Bogotá.- Colombia debe responder de manera efectiva frente a los violentos
grupos que están cometiendo abusos contra civiles y que han
surgido a lo largo del país luego de la deficiente
desmovilización de los grupos paramilitares, señala Human
Rights Watch en un informe difundido en el día de hoy.
El informe de 126 páginas, Herederos de los Paramilitares: La Nueva Cara de
la Violencia en Colombia, documenta abusos graves y
generalizados cometidos por los grupos sucesores de la
coalición paramilitar conocida como Autodefensas Unidas de
Colombia, (AUC). Los grupos sucesores cometen habitualmente
masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones
sexuales y extorsión, y generan un clima amenazante en las
comunidades que están bajo su influencia. A menudo atacan a
defensores de derechos humanos, sindicalistas, víctimas de
los paramilitares que exigen justicia y miembros de la
comunidad que no aceptan sus órdenes. El informe viene
acompañado de una presentación multimedia de fotos y audio
de algunos de los colombianos amenazados por estos grupos.
"Independientemente de cómo se les llame a estos grupos
-paramilitares, bandas criminales u otra denominación- no
debe minimizarse el impacto que tienen actualmente para los
derechos humanos en Colombia", afirmó José Miguel
Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
"Al igual que los paramilitares, estos grupos sucesores
cometen gravísimas atrocidades
y deben ser detenidos".
El informe se basa en casi dos años de investigaciones de campo y describe
el brutal impacto que los
grupos sucesores están teniendo en la situación de
derechos humanos en Colombia, con especial énfasis en
cuatro regiones donde los grupos mantienen una presencia
significativa: la ciudad de Medellín, la región del Urabá
chocoano, y los departamentos de Meta y Nariño.
Los grupos sucesores representan una creciente amenaza para el goce de los
derechos humanos en la sociedad colombiana. Las cifras más
conservadoras, usadas por la Policía Nacional de Colombia,
indican que los grupos cuentan con más de 4.000 miembros y
tienen presencia en 24 de los 32 departamentos de Colombia.
Los grupos reclutan activamente a nuevos miembros y, pese a
la captura de algunos de sus jefes, actúan con rapidez para
reemplazar a estos mandos y ampliar sus zonas de operación.
El surgimiento de estos grupos coincidió con un incremento significativo de
los índices nacionales de desplazamiento interno
registrados a partir del 2004, hasta por lo menos fines del
2007. Gran parte del desplazamiento se ha estado produciendo
en regiones donde los grupos sucesores están activos. En
algunas áreas, como Medellín, donde el índice de
homicidios casi se ha duplicado en el último año, los
operativos de estos grupos han causado un marcado incremento
de la violencia.
Numerosos
ejemplos de abusos cometidos por grupos sucesores
El informe cita numerosos ejemplos de abusos cometidos por grupos sucesores
y documentados por Human Rights Watch, tales como los
siguientes:
• Cuando una defensora de
derechos humanos en el centro del país se encontraba
brindando asistencia a una víctima de los paramilitares en
la vivienda de esta, varios miembros de un grupo sucesor que
se identificaron como Águilas Negras ingresaron por la
fuerza, violaron a ambas mujeres y advirtieron a la
defensora que abandonara su trabajo por los derechos
humanos. Finalmente, ella se vio obligada a huir del pueblo
por las continuas amenazas del grupo.
• Más de 40 personas del
barrio Pablo Escobar en Medellín fueron obligadas a
abandonar sus hogares entre fines de 2008 y principios de
2009 como resultado de una serie de asesinatos y amenazas
perpetradas por el grupo armado local, que en parte está
integrado por paramilitares desmovilizados.
• En el departamento
fronterizo de Nariño, al sur del país, la mayoría de los
residentes de tres comunidades del municipio costero de
Satinga fueron desplazados luego de que uno de los grupos
sucesores (que entonces operaba con el nombre de
Autodefensas Campesinas de Nariño) ingresara a una de las
localidades, asesinando a dos jóvenes y presuntamente
causando la desaparición forzada de un tercero.
El surgimiento de los grupos sucesores era predecible, señaló Human Rights
Watch, en gran parte debido a que el gobierno colombiano no
desarticuló las redes criminales de la coalición
paramilitar durante el proceso de desmovilización
desarrollado entre 2003 y 2006. La implementación
inadecuada de las desmovilizaciones por el gobierno también
permitió que los paramilitares reclutaran a civiles para
que se hicieran pasar por paramilitares durante el proceso,
mientras mantenían a una parte de sus grupos en actividad.
El informe describe, por ejemplo, la desmovilización del
Bloque Norte, en la cual existen pruebas contundentes de que
se cometió fraude, siguiendo órdenes del jefe de las AUC
Rodrigo Tovar (conocido como "Jorge 40").
En el informe también se manifiesta preocupación por las denuncias de
supuesta tolerancia de algunos funcionarios del estado y
sectores de la fuerza pública frente a la actuación de los
grupos sucesores. Tanto fiscales como miembros de alto rango
de la policía señalaron a Human Rights Watch que esta
tolerancia representaba un verdadero obstáculo para su
labor. Y en cada una de las ciudades y regiones visitadas,
Human Rights Watch recibió reiteradas denuncias de
tolerancia frente a los grupos sucesores por parte de
sectores de la fuerza pública.
“No
puedes confiar en el Ejército ni la policía porque prácticamente
están con ellos"
En Nariño, por ejemplo, un hombre denunció que "las Águilas Negras
nos interrogan, con la policía a 20 metros de distancia...
[N]o puedes confiar en el Ejército ni la policía porque prácticamente
están con ellos". En Urabá, un ex funcionario afirmó
que en una de las localidades la policía aparentemente
trabajaba con los grupos sucesores: "Es todo muy
evidente... La policía controla la entrada y la salida [del
pueblo] y... comparten inteligencia". En Meta, un
funcionario expresó que recibía "constantes denuncias
de que el Ejército amenaza a la gente, diciendo que detrás
vienen ‘los Cuchillos' [el principal grupo sucesor de la
región]... En algunos casos, el Ejército se retira e
ingresan los Cuchillos".
Human Rights Watch señaló que el gobierno colombiano tiene obligaciones
jurídicas de proteger a los civiles frente a agresiones,
prevenir abusos y garantizar justicia.
Pero el gobierno no ha asegurado que las unidades de policía encargadas de
combatir a estos grupos ni los fiscales responsables de
investigarlos cuenten con recursos adecuados. Se ha demorado
en financiar el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría
del Pueblo, que desempeña un rol fundamental de protección
de la población civil. En ocasiones, organismos del estado
se han negado a registrar el desplazamiento de civiles que
denunciaban haber sido desplazados por grupos sucesores. Y
el gobierno no ha tomado medidas efectivas para identificar,
investigar y sancionar a funcionarios del estado que, según
se informa, tolerarían a los grupos sucesores.
"El gobierno de Uribe no ha abordado el surgimiento de los grupos
sucesores con la seriedad que amerita este problema",
expresó Vivanco. "El gobierno ha tomado algunas
medidas para enfrentarlos, pero no ha hecho un esfuerzo
sostenido y significativo por proteger a los civiles,
investigar las redes criminales de estos grupos e
identificar a sus cómplices y bienes".
