Las pocas mujeres que se han atrevido a denunciar que fueron violadas por paramilitares, ahora son amenazadas, desplazadas y denuncian que no han tenido el acompañamiento del Estado.

“No preguntaron nada. Sacaron a mi marido, en ropa interior, lo amarraron. A mí me apartaron y abusaron de mí. Solamente me decían perra, esa era la palabra que más escuchaba Yo les suplicaba que vieran mi estado, estaba embarazada. Se reían a carcajadas”, recuerda Ana* de la noche que los paramilitares asesinaron a su esposo, la violaron y además la quemaron.

Tras huir a otro lugar con sus hijos, Ana necesitó recurrir a una sentencia de la Corte Constitucional para obligar a la Fiscalía a abrir una investigación. Miembros de un organismo de seguridad la ubicaron y la citaron a la misma región donde había sido violada. Días después, un periódico regional divulgó su foto, su historia y el  pueblo donde vivía.

“Después de eso ya no confío en nadie, di esas declaraciones pero no pensé que me iban a sacar en un periódico; nunca me preguntaron si estaba de acuerdo; dijeron hasta donde me encontraba y lo que me había ocurrido”, se lamenta.

Ese día empezaron sus problemas. La llamaron varias veces diciéndole que sabía en qué andaba y donde estaba. Después de semanas de intimidaciones telefónicas Ana recibió una carta con un dibujo intimidatorio: una cruz, un revólver y un águila, en la misiva le daban 72 horas para salir del pueblo.

“Ahí me vi acorralada, me di cuenta que me iban a matar”.

Este no ha sido un caso aislado. Según pudo conocer VerdadAbierta.com las pocas mujeres que se han atrevido a denunciar sus violaciones por parte de los paramilitares están atravezando por la misma tragedia que hoy le ocurre a Ana: han sido amenazadas, muchas de ellas les ha tocado abandonar sus pueblos y sienten que han sido desamparadas.

La Iniciativa de las mujeres colombianas por la paz (IMP) defiende a más de 450 mujeres víctimas de la violencia, entre desplazadas, viudas y violadas. Aunque sólo tienen 35 casos de violencia sexual, todas estas mujeres han recibido amenazas de los violadores.

Un crimen que nadie confiesa

Para una abogada de IMP las violaciones tienen un fuerte estigma social hay un gran interés para que se mantenga oculto. Es más aceptable matar, masacrar que violar. La mayoría de las mujeres empezaron a ser amenazadas desde que entraron al proceso. "Cada vez que se da un paso ante la justicia, llega una amenaza”, añade.

Los investigadores que se han dedicado a estudiar la relación entre el género y la guerra dicen que es un tabú el que rodea las violaciones.

En los cuatro años de funcionamiento del proceso de Justicia y Paz  han sido pocos los paramilitares que han confesado haber violado, porque es un crimen que se sale de lo que es “admisible” hacer en la guerra.

Según un funcionario de IMP la violación es un ataque contra la honra del hombre porque quiere decir que no puede conseguir mujeres, que tiene que forzarlas a pesar de su dinero, sus armas, de su poder. Eso explica que muchos ‘paras’ nieguen lo ocurrido y quieran tapar el crimen amenazando a sus víctimas.

Sonia Fiscó, politóloga de la Universidad Javeriana, analiza en un artículo sobre violencia sexual en el conflicto colombiano que “las mujeres son vulneradas sexualmente en los conflictos armados porque lo son también fuera de los conflictos bajo la mística de la masculinidad”. En ese sentido los violadores no consideran que forzar a una mujer a tener sexo sea un crimen y persiguen a los que lo denuncian por algo “injusto”.

Camila* vivó esta historia, cuenta que un  paramilitar la sacó de la habitación y la llevó a un corredor para interrogarla. Allí, en un banco que hay en el corredor, me amenazó con matarme si no me dejaba. Me quitó la ropa, me tapó la boca y me forzó. Me violó. Luego me dijo que me vistiera y también dijo: ‘aquí no pasó nada. Las mujeres, al fin y al cabo son para esto’ ”.

Otra de las razones que explican las intimidaciones por denunciar abusos sexuales es que muchos ex jefes ‘paras’ han reiterado que en sus grupos la violación se castigaba con la muerte, lo que expone a muchos paramilitares a que sean atacados por sus compañeros desmovilizados.

En una versión libre de noviembre de 2008 Edgar Ignacio Fierro Flores, alias 'Don Antonio' confesó que integrantes del Bloque Norte de las Auc abusaron sexualmente de mujeres, pero que “eso no hacía parte de las políticas de la organización y quienes lo hacía eran inmediatamente considerados objetivos y ajusticiados”. Edilson Cifuentes Hernández, alias ‘Richard’ otro paramilitar del Bloque Centauros reveló que tres integrantes del grupo violaron y mataron a una mujer, pero “apenas nos enteramos los matamos. Eso estaba terminantemente prohibido”.

