Habría
que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para
encontrar algo de esta dimensión.
En Audiencia Pública el
22/julio/2010, el mismo día que Colombia solicitó la convocatoria urgente de
la OEA para denunciar a Venezuela y en el sitio de los hechos, una delegación
extranjera compuesta por 10 dirigentes sindicales, 6 miembros del Parlamento
Europeo, 3 miembros del Parlamento Británico, 3 delegados de España y 2 de
Estados Unidos atestiguaron la existencia de la gigantesca fosa común en
Colombia, al sur de Bogotá, Departamento del Meta, en el Pueblito de la
Macarena.
•
En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur
de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano, se acaba
de comprobar la existencia de la mayor fosa común de la historia reciente de
Latinoamérica, con una cifra de aproximadamente 2.000 cadáveres.
• Se trata del mayor
enterramiento de víctimas de un conflicto del que se tenga noticia en este
continente (Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol
Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión).
• El secretario del
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia Jairo
Ramírez, quién acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al
lugar, hace algunas semanas, cuando empezó a descubrirse la magnitud de la
fosa de La Macarena exclamó: “Lo que vimos fue escalofriante, infinidad de
cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la
inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy”.
Ramírez agregó: “El
comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en
combate, pero la gente de la región afirma eran líderes sociales, campesinos
y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro”.
La localización de estos
cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones de los
mandos medios, presuntamente
desmovilizados del
paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les
garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes. El
jefe paramilitar John Jairo Rentería, alias Betún, reveló ante el fiscal y
los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron al menos a
800 personas en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo y
cínicamente agregó: “Había que desmembrar a la gente, todos en las
Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente
viva”.
Reflexión
Esa Audiencia Pública se
realizó el mismo día (22–07–2010) en el cual el gobierno colombiano,
sospechosamente, solicitó una reunión con carácter de urgencia a la OEA
para denunciar la presencia en Venezuela, de miembros de las FARC y el ELN.
Esto devela el juego malévolo y canallesco del gobierno colombiano para
distraer la atención mundial de lo que la Audiencia revelaría ese día,
sobre las masacres y los falsos positivos de Uribe Vélez, hechos que son
considerados delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, y por los que Uribe
tendrá que responder ante la Corte Penal Internacional al entregar su
mandato.