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Crisis
alimentarias y hambrunas
Una
perspectiva sobre el terreno
Por
Shalmali Guttal (*)
Focus
on the Global South, 29/05/08
Sin
Permiso, 08/06/08
Traducción
de Xavier Fontcuberta Estrada
“Pero
incluso cuando los precios mundiales de los alimentos
caigan, a no ser que se lleven a cabo drásticas políticas
económicas y agrícolas que corrijan la situación, la
escasez de comida, el hambre y la malnutrición es
improbable que desaparezcan.”
En una
conferencia de prensa del 14 de mayo en Dili, la capital de
Timor Oriental, altos cargos de las Naciones Unidas
declararon que el país no estaba en riesgo de sufrir una
hambruna debido a la crisis alimentaria global. Según el
Director Nacional en Timor Oriental del World Food Programme
(WFP), Joan Fleuren, “el gobierno está trabajando para
aumentar las importaciones” y venderlas a precios
subsidiados, en un esfuerzo por controlar la situación y
garantizar que no hay una crisis alimentaria (1). El
Ministro de Agricultura estima que el consumo anual de arroz
en Timor Oriental se sitúa sobre una media de 83.000
toneladas métricas, de las cuales 40.000 son producidas domésticamente.
La diferencia se cubre con importaciones que ya se sitúan
en las 50–60.000 toneladas y siguen aumentando. El enviado
especial para Timor Oriental del Secretario General de las
Naciones Unidas, Reske–Nielsen, comentó que las
importaciones de arroz permiten al gobierno de Timor
disponer de tiempo para adoptar soluciones a medio y largo
plazo (2).
Sin
embargo, este punta de vista difiere significativamente del
de muchos analistas de Timor, que temen que el país se
encuentre atrapado en una peligrosa dependencia de las
importaciones para satisfacer sus necesidades alimentarias,
y que ya muestra los primeros síntomas de una crisis
alimentaria crónica. Hará unos cuatro meses, antes de la
llegada de la crisis alimentaria, el precio del arroz estaba
entre los 14 y 16 dólares por saco (de unos 35 kg.). En
estos momentos se sitúa sobre los 25 dólares por saco en
Dili, y es significativamente mayor en las zonas rurales –
si es que consigue llegar allí. Y a pesar de las recientes
medidas del gobierno para subsidiar los precios,
sencillamente no hay suficiente arroz subsidiado para cubrir
las necesidades. Una gran cantidad se consume en Dili y según
los propios habitantes de la capital, una proporción
significativa es luego revendida a precios más altos por
los comerciantes de arroz, especialmente en áreas rurales.
Como en muchos otros países importadores netos de comida,
Timor oriental no tiene ningún control sobre los precios de
importación del arroz o de otros alimentos y materias
primas. De la misma forma, tampoco tiene un sistema público
de distribución eficaz que garantice que las importaciones
de comida lleguen a su población rural. Teniendo que
confiar en empresas privadas para la distribución, el
gobierno no puede siquiera asegurar que aquellos que más
necesiten los subsidios puedan aprovecharlos. Según Elda
Guterres da’Silva de KBH, una organización de Timor
dedicada a la formación profesional (3), “el nuevo
gobierno ha perdido el contacto con los problemas de las
zonas rurales; parece decidido a instaurar un sistema de
mercado y ello va a aumentar el número de pobres. Sólo
aquellos que tienen dinero pueden comprar arroz”.
El hambre
es una vieja conocida en Timor Oriental. En 2004, se informó
de situaciones de hambre extrema e incluso hambrunas entre
decenas de miles de hogares de como mínimo cinco distritos,
y la gente de once de los trece distritos estaba
sobreviviendo gracias a la ayuda alimentaria (4). La mayoría
del millón de habitantes de Timor Oriental (aproximadamente
el 80%) vive en zonas rurales y se dedica a la agricultura
de subsistencia. La producción nacional no es suficiente
para satisfacer las necesidades anuales de la población,
estimándose en 2001 que sobre el 80% de las aldeas habían
sufrido escasez de comida en algún momento del año (5).
