Hay fuertes tensiones en Arauca y Tolima, por los escándalos en curso que involucran a los militares colombianos.

Agencia Prensa Rural.- Los Estados Unidos continúan financiando y dirigiendo una guerra por los recursos naturales de Colombia, la cual se ha convertido en una guerra en contra de los campesinos del país para arrebatarles sus tierras. Es una guerra que provoca caos y terror en todo el campo, mientras las comunidades son amenazadas, atacadas y desplazadas. En Colombia existen cinco millones de personas desplazadas debido a la violencia militar y paramilitar. El 60% de esos desplazados son campesinos y agricultores. Hasta ahora, la población rural de los departamentos de Tolima y Arauca parece estar marcada por la represión y el desplazamiento forzado.

En Colombia, donde más sindicalistas son asesinados anualmente que en cualquier otra parte del mundo, ninguna federación de trabajadores ha sido tan duramente golpeada como Fensuagro (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria). Y en Fensuagro, ninguna organización sindical tiene tantos asesinatos como la Asociación Campesina de Arauca (ACA). El 10 de marzo, Israel Verona, miembro de ACA, fue asesinado en su hogar del municipio de Saravena (Arauca) a las siete de la mañana. El siguiente es un comunicado de ACA denunciando el hecho:

“Desde su formación [ACA], hace diez años, año tras año la lista de asesinatos, encarcelados y desplazados crece de manera aterradora. Sólo en noviembre de 2009 nuestra Asociación perdió a 15 compañeros asesinados por sicarios que al amparo de fuerzas estatales cometieron estos crímenes en la más absoluta impunidad. [Nota: De acuerdo con Jeff Vogt, especialista en política económica global para AFL-CIO, hubo 48 homicidios conocidos de sindicalistas en Colombia en el 2009. Desde que el presidente Álvaro Uribe asumió como presidente en 2002 ha habido 515 homicidios a sindicalistas. Más del 95% de los homicidas, así como otros actos de violencia política, nunca son condenados por sus crímenes].

El 10 de marzo de 2010, recibimos una triste noticia [...], otro compañero de la Asociación Campesina de Arauca fue asesinado [...] Israel Verona, reconocido dirigente campesino de la región, quien dedicó toda su vida al servicio de la comunidad [...] es recordado por su indestructible alegría, su indoblegable constancia y su compromiso al servicio del campesinado araucano.

Israel, quien cariñosamente era conocido como el “Burro”[...] estaba incluso orgulloso de dicha mención [...] tenía una larga lista de buenas cosas que caracterizaban a dicho animal, además sostenía que el burro, al contrario de lo que muchos opinan, es un animal muy inteligente…

Israel sufrió casi todas las formas de represión que utiliza el estado colombiano contra la dirigencia social y campesina para acallar sus justos reclamos, pasando por el desplazamiento forzado, persecución y amenaza de muerte. También fue judicializado en el año 2009, acusado como todos de rebelión por informantes pagados por el mismo estado, permaneció 6 meses en la cárcel de donde salio en enero de 2010, absuelto de toda culpabilidad”. [Nota: En Colombia, ha habido más de ocho mil detenciones arbitrarias demostrables desde 2002, y que no prosperaron debido a la falta de evidencias. Entre 1992 y 2002, sólo hubo dos mil. Las detenciones se realizan sobre la base del montaje judicial y de informantes pagados —con uno de cada 20 colombianos como informante del Estado, de acuerdo con el general Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Armadas Colombianas. El posterior asesinato de los presos políticos detenidos sin pruebas es un acontecimiento muy común después de su liberación].

En los días recientes, en el departamento de Tolima, ha habido varias serias amenazas y abusos a los derechos humanos por los militares colombianos en contra de miembros de Astracatol (Asociación de Trabajadores Campesinos de Tolima), afiliada también a Fensuagro, y contra las juntas de acción comunal de las veredas de El Piñal, Palmira, Vegas del Café y Café las Pavas. En los últimos dos años al menos dos sindicalistas han sido asesinados y varios han sido detenidos arbitrariamente.

De acuerdo con un comunicado de Fensuagro:

“Las comunidades [...] se declaran nuevamente en alerta temprana por los nuevos acontecimientos de atropellos y amenazas ejercidos contra la población civil por tropas del Ejército Nacional, pertenecientes a la Brigada Móvil 21, la cual hace presencia en la zona desde hace dos años, trayendo consigo consecuencias dañinas y peligrosas para la población civil, puesto que desde el momento en que iniciaron las operaciones militares, éstas provocaron daños en los acueductos que abastecen de agua a los pobladores, daños en los bosques que protegen los pequeños nacimientos de agua que surtían los acueductos, contaminación [...] a las fuentes de agua que consumen las comunidades. Esta situación es preocupante ya que la población no puede hacer reclamo alguno, pues de inmediato quien reclame es amenazado con los paramilitares o catalogado como guerrillero o miliciano.

