Las elecciones presidenciales
colombianas, del pasado 30 de mayo, se saldaron con una sorpresa: los
candidatos favorables al presidente Álvaro Uribe se dispararon en la votación.
El candidato del presidente, del Partido de la U, Juan Manuel Santos, a quien
las encuestas daban un 37,5% de las preferencias, sacó casi diez puntos más.
Y Germán Vargas, de Cambio Radical, prácticamente triplicó el 3,8% que le
daban las encuestas. Nada salió como preveían las encuestadoras más serias
y los expertos multiplican las interpretaciones. Pero no he visto una que
incluya lo que quizás sea la clave de los resultados inesperados: la narcopolítica.
Hace unos meses, Rafael García
Torres, el exjefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), el órgano de seguridad del gobierno colombiano, explicó en detalle
como el narcotráfico y los paramilitares se adueñaron de la vida política
en Colombia.
García Torres, parte de ese
engranaje, huyó al sentir que su vida corría peligro. Pero, en su huída,
habló largo y detalladamente. Desde 1999 las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), que agrupa a paramilitares y grupos de narcotraficantes, “hicieron
alianzas con políticos tradicionales de sus áreas de influencia, con el fin
de apoderarse paulatinamente de la administración pública”, aseguró.
Los efectos de esa alianza se
hicieron sentir rápidamente: “Para la elecciones legislativas del año
2002, celebradas en marzo, las Autodefensas lograron apoderarse de
aproximadamente 40% de las curules del congreso”, afirma García Torres. Y
agrega: “De no haber sido por el apoyo paramilitar, Álvaro Uribe no habría
obtenido esta victoria en primera vuelta”, en las elecciones de ese año.
La historia vuelve ahora a
repetirse. En las elecciones parlamentarias de marzo, los sectores uribistas
lograron un cómodo triunfo. El Partido de la U, de los seguidores del
presidente Álvaro Uribe, alcanzaron 25% de los votos, y los conservadores,
aliados suyos, casi 21%, en unas elecciones en las que participaron apenas 44%
de los inscritos.
“Las elecciones
legislativas del pasado 14 de marzo son las más viciadas en una larga
historia de fraudes y anomalías electorales en Colombia. Los resultados y el
triunfo de la abstención, dejan importantes lecciones y alertas que no deben
pasar desapercibida", dijo la escritora colombiana Maureén Maya.
Pero eso no es lo más grave.
Citando a comentaristas colombianos, Maya agregó que, en esas elecciones
“fueron elegidos 22 senadores que están en las investigaciones de la "parapolítica"
o son herederos de quienes están presos o condenados por estos delitos: 8 del
partido de "a
U" 7 en el PIN, 5 en el Partido Conservador, 1 en Cambio Radical y
1 en el Partido Liberal. La influencia en la Cámara de Representantes es aún
más grande…”
El PIN, un partido creado con
reconocidos miembros de la narco y la parapolítica, logró un millón de
votos en esas elecciones parlamentarias, lo que le valió 8 curules en el
senado y 11 en la Cámara de Representantes.
Los nombres son bien
conocidos y, en Colombia, cuando no hay quórum en el congreso, dice, en
broma, que vayan a sesionar a la cárcel de La Picota. Ahí siempre hay quórum,
porque senadores, diputados, ministros, embajadores, militares, los parientes
más cercanos al presidente Uribe, incluyendo su hermano y un primo hermano,
exsenador, están bajo investigación judicial o condenados por los crímenes
de la parapolítca.
“En la primera administración
de Álvaro Uribe (2002–2006) la burocracia, es decir los cargos y entidades,
fueron distribuidos entre los congresistas recién elegidos que habían
apoyado su candidatura. Esto dio como resultado que los cargos se
distribuyeron entre los diferentes bloques de las autodefensas, puesto que
esos congresistas, en su inmensa mayoría, le debían el haber conseguido esa
curul en el congreso al apoyo paramilitar”, afirmó García Torres en sus
declaraciones.
En ese escenario, se
celebraron el pasado 30 de mayo las elecciones presidenciales. Uribe no pudo
competir, porque la Corte Constitucional rechazó su pretensión de convocar
un plebiscito que le permitiera aspirar a un tercer mandato.
Nuevamente, ganó su
candidato. Nuevamente votó apenas la mitad de los electores. Y el resultado
no dejó de sorprender. Las encuestas, todas, daban un virtual empate entre el
uribista Juan Manuel Santos, exministro de Defensa, y Antanas Mockus, exrector
universitario y exalcalde de Bogotá, pero los resultados le dieron a Santos más
del 46% de los votos, y apenas 21% de Mockus. Ambos irán a una segunda
vuelta, que confirmará el triunfo de Santos.
"El establecimiento creó
un candidato como Mockus para legitimar elecciones. Sabemos que fue ficticio y
mediático su crecimiento", dijo la senadora Piedad Córdoba, para
explicar el resultado electoral.
Colombia seguirá sometida a
la narcopolítica, en medio de escándalos que no terminan, del descubrimiento
de fosas comunes con 2.000 y 3.000 cuerpos de campesinos asesinados por los
militares y los paramilitares, con 100 mil (algunos hablan del doble)
desaparecidos, con índices de desigualdades sociales y pobreza solo
comprables a los peores de América Latina, con una policía acusada de
corrupción, de vigilancia y seguimiento a magistrados, periodistas y
opositores.
La narcopolítica ha
salpicado a todo el gobierno. Ciertamente, por eso, en Colombia se oye, cada
vez con mayor frecuencia, que el jefe de todos debería estar sentado en el
Tribunal Penal Internacional, acusado de crímenes de genocidio.