"Basta mirar las estadísticas,
el período en que se dio el más alto número de asesinatos fuera de combate
fue el período de (presidente Álvaro) Uribe y con Santos como
ministro".
La acusación fue pronunciada
a inicios de marzo por el candidato presidencial del opositor Partido Liberal,
Rafael Pardo. Uribe gobierna desde agosto de 2002, y Santos estuvo al frente
de la cartera de Defensa entre julio de 2006 y mayo de 2009.
La magnitud de los asesinatos
fuera de combate, por militares en plan de reclamar beneficios, ha sido tal
que más de 62 fiscales están a cargo de 1.273 procesos por la muerte de
2.077 colombianos, 59 de ellos menores de edad y 122 mujeres.
La guerra colombiana se libra
desde 1964 entre guerrillas izquierdistas y la fuerza pública, En los años
80, se sumaron milicias paramilitares de ultraderecha.
La historia de los
"falsos positivos" comenzó a figurar en los medios de comunicación
en septiembre de 2008, cuando un funcionario de derechos humanos de Soacha,
municipio situado al sur de Bogotá, denunció el hecho.
Jóvenes trabajadores que habían
desaparecido en el mes de enero de ese año aparecieron muertos en las
vecindades de Ocaña, en el nororiente del país.
Un hombre moreno, de corta
estatura, robusto y con cabellos recortados al estilo militar, los había
convocado para "hacer vueltas que les dejarían plata".
Esa fue la descripción de
uno de los reclutadores que, en distintas partes del país, se dieron a la
tarea de convencer a jóvenes de entre 17 y 32 años de que abandonaran sus
trabajos. Otros eran desempleados, uno de ellos trabajaba en la fundición de
campanas, y otros estudiantes.
El examen forense de los cadáveres
reveló que habían muerto entre 24 y 48 horas después de salir de su población.
Sin embargo, los reportes del
ejército los mostraban como miembros de la guerrilla o de grupos
paramilitares, muertos en acciones armadas.
"Esos muchachos murieron
en combate, y la tropa llegó a ellos sustentada en procedimientos de
inteligencia", aseveró el general Paulino Coronado, comandante en el
nororiental departamento Norte de Santander.
Fue una explicación poco
convincente para los fiscales, porque parecía imposible que en ese breve
lapso los jóvenes hubieran viajado, dispuesto para el combate y entrado en la
lucha armada.
Tan ilógica fue la explicación
como la que se dio ante uno de los cadáveres exhumados: una muchacha que vestía
shorts y zapatos deportivos. La mostraron como muerta en combate.
El argumento del escaso
tiempo entre la salida de Soacha y la muerte creó las primeras dudas sobre la
versión militar. El número inicial de víctimas encontradas pasó de 11 a 19
una semana después.
Al mismo tiempo,
investigaciones periodísticas revelaron que en la fiscalía "existían
400 procesos que comprometían a centenares de militares activos y retirados
de la fuerza pública, en homicidios fuera de combate", según publicó
el diario El Tiempo el 27 de septiembre de 2008.
Un hecho criminal de esa
magnitud fue el que Santos, entonces ministro de Defensa, dijo desconocer.
Pasaba una semana de
descubiertos los cuerpos de las víctimas, cuando en una ceremonia de ascenso
de oficiales del ejército dijo: "Yo me resisto a creer que sea
cierto". "Preferimos un desmovilizado a un capturado, y un capturado
a un muerto". "Habrá tolerancia cero para con esta clase de
acciones".
Un año después, 27
militares, entre ellos cuatro generales, habían sido destituidos y la fiscalía
se disponía a acusar a dos coroneles, un mayor y 43 soldados de homicidio
agravado, concierto para delinquir, desaparición forzada y falsedad. Pero las
muertes no cesaron.
Cuando en marzo de este año
el presidente Uribe dijo que "ese tipo de asesinatos ya no se están
presentando en Colombia", el jesuita Centro de Investigación y Educación
Popular informó que entre noviembre de 2008 y diciembre de 2009 aparecieron
nueve casos de "falsos positivos": siete ejecuciones extrajudiciales
y dos detenciones arbitrarias.
Acusado y acosado por sus
adversarios políticos, Santos tendrá que explicar la aplicación de la
directiva 024 de 2005 que estableció recompensas para premiar a los oficiales
por los "positivos" (bajas) que logren en la guerra contra la
subversión.
Tardíamente, el ministro
ordenó al entonces comandante del ejército, general Mario Montoya, visitar
las divisiones militares para advertir que el "body count" (cada
muerto un positivo) "no vale en la guerra que libra el Estado colombiano
contra los armados ilegales". En medio del escándalo, Montoya renunció
en noviembre de 2008.
El estímulo, mantenido a raíz
de la directiva de 2005, no había sido utilizado por los predecesores de
Santos en el ministerio.
La ex ministra de Defensa y
ex precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez (2002–2003) salió al
paso de Santos que intentaba mostrar esos estímulos como práctica antigua:
"Cuando fui ministra, por expresa intención mía, se eliminó el
indicador de muertos en combate".
A su vez, el candidato
liberal Pardo, que también fue ministro de Defensa, afirmó: "Santos
tiene que asumir su responsabilidad, pues le pasó eso bajo las narices y no
tiene explicación de por qué no lo controló, de por qué siguió
ocurriendo, de por qué fue un procedimiento sistemático. Tiene que ser
investigado por eso".
Pero inclusive el actual jefe
de la campaña de Santos, Rodrigo Rivera, había dicho hace un año: "La
responsabilidad política no puede quedarse solamente en los militares, es
decir, hay que responsabilizar al ministro de Defensa, de modo que sepa que su
permanencia en el cargo está empeñada en que esos episodios no
sucedan".
La tensión generada por
estas acusaciones movió al presidente Uribe a intentar una coartada, según
relató el columnista opositor Ramiro Bejarano en la edición de El Espectador
del 28 de marzo.
"Extraña la versión de
Uribe según la cual, un testigo con el que se reunió en la sede de la ONU
(Organización de las Naciones Unidas) le informó que los autores de los
falsos positivos fueron narcotraficantes infiltrados en la brigada móvil 15
de Ocaña", sostuvo Bejarano.
"Para ser más exacto,
Uribe se atrevió a decir que delincuentes mataban inocentes para aparentar
que perseguían narcotraficantes", añadió.
El presidente defiende a su
ex ministro como su candidato. Los asesinatos, eufemísticamente llamados
"falsos positivos", pueden afectar gravemente las pretensiones
presidenciales de Santos.
