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Lecciones
del Banco Mundial, el FMI y la Organización Mundial del
Comercio
¿Cómo
fabricar una crisis alimentaria global?
Por
Walden Bello (*)
The Nation, Nueva York, 02/06/08
La
Jornada, 08/06/08
El
aumento global en los precios de los alimentos no es sólo
la consecuencia de utilizar productos agrícolas para
convertirlos en agrocombustibles, si no de las políticas
del "libre mercado" promovidas por las
instituciones financieras internacionales. Ahora las
organizaciones campesinas están liderando la oposición a
la industria agrícola capitalista.
Cuando
cientos de miles de personas se manifestaron en México el año
pasado contra un incremento del 60% en el precio de las
tortillas, muchos analistas culparon a los biocombustibles.
A causa de los subsidios del gobierno estadounidense, los
granjeros de ese país dedicaban más hectáreas al maíz
para etanol que para alimento, lo cual disparó los precios.
Esta desviación del uso del maíz fue sin duda una causa
del aumento de los precios, aunque probablemente la
especulación de intermediarios con la demanda de los
biocombustibles tuvo una mayor influencia. Sin embargo, a
muchos se les escapó una pregunta interesante: ¿cómo es
que los mexicanos, que viven en la tierra donde se domesticó
el maíz, han llegado a depender del grano estadounidense?
La
erosión de la agricultura mexicana
No
puede entenderse la crisis alimentaria mexicana sin
considerar que en los años anteriores a la crisis de la
tortilla, la patria del maíz fue convertida en una economía
importadora de ese grano por las políticas de "libre
mercado" promovidas por el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y Washington. El
proceso comenzó con la crisis de la deuda de principios de
la década de los 80s. México, uno de los dos mayores
deudores del mundo en vías de desarrollo, fue obligado a
suplicar dinero al Banco y al FMI para pagar el servicio de
su deuda con los bancos comerciales internacionales. El
precio de un rescate fue lo que un miembro del consejo
ejecutivo del BM describió como "intervencionismo sin
precedente", diseñado para eliminar aranceles,
reglamentaciones estatales e instituciones gubernamentales
de apoyo, que la doctrina neoliberal identificaba como
barreras a la eficiencia económica.
El
pago de intereses se elevó del 19 por ciento del gasto
federal total en 1982 al 57 por ciento en 1988, en tanto el
gasto de capital se derrumbó del 19.3 al 4.4 por ciento. La
reducción del gasto gubernamental se tradujo en el
desmantelamiento del crédito estatal, de los insumos agrícolas
subsidiados por el gobierno, los apoyos al precio, los
consejos estatales de comercialización y los servicios de
extensión.
Este
golpe a la agricultura campesina fue seguido por uno aún
mayor en 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Aunque dicho tratado
consideraba una prórroga de 15 años a la protección de
productos agrícolas, entre ellos el maíz, pronto comenzó
a fluir maíz estadounidense altamente subsidiado, lo cual
redujo los precios a la mitad y hundió al sector maicero en
una crisis crónica. En gran medida a causa de ese acuerdo,
México se ha consolidado como importador neto de alimentos.
Con
el cierre de la entidad gubernamental comercializadora de maíz,
la distribución de importaciones maiceras de Estados Unidos
y del grano nacional ha sido monopolizada por unas cuantas
empresas trasnacionales, como Cargill. Eso les ha dado un
tremendo poder para especular con las tendencias del
mercado, de modo que pueden manipular y magnificar los
movimientos de demanda de biocombustibles tantas veces como
quieran. Al mismo tiempo, el control monopólico del
comercio interior ha asegurado que un aumento en los precios
internacionales del maíz no se traduzca en pagar precios
significativamente más altos a los pequeños productores.
Cada vez resulta más difícil a los productores mexicanos
de maíz eludir el destino de muchos otros pequeños
productores en sectores como arroz, carne de res, pollo y
cerdo, quienes se han venido abajo por las ventajas
concedidas por el TLCAN a los productos subsidiados
estadounidenses. Según un informe del Fondo Carnegie de
2003, las importaciones agrícolas de EEUU han dejado sin
trabajo a 1.3 millones de campesinos, muchos de los cuales
han emigrado al país del norte.
