Con una abstención de 56 por ciento del padrón electoral, en el contexto habitual de violencia –16 muertos reportados en la jornada– y con el antecedente de las denuncias de la compra masiva de votos por el gubernamental Partido de la U, el candidato oficialista Juan Manuel Santos obtuvo un aplastante triunfo anunciado sobre el aspirante del Partido Verde Antanas Mockus en la segunda vuelta de los comicios presidenciales, realizada ayer en Colombia: 69.05 por ciento frente al 27.52 de los sufragios emitidos.

Se consumó así el dispositivo de perpetuación del régimen de Álvaro Uribe Vélez, de quien Santos fue ministro de Defensa, y la continuidad del proyecto oligárquico y contrainsurgente del actual gobierno. Si ha de creerse lo dicho por la senadora liberal Piedad Córdoba, la candidatura de Mockus fue un instrumento de la oligarquía para dar cierta verosimilitud a un proceso comicial que fue, de acuerdo con la información disponible, una elección de Estado.

Con la legisladora coincidió el ex aspirante presidencial del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, quien hace unos días señaló, en entrevista con este diario (18/6/10), que la derecha fabricó el fenómeno de la Ola de Verde con apariencia de izquierda e infló artificialmente las encuestas en favor de Antanas Mockus para cerrarle el paso al Polo Democrático Alternativo, que era la única opción claramente distinta a la de la clase dirigente.

El mes pasado, la Misión de Observación Electoral (MOE) para Colombia detectó masivas compras de sufragios por el gobierno para favorecer a su candidato en los departamentos de Antioquia y Cauca, así como en la capital.

A ese documento se sumó el de la Misión de Veeduría Electoral de la OEA, la cual documentó la realización de esa práctica fraudulenta en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Magdalena, Nariño y Norte de Santander.

Ya en los comicios legislativos de marzo, la MOE advertía que la táctica del constreñimiento –la obtención de votos por medio de amenazas, practicada por los grupos paramilitares vinculados al actual presidente– ha disminuido, pero se transformó en una compra venta masiva con dineros del narcotráfico.

A ello se añade la generalizada sospecha de que las encuestas de intención de voto fueron manipuladas para aparentar que Mockus tenía alguna posibilidad real de disputar el cargo a Santos.

Recientemente, el politólogo Faric Fraija señaló que, en los días previos a la primera vuelta electoral –el 30 de mayo–, las firmas encuestadoras inflaron artificialmente las preferencias del ex alcalde de Bogotá de 9 a 38 por ciento para colocarlo en una situación de supuesto empate técnico con el aspirante oficial. Pero el día de los comicios, Santos obtuvo más de 46 por ciento y Mockus, apenas 21.

En todo caso, las propuestas de gobierno de uno y otro apenas podían diferenciarse por algunos matices y ambas proclamaban, en lo fundamental, lo mismo: continuación de la política económica neoliberal, mantenimiento de Colombia en la esfera de los intereses estratégicos estadunidenses y aplastamiento militar de las organizaciones guerrilleras que operan en el país.

La continuación de la política uribista constituye un factor de desesperanza para Colombia, la cual verá postergadas, durante al menos cuatro años más, cualquier expectativa de atenuar las desigualdades sociales, poner fin a la violencia y depurar una clase política abiertamente infiltrada por los paramilitares, el narcotráfico y otras expresiones de la mafia.

Para la región la noticia es igualmente funesta, pues muy probablemente con Santos se mantendrán la hostilidad del Palacio de Nariño hacia los países vecinos –especialmente, Venezuela y Ecuador–, el alineamiento de Bogotá con las directrices del Pentágono y los empeños por sabotear los esfuerzos de integración y cooperación en curso en la porción sur del continente.