“Es de amplio conocimiento de todas las autoridades competentes que debido a los atropellos y asesinatos cometidos por tropas del Ejército, la población se ha desplazado en dos ocasiones y ha vuelto a retornar por acuerdos pactados entre las comunidades y las autoridades [...] Sin embargo, dichos acuerdos no se han cumplido y teniendo en cuenta los últimos hechos ocurridos, la situación se ha tornado mucho más peligrosa.”

Los “últimos hechos” referidos arriba incluyen:

* “El viernes 26 de marzo del presente año, unidades de la Brigada Móvil 21 llegaron a la casa de una pareja que trabaja para el señor Luis Torres, en una finca ubicada en la vereda Vegas del Café. En este sitio asediaron por espacio de dos horas a la señora Marilín Ramírez y a su esposo, diciéndoles que ellos parecían guerrilleros.

* El lunes 29 de marzo del presente año, un grupo aproximadamente de 15 a 20 soldados a mando del mismo cabo Salazar, asaltan a las cinco de la madrugada la casa de los hermanos Ramírez, quienes se encontraban dormidos, siendo sorprendidos por las patadas que le daban a la puerta de la casa y con los golpes dados con la culata del fusil a la ventana, la cual fue dañada, además de la realización de dos disparos hacia la casa. De manera simultáneamente les gritaban que salieran para llenarlos de plomo.

* El mismo día siendo las seis de la tarde, unidades de la Móvil 21 al mando del cabo Ríos detuvieron al joven Darío Ortigoza Mayorga, de 16 años de edad, quien fue amarrado de los brazos con un lazo y amenazado de muerte, siendo acusado de ser guerrillero, además de serle decomisado su documento de identificación (Tarjeta de identidad) y torturado psicológicamente. Una hora después fue dejado en libertad, sin serle entregados sus documentos. El día martes en horas de la mañana el señor Nelson Ortigoza encontró en un potrero una bolsa negra con el documento de identificación del joven Darío, acompañado de una nota la cual dice textualmente lo siguiente: “Hola hifueputa se salbo de la muerte porque sé que uste es guerrillero, hifueputa hay le dejamos los papeles oyó hifueputa que en la otra no se salva. ATT Ejercito Nacional”, firmado por un cabo con una firma ilegible.

[...] la comunidad es reiterativa en afirmar que es un peligro según el actuar de la tropa ser joven o líder comunitario o hacer la denuncia de todos estos atropellos por parte del Ejército. Hechos similares ocurrieron en los años 2005 y 2006 cuando tropas de la Sexta Brigada iniciaron la persecución a los jóvenes y líderes de esta región, culminando con el asesinato de los jóvenes Mario Guerrero y Héctor Yate por parte de la tropa, a mando del teniente Porras. De continuar esta situación, la comunidad se verá en la necesidad de declararse en desobediencia civil, antes que tener más muertos por parte de la tropa los cuales declararon persecución a la población civil.

Lo que está en juego, tanto en Arauca como Tolima, son los recursos naturales codiciados por las empresas transnacionales. Tolima es un gran productor de arroz, algodón y café, y contiene muy vastas y deseables tierras agrícolas, así como depósitos importantes de oro. El montañoso municipio de Dolores, donde se localizan las comunidades de El Piñal, Palmira, Vegas del Café y Café las Pavas, es uno de los más importantes productores de café del departamento. Es también el sitio de los recientemente descubiertos depósitos de petróleo, cuya cantidad no ha sido determinada completamente.

En noviembre de 2008, Astracatol y un gran número de organizaciones de trabajadores y de derechos humanos firmaron una declaración en donde detallaron una larga lista de abusos de la Brigada Móvil #21, incluyendo la contaminación en curso y la interrupción del suministro de agua, y amenazas y detenciones arbitrarias de miembros de la comunidad espuriamente acusados de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La escuela local que atendía a los pueblos fue cerrada cuando su maestro fue secuestrado, torturado y forzado a salir de la región. La escuela fue vandalizada con un grafiti que decía: “Sus perros guerrilleros van a morir.” Adentro, se podía leer “Brigada Móvil 21” en varias mesas.

El departamento de Arauca y el vecino de Casanare contienen la mayor parte de las reservas de petróleo, y Arauca mismo representa el 30% de la producción petrolera del país. En diciembre de 2006, en un encuentro en Saravena, la audiencia preliminar sobre el petróleo de Colombia del Tribunal Permanente de los Pueblos emitió un reporte afirmando que “las gigantescas inversiones del capital transnacional por parte de Occidental Petroleum Company, British Petroleum Amoco y Repsol principalmente, y la necesidad de garantizar la explotación del recurso natural, han sido el principal motivo de la militarización y puesta en marcha de la política de "seguridad democrática" en departamentos como Arauca, Boyacá, Norte de Santander y Casanare”.

