Uribe
silencia a testigos peligrosos
Asesinatos
de paramilitares desmovilizados
Por
Iván Cepeda Castro
El
Espectador, Bogotá, 08/08/09
En
los últimos años, cerca de 2.000 desmovilizados
paramilitares han sido asesinados.
Según
cifras de la Alta Consejería Presidencial para la
Reintegración, tan sólo en 2009 en Antioquia, 113 de ellos
murieron en forma violenta. El comisionado Frank Pearl
atribuye estos hechos a un “ajuste de cuentas” o a
disputas territoriales por el control de las rutas del
narcotráfico. Una explicación que omite reconocer que
buena parte de los homicidios se están ejecutando por
encargo de quienes les ordenaron crímenes y temen hoy ser
delatados.
Algunos
casos ejemplares así parecen demostrarlo. Francisco
Villalba Hernández, alias Cristian Barreto, mando medio de
las Auc, estaba acusado de ser uno de los perpetradores de
la masacre de El Aro. Fue baleado en Medellín cuando gozaba
del beneficio de casa por cárcel, en abril de este año. En
el proceso de esclarecimiento de los móviles y los autores
intelectuales de esa masacre, testimonió acerca de la
presunta participación del entonces gobernador de
Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y de su hermano Santiago en
ese crimen.
Para
diseñar esa operación, los hermanos Uribe se habrían
reunido en una finca en Tarazá, Antioquia, con los jefes
paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, con
coroneles, tenientes y soldados de la IV Brigada del Ejército.
También mencionó que un helicóptero de la Gobernación de
Antioquia fue utilizado en desarrollo de la incursión.
Después de esa declaración apareció una carta en la que
al parecer Villalba se retractaba de la acusación, pero al
darse a conocer la misiva, él mismo negó su autenticidad y
denunció amenazas en su contra.
El
28 de julio de 2008 fue asesinado Antonio López, alias Job,
lugarteniente de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. López
visitó la Casa de Nariño para entrevistarse con altos
funcionarios del Gobierno en compañía del ex gobernador
Juan José Cháux, de quien era asesor. Los temas tratados
en esa reunión aún no han sido aclarados. La muerte de
alias Job se produjo días después de conocerse la
realización del encuentro secreto en el palacio
presidencial. Hace algunas semanas fue envenenado en la cárcel
La Picota el ex comandante del bloque Tolima de las Auc
Diego Martínez, alias Daniel. El envenenamiento se produjo
en la víspera de una declaración en la que había
anunciado que iba a implicar a políticos y mandos
paramilitares.
Los
homicidios, envenenamientos en las cárceles y amenazas
contra los desmovilizados que se muestran dispuestos a
colaborar con la justicia son parte de una estrategia de
impunidad. De ella también hacen parte los obstáculos para
poder visitar en las cárceles a los jefes paramilitares
extraditados, los atentados en contra de sus familiares, la
negación de los permisos especiales para que ellos ingresen
a los Estados Unidos y las trabas de toda índole que
interponen los funcionarios judiciales en ese país para que
se puedan efectuar las diligencias. Esa estrategia busca
poner un punto final al proceso de verdad y justicia. Por
eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó en
un pronunciamiento reciente: “La Corte considera que en
las decisiones sobre la aplicación de determinadas figuras
procesales a una persona debe prevalecer la consideración
de la imputación de graves violaciones de derechos humanos.
La aplicación de figuras como la extradición no debe
servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar
la impunidad”.
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