Muchos desmovilizados creen además que confesar violaciones los excluye de Justicia y Paz. “Esta idea es falsa, lo único que los puede sacar es que no digan la verdad, que no confiesen sus crímenes, no importa la naturaleza del crimen” dice una abogada de IMP.

El eterno desplazamiento

Según un informe de Oxfam sobre violencia sexual en Colombia, la inseguridad lleva a que muchas de las mujeres desplazadas decidan volver a huir junto a sus familias buscando un nuevo refugio donde sentirse protegidas. Después de que las desplazan, mas de la mitad de ellas han sufrido algún tipo de maltrato físico y el 36 por ciento han sido forzadas por desconocidos a tener relaciones sexuales.

El estudio concluye que “esta inseguridad y las continuas amenazas llevan a que muchas mujeres decidan volver a huir buscando un nuevo refugio donde sentirse protegidas”.

Ana, para salvar su vida, tuvo que desplazarse por segunda vez.

“Desplazarse es algo fuerte; es como si muriera una parte de mi vida. Este segundo desplazamiento me genera más temor porque la primera vez ellos me daban por muerta, pensaron que no sobreviviría, pero ahora me tienen ubicada”.

La primera vez que huyó Ana quedó sola, sin su esposo, con la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos pero estaba en una región que conocía.

“Ahora estoy en una ciudad completamente diferente, me siento amarrada, no sé ni por dónde empezar, ni de dónde agarrarme” dice.

El abandono del Estado

Sin embargo además del miedo, las amenazas, del dolor del desplazamiento, las mujeres se enfrentan que las instituciones y los funcionarios del estado que tienen que acompañarlas no están preparados para este tipo de crímenes.

Un vocero de Oxfam consultado para este reportaje resalta que en Colombia no existen ni los espacios, ni la formación de los funcionarios, ni los recursos para que las mujeres se atrevan a denunciar los crímenes. Además no hay mecanismos formales para que las mujeres violadas reclamen reparación de sus victimarios y del Estado.

Por su parte, para funcionarios de IMP antes de que las mujeres se atrevan a llevar sus casos ante la justicia, es necesario que sean vistas por sicólogos, con trabajadores sociales, y se reúnan con otras víctimas y se les informe sobre sus derechos.

“Crear un ambiente de confianza para que denuncien se puede demorar más de un año, el gobierno no se toma ese tiempo” denuncia la abogada de IMP.

Olga Amparo Sánchez, de la Casa de la Mujer, dice que las mujeres “empiezan a deambular por cada una de las instituciones y a contarle a cada funcionario su situación que hace una interpretación de lo que pasó. Existe la costumbre de pensar que a las mujeres les suceden este tipo de situaciones por su culpa. Esa es una forma de revictimización. La mujer no sólo termina siendo víctima del delito, sino de cada uno de los funcionarios”.

Además de ésto, las víctimas tienen que contar sus historias en oficinas abiertas e incluso cuando llegan a los despachos tienen que contarle al celador para que las oriente.

Alejandro Mattos de Oxfam, en una entrevista de Semana.com, recuerda un caso donde “una mujer que, dando el testimonio en la Fiscalía, se puso a llorar y le dijeron ‘aquí no vino a llorar. Cuente los hechos’”.

Ana se acuerda que la Policía no quiso darle importancia a su historia y a las amenazas que le estaban haciendo. “Una vez recibí dos llamadas estando con los policías; ellos me dijeron que apagara el celular y más nada, no le dieron importancia; lo único que me decían era que iban a ver qué podían hacer”.

Para completar el panorama de la poca visibilización de esta tragedia, muchas de estas mujeres no van a tener la oportunidad de ser reparadas en el proceso de Justicia y Paz.

Esto porque la reparación administrativa si la mujer fue violada tiene que entregar la prueba del crimen.

Así para certificar que fue violada, una mujer tiene que realizarse un examen en Medicina Legal o en un hospital en un término de 32 horas después del crimen.

Si ya de por sí es difícil que las víctimas denuncien y cuenten lo ocurrido varios años después del crimen, muy pocas de ellas tuvieron el coraje para hacerse un examen horas después la violación.

Ahora, en el sistema de Justicia y Paz, para que reparen a las víctimas, los crímenes tienen que ser reconocidos por sus autores o en el peor de los casos por el jefe del Bloque donde actuaba el violador.

“El problema es que el tema es tabú, entonces los postulados ni lo aceptan, ni lo confiesan y los ex cabecillas dicen que no era política del grupo. Aunque si se prueba que alguien del bloque cometió la violación, hasta si no se identifica el victimario, hay una esperanza para que reparen” dicen las abogadas de IMP.

A pesar de todos los obstáculos, Ana sigue luchando, “lo que necesito es no coger para atrás sino arrancar para adelante. Mis hijos siguen siendo el único motor de mi vida y las ganas de que esto no vaya a quedar impune”.

(*) Los nombres originales y las indicaciones de tiempo y lugar fueron ocultados por razones de seguridad.