Emergencia
humanitaria en Colombia
El
drama de cuatro millones de desplazados
Por
Juan Diego Restrepo
Desde
Ituango, departamento de Antioquia
APM,
16/07/09
Cifras
y hechos del mismo Estado colombiano contradicen la política
de Seguridad Democrática, plan militar bandera del
presidente Uribe, respaldado por Estados Unidos. Dos
millones 644 mil 149 personas fueron desplazadas en Colombia
entre 2000 y 2008, según cifras reconocidas por el Estado.
Pero la verdadera cifra podría rondar los 4.100.000,
conforme a los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR).
La
situación se complica cada día que pasa en Ituango
[municipio del departamento de Antioquia, cuya capital es
Medellín, de donde es originario el actual presidente].
Hasta el día 16 de julio, 402 familias de campesinos, cerca
de 1040 personas, abandonaron sus casas, sus animales y sus
cosas en el campo y se desplazaron al pueblo.
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El
éxodo: Colombia es la nación que más minas antipersonas
tiene
sembradas en todo el mundo (foto “El Colombiano”)
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El
éxodo comenzó cuando las FARC presionaron a la comunidad a
desplazarse y amenazaron con continuar el minado de campos
si el Ejército no se retira de la zona. Ituango es un
municipio situado a 195 kilómetros de Medellín, en un área
controlada por los paramilitares y con presencia de las
FARC.
Los
campesinos fueron instalados por el alcalde en varias áreas
del municipio. Ahora esperan la ayuda necesaria del Estado y
las garantías para volver a sus tierras. Mientras tanto, el
gobierno no quiere reconocerlos como desplazados y demora
las ayudas. El alcalde del pueblo declaró que se le agotan
los recursos para atender la emergencia.
Colombia
es la nación que más Minas Antipersonas tiene sembradas en
todo el mundo. Según el programa de Naciones Unidas para la
infancia (UNICEF), 6.942 personas han sido heridas por pisar
algunas de estas minas en el único país de América en el
que se sigue sembrando el artefacto.
La
cuestión es minar campos para impedir el acceso del enemigo
y poder controlar el territorio. Los campos minados
coinciden con áreas sembradas de coca, como es el caso de
Ituango.
Si
corre con suerte y no muere, quién pisa una mina
generalmente pierde alguna de sus piernas o sufre quemaduras
en su cuerpo. Comienza entonces el drama de la recuperación
y la aceptación de un cuerpo mutilado acompañado del
desplazamiento; las víctimas y sus familias suelen migrar a
las ciudades.
Se
calcula que más del 30 por ciento de las víctimas son
civiles. Los eventos en los que se pisa una mina suelen
ocurrir mientras realizan sus labores cotidianas o
laborales; mientras traen o llevan agua; mientras caminan a
sus casas, trabajan la tierra, van a la escuela; mientras
cazan, mientras juegan.
En
los niños el efecto es aún más dramático. Por su corta
estatura, las amputaciones suelen ser más altas y la
explosión puede alcanzar los órganos más expuestos. Según
la UNICEF, 649 niños fueron contabilizados como víctimas
de una Mina, entre 1990 y 2008. El 100 por ciento de las víctimas
se halla bajo la línea de pobreza y el 97 por ciento de los
eventos suceden en áreas rurales.
El
minado es uno de los motivos del desplazamiento que se vive
en Ituango. Habría que sumarle el confinamiento forzoso,
los homicidios selectivos, los casos de masacre y el
reclutamiento de menores; todos estos eventos fueron
denunciados por la comunidad y por organizaciones de
derechos humanos.
En
diálogo con APM, José Higuita, un campesino de la vereda
Los Sauces explicó que hay dificultad para alimentar a los
refugiados. Agregó que “algunos de nosotros llevamos casi
un mes fuera de nuestras casas, tuvimos que dejarlo todo
cuando el Ejército instaló campamentos en algunos caminos
y los enfrentamientos con las FARC se agudizaron. Yo soy
padre de cuatro niños y no voy a dejarlos en medio del
fuego cruzado”.
Acción
Social, la entidad estatal encargada de atender la
emergencia, sólo había reconocido hasta hoy a 229 personas
desplazadas, las que llegaron primero, así que las ayudas
no alcanzan para todos.
“Todos
somos desplazados. No venimos por el mercado que nos dan.
Nosotros lo tenemos todos en las fincas, nuestros cultivos,
todo. Aunque debo explicarle a usted que las fumigaciones a
los cultivos de coca cercanos acaban también con los
cultivos de plátano, frijol y frutas”, expresó Higuita,
quién agregó que la situación se complica cada vez más
para el campesino.
A lo
que más le teme la comunidad es al minado. Higuita cuenta
que en su familia no ha habido víctimas por alguna de estas
explosiones, pero agrega que “Una de mis bestias (vacas)
pisó una mina en octubre pasado. Tres bestias tenía yo.
Fue muy doloroso verla quejarse de dolor y optamos por
sacrificarla. Uno recuerda la mirada del animalito y se le
rompe todo”.
El
desplazamiento es la ampliación de la gran propiedad. Los
campesinos dejan sus tierras y el latifundista las siembra.
La coca es uno de los sembrados más atractivos para
paramilitares y guerrillas que financian su maquinaria bélica.
La
población se desplaza entonces a las periferias de las
grandes ciudades o a las cabeceras de los pueblos ¿Recuperarán
algún día lo que les pertenece?
ACNUR
afirma que la cifra de desplazados ronda los 4.100.000
personas. Se cuestiona así las cifras oficiales del Estado
colombiano que cuentan a 2.644.199.
El
subregistro está justificado por varias razones. Las políticas
públicas tienden a no reconocer la magnitud del problema,
caso de Ituango, porque puede afectar la gestión del
gobernante o porque exige una mayor inversión social.
Los
grupos armados amenazan a las víctimas, quienes ante el
miedo optan por guardar silencio. En muchos casos, se ha
podido demostrar que la población desconoce los mecanismos
de denuncia o desconfía del Estado.
En
siete años de la presidencia de Uribe, las cifras son
alarmantes: en 2008 fueron desplazadas 227.127 personas según
la vicepresidencia de la República. 15.246 en los meses de
enero y febrero de este año 2009. Sin embargo, la política
de Seguridad Democrática sigue implantándose en el
territorio nacional, proponiendo la guerra como solución al
conflicto y desconociendo la opción del diálogo.
Sudán
es el país con mayor número de desplazados en el mundo, le
sigue Colombia.
Diciembre
de 2008. La Corte Interamericana condenó al Estado
colombiano por el asesinato del defensor de los derechos
humanos Jesús María Valle. Este abogado, nacido en Ituango,
fue baleado en su oficina mientras presidía el Comité de
Derechos Humanos de Medellín.
Días
antes de su asesinato, el entonces Gobernador de Antioquia,
Álvaro Uribe, lo señaló como “enemigo del ejército”.
Valle había denunciado la colaboración de militares de la
IV Brigada del Ejército en las masacres de El Aro y La
Granja.
Las
ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá)
comandadas por Salvatore Mancuso entraron, en una noche del
1996 y en otra del 1997, en los corregimientos de El Aro y
la Granja. Destruyeron ambos poblados, quemaron 42 casas,
asesinaron y descuartizaron a 19 personas y desplazaron a la
totalidad de la población, 702 personas.
Años
después, preso, Mancuso confesó su autoría en la masacre
de El Aro, y admitió que el general Alfonso Manosalva,
comandante de la IV Brigada, le entregó la información y
los mapas para efectuar la matanza, además lo abasteció
con armamento. Fueron municiones del Ejército las que se
usaron contra los habitantes del pueblo.
Otro
paramilitar condenado por la Corte, Francisco Villalba,
declaró que quién ordenó y planeó la masacre de El Aro
fue el entonces gobernador Álvaro Uribe [actual
presidente]. El hecho no se pudo probar, Mancuso desmintió
a Villalba, quién a la vez apareció asesinado en su casa
luego de denunciar a Uribe.
La
muerte de Jesús María habría de sumarse a la larga lista
de asesinatos de hombres y mujeres dedicados al peligroso
oficio que es defender los derechos humanos en Colombia. La
comunidad espera el apoyo del resto de la sociedad. Al día
de hoy, la prensa colombiana apenas si ha reseñado la
crisis en Ituango.
Mientras
tanto, las ayudas no llegan. Los desplazados se enfrentan a
las acusaciones de tener infiltrados de la guerrilla que
estarían alentando el éxodo, con el fin de poner en jaque
al gobierno.
Se
necesitan alimentos, asistencia médica, los estudiantes están
desescolarizados y la comunidad sigue ante la incertidumbre
de cuándo podrá regresar a la tierra que les pertenece.
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