[Nota: "Seguridad democrática" es una política adoptada por el presidente colombiano Álvaro Uribe que, en nombre de la seguridad, busca la salida militar como la solución para los conflictos nacionales, en lugar de un proceso de diálogo y negociaciones de paz. Así mismo, un gran número de corporaciones, incluyendo Occidental, han estado directamente relacionadas con el pago de servicios a paramilitares como, en el caso de Occidental, el resguardo de oleoductos].

Debemos considerar las amenazas y homicidios en Tolima y Arauca a la luz de los escándalos en curso que involucran a los militares colombianos. Es aún más importante que tengamos en cuenta la culpabilidad del gobierno de los Estados Unidos, el cual ha dado siete mil millones de dólares en ayuda militar y derivados a Colombia en los últimos diez años, y quien entrena, asesora, acompaña y dirige al ejército colombiano en la guerra contra el campesinado colombiano.

En agosto de 2009, viajé por Colombia encabezando una delegación para la Alianza por la Justicia Global. A principios de ese año, el escándalo de los “falsos positivos” estalló, incriminando a más de 30 miembros del ejército colombiano, incluyendo a tres generales y al comandante del Ejército de Colombia. El escándalo reveló que al menos dos mil civiles habían sido asesinados y posteriormente vestidos como guerrilleros para afirmar que eran combatientes enemigos. La mayoría de los detenidos por esos crímenes han sido liberados desde entonces por tecnicismos.

Durante esa delegación, vimos material en video filmado luego de que militares colombianos asesinaran a dos adolescentes en su hogar en la comunidad de Corinto, Cauca. La población local había rodeado el sitio, tomado video, y no dejaba que el personal militar se fuera hasta que la escena fuera investigada. Finalmente, los militares fueron hallados responsables de los asesinatos, pero nadie fue detenido ni sentenciado. [Nota: La Alianza por la Justicia Global planea otra delegación a Colombia entre el 1 y el 11 de agosto para investigar sobre la condición de los campesinos. Para mayor información escriba a james@afgj.org].

Ahora un nuevo escándalo se está desarrollando en relación con el descubrimiento a finales de enero de una fosa común en La Macarena, en el departamento de Meta. La fosa fue cavada por el ejército colombiano y contiene cerca de dos mil cuerpos. Los militares (una vez más) afirman que son los cuerpos de guerrilleros muertos en combate. Sin embargo, fueron enterrados sin intención de identificar los restos y fuera del cumplimiento de todos los protocolos adecuados. La fosa fue descubierta luego de que niños enfermaran al tomar agua de un arroyo localizado en el sitio.

Algo de lo que podemos estar seguros es de que sólo conocemos la punta del iceberg cuando se trata de la violencia de las Fuerzas Militares y paramilitares en Colombia —quienes en conjunto son responsables del 70 al 80% de la violencia política anual. Por ejemplo, además de las muertes confirmadas, desde 1980 hasta ahora, entre 25 mil y 35 mil personas “desaparecieron”.

De acuerdo con Jairo Ramírez, secretario ejecutivo del Comité Colombiano Permanente de Derechos Humanos, “la mayoría de los asesinados están enterrados en 3,500 tumbas sin marca o cremados para deshacerse de cualquier prueba”. Ramírez dijo a nuestra delegación que el comandante paramilitar Salvatore Mancuso, que fue extraditado a los Estados Unidos, ha afirmado que los “generales colombianos han sugerido a los paramilitares la cremación para mantener los informes y los números bajos. Otra manera de deshacerse de las pruebas es cortar los cuerpos en pedazos y arrojarlos a los ríos”.

Lo que podemos ver en estos tres ejemplos —el escándalo de los falsos positivos, la fosa común en La Macarena, y la colusión de militares y paramilitares de deshacerse de los “desaparecidos”— es que las denuncias de la actividad guerrillera por el gobierno colombiano y los militares simplemente no puede ser aceptada por su valor nominal. La justificación dada por la ocupación de estos pueblos en Tolima es que las fuerzas están ahí para enfrentar a la guerrilla. Y los cargos de que los pobladores son guerrilleros es la justificación para las detenciones arbitrarias, abusos y ataques a los civiles. De igual forma, es en nombre de la lucha contra los insurgentes que son asesinados los campesinos de Arauca.

En este momento, hay fuertes tensiones en Tolima y Arauca. Los pobladores de Dolores temen que continúen los homicidios y el desplazamiento, y Astracatol y Fensuagro han sentido la necesidad de alertar a la comunidad internacional. En Arauca, los miembros de ACA se encuentran en el sindicato más atacado no sólo en Colombia sino en el mundo.