Las
perspectivas no son buenas, pues el gobierno mexicano continúa
en manos de neoliberales que desmantelan sistemáticamente
el sistema de apoyo al campesinado, un legado clave de la
Revolución Mejicana. Como dice el director ejecutivo de
Food First, Eric Holt– Jiménez, "Llevará tiempo y
esfuerzo para recuperar la capacidad de los pequeños
agricultores y no parece que haya ningún deseo político
para esto– sin olvidar el hecho que NAFTA debe ser
renegociada".
Creación
de la crisis del arroz en Filipinas
Que
la crisis global de alimentos se origina en la
reestructuración de la agricultura por el libre mercado
resulta más claro en el caso del arroz. A diferencia del maíz,
menos del 10 por ciento de la producción mundial de arroz
se comercializa. Además, en el arroz no ha habido desviación
del consumo hacia los biocombustibles. Sin embargo, sólo en
este año los precios se han triplicado, de 380 dólares por
tonelada en enero a más de mil dólares en abril. Sin duda,
la inflación deriva en parte de la especulación de los cárteles
mayoristas en una época de existencias escasas. Sin
embargo, el mayor misterio es por qué varios países
consumidores de arroz que eran autosuficientes se han vuelto
severamente dependientes de las importaciones.
Filipinas
ofrece un triste ejemplo de cómo la reestructuración económica
neoliberal transforma un país de ser exportador neto a
importador neto de alimentos. Ahora es el mayor importador
mundial de arroz. El esfuerzo de Manila por asegurarse
provisiones a cualquier precio se ha convertido en primera página
en los medios de comunicación, y las fotos de soldados que
protegen la distribución del cereal en las comunidades
pobres se han vuelto emblemáticas de la crisis global.
Los
trazos generales de la historia de Filipinas son similares a
los de México. El dictador Ferdinand Marcos fue culpable de
muchos crímenes y malos manejos, entre ellos no llevar
adelante la reforma agraria, pero no se le puede acusar de
privar al sector agrícola de fondos gubernamentales. Para
paliar el descontento de los campesinos, el régimen les
otorgó fertilizantes y semillas subsidiadas, impulsó
mecanismos de crédito y construyó infraestructura rural.
Durante los 14 años de su dictadura, sólo en uno, 1973, se
tuvo que importar arroz debido al extenso daño causado por
los tifones. Cuando Marcos huyó del país, en 1986, había
900 mil toneladas métricas de arroz en los almacenes del
gobierno.
Paradójicamente,
durante los siguientes años de gobierno democrático se
redujo la capacidad de inversión gubernamental. El BM y el
FMI, actuando a favor de acreedores internacionales,
presionaron al gobierno de Corazón Aquino para que diera
prioridad al pago de la deuda externa, que ascendía a 26
mil millones de dólares. Aquino accedió, aunque los
economistas de su país le advirtieron que sería "inútil
buscar un programa de recuperación que sea consistente con
el pago de la deuda fijada por nuestros acreedores".
Entre 1986 y 1993, entre el 8 y el 10 por ciento del PIB
salió de Filipinas cada año en pagos del servicio de la
deuda. Los pagos de intereses en proporción al gasto
gubernamental se elevaron del 7 por ciento en 1980 al 28 por
ciento en 1994; los gastos de capital cayeron del 26 al 16
por ciento. En poco tiempo, el servicio de la deuda se volvió
la prioridad del presupuesto nacional. El gasto en
agricultura cayó a menos de la mitad.
El
BM y sus acólitos locales no se preocupaban, porque un propósito
del apretamiento del cinturón era dejar que el sector
privado invirtiera en el campo. Pero la capacidad agrícola
se erosionó con rapidez, los sistemas de riego se
estancaron, y hacia finales de la década de los 90s sólo
el 19 por ciento de la red de carreteras del país estaba
pavimentada, contra el 82% en Tailandia y el 75% en Malasia.
