Crisis
alimentaria, otro síntoma de la liberalización
Por
Aileen Kwa
Inter Press Service (IPS), mayo de 2008
Ginebra.–
El encarecimiento de los alimentos desató disturbios en
muchos países del Sur, de Indonesia a Camerún, de India a
Costa de Marfil, de Bangladesh a Haití. Pero no debería
sorprender a nadie.
Se trata sólo
de la más reciente en una serie de consecuencias de la
apertura de las fronteras practicada por muchos países en
desarrollo, así como de la postergación de los
agricultores nacionales.
Esos países
implementaron, como parte de acuerdos con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial, medidas de ajuste
estructural que terminaron perjudicando al sector agrícola
y socavaron su capacidad de producir alimento.
En tiempos
de mayor control estatal, en los años 70 y comienzos de los
80, buena parte de los mercados alimentarios nacionales del
Sur estaban en manos de juntas de comercialización
estatales y de cooperativas.
Las juntas
garantizaban precios mínimos, suministraban semillas y
fertilizantes, controlaban el volumen importado, redistribuían
alimentos cuando se reducía la producción y compraban
materias primas a las cooperativas.
Estos
organismos no siempre eran dirigidos de la mejor manera.
Hubo muchos casos de corrupción e ineficiencia, pero cumplían,
de todos modos, con ciertas funciones críticas.
Los
agricultores contaban, gracias a esos mecanismos, con
mercados para vender sus productos y asegurar su sustento.
Los precios eran estables aun cuando eran más bajos de lo
que habrían querido los productores.
Esas políticas
permitían a muchos países en desarrollo exportar alimentos
o, al menos, alcanzar la autosuficiencia.
Todo eso
cambió en los últimos 20 años. El apoyo estatal a los
agricultores cayó. A los pequeños campesinos se les
aconsejó dedicarse al mercado internacional, mientras los
mercados nacionales se abrían a la producción extranjera.
Más que
apoyar los alimentos tradicionales y básicos de cada país,
los gobiernos respaldaban a los exportadores. Se suponía
que las "ventajas comparativas" de los productos
elegidos para vender al exterior enriquecerían a ese sector
y que los beneficios se diseminarían luego a toda la
población.
Pero más
que originar riqueza, la apertura expulsó a millones de los
campesinos más pobres del mercado de sus propios países.
Las importaciones sustituyeron lo que antes se producía a
nivel nacional. En estos 20 años, las cosechas se redujeron
severamente.
Lo sucedido
en Filipinas es un ejemplo cabal del resultado de estas políticas.
"En
los años 60 y 70, éramos autosuficientes", dijo a IPS
Jowen Berber, del no gubernamental Centro Saka. "En
esos tiempos, el gobierno invertía mucho en arroz, tanto en
irrigación, infraestructura y en apoyo al marketing como en
créditos e insumos para la producción."
"Pero
cuando las autoridades le pusieron freno a esos incentivos,
la cosecha se redujo lentamente", agregó Berber.
"El gobierno ahora interviene, pero comprando menos de
uno por ciento de la producción de arroz filipino. Compra más
arroz importado que nacional."
El gobierno
de Camerún retiró su apoyo al sector arrocero en 1994, al
implementar políticas recomendadas por el Banco Mundial y
el FMI. En ese marco, entregó el mercado de fertilizantes
al sector privado.
El
rendimiento de los campos de los agricultores pobres se
precipitó, pues el fertilizante se volvió un artículo de
lujo, según indicaron los expertos David Pingpoh y Jean
Senahoun en un estudio para la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La apertura
comercial aumentó la vulnerabilidad de los países a las
políticas dispuestas por otras fuerzas externas. Las
importaciones de arroz de India se multiplicaron casi por
ocho en un solo año, entre 2001 y 2002.
Como
consecuencia, muchos agricultores abandonaron la actividad.
La superficie cultivada con arroz se redujo 31,2 por ciento
entre 1999 y 2004.
Según la
FAO, Costa de Marfil también se vio inundada por las
exportaciones de alimentos. En cumplimiento de sus
compromisos con la Organización Mundial del Comercio (OMC),
ese país redujo los aranceles agrícolas a un máximo de 15
por ciento.
Como
consecuencia, las importaciones de arroz aumentaron seis por
ciento en promedio al año, de 470.000 toneladas a 715.000
entre 1997 y 2004. La producción nacional cayó 40 por
ciento en el mismo periodo.
Las
importaciones de arroz de Nepal tuvieron enormes picos de
aumento: casi se triplicaron en 1994 y se multiplicaron por
ocho en 2000. En algunas zonas, el precio al consumidor cayó
casi 20 por ciento. Gran cantidad de establecimientos de la
frontera con India cerraron.
El actual
ciclo de encarecimiento se atribuye a la caída de las
existencias. La producción agrícola se canaliza hacia la
producción de biocombusibles. La sequía australiana hizo
lo suyo, y también el juego de los especuladores que
compran a futuro.
Hubo
disturbios y protestas al menos en 37 países. Pero desde el
Norte vuelve a repetirse la cantinela del libre comercio
como panacea.
Así lo
hicieron a fines de abril, en una reunión en la ciudad
suiza de Berna donde se consideró la emergencia
alimentaria, el secretario general de la ONU, Ban Ki–moon,
el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, y el
director general de la OMC, Pascal Lamy.
A los
agricultores difícilmente se los convenza de que más de lo
mismo que destruyó su medio de subsistencia durante dos
decenios les sea de ayuda.
"Proteger
la alimentación se ha convertido en delito por las leyes
del libre comercio. El proteccionismo, en mala
palabra", dijo Henri Saragih, coordinador internacional
de la red mundial La Vía Campesina. "Los países se
habían vuelto adictos a las importaciones de alimentos
baratos. Ahora que el precio aumenta, el hambre muestra su
feo rostro."
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