Mientras que la falta de comida es un fenómeno habitual y cíclico
de las economías agrícolas de subsistencia, en este caso
una combinación de factores históricos y de las últimas
políticas del gobierno está reforzando lo que muchos
timoreses temen que vaya a convertirse a largo plazo en una
crisis alimentaria crónica. Aunque resulta difícil dar con
estadísticas actualizadas y fiables sobre consumo, algunos
informes de las zonas rurales indican que ya no se dispone
de suficiente comida y la población sólo puede comer una
vez al día.
El problema
no es sólo el de las importaciones, sino que el arroz mismo
también lo es. Según Arsenio Pereira de HASATIL (6), una
organización de Timor dedicada a la agricultura sostenible,
“hay demasiada dependencia del arroz. Los indonesios
promovieron esa dependencia. Antes de la ocupación
indonesa, había una cierta variedad de alimentos básicos
que podían comer los timoreses, especialmente en áreas de
secano o montañosas, pero los indonesios insistieron en que
todo el mundo cultivase y comiese arroz”.
Este punto de vista fue secundado por otra gente con
la que hablé la semana pasada en Dili, quienes señalaron
que incluso hoy en día en las zonas rurales se consumen
otro tipo de alimentos – lo que se conoce como alimentos
tradicionales. Como explica Pereira, “el arroz es
importante, pero no es el único tipo de comida. Tenemos más
de 10 variedades de alubias, 20 de maíz, y diversas
variedades de ñames, mandiocas y bananas. Pero si no se le
da importancia a estos alimentos tradicionales, se perderán
y seremos totalmente dependientes del arroz”.
Aunque las
zonas rurales de Timor Oriental están en general aisladas
de los más elementales servicios de que se dispone en Dili,
el hambre es tanta en Dili como en muchas de esas zonas
rurales. Los residentes de Dili dependen casi totalmente del
arroz como su principal alimento, al contrario de las
comunidades rurales para quienes los alimentos tradicionales
todavía constituyen una parte importante de su dieta.
La
independencia trajo la dependencia
Pero la
escasez de alimentos en Timor Oriental tienen tanto que ver,
o más, con las políticas llevadas a cabo en el país como
con los problemas productivos. Debido a la insistencia de
los donantes internacionales, el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, la reconstrucción del país después
de la guerra ha sido diseñada sobre una economía de libre
mercado con severas restricciones a la intervención
gubernamental para proveer servicios públicos, sostener los
precios y levantar una economía nacional fuerte mediante la
inversión en infraestructuras públicas en áreas clave
como la agricultura, la seguridad alimentaria, la educación
o la industria artesanal del país. La economía ha sido
liberalizada radicalmente y el gobierno busca convertir al
país en un refugio para inversores mediante exenciones
fiscales, concesiones públicas y otros privilegios. La
creación de empleo, que podía haber sido incentivada
mediante la inversión pública, ha sido dejada en manos de
la competencia del libre mercado.
Al menos un
cuarto de la superficie cultivable del país se ha entregado
a compañías privadas (la mayoría extranjeras con algún
tipo de colaboración local) para que cultiven
biocombustibles, en concreto caña de azúcar y jatropha.
Los terrenos agrícolas también son motivo de enconadas
disputas entre quienes los reclaman o entre los granjeros y
las concesionarias privadas. Los propios timoreses informan
de que los contratos para importación de arroz u otros
bienes y las concesiones económicas se dan rutinariamente a
compañías extranjeras sin mediar oferta pública alguna, y
a “proveedores únicos” que son contactos personales de
los altos cargos del país. Las comunidades rurales ni
siquiera suelen saber que sus tierras – que son su único
activo – son ahora “propiedad” de una empresa privada
y que pronto se van a convertir en trabajadores asalariados
en las mismas tierras que poseyeron durante generaciones. En
las tierras altas del distrito de Ermera, las disputas
siguen sin resolverse entre los productores locales de café
y Timor Global, una empresa privada que logró una concesión
para explotar durante 25 años todas las tierras productoras
de café del distrito. Según Antero da’Silva, profesor de
la National University, “los planes del gobierno se
orientan a que los granjeros sean más dependientes del
mercado, de las importaciones y del libre comercio, y no
hacia promover la independencia.”
