Bogotá.- Naufragó la iniciativa para el referéndum que debía permitir,
mediante una nueva modificación de la Constitución
colombiana, un tercer mandato presidencial de Álvaro Uribe.
El supuesto movimiento popular de recogida de firmas para
promover la consulta, no fue en realidad más que una
maquinaria económica ilegal, engrasada por un sindicato de
intereses: el de los beneficiados por los contratos
estatales. Ahora es el turno de la Corte Constitucional para
dar carpetazo definitivo a las pretensiones uribistas.
Según la ley, el movimiento Colombia Primero, el grupo que promovió el
referéndum, no podía gastar en su campaña más 120.000
euros y la mayor aportación no debía superar el 1% de esa
suma. Sin embargo, el gasto para la recopilación de las
firmas superó los 700.000 euros, de los que sólo han
podido justificar 50.000. El resto fue aportado, según
todas las evidencias, por empresas contratistas de obras públicas,
estafadores convictos y políticos ligados al
paramilitarismo.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) colombiano ha dictaminado que los
promotores del referéndum para reelegir a Uribe, que se
negaron repetidamente a revelar los nombres de sus donantes,
serán perseguidos penalmente por fraude procesal. El
gerente de Colombia Primero, el ex ministro Fernando
Jaramillo, es el presidente del Odinsa, el mayor grupo de
constructores de Colombia, cuyos ingresos llegan
fundamentalmente de contratos con el Estado, como la
construcción del nuevo aeropuerto de Bogotá. También
figuran en la lista de promotores económicos de la campaña,
el ex gobernador del departamento del Magdalena, José
Domingo Dávila, en la cárcel por paramilitarismo; la
familia Name, caciques políticos de Barranquilla, y David
Murcia, el mayor estafador de la historia reciente de este
país mediante el procedimiento de las pirámides para la
captación ilegal de capitales.
Un
futuro oscuro
Los analistas se dividen ahora entre quienes piensan que la posible reelección
de Uribe está hundida para siempre y los que auguran un
"golpe de timón" a lo Fujimori: un decretazo
presidencial que anule temporalmente algunos aspectos de la
Constitución y permita abrir paso a la "democracia de
opinión" que predican algunos consejeros del
presidente, que denuncian que el Poder Judicial está
secuestrado por la oposición, cuando no está al servicio
de la subversión. Así lo creen el asesor intelectual del
presidente, José Obdulio Gaviria, y el escritor Plinio
Apuleyo.
En declaraciones a este periódico, el candidato presidencial del Partido
Liberal, Rafael Pardo, descarta un gesto anticonstitucional
de Uribe tras el fracaso de un referéndum que considera ya
"completamente inviable". Pardo se manifiesta
seguro de que las vías para una reelección inmediata de
Uribe "están completamente agotadas".