Las cosechas eran pobres en general; el rendimiento promedio
de arroz era de 2.8 toneladas por hectárea, muy por debajo
de las de China, Vietnam y Tailandia, donde los gobiernos
promovían activamente la producción rural. La reforma
agraria languideció en la era posterior a Marcos, despojada
de fondos para servicios de apoyo, que habían sido la clave
para las exitosas reformas de Taiwán y Corea del Sur.
Como
en México, los campesinos filipinos padecieron la retirada
a gran escala del Estado como proveedor de apoyo. Y el
recorte en programas agrícolas fue seguido por la
liberalización comercial; la entrada de Filipinas en la
Organización Mundial de Comercio (OMC) tuvo igual efecto
que la firma del TLCAN para México.
La
entrada en la OMC requería eliminar cuotas en las
importaciones agrícolas excepto el arroz, y permitir que
cierta cantidad de cada producto ingresara con bajos
aranceles. Si bien se permitió al país mantener una cuota
en importaciones de arroz, tuvo que admitir el equivalente
entre el 1 y el 4 por ciento del consumo doméstico en los
10 años siguientes. De hecho, a causa del debilitamiento de
la producción derivada de la falta de apoyo oficial, el
gobierno importó mucho más que eso para compensar una
posible escasez. Esas importaciones, que se elevaron de 263
mil toneladas en 1995 y a 2.1 millones en 1998, hundieron el
precio del cereal, lo cual desalentó a los productores y
mantuvo la producción a una tasa muy inferior a la de los
dos principales proveedores del país, Tailandia y Vietnam.
Las
consecuencias del ingreso de Filipinas en la OMC barrieron
con el resto de la agricultura como un tifón. Ante la
invasión de importaciones baratas de maíz, los campesinos
redujeron la tierra dedicada a ese cultivo de 3.1 millones
de hectáreas en 1993 a 2.5 millones en 2000. La importación
masiva de partes de pollo casi acabó con esa industria,
mientras que el aumento de importaciones desestabilizó las
de aves de corral, cerdo y vegetales.
Los
economistas del gobierno prometieron que las pérdidas en maíz
y otros cultivos tradicionales serían más que compensadas
por la nueva industria exportadora de cultivos "de alto
valor agregado" como flores, espárragos y brócoli.
Poco de eso se materializó. El empleo agrícola cayó de
11.2 millones en 1994 a 10.8 millones en 2001.
El
doble golpe del ajuste impuesto por el FMI y la liberalización
comercial impuesta por la OMC hizo que una economía agrícola
en buena medida autosuficiente se volviera dependiente de
las importaciones y marginó constantemente a los
agricultores. Fue un proceso cuyo dolor fue descrito por un
negociador del gobierno filipino durante una sesión de la
OMC en Ginebra: "Nuestros pequeños productores agrícolas
son masacrados por la brutal injusticia del entorno del
comercio internacional".
La
gran transformación
La
experiencia de México y Filipinas se reprodujo en un país
tras otro, sujetos a los manejos del FMI y la OMC. Un
estudio de la Organización de Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) en 14 países descubrió
que los niveles de importaciones agrícolas en 1995–98
excedieron los de 1990–94. No era sorprendente, puesto que
uno de los principales objetivos del acuerdo agrícola de la
OMC era abrir mercados en países en vías de desarrollo
para que absorbieran la producción excedente del norte.
Los
apóstoles del libre mercado y los defensores del dumping
parecieran estar en extremos opuestos del espectro, pero las
políticas que propugnan producen el mismo resultado: una
agricultura capitalista industrial globalizada. Los países
en desarrollo se integran en un sistema en el que la
producción de carne y grano para exportación está
dominada por grandes granjas industrializadas como las
manejadas por la trasnacional tailandesa CP, en las que la
tecnología es mejorada continuamente por avances en
ingeniería genética de firmas como Monsanto. Y la
eliminación de barreras tarifarias y no tarifarias facilita
un supermercado agrícola global de consumidores de elite y
clase media, atendidos por corporaciones comercializadoras
de granos como Cargill y Archer Daniels Midland, y
minoristas trasnacionales de alimentos como la británica
Tesco y la francesa Carrefour.
