como de la entraña de los hermanos Castaño y
exponente de la doctrina de las autodefensas.
La
celebración de los 10 años del diario El Meridiano de Córdoba
se recuerda como otro antecedente de esa cercanía, por
cuanto sus propietarios figuran en la lista de los
financiadores de las Autodefensas de Córdoba (AUC)
registrados en documento de la fiscalía. La presencia y la
intervención de Uribe fueron ampliamente relatadas en las páginas
del periódico.
Por
cuenta de esa proximidad a los paramilitares se dio el
episodio, embarazoso para el gobernador Uribe, del asesinato
del abogado Jesús María Valle. Días antes, el gobernador
lo había calificado en una intervención pública como
"enemigo de las Fuerzas Armadas".
Valle
había denunciado, en su calidad de presidente en Antioquia
del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos
Humanos, la alianza paramilitares–ejército en la matanza
de 19 personas, cometida en el municipio de Ituango en 1996
y 1997. La relación entre la afirmación pública de Uribe
contra Valle y su asesinato, hecha notar por el diario El
Colombiano, fue motivo de un vivo intercambio de cartas de
reclamo del gobernador y de explicaciones del periódico.
Al
concluir su mandato como gobernador e iniciar su campaña
para la presidencia, Uribe nombró como asesor de asuntos de
seguridad al general Del Río, hoy detenido, asignó la
tesorería de la campaña en Córdoba a Roger Taboada, hoy
con orden de captura, e incluyó entre el personal de su
campaña a José María Maroso, hoy acusado ante la fiscalía
como financiador de las AUC.
Veinte
de los amigos de Uribe en la campaña resultaron ser
firmantes del pacto de Ralito, iniciativa de los
paramilitares, y hoy están acusados de alianza con esos
grupos armados de extrema derecha, a menudo vinculados al
narcotráfico.
El
pacto secreto de Ralito fue firmado en 2001 entre jefes
paramilitares y más de 50 dirigentes políticos con el fin
de "refundar el país".
A
medida que el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio,
defendía el cuestionado artículo cuatro del proyecto de
reforma política, todo este historial de alianzas y cercanías
con los paramilitares aparecía como una explicación de
este nuevo intento de favorecimiento.
Es
una evidencia histórica que se acentúa con los datos que
la Corte Suprema de Justicia y la fiscalía ofrecen en
cifras reveladoras. Según ellos, de los más de 80
legisladores implicados en procesos por "parapolítica",
60, o sea casi 80 por ciento, pertenecen a la coalición de
gobierno. De aprobarse la discutida propuesta, ellos serían
los primeros beneficiados.
Dentro
de una pragmática lógica política, son explicables las
gestiones para favorecerlos y para impedir que sus escaños
queden vacíos.
Según
el comentarista Rodolfo Arango y con base en datos
oficiales, "el total de votos uribistas comprometidos
con la parapolítica congresarial judicializada asciende a
2.324.751".
Lo
que definitivamente importa hacia el futuro es conservar
unos votos decisivos para mantener activa y dominante la
mayoría uribista en el Congreso.
Aunque
finalmente el artículo fue retirado del proyecto de reforma
política, en parte por el rechazo de la opinión pública,
la polémica a la que dio lugar revivió la inquietante
sensación de que, paso a paso, se ha venido adelantando la
construcción de un Estado paramilitar en Colombia.
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