Todavía con timidez, diferentes voces comienzan a hacer visible la dimensión real de cuánto los paramilitares usaron la violencia sexual como una estrategia para sembrar el terror y dominar a la población.

Detrás de la mayoría de las acciones violentas de los grupos armados ilegales permanece silencioso e impune un crimen atroz: el abuso, la humillación, la esclavitud y muchas otras vejaciones contra las mujeres. Madres, niñas, y mujeres en los mejores momentos de su vida han tenido que sufrir los embates de hombres armados que buscan dominar sus regiones y someter a la población.

Aunque se conoce poco de este delito, se han documentado más casos en los que los perpetradores han sido los paramilitares. Y aún, hoy después de su desmovilización oficial, siguen apareciendo víctimas de violaciones y mutilaciones sexuales en los lugares donde no se ha llevado a cabo en su totalidad su desmonte y desarme.

“En el contexto armado, somos también perdedoras”, dice Olga Amparo Sánchez, directora de la Corporación Casa de la Mujer, y explica que en el campo de batalla se las viola, humilla, controla, rapta y maltrata para complacer sexualmente a los combatientes y hacer venganza. “La cultura militar valora la agresividad y refuerza los estereotipos machistas”. (ver artículo anexo ¿Por qué usan la violencia sexual como arma de guerra?)

Debido a que se trata de delitos privados, pertenecientes al cuerpo y a la intimidad no se denuncian. Por eso es imposible calcular su magnitud real y las cifras que se conocen son muy bajas. Apenas se han denunciado ante la Fiscalía 100 hechos de violencia sexual hasta junio de 2008, atribuibles a grupos paramilitares desmovilizados antes del 25 de julio de 2005, salvo por un bloque pequeño que se desmovilizó a comienzo de 2006. Y solamente 96 de las 138 mil víctimas registradas oficialmente han sido catalogadas como víctimas de delitos sexuales. La Defensoría del Pueblo ha registrado un indicador más elocuente. Según sus cuentas, dos de cada diez mujeres que se han desplazado en Colombia, ha citado como causa hechos de violencia sexual en su contra o contra algún familiar.

Las denuncias son cada día más, pero siguen siendo muy bajas con respecto a realidad. Patricia Buriticá, directora de Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP), una organización que trabaja con miles de colombianas afectadas por el conflicto en todo el país, está segura que detrás del 98 por ciento de los delitos hay agresiones contra las mujeres. “Todas las mujeres que están muertas, yo me atrevo a decir que fueron violadas antes”, dice.

La fiscal de Justicia y Paz, Patricia Hernández, que se ha interesado particularmente por desentrañar este delito escondido dice que según su experiencia, “las denuncias son pocas en comparación con las que sabemos fueron abusadas”. En concreto, que se sepa los fiscales de Justicia y Paz apenas están investigando 21 casos de mujeres de diferentes zonas que sufrieron ataques sexuales por parte de integrantes de este grupo.Sin embargo, una vez desplazadas, la pesadilla para muchas mujeres no termina. Debido a su particular vulnerabilidad social, psicológica y económica, las mujeres desplazadas corren un gran riesgo de ser víctimas de agresiones sexuales y violaciones, así como de verse obligadas a ejercer la prostitución. El Ministerio de Protección Social tiene una cifra escandalosa: una de cada tres mujeres desplazadas han sido forzadas a tener relaciones sexuales.

La violación, no obstante, es un delito difícil de demostrar en los estrados judiciales. Una herida de bala, un homicidio o una desaparición forzada son comprobables, incluso muchos años después. En cambio, el daño físico de una violación no se detecta, si no se denuncia inmediatamente después que ha sucedido, algo imposible cuando sucedió en medio de un conflicto armado. Y aunque el daño psicológico puede durar para siempre es difícil de confirmar jurídicamente.

Por eso es tan difícil que los perpetradores de violencia sexual paguen por este delito. Menos aún, cuando ni siquiera las autoridades competentes que han podido constatarlo, lo hacen. Si no, no se explica por qué el Instituto de Medicina Legal no reporte como agresor de violencia sexual a ningún miembro de grupos paramilitares, guerrillas o fuerza pública en el período entre 2003 y 2007.

Humillar antes de masacrar

Que se haya comenzado a hacer visible la violencia sexual que sucede en el conflicto armado colombiano, con investigaciones, con denuncias, con movilización social es trabajo de años de un puñado de organizaciones de mujeres. También se debe a la valentía de las pocas víctimas que se han atrevido a denunciarlo.

Los delitos sexuales no son solamente violaciones sino que hay otras formas de abuso sexual. “La comunidad internacional ha tipificado delitos como prostitución forzada, aborto forzado, embarazo forzado, sometimiento doméstico, tortura con manoseo del cuerpo en privado o delante de otros y tratos que atentan contra la dignidad de la mujer”, explicó Liliana Chaparro, abogada de la Corporación Sisma Mujer.