No
se trata sólo de la erosión de la autosuficiencia
alimentaria nacional o de la seguridad alimentaria, sino de
lo que la africanista Deborah Bryce–son, de Oxford, llama
la "descampesinación", es decir, la supresión de
un modo de producción para hacer del campo un sitio más
apropiado para la acumulación intensiva de capital. Esta
transformación es traumática para cientos de millones de
personas, pues la producción campesina no es sólo una
actividad económica: es un modo de vida milenario, una
cultura, lo cual es una razón de que en India los
campesinos desplazados o marginados hayan recurrido al
suicidio. Se calcula que unos 15 mil campesinos indios han
acabado con su vida.
El
derrumbe de precios por la liberalización comercial y la pérdida
de control sobre las semillas ante las empresas de
biotecnología son parte de un problema integral, señala
Vandana Shiva, activista por la justicia global: "En la
globalización, el campesino o campesina pierde su identidad
social, cultural y económica de productor. Ahora un
campesino es 'consumidor' de semillas y químicos caros que
venden las poderosas corporaciones trasnacionales por medio
de poderosos latifundistas y prestamistas locales".
Agricultura
africana: desde la complacencia al desafío
La
descampesinación se encuentra en un estado avanzado en
Latinoamérica y en Asia. Si el BM se sale con la suya, África
seguirá el mismo camino. Cómo Bryceson y sus colegas
afirman correctamente en un artículo reciente, The World
Development Report 2008, con amplia información sobre la
agricultura en África, es prácticamente un plan para la
transformación de la agricultura continental en una
agricultura a gran escala comercial. Pero como en muchos
otros lugares, la gente esta pasando de un resentimiento a
un completo desafío.
En
el tiempo de la descolonización en los 60s, África era un
exportador neto de alimentos. Hoy el continente importa el
25% de su comida; casi todos los países son importadores
netos. El hambre y la falta de alimentos están al orden del
día, con emergencias de alimentos durante los tres últimos
años en el Cuerno de África, el Sahel, el sur y el África
Central.
La
agricultura en África está en una profunda crisis, las
causas van desde las guerras a los gobiernos, la falta de
tecnología agrícola y el aumento del sida. Como en México
y Filipinas una gran parte de la explicación es el abandono
de los controles de los gobiernos y los mecanismos de ayudas
que bajo el ajuste estructural impuesto por el FMI y el BM
como el precio a pagar para la asistencia en pagar la deuda
externa.
Los
ajustes estructurales trajeron un decline en la inversión,
aumentaron el desempleo, reducción del gasto social,
reducción del consumo y baja producción. El aumento de los
precios de los fertilizantes y al mismo tiempo la reducción
de los sistemas de créditos agrícolas lo único que hizo
fue reducir el uso de fertilizantes, el tamaño de las
cosechas y la reducción de la inversión. La realidad rehusó
confrontarse a las expectativas doctrinales de que el estado
allanaría el camino para que el mercado dinamizara la
agricultura.
En
lugar de ello, el sector privado que vio que la reducción
en el gasto del estado crearía más riesgos, no cubrieron
el desfase. País tras país, la salida del estado
"lleno" en lugar de "vaciar" la inversión
privada. Donde el sector privado sustituyó al público, según
un informe de OXFAM "A menudo lo han hecho en unos términos
muy desfavorables para los granjeros pobres, dejando a estos
con más inseguridad alimentaria, y a los gobiernos a
depender de unas ayudas internacionales poco
predecibles." El sector económico, normalmente a favor
del sector privado, estuvo de acuerdo, admitiendo que
"muchas de las empresas privadas que vinieron a
reemplazar a los investigadores estatales resultaron ser
monopolistas en busca de dinero."