En el
sector agrícola, el Banco Mundial y otros donantes
bilaterales (en particular Australia y los EEUU) se han
centrado casi exclusivamente en el arroz y en un puñado de
cultivos industriales como la vainilla y el café, a costa
de otros productos básicos que constituyen los alimentos
tradicionales del país. Sin embargo, tras décadas de
ocupación indonesa con una producción de arroz intensiva y
basada en el uso de productos químicos, se ha llegado a una
situación de degradación importante del suelo en varias áreas
productoras de arroz, bajando los rendimientos y dejando la
tierra impracticable para la producción de otro tipo de
cultivos. “La tierra que se dedicó a la producción de
arroz durante los tiempos de la ocupación indonesa ahora no
puede utilizarse, se destruyó con el uso de demasiados
productos químicos para intensificar la producción de
arroz. El suelo necesita regenerarse”, afirma da’Silva.
Este tipo
de consideraciones ecológicas no son una prioridad en el
nuevo régimen de donantes surgido tras la independencia, en
el cuál las políticas agrícolas oficiales han seguido
promocionando una agricultura intensiva y basada en el uso
de productos químicos, pero bajo condiciones de libre
mercado. Durante aproximadamente los últimos seis años, la
producción y el transporte en las zonas rurales se ha hecho
tan costosa que el arroz cultivado en el país no puede
competir con el de importación en precio y calidad.
Recientemente se ha reconocido que se están llevando a cabo
pruebas con semillas modificadas genéticamente en los
distritos de Betano y Maliana, gestionadas por
“expertos” de una empresa australiana y en el marco de
un proyecto llamado Seed of Life (La semilla de la vida).
“Los países donantes y el Banco Mundial están intentando
aumentar la producción mediante el uso de semillas híbridas,
fertilizantes químicos,…etc. No ponen el énfasis en
aumentar la seguridad alimentaria a través de la capacidad
y los recursos internos, o apoyando otros alimentos locales,
sino mediante las importaciones de arroz y comida de otros
países, incluyendo la ayuda alimentaria del WFP (World Food
Programme) y la FAO”, añade Pereira.
La
combinación de las disputas por la tierra, el aumento de
los costes de producción agrícola y el hambre han llevado
a mucha gente de las zonas rurales a desplazarse a Dili u
otras grandes ciudades en busca de un empleo. Pero la vida
en la ciudad es una lucha tan dura, o más, como la que les
espera en caso de volver al campo. La adopción del dólar
estadounidense como la moneda nacional ha aumentado el coste
de cubrir las más básicas de las necesidades alimentarias.
Y luego está también la industria de la ayuda
internacional, que abrió su sucursal en Dili inmediatamente
después del referéndum de 1999. Timor Oriental recibió
unos tres mil millones de dólares en “asistencia para la
reconstrucción”, mucha de la cuál acabó sirviendo para
pagar los infladísimos sueldos y las comodidades de los
“expertos” internacionales. Siguiendo ciegamente las señales
del mercado, los sectores de la alimentación y los
servicios se adaptaron para satisfacer las necesidades de
una comunidad internacional cebada de dinero para la
reconstrucción. Apareció una elite nacional de empresarios
de entre aquéllos que disponían de tierras y propiedades
para alquilar a los foráneos, o activos para invertir en
restaurantes, hoteles, supermercados, seguridad
privada,…etc. El resultado de todo esto fue que el coste
de la vida en Dili se disparó muy por encima del salario
medio de los timoreses – entre 30 y 60 dólares al mes.