Cada día más los testimonios, informes y recuentos de memoria histórica confirman que en la guerra colombiana los hombres armados han apelado a todas estas formas de violencia contra las mujeres.

La más documentada ha sido la violación a las víctimas mientras un grupo comete una masacres. Según confirmó la Corte Constitucional, en por lo menos nueve masacres hubo casos de violencia sexual contra las mujeres. Estas son El Salado; La Hormiga, Putumayo; Alto Naya; Ovejas, Sucre; San Benito Abad, Sucre; El Tarra, Norte de Santander; La Sabana, Norte de Santander; Teorema, Norte de Santander; y Puerto Caicedo, Putumayo.

En El Salado, a las mujeres las desnudaron y las pusieron a bailar delante de sus maridos. Varias fueron violadas y “a una joven de 18 años con embarazo le metieron un palo por las partes y se asomó por arriba. La descuartizaron”, dijo un testigo a Amnistía Internacional. Desde un rancho próximo a El Salado se escuchaban los gritos.

También se sabe de otras masacres donde han violado a las víctimas. En la de Trujillo, por ejemplo, a Alba Isabel Giraldo, de 18 años, sobrina de Tiberio, el párroco del pueblo, la violaron y le cercenaron los senos ante la mirada impotente de su tío. Luego la mataron. Era una forma de deshonrarlo a él.

La Mesa Mujer y Conflicto Armado recogió en agosto de 2002 el siguiente testimonio de una mujer: “Era de noche. Llegaron dos varones armados vestían prendas militares, camuflado, armas y se identificaron como paramilitares. Se llevaron a mi esposo fuera de la casa y todo el tiempo le apuntaron con el arma. La niña lloraba. Yo cerré la puerta. Uno de los varones se devolvió y gritó que abriera la puerta o la tumbaba (...) Entonces el hombre me sacó de la habitación y me llevó al corredor para interrogarme. Allí, en un banco que hay en el corredor, amenazó con matarme si no me dejaba. Me quitó la ropa, me tapó la boca y me forzó. Me violó. Luego me dijo que me vistiera y también dijo: “Aquí no pasó nada. Las mujeres, al fin y al cabo son para esto”.

El 23 de agosto de 2002, unos 60 paramilitares entraron a San Benito Abad, Sucre, intimidaron a sus pobladores, saquearon tiendas y viviendas y violaron a cuatro mujeres en presencia de sus hijos.

“Trabajamos para comprobar que los bloques de las Auc actuaron con estrategias de control territorial y de la comunidad a través de la violencia sistemática contra las mujeres, que es un delito de lesa humanidad. Sería la manera de que condenen a sus jefes y a sus miembros”, dijo Buriticá, quien además de dirigir IMP, es comisionada de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

La esclavitud del siglo XX

Otra forma del delito es la esclavitud sexual que consiste en que los paramilitares o los guerrilleros llegan a un pueblo, y eligen a una muchacha, se la llevan para que les cocine, uno de ellos la hace su mujer y la somete sexualmente, bajo la amenaza de reclutar a los demás hijos de la familia o de asesinarlos. Según dicen las voceras de la Corporación Sisma Mujer es usual saber de niñas reclutadas forzadamente para ser esposas de jefes de 40 y 50 años.

Usualmente, según Chaparro, se escoge a las mujeres a las que se les achaca ser parientes del enemigo, con la tragedia de que luego, también son rechazadas por el otro bando al que se suponía pertenecía. Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, en Cúcuta, Norte de Santander, las muchachas que habían sido obligadas a tener relaciones sexuales con mandos paramilitares se convertían posteriormente en objetivos militares de la guerrilla.

Los paramilitares también han obligado a mujeres y niñas a ejercer la prostitución, y ellos mismos han controlado el negocio. Según registros, en 2002, en Barrancabermeja, 15 adolescentes que habían sido obligadas a ejercer la prostitución para los paramilitares tuvieron que salir de la zona por temor a sufrir nuevos abusos. Las trabajadoras sexuales denuncian también que las han obligado a realizar servicios sexuales para los combatientes.

Según el informe de Amnistía Internacional, en 2002, en un barrio del nordeste de Medellín, dos adolescentes fueron secuestradas: “A mi hija de 13 años se la llevaron por 8 días. Cuando fui a la Policía me dijeron que de pronto aparecía. La niña logró hacerme una llamada, lloraba, decía que no podía decirme nada. Me la regresaron en un taxi por la noche. A ella la tuvieron en una casa de prostitución que los paramilitares controlan. A otra chica de 14 años, igual. La tuvieron vendada en una casa de citas por 15 días. La amenazaron con matarla si contaba algo. La chica quedó embarazada y ahora el niño tiene mes y medio. Esos (los paramilitares) las buscan niñitas”.

