¿Quién es responsable de la crisis alimentaria?

Por Albert Sales (*)
Sin Permiso, 01/06/08

El trigo ha aumentado su precio un 160% en un año, el maíz un 50% y el arroz un 38% durante los primeros meses de 2008. Esto ha provocado disturbios y enfrentamientos en México, Haití, Senegal, Burkina Faso, Marruecos, Camerún, Tailandia, Filipinas, Indonesia... entre otros países. Ante el riesgo de hambre severa algunos gobiernos han tomado medidas para reducir la exportación de alimentos y por promover la producción interna. En Egipto, el ejército ha estado produciendo pan de manera temporal; en Pakistán o en Rusia se han incrementado los impuestos aplicados a las importaciones; India, China y Vietnam han empezado a prohibir o limitar las importaciones; en Filipinas, en Bangladesh y en Tailandia se está subsidiando la compra de alimentos...

Parece que hay consenso generalizado al afirmar que estamos viviendo una crisis alimentaria mundial que pone en riesgo el acceso a la comida de millones de personas. Pero no genera el mismo consenso el análisis de las causas y la propuesta de soluciones. Pese a la urgencia de la situación, el Banco Mundial mantiene que no intervendrá en el mercado internacional de alimentos y que el mercado encontrará un equilibrio satisfactorio a esta situación. Según Juan José Daboud, alto cargo de este organismo, sólo hace falta tener paciencia para qué el mercado se ajuste aunque admitió que “no es cuestión de semanas ni meses, el ajuste  puede tardar dos o tres años al llegar”.

Se han argumentado varios factores explicativos del aumento desmesurado de los precios de los alimentos. El más utilizado es el del incremento repentino de la demanda de cereales y otras materias primeras agrícolas debido a la desviación de maíz, avena y de otros cereales, del consumo humano y ganadero hacia las plantas de producción de etanol o de agrocombustible. La crisis “de la tortilla” en México se usa para ejemplificar este proceso a partir del que la sustitución del petróleo por derivados del maíz habría fijado precios inaccesibles para los consumidores y consumidoras de este país. También han generado un aumento de la demanda los cambios en los hábitos de consumo de varios sectores sociales del que se han denominado países emergentes. Estos sectores estarían dejando de lado su alimentación tradicional por una más  “occidentalizada” con un consumo muy alto de carne vacuna y de pollo, provocando que se necesite mucho más cereal para la ganadería industrial.

El Banco Mundial y el resto de fervientes seguidores de la economía liberal consideran que las causas de esta crisis son coyunturales y que sólo hay que esperar para presenciar como el aparato productivo global se adapta a las nuevas características de la demanda. No obstante, se olvidan de que no se trata de un fenómeno repentino y nuevo, sino de un proceso que tiene sus raíces más profundas en el sistema económico y comercial internacional generado por el mismo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, bajo la influencia de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos y con todo el espaldarazo de las grandes empresas transnacionales de la agroindustria.

Las instituciones económicas de Bretton Woods han trabajado sin descanso por instaurar un sistema librecambista global que permita a las Empresas Transnacionales de los países opulentos realizar sus operaciones de la manera más favorable. Los Planes de Ajuste Estructural del FMI han llevado  a los países empobrecidos a orientar su producción a la exportación y a la especialización en la agricultura intensiva. Este tipo de agricultura tiene una fuerte dependencia de la mecanización, los fertilizantes químicos, los insecticidas y pesticidas y, en  definitiva, del paquete tecnológico de la revolución verde. Todo dificultades para la agricultura tradicional familiar, que son aprovechadas por grandes inversores y por las grandes plantaciones. En el mercado global los alimentos producidos de este modo se transforman en mercancías de exportación y, como tales, se los atribuyen precios internacionales sólo asequibles en determinadas zonas del globo.

La movilidad de capitales propiciada por las mismas instituciones ha facilitado las inversiones especulativas en el mercado alimentario. Ante factores realmente circunstanciales que indican un aumento de la demanda de determinados productos, los mercados financieros han reaccionado acumulando títulos sobre estos productos, acelerando así el incremento de la demanda y, por lo tanto, el precio. Las compras que se realizan en estos mercados no son sólo de producto existente sino también de producto futuro. Al mercado CME de Chicago se están comprando del orden de 30 toneladas de soja diarias que no se recogerán hasta el 2009.

La dependencia del petróleo va mucho más allá de las necesidades derivadas del transporte. El paquete tecnológico de la revolución verde que permito los cultivos de la agroindustria está compuesto por productos derivados del petróleo. El aumento del precio de esta materia primera no sólo incrementa el coste de mover los productos de un extremo del planeta al otro, también pone más obstáculos a los pequeños productores para sobrevivir y genera el entorno apropiado para una mayor concentración de la tierra y del poder en manos de los grandes inversores.

El aumento de los precios para los consumidores y consumidoras no significa que los productores reciban más por su materia primera. La crisis de precios se presenta sólo a un extremo de la cadena. La razón de esta crisis unidireccional también es estructural. El mercado agroalimentario está dominado por grandes corporaciones que controlan la relación con los productores y la venta minorista de productos. Casi la totalidad del mercado agroalimentario europeo pasa por 110 centrales de compras y 600 empresas propietarias de los súper e hipermercados. Nombres como Carrefour, Tesco, Auchan o Lidl, imponen sus condiciones, los precios de venta al público y los precios a los que compran a los productores, aprovechando las grandes cifras de negocio que mueven y una situación de mercado oligopolística. En el Estado Español, el 62% de los alimentos son adquiridos a una gran superficie comercial y el 38% en un establecimiento propiedad de Carrefour, Mercadona o Eroski.

Hace falta un Comercio Justo en el sentido más amplio del término. Y el comercio sólo será justo en la medida en que dinamice y proteja los mercados locales y garantice la soberanía alimentaria. Será justo si obedece a reglas humanas que no sitúen los mercados financieros por encima de las personas. Y será justo cuando acerque a los consumidores al proceso de producción reduciendo los intermediarios y eliminando las grandes concentraciones de poder e información.

(*) Albert Sales i Campos es profesor del departamento Ciencias Políticas y Sociales de la UPF (Catalunya).