Según el pacto, los soldados de Estados Unidos apostados
en Colombia no superarán los 800 y los contratistas los
600, número que fue autorizado en el año 2000 con la firma
del Plan Colombia. La Unasur quiere conocer el texto
acordado.
Colombia y Estados Unidos formalizaron ayer el acuerdo que
permitirá que militares y contratistas estadounidenses
utilicen siete bases localizadas en suelo colombiano para
hacer operaciones contra el terrorismo y el narcotráfico,
convenio que fue rechazado por países de la región.
La firma del texto, llamado oficialmente "Acuerdo
complementario para la cooperación y asistencia técnica en
defensa y seguridad", se realizó en privado en el
Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, y lo
suscribieron el canciller Jaime Bermúdez; los ministros de
Defensa, Gabriel Silva, y de Interior y Justicia, Fabio
Valencia, y el embajador de Estados Unidos en esta ciudad,
William Brownfield.
Los soldados de Estados Unidos apostados en Colombia no
superarán los 800 y los contratistas los 600, número que
fue autorizado en el año 2000 con la firma del Plan
Colombia. Este plan contemplaba una estrategia de lucha
antidrogas que luego se amplió a la guerra contra las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "El
objetivo de este acuerdo no es aumentar el número de
personal militar de Estados Unidos", dijo Bermúdez.
"Lo que se busca es contar con herramientas de
cooperación técnica para ser más eficaces en las
comunicaciones, en los mecanismos de inteligencia" para
la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas
izquierdistas, dijo el ministro.
El canciller señaló que la cifra de estadounidenses en
Colombia no llega hoy en día a los 220 militares y 400
contratistas, y por el contrario se espera que ese número
se reduzca porque el convenio trata sobre todo de asuntos de
cooperación técnica.
Además Bermúdez consideró que "en la medida en que
Colombia sea eficaz en esta lucha contra el narcotráfico y
el terrorismo, vamos a beneficiar no sólo a todos los
colombianos sino a toda la región y al mundo entero".
El documento "va a ser público la semana entrante.
Yo mismo estoy firmando una carta para todos los cancilleres
de la región, hablando del ánimo que tenemos de tener las
mejores relaciones" y manifiesta que el interés de
Colombia es derrotar el narcotráfico y el terrorismo.
"Aquí no estamos trayendo soldados norteamericanos
para combatir en Colombia, aquí no va a haber personal de
combate con carácter ofensivo de los Estados Unidos, es
cooperación técnico-militar", señaló Bermúdez.
"No vamos a ver un número inusitado de personal
militar norteamericano ni aviones norteamericanos en exceso.
Lo que vamos a ver es lo que ya hemos visto en este
tiempo", dijo al reiterar que la presencia de personal
militar de Estados Unidos en Colombia entre permanente y
temporal "no excede los 230 militares".
La base aérea de Palanquero, en el centro de Colombia,
para la cual el Congreso de Estados Unidos aprobó la suma
de 46 millones de dólares para su adecuación, será el eje
del total de siete instalaciones a las que los militares
estadounidenses tendrán acceso, según establece el acuerdo
anticipado por ambos gobiernos en semanas pasadas. Las
unidades militares son las bases del ejército en Larandia
(Caquetá, sur) y Tolemaida (Cundinamarca y Tolima, centro);
las aéreas de Malambo (Atlántico, norte), Palanquero (Cundinamarca,
centro) y Apiay (Meta, sur), y en las bases navales de
Cartagena (norte) y Málaga, en el Pacífico.
Sin embargo, el documento establece que los
estadounidenses podrán utilizar las unidades que requieran
para las actividades contra el narcotráfico y el terrorismo
previstas en este acuerdo, que tendrá una vigencia de diez
años "renovables".
Con este acuerdo, que Bogotá presentó como
complementario a uno global de cooperación en vigencia
desde 1974, Washington busca suplir el cierre de la base
ecuatoriana de Manta, cuyo contrato de diez años no fue
renovado por el gobierno de Correa.
El Consejo de Estado, en un estudio jurídico del acuerdo
firmado ayer, dijo que ese convenio deja a Colombia en
condición de cooperante de Estados Unidos, que decidirá
las tareas que se deban realizar, y recomendó que sea
estudiado por el Congreso antes de su aprobación. Sin
embargo, el gobierno del presidente Alvaro Uribe consideró
que este documento no debe ser sometido a la discusión y
aprobación del Congreso nacional.
Por su parte, el embajador Brownfield advirtió el jueves
que, en su caso, es obligación legal ponerlo a consideración
de los comités de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara
de Representantes de Estados Unidos.
Los homólogos sudamericanos de Bermúdez habían pedido
conocer el texto, en una reunión celebrada el 28 de agosto
en Quito con los ministros de Defensa de la Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur).