Saña contra las madres

La expresión “no dejar ni la semilla”, que data de la época de La Violencia de la década de los cincuenta hoy en día aún se utiliza. Según el informe de Amnistía Internacional, entre el 1 y el 7 de mayo de 2003 soldados del Batallón Navas Pardo, adscrito a la Brigada XVIII del Ejército Nacional y con brazaletes de las AUC, entraron en las reservas (resguardos) indígenas de Betoyes –Julieros, Velasqueros, Roqueros, Genareros y Parreros–, en el municipio de Tame, departamento de Arauca y violaron y mataron a Omaira Fernández de16 años, embarazada, a quien “ante los ojos de todos la abrieron y le sacaron el bebé”. Sus cuerpos fueron lanzados al río.

Otra forma común de violencia es el embarazo forzado, que hace parte de una estrategia de limpieza social que parte de la premisa de que los paramilitares son gente sana y su “raza” debe reproducirse. Por ejemplo, según Sisma Mujer, donde se cree que hay mucha guerrilla, comunidades indígenas o afrodescendientes, los paramilitares procuran dejar muchas embarazadas. Por razones similares, incluso varones han sido objeto de castración en masacres y homicidios selectivos.

La esterilización y la anticoncepción forzada ha sido más una vieja práctica de las guerrillas, aunque también ha existido entre las AUC. Tanto el ELN como las Farc obligan a sus combatientes, en algunos casos niñas de tan sólo 12 años, a abortar y a utilizar anticonceptivos. En Putumayo, según testimonios recogidos por Amnistía, los jefes guerrilleros obligaban a los jóvenes a tener relaciones con ellas y a ponerse inyecciones para no quedar embarazadas.

Los abortos y la anticoncepción forzados son violaciones de los derechos reproductivos de las mujeres, y en particular de “su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia”. En el Derecho Internacional Humanitario, en particular en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se definen el embarazo forzado y la esterilización forzada como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

En cambio en el código penal colombiano, la violación, la prostitución forzada y la esclavitud sexual son delitos tipificados, pero otros como forzar a una mujer a abortar, a esterilizarse, a desnudarse o usar métodos anticonceptivos no lo son.

El silencio de las inocentes

Muy pocas mujeres denuncian por miedo a la venganza, porque no quiere revivir hechos dolorosos o por temor al rechazo de su propia familia. Es usual que sus propios maridos las dejen de lado y no vuelvan a tocarlas porque han sido violadas. Como señala Buriticá, las víctimas sienten vergüenza de confesar. “La mayoría de las mujeres no quieren hacerlo público. Hay mujeres con las que Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP) llevan trabajando tres años y no se han atrevido a denunciar”.

 “También muchas mujeres no denuncian porque la respuesta institucional es muy deficiente. Sólo hay unidades de delitos sexuales en seis ciudades. En ellas no hay privacidad para hablar, no existe personal suficiente, ni está bien preparado”, añade Sánchez de la Casa de la Mujer.

Otra razón es porque ahí siguen los actores armados y para denunciar tendrían que desplazarse. Hay tanta impunidad, que puede ser un gran riesgo porque además no son denuncias que se puedan echar para atrás, no son delitos querellables.

Sin embargo no hay cifras solo porque no se denuncie, sino porque el Estado no tiene un registro sólido de los casos de violencia contra la mujer. Los casos denunciados por mujeres que la comunidad y la Fiscalía han sabido, no están registrados en ningún lugar, observa Chaparro, quien añade que “la Policía, la Fiscalía, las Comisarías, Medicina Legal deben hacer un trabajo interinstitucional, pero se cree que la violencia sexual es un delito menor. Cuando una mujer es violada, se habla de que por lo menos quedó viva”.

Además del daño físico como desgarraduras musculares, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, el daño psicológico que conlleva una violación puede ser devastador. El menoscabo en la autoestima y en la futura vida sexual y emocional son efectos imposibles de calcular.

“Es en el cuerpo donde se reciben todos los efectos del conflicto. Uno después de eso no puede querer a nadie, se destroza el mundo afectivo”, observa Sánchez, quien añade que se trata de un tema delicado, muchas mujeres se enamoran de su agresor al final del abuso sistemático y existen quienes tienen un hijo de un paramilitar, uno de un guerrillero y uno de un soldado. Ese entramado social se vuelve oscuro y complejo.

¿Habrá justicia?

Por esta y otras razones, son muy pocos los guerrilleros y paramilitares responsables de abusos a los derechos humanos como la violencia sexual que han sido identificados y que son investigados.

De otro lado, “será prácticamente imposible identificar a los victimarios. La razón es que mayoría de ellos han ocurrido de noche y los victimarios se tapaban la cara. Es un problema entrar a identificar al victimario, que debería estar en Justicia y Paz, pero la mayoría de los casos no están ahí, están en la justicia ordinaria”, explica Chaparro.

