La prueba
resplandeciente del neoliberalismo criminal
Por Damien
Millet
CADTM,
06/05/08
El
artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos estipula que «Toda persona tiene derecho a un
nivel de vida suficiente para garantizar su salud, su
bienestar y los de su familia, especialmente para la
alimentación, el vestido, el alojamiento, la sanidad y los
servicios sociales básicos».
En
el momento en que el valor de las materias primas estalla en
los mercados mundiales, este derecho a la alimentación es
escarnecido por el modelo económico neoliberal impuesto por
la fuerza por el trío infernal formado por el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la
Organización Mundial del Comercio (OMC). Después de una
reducción muy importante de los valores durante más de
veinte años, la tendencia dio un vuelco en el segundo
semestre de 2001. En primer lugar en el sector energético y
el de los metales, y a continuación se dirigió a los
productos alimentarios. Las subidas son enormes. En un año,
los precios del arroz y el trigo se han duplicado. El barril
de petróleo llegó a 115 dólares, la onza de oro a 1.000 dólares,
el celemín de maíz a 6 dólares. Las existencias de
cereales son las más bajas desde hace un cuarto de siglo.
El coste de la comida subió de manera tan desorbitada, que
en más de treinta países las poblaciones han salido a las
calles para gritar su rebeldía.
Las
explicaciones propuestas a menudo se presentan como hechos
inevitables: los desarreglos climáticos que reducen la
producción de cereales en Australia y Ucrania; la subida
del precio del petróleo que repercute en los transportes y
por lo tanto sobre las mercancías; la demanda creciente de
China y la India o el desarrollo de los biocombustibles, que
ha excluido 100 millones de toneladas de cereales del sector
alimentario en 2007. Muchos implicados se niegan a
cuestionar el contexto económico en el que estos fenómenos
se producen. Así, Louis Michael, comisario europeo
responsable del desarrollo y la ayuda humanitaria, teme «un
verdadero maremoto económico y humanitario» en África.
La expresión es ambigua, ya que la imagen del maremoto hace
referencia a una catástrofe natural que nos sobrepasa y,
demasiado fácilmente, exime de su culpa a una serie de
responsables.
Recientemente,
el FMI y el Banco Mundial dieron la voz de alarma. Se han
liberado algunos fondos de urgencia. Pero, ¿quién recuerda
que la ayuda pública al desarrollo entregada en 2007 por
los países ricos bajó un 8,4%? Desde 1970 prometieron
elevarla al 0,7% del producto interior bruto, pero
actualmente no sobrepasa el 0,28% como promedio, a pesar de
las manipulaciones estadísticas (inclusión de las
condonaciones de deudas, los gastos de reconstrucción de
Iraq y Afganistán, etcétera). Por añadidura esta ayuda se
adjudica mayoritariamente sobre criterios geopolíticos,
independientemente de las necesidades reales.
Y,
¿quién cuestionará la omnipotencia de los mercados
financieros? Los organismos de crédito hipotecario
estadounidenses, en los últimos años concedieron préstamos
a un sector de la población ya muy endeudado, a un tipo de
interés moderado durante dos años antes de encarecerlos
vertiginosamente. Los prestamistas aseguraban a los
prestatarios que sus inmuebles se revalorizarían rápidamente.
En 2007 la burbuja inmobiliaria estalló. Entonces la crisis
se propagó a múltiples protagonistas financieros que habían
establecido confusos montajes de deudas y ejecutado enormes
operaciones de «contabilidad invisible». Entonces la
especulación se desplazó a otro sector que se ha vuelto más
lucrativo: el de las materias primas, empujando sus valores
al alza.
Finalmente,
¿quién señalará que el Banco Mundial aparece preocupado
sobre todo porque las revueltas sociales amenazan la
globalización neoliberal, cuya estructura genera pobreza,
desigualdades y corrupción al prohibir cualquier forma de
soberanía? Durante los años 80 y 90 se obligó a los países
del Sur a seguir los dictados neoliberales en forma de políticas
de ajuste estructural: reducción de las superficies
destinadas a cultivos alimentarios y especialización en
producción para la exportación, fin de los sistemas de
estabilización de los precios, abandono del
autoabastecimiento de cereales, debilitamiento de las economías
por una extrema dependencia de la evolución de los mercados
mundiales, fuerte reducción de los presupuestos sociales,
supresión de las subvenciones para los productos básicos,
apertura de los mercados y establecimiento de la
competencia, injusta para los pequeños productores locales
frente a las empresas transnacionales…
Actualmente
las poblaciones del Sur lo están pagando muy caro y las
instituciones implicadas deben rendir cuentas. Un tímido
mea culpa en un informe semiconfidencial no es suficiente,
ya que cometieron el crimen de imponer un modelo económico
que ha despojado deliberadamente a las poblaciones pobres de
la protección indispensable y ha demostrado su fracaso en términos
de desarrollo humano.
Por
lo tanto, se imponen tres caminos: la anulación de la deuda
pública externa de los países del Sur, el abandono
definitivo de las políticas neoliberales y la sustitución
del FMI, el Banco Mundial y la OMC por instituciones democráticas
que se preocupen, por fin, de garantizar los derechos
fundamentales y el principio innegociable de la soberanía
alimentaria.
|