El
apoyo que recibieron los gobiernos fue canalizado por el
Banco Mundial para la exportación de los productos agrícolas
para generar divisa extranjera, la que necesitan los estados
para pagar su deuda. Pero como en la hambruna en Etiopia en
los años 80, este llevo a que la mejor tierra agrícola se
dedicase a la exportación forzando a mover las cosechas
para la alimentación a tierras menos favorables, lo que
aumento la inseguridad alimentaria, además las indicaciones
del BM a varias economías para que se centraran en el mismo
tipo de productos para la exportación a menudo llevo a una
sobreproducción, lo que hizo que los precios bajasen en los
mercados internacionales. Por ejemplo el éxito de Ghana en
la expansión del cultivo de cacao llevo a una bajada del
precio del 48% entre 1986 y 1989. En 2002–03 la caída en
el precio del café contribuyó a otra emergencia de
alimentos en Etiopia.
Como
en México y Filipinas, los ajustes estructurales en África
no fueron sólo sobre la falta de inversión sino de la
des–inversión de los gobiernos. Hubo otra diferencia
importante, en África el FMI y el BM administraron a pequeña
escala, tomando decisiones sobre la velocidad en que los
subsidios se terminaban, cuantos funcionarios debían ser
despedidos e incluso en el caso de Malawi, que cantidad de
reservas de grano se venderían y a quien debían ser
vendidas. O sea que los procónsules residentes del BM y del
FMI llegaron hasta las entrañas de cómo el estado manejaba
la economía agrícola para quedarse con todo.
Mezclando
el impacto negativo del ajuste con las injustas practicas de
comercio de EEUU y de UE. La liberación permitió que la
carne de vacuno subvencionada de la UE llevase a muchos
ganaderos del Oeste y el Sur de África a la ruina. Con los
subsidios legitimados por la OMC, el algodón procedente de
EEUU inundó los mercados con unos precios de entre el 20 y
el 55% del coste de producción, por lo que llevaron a la
bancarrota a los productores africanos.
Según
OXFAM el número de subsaharianos viviendo con menos de 1 dólar
diario casi se dobló entre 1981 y 2001 alcanzando los 313
millones, un 46% de la población. El papel que jugó el
ajuste estructural es innegable. Como admitió el principal
economista del BM para África, "No pensamos que el
coste humano de esos programas seria tan grande, y que las
ganancias económicas tardasen tanto en llegar".
Malawi
es un ejemplo representativo de la tragedia africana
propagada por el FMI y el BM. En 1999 el gobierno de Malawi
inició un programa para dar a cada pequeño negocio
familiar un paquete con fertilizantes y semillas
gratuitamente. El resultado: excedente nacional de maíz. Lo
que vino después es una historia que debe ser encumbrada
como un estudio clásico de uno de los grandes errores de la
economía neoliberal.
EL
BM y otros donantes de ayuda forzaron la disminución y
eventualmente el abandono del programa, diciendo que el
subsidio distorsionaba los mercados. Sin los paquetes
gratuitos, la producción cayó. Al mismo tiempo el FMI
insistió al gobierno a que vendiera una gran parte de sus
reservas de grano para permitir que la agencia de la reserva
de alimentos pagase la deuda. El gobierno cumplió. Cuando
la crisis alimentaria se convirtió en hambruna en
2001–02, las reservas eran prácticamente inexistentes.
Unas 1.500 personas murieron. El FMI no se arrepintió, de
hecho, suspendió los pagos de un programa de ajuste
aludiendo que "el sector paraestatal continuaría
siendo un riesgo para la exitosa implementación del
presupuesto de 2002/03. Las intervenciones del gobierno en
la agricultura y otros mercados alimentarios están
socavando otras inversiones más productivas".