Incluso el precio “precrisis” del arroz de entre 14 y 16
dólares por saco (que ahora añoran los timoreses), era una
dura carga para una familia con hijos o mayores a los que
alimentar.
La inversión
extranjera prometida que se suponía que debía crear empleo
nunca llegó. Los costes para lanzar y operar un negocio en
Timor Oriental son altos, ya que el agua, la electricidad,
las telecomunicaciones y el equipamiento son todos ellos muy
caros. Los propietarios de los restaurantes y los foráneos
prefieren comprar en los supermercados que venden productos
de importación en lugar de acudir a los mercados locales,
esgrimiendo dudas sobre la higiene y la calidad de los
productos. La falta de inversión pública en educación y
formación profesional ha desembocado en que haya una muy
pequeña cantidad de jóvenes que sean considerados aptos
para trabajar en el sector de la ayuda internacional y sus
apéndices del sector privado. Según Rigoberto Monteiro,
Secretario General de la Confederación Sindical de Timor
Oriental y miembro del National Labour Board, solamente hay
500 empleos disponibles anualmente en los sectores público
y privado. La mayoría de aquellos que buscan trabajo en la
ciudad acaban en un sector informal endeble e impredecible,
sin una fuente de ingresos segura y suficiente.
No
sorprende pues que el hambre y la malnutrición sean tan
importantes en Dili, con los mercados llenos de comida, como
en los pueblos y aldeas del campo.
En 2005 Ben
Moxham, un investigador de Focus on the Global South
asentado en Timor Oriental, constató dolorosamente que
"si bien el severo clima de Timor es en parte
responsable, la pregunta que urge contestar es porqué una
nación de poco menos de un millón de personas, la cuál ha
recibido durante los últimos cinco años más ayudas per cápita
que ningún otro lugar del mundo, está pasando hambre”.
(7)
El
capitalismo de vaqueros dirige el rancho
Un poco más
al oeste, en un país que pasó por un proceso similar de
reconstrucción postconflicto 17 años antes que Timor
Oriental, las situaciones de hambrunas severas y malnutrición
han ido en aumento y de la mano de una explosión de la
abundancia y concentración de la riqueza. Como antesala de
la industria internacional para la reconstrucción y la
ayuda desde 1991, Camboya también adoptó el modelo de
libre mercado requerido por los donantes internacionales, el
Banco Mundial y el FMI. El resultado ha sido una economía
de capitalismo de vaqueros donde prácticamente todo se
vende al mejor postor. Pequeños reductos de abundancia
consumista se rodean de amplias regiones de escasez y
privación.
El
crecimiento económico se ha mantenido en una media del 11%
durante los últimos tres años, espoleado por booms en el
turismo, la industria textil y el sector inmobiliario. Pero
no todos se han beneficiado de esos booms. La agricultura y
la pesca, puntales para la mayoría de la población de
Camboya, han sido sistemáticamente asaltadas por políticas
de libre mercado, privatizaciones y liberalizaciones. El
sector privado ha sido agresivamente promovido en casi todos
los sectores posibles – la economía, medio ambiente,
agricultura, educación, sanidad, suministro de agua,…etc.
Los acreedores multilaterales de Camboya, el Banco Mundial,
el FMI y el Banco de Desarrollo Asiático (ADB, por sus
siglas en inglés), han exigido y conseguido una completa
“desinversión” del gobierno en bienes públicos como
las infraestructuras o los servicios, y exhortado a los
campesinos, granjeros y pescadores artesanales del país a
competir en un libre mercado ante el cuál están
completamente indefensos. Como resultado, la agricultura y
la pesca han ido convirtiéndose cada vez más en trabajos
precarios para las familias de las zonas rurales, llevándoles
a quedar atrapados por deudas y en muchos casos a abandonar
definitivamente la agricultura.
