La
debilidad del mercado laboral se inició con la apertura
comercial, que se justificó para aumentar el empleo.
El
desempleo ha venido aumentando en forma sistemática. En la
actualidad aparece con la tasa más alta de América Latina
y de los países emergentes. Por lo demás, se ha generado
un proceso de destrucción del empleo formal que afecta a
los jefes de familia y a la avalancha de personas inactivas
que buscan una ocupación.
Como
lo han reconocido tardíamente la OIT y la OMC, el
debilitamiento del mercado laboral se inició con la
apertura comercial. El desmonte arancelario y la revaluación
provocaron la sustitución de mano de obra por bienes de
capital y bienes intermedios. El sector externo, que se
justificó como una forma de aumentar el empleo, se convirtió
en su verdugo. Las exportaciones cada vez están más
representadas en importaciones y menos en valor agregado
nacional. La inversión extranjera ha propiciado una burbuja
revaluacionista que lleva a una dependencia en la minería,
que genera poco empleo.
No
menos destructiva ha sido la prioridad del Banco de la República
a la inflación sobre cualquier otro objetivo. Tal como se
notificó en la última sesión, en los momentos álgidos de
desempleo al Banco no le tiembla la mano para subir la tasa
de interés y reducir la liquidez. Y la política fiscal sólo
se acuerda del empleo para justificar los subsidios y
exenciones tributarias. Las dádivas al capital, acuerdos de
estabilidad, zonas francas o Agro Ingreso Seguro se
condicionan a la generación abstracta de empleo. En lugar
de entregar la subvención a la generación de empleo, éste
es la disculpa para abaratar el capital que contribuye a
sustituirlo.
El
balance es lamentable y se aprecia en forma magnificada
entre 2004 y 2007, cuando el producto creció a ritmos asiáticos
y el desempleo no varió. El resultado, que controvertía la
Ley de Okun, doctrina sagrada de la economía neoclásica,
llevó a los funcionarios y a los economistas neoliberales a
culpar al DANE y presionar por cambios metodológicos. Ante
la evidencia, la comisión designada por el Gobierno para
revisar las cifras de empleo y pobreza reconoció que la
nueva metodología (GEIH) es mejor a la anterior.
El
drama es grande. La comparación de las cifras elaboradas
con la misma metodología acabó de un tajo con el Plan 2019
de la actual administración. En el infortunado documento se
establecen metas de desempleo de menos de 10% y de pobreza
de 39% para 2010, y los datos más recientes señalan que
estarán más cerca de 13 y 50%.
Una
de las manifestaciones más graves está en el Eje Cafetero
y en el sur del país. En varias ciudades, el desempleo
supera el 20%, ante la pasividad oficial y la incompetencia
de las políticas centralistas. En general, los proyectos
faraónicos de infraestructura generan un empleo por cada
$80 millones y los programas nacionales de vivienda de interés
social y el apoyo a las pymes tienden a concentrarse en las
grandes urbes.
En
contraste, los programas selectivos de empleo, alrededor de
la infraestructura, construcción de vivienda, subsidios
condicionados a la asistencia escolar y apoyo a las pequeñas
empresas, pueden generar un puesto por cada $10 millones y
duplicar en un plazo corto el crecimiento del empleo.
En
fin, el creciente desempleo e informalidad son consecuencia
del modelo económico. La solución estructural requiere un
nuevo modelo de banco central, organización comercial e
industrial y política fiscal.
A
corto plazo, el margen de maniobra está en la orientación
del gasto fiscal para detener la naturaleza del desempleo
regional que amenaza con exacerbar las desigualdades. La
tarea podría realizarse ampliando las transferencias
regionales y creando las condiciones institucionales para
que los municipios adopten programas de empleo y los sometan
a procesos de vigilancia y seguimiento. Su impacto en la
ocupación y el crecimiento sería mayor que el de todos los
subsidios creados a favor del capital.