De los 30.000 desmovilizados beneficiados por el proceso de Justicia y Paz, salieron libres 28.000. Solamente quedaron postulados 2.902. Entre los 28.000 libres están la mayoría de los casos de violencia sexual, señala Chaparro, “la Ley de Justicia y Paz ha afectado a todas las víctimas, pero aún más a las de delito sexual. No es protectora de las víctimas, y menos de las de violencia sexual”.

Hasta el momento no ha habido ni una sola imputación por delitos sexuales, afirma Buriticá, aunque los fiscales han empezado a preguntar sobre el tema en sus indagatorias. “En la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) también hemos hecho sensibilización a los fiscales”.

En alguna de sus indagatorias, Mancuso dijo que el abuso a las mujeres no era una orden a la tropa, sino una decisión individual, y que cuando sabían de alguno que lo hiciera, lo mataban. Sin embargo, se sabe que a muchos les pagaban los éxitos de guerra con una mujer y una bonificación, eso se llama prostitución forzada, añade Buriticá. De tal manera que si se logra comprobar sistematicidad, los delitos sexuales se podrían tipificar como una forma de tortura.

La reparación es un tema que se está empezando a abordar. Como comenta Chaparro, para las víctimas, un tema muy reparador son las condenas, que sean integrales, sin disminución. Para las víctimas no es prioritario el dinero, persiguen más que los victimarios sean castigados.

Como explica Buriticá, el trabajo con las mujeres consiste en desestigmatizar el hecho para que la mujer no se sienta culpable, lo mismo que sus familias. Se está tratando de que la sociedad asuma que es un delito para denunciar porque no puede ocurrir más. Si se juzga públicamente el delito, cambiará el contexto cultural.

Al final, hacer justicia es una forma de empezar el cambio de los imaginarios de desigualdad y de discriminación, como los que yacen en las estructuras mentales de actores armados como Henry Loaiza, alias 'el Alacrán', quien en una entrevista comentó que “Toda la vida me he dedicado es al ganado y a las mujeres”; y también significa un punto de partida para que las mujeres se miren al espejo, como una de ellas que en este proceso de denuncia reflexionó: “Yo no sabía que tenía que vivir la guerra para saber que tengo derechos”.

Arma de muchas guerras del mundo

Los delitos sexuales, y las violaciones en particular, han sido parte de muchas de las guerras de la historia, y sus diversas motivaciones han ido desde la venganza por parte de los soldados rusos en Berlín en 1945; la frustración de los soldados estadounidenses en Vietnam y la limpieza étnica en Bosnia. Los ejércitos han utilizado los cuerpos de las mujeres como arma de humillación de los actores enemigos. Según un informe acerca de la violencia contra las mujeres en tiempos de guerra: “Una mujer violada es una propiedad devaluada y es la marca de la derrota para los varones que no pudieron protegerla. La violación es, por lo tanto, un medio para establecer jurisdicción y conquista al mismo tiempo contamina y ocupa el territorio de una nación, transgrede las fronteras, derrota a quienes lo protegen. La violación es un crimen de dominación, y de lo que trata la guerra precisamente es la dominación”.

Sin embargo, la violación como arma se intensificó durante las guerras de la década de los 90 como una forma de sembrar el terror entre la población civil, como sucedió en Bosnia, Ruanda y Haití. En Mozambique en 1992 cada mujer y niña fue ataca sexualmente. Lo mismo sucedió en la limpieza étnica de Kosovo. Igualmente, se sabe que en las guerras en Liberia, Sierra Leona, Burundi, Argelia, Indonesia, Cachemira y Burna, el abuso sexual fue una práctica de guerra.

La violación sexual durante la guerra –que incluye la prostitución forzada– es considera ilegal desde la década de los 50 por las leyes internacionales como la Convención de Ginebra de 1949 y los protocolos de 1977. Estas normas lo concebían como un crimen en contra del honor, diferente de otros. Sólo hasta 1996, el tribunal para juzgar los crímenes de guerra de la antigua Yugoslavia incluyó el ataque sexual entre los “crímenes en contra de la humanidad”, abrió un capítulo para juzgarlo y juzgó a ocho sospechosos. Pero el uso sistemático de la violación en la guerra solo fue definido como un asunto de derechos humanos en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, en 1995.

Un hecho reciente que demuestra un ejemplo en el pago a la deuda de impunidad por los crímenes sexuales con las mujeres sucedió en noviembre de 2008, cuando más de 400 mujeres y niñas violadas por terroristas islámicos durante la década de los 90 fueron indemnizadas por las autoridades en el marco de la Carta por la paz y la reconciliación nacional en Argelia.