La elite
dirigente en el gobierno camboyano han dado facilidades para
un frenesí de apropiación de tierras tanto en áreas
rurales como urbanas, despojando a la población de tierras
y de sus hogares a una escala jamás imaginada por los
propios camboyanos, quiénes realmente creyeron que habían
llegado tiempos mejores. Se ha renunciado a vastas
extensiones de fértiles tierras agrícolas y ricos bosques
(de entre 10.000 y 300.000 hectáreas), al convertirse en
concesiones administrativas por períodos de 99 años y a
empresas extranjeras, para la plantación industrial de árboles,
actividades agropecuarias, complejos turísticos, campos de
golf y otras instalaciones de ocio. Las concesiones para
actividades económicas se extienden a las zonas de pesca,
pantanos e incluso las costas o islas del país. Una rica y
floreciente clase media nacional se ha subido al vagón de
cola, comprando tierras a los pequeños campesinos o
pescadores que no pueden hacer frente al aumento de los
costes en la producción agrícola y en la sanidad. Muchos
de los poderosos aliados bilaterales del país (por ejemplo
China, Vietnam, Tailandia y Singapur) han pedido también su
parte del pastel de la prosperidad, mediante contratos
exclusivos y concedidos discrecionalmente en los sectores de
las infraestructuras, la energía, la minería o el petróleo
y el gas.
La
prosperidad de las elites domésticas (básicamente urbanas)
y de las compañías extranjeras que poseen tierras ha
generado un grave impacto negativo entre los colectivos
pobres tanto de las ciudades como del campo, e incluso entre
las clases medias, resultando en mayor vulnerabilidad y
pobreza. La inflación es importante (casi un 11% según
fuentes oficiales, aunque la población autóctona dice que
en realidad es mayor) y el coste de la comida y otros
productos básicos ha aumentado mucho, creando una crisis
simultánea de hambre y malnutrición. Según Boua Chanthou,
director de PADEK, una ONG camboyana que trabaja en
desarrollo integrado y comunitario en más de 500 aldeas
pobres de Camboya, “un elemento crucial en la cuestión de
la comida es la tierra, los campesinos camboyanos no son
propietarios de suficientes tierras. Un estudio reciente
muestra como el 60% de los granjeros camboyanos o no son
propietarios de tierra alguna o disponen de menos de media
hectárea. ¿Cómo van a poder producir suficiente comida
para alimentarse ellos mismos? Una familia de cinco personas
necesita al menos 2 hectáreas de tierra para poder producir
suficiente comida. Es necesario que el gobierno actúe rápidamente
para llevar a cabo concesiones sociales de tierras y
redistribuirla a los granjeros”.
El problema
pues no es la falta per se de comida, sino la falta de
acceso a la comida y a los medios para producirla, con un rápido
aumento del número de gente que es sistemáticamente
desprovista de medios para alimentarse ellos mismos. Si bien
es cierto que mucha de la agricultura de Camboya (incluyendo
la industria pesquera) es de reducida dimensión y
vulnerable a las condiciones climatológicas y al mal
tiempo, Camboya es exportadora de arroz y comida y hasta
hace muy poco, era el sexto mayor exportador de arroz de
Asia. Grandes empresas agropecuarias como la Thailand's
Charoen Pokphand (CP) se han establecido en Camboya para
producir alimentos para animales y llevar a cabo actividades
de ganadería con cerdos y pollos. Empresas tailandesas
tienen contratos para la producción de arroz camboyano de
alta calidad en la parte occidental del país, mientras que
Vietnam compra el de baja calidad cultivado en la parte
oriental. El pescado del Gran Lago de Camboya, el Tonle Sap,
se exporta a los países vecinos así como a los numerosos
restaurantes e instalaciones que sostienen a la industria
turística.
Y aún así,
la gente que produce esta comida es pobre y está hambrienta
y malnutrida. Debido a que la producción agrícola no
genera suficiente comida para todo el año, ni les
proporciona suficientes ingresos, no disponen del efectivo
para comprar arroz y comida en los mercados rebosantes de
ella. Otra de las fuentes importantes de recursos para las
familias de las áreas rurales son las zonas comunales, como
bosques, pantanos, ríos y lagos de los que obtienen comida
y plantas medicinales. Pero la privatización y el cierre de
estos espacios, así como su degradación debida a la
sobreexplotación, ha acabado con el último recurso que les
quedaba a las comunidades para obtener comida y alimento.
Un Atlas de
la Seguridad Alimentaria que fue lanzado en febrero de 2008
por el WFP muestra altos niveles de malnutrición y hambre
en el país, especialmente en regiones infestadas de
apropiaciones de tierras, concesiones administrativas para
la explotación económica o actividades industriales
extractivas. Entre el top 10 de provincias consideradas con
mayor inseguridad alimentaria se encuentra Siem Riep, hogar
de los famosos templos de la época Angkor y la meca turística
de la región del Mekong. Los habitantes de la provincia
dicen que el boom en el sector turístico se ha convertido
en una especie de gigantesca bomba de succión, llevándose
los recursos de las poblaciones locales y dejándolas
pobres, hambrientas y vulnerables.
Según
indica Chanthou, "el sistema de libre mercado para
exportar arroz no está beneficiando a los pobres, que no
disponen de suficiente dinero para comprar comida cuando
suben los precios. En consecuencia, el gobierno debe
intervenir. Recientemente ha tomado algunas medidas
positivas, pero debería hacer más”.
Crónicas
sobre crisis predecibles
Tanto en
Timor Oriental como en Camboya, las raíces del hambre, la
malnutrición y la inanición se plantaron mucho tiempo atrás.
En el caso de Timor Oriental, se pueden rastrear hasta el
colonialismo portugués y la imposición de una agricultura
de plantaciones allí dónde hubo un sistema agrícola
tradicional y basado en varios tipos de cosechas. Pero lo
que vemos hoy en día en ambos países no son simplemente
fantasmas de un distante pasado colonial. Ha habido
importantes (y dramáticos) sucesos durante las últimas décadas
que han consolidado la privación alimentaria entre los
ciudadanos inocentes.
El informe
del Committee for Truth and Reconciliation (CAVR) titulado
Chega! documenta cómo las hambrunas fueron introducidas en
Timor Oriental en 19977–78 por las fuerzas militares
indonesas de ocupación y en el marco de la lucha contra las
fuerzas independentistas timoresas (8). Durante ese tiempo
al menos 80.000 personas murieron de hambre o de
enfermedades relacionadas con ello, al ser para las fuerzas
ocupantes más importantes los objetivos militares que las
vidas de la población civil. En el mismo periodo en
Camboya, millones de camboyanos fueron recluidos hasta morir
de hambre por los Jemeres Rojos, en campos de trabajo que
eran levantados, irónicamente, para cosechar arroz para los
propios Jemeres Rojos y su mayor aliado, China. En ambos países,
los sistemas agrícolas y alimentarios fueron militarizados
y fracturados, de modo que la comida misma se convirtió en
un arma que fue de hecho utilizada.
Tras las
transiciones a la independencia tanto de Camboya como de
Timor Oriental, la situación “postconflicto” en esos países
no desembocó en el fin del hambre para la mayoría de su
población. Es cierto que hubo mejoras en muchos aspectos
– sociales, económicos y políticos – pero esas mejoras
no fueron compartidas equitativamente por todos, ni
incluyeron la reconstrucción de la capacidad de las
familias y las comunidades de alimentarse por ellos mismos.
Por el contrario, los planes económicos diseñados por los
donantes de ayuda y los prestatarios ponían el acento en
los cultivos industriales en lugar de los alimentarios, y
dejaron a los productores y trabajadores locales a merced de
unos mercados en los que no tenían influencia ni espacio
para maniobrar. El Banco Mundial, el FMI y el Banco Asiático
de Desarrollo estuvieron más pendientes de si los mercados
de bienes funcionaban eficientemente y de si se habían
creado “ambientes” adecuados para el sector privado, que
no de si la gente tenía bastante para comer.
Hoy, todas
las tendