Se vota una iniciativa del gobierno para perpetuarse en el poder

Luz verde para la re–reelección de Uribe

Por Katalina Vásquez Guzmán
Desde Medellín, Colombia
Página 12, 21/08/09

Se trata de una iniciativa del gobierno para perpetuarse en el poder que se vota, primero, en Senado y Cámara; después, el mismo presidente la sanciona como ley y, por último, la Corte Constitucional da su visto bueno. Ayer se dio el primer paso.

Con la aprobación del Senado, se abrieron las puertas para un tercer mandato consecutivo del presidente Alvaro Uribe. La noche del miércoles, cincuenta y seis congresistas dieron el sí para que el país vaya a las urnas a decidir si, una vez más, la Constitución política nacional es reformada para permitir, por segunda vez, la reelección inmediata de Uribe. Referendo reeleccionista son las dos palabras más sonadas en la política colombiana en los últimos días.

Se trata de una iniciativa del gobierno para perpetuarse en el poder que se vota, primero, en Senado y Cámara; después, el mismo presidente la sanciona como ley y, por último, la Corte Constitucional da su visto bueno. Hasta ayer, se trataba de uno de los fracasos políticos y legislativos más grandes de Uribe. Hasta las publicaciones más importantes del país se atrevieron a titular en los últimos meses que el referendo estaba muerto. Pero, tras el asiduo lobby y los numerosos desayunos de trabajo que ofrecen los ministros de Uribe a los congresistas, esta semana el referendo resucitó, y con él los temores de la oposición por la continuidad en el poder del gobierno y las fuerzas militares que presentan unos de los mayores índices de violación a los derechos humanos de sus ciudadanos.

Para el senador opositor Gustavo Petro, si Uribe es reelegido otra vez “muere la democracia en Colombia. Lo que se va a construir es una dictadura con un trasfondo profundamente mafioso”. Petro le dijo a Página/12 que “con otro mandato se seguirá impidiendo el avance de la organización y promoviendo que las organizaciones indígenas, sindicales y sociales sigan siendo aniquiladas”. Todos los senadores opositores, incluidos los liberales, se retiraron del extenso debate que aprobó el informe de conciliación del referendo. Abandonaron la sala porque consideran que esta iniciativa deroga la Constitución nacional.

En 2006, cuando se aprobó la primera reelección, Uribe llamó “articulito” al texto de la carta política colombiana que le impedía ser candidato al terminar su período. Esta vez, el inciso primero de ese artículo (197) quedaría así: “Quien haya sido elegido a la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales podrá ser elegido para otro período”. Se trata, según le dijo a este diario el senador Petro, de “lo mismo que pasó en Honduras. Es el intento por destruir el avance de la democracia en América latina”.

Entre los congresistas hay un ambiente de temor frente a las decisiones en torno del referendo. La investigación iniciada contra más de ochenta parlamentarios –por votar sí al primer referendo a cambio de dinero y cargos públicos– los pone a pensar dos veces antes de manifestarse simpatizantes. Hoy hay dos ex congresistas en la cárcel por el delito de cohecho. Esos hechos, por los que aún no se condena a nadie del gobierno, no impidieron la favorable votación para el segundo referendo reeleccionista que, en la urnas, necesitaría por lo menos de siete millones de votos para ser válido.

Por ahora la herramienta de Uribe para continuar en el poder salió del atolladero político que lo enreda desde que se presentó, cuando el Consejo Nacional Electoral manifestó dudas por la validez de las firmas y los orígenes de los dineros que financian el proyecto. Más tarde, un congresista demandó a sus compañeros votantes y hay un proceso judicial en curso. El nudo del referendo estuvo en la pregunta mal redactada. La aprobación de ayer, a todas luces, favorece las intenciones de Uribe: si el pueblo vota sí, Uribe podrá seguir en el Palacio de Nariño.

Ayer, el parlamentario Germán Vargas Lleras denunció que los congresistas reciben frecuentes llamadas y visitas para que aprueben el referendo, mientras autoridades judiciales los observan y requisan sus casas.