Pero
otra crisis alimentaria aún peor se gestó en 2005, el
gobierno había tenido bastante con la estupidez del FMI y
del BM. Un nuevo presidente reintrodujo el subsidio para los
fertilizantes, permitiendo que 2 millones de familias lo
comprasen a un tercio del precio de mercado y las semillas
también con descuentos. El resultado: aumento espectacular
de las cosechas durante dos años, un excedente de 1 millón
de toneladas de maíz y el país se transformó en un
exportador de maíz a todo el cono sur de África.
El
desafío de Malawi al BM podría haber sido un acto de
resistencia heroica pero inútil hace una década. El
medioambiente hoy es diferente, desde que los ajustes
estructurales han sido desacreditados en toda África.
Incluso algunos gobiernos donantes y ONGs que lo apoyaban se
han distanciado del Banco. Puede que la motivación es
prevenir su perdida de influencia en el Continente por
asociarse con unas políticas fracasadas y con unas
instituciones impopulares cuando la ayuda de China está
emergiendo como una alternativa a los programas de ayudas
del BM, FMI y los gobiernos occidentales.
Soberanía
alimentaria: ¿el paradigma de una alternativa?
No
es solamente el desafío de gobiernos como el de Malawi y la
disidencia de sus aliados lo que esta socavando al FMI y al
BM. Organizaciones campesinas de todo el mundo, cada vez más
militantes en resistir la globalización de la agricultura
industrial. De hecho, es por la presión de grupos de
agricultores que los gobiernos del Sur han rechazado
conceder mayor acceso a sus mercados agrícolas y demandando
el fin de los subsidios agrícolas en los EEUU y en la UE,
lo que llevo a la Ronda de Doha de la OMC al fracaso.
Los
grupos de agricultores han creado redes internacionales; uno
de los movimientos más dinámicos es Vía Campesina. Ellos
no solo buscan "echar a la OMC de la agricultura",
oponerse al paradigma de una agricultura industrial
capitalista; también proponen una soberanía alimentaria
alternativa. Esto significa en primer lugar el derecho de
los países a determinar su producción y su consumo de
alimentos y la liberación de la agricultura de los
regimenes de comercio global como la OMC. También significa
la consolidación de la agricultura a pequeña escala con la
protección del mercado interior de los productos importados
baratos; precios remunerativos para agricultores y
pescadores: abolición de todos los subsidios directos e
indirectos a la exportación; y el fin de los subsidios domésticos
que promuevan un tipo de agricultura insostenible. Vía
Campesina también pide el final de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRIPs)
que permite a las corporaciones patentar las semillas; se
oponen a la agro–tecnología basada en la ingeniería genética;
y demanda una reforma del campo. Como contraste a un
monocultivo integrado global, ofrecen la visión de una
economía tradicional agrícola compuesta de diversas economías
nacionales agrícolas comerciando entre ellas pero centradas
principalmente en la producción domestica.
Una
vez fueron considerados como una reliquia de la era
pre–industrial, los campesinos están liderando la oposición
a una agricultura industrial capitalista que los relegó a
la papelera de la historia. Se han convertido en lo que Karl
Marx describía como una "clase en si misma" con
conciencia política contradiciendo sus predicciones sobre
su fin. Con la crisis de alimentos global, se están
posicionando en el primer plano y tienen aliados y gente que
los apoya. Los campesinos rehúsan ir dócilmente a esa
buena noche y combaten la descampesinación, los
acontecimientos en el siglo XXI están mostrando que la
panacea de una agricultura industrial capitalista es una
pesadilla. Con las crisis medioambientales multiplicándose,
las disfunciones sociales de la vida urbana–industrial
apilándose y la agricultura industrializada creando una
mayor inseguridad alimentaria, el movimiento de los
agricultores cada vez está ganando relevancia no solo en
los agricultores sino en todos los que se encuentran
amenazados por las consecuencias catastróficas de la visión
global del capital de una organización de la producción,
la comunidad y la vida en si misma.
(*)
Walden Bello, miembro del Transnational Institute, es
presidente de “Freedom from Debt Coalition”, profesor de
sociología en la Universidad de Filipinas en Diliman y
analista senior en “Focus on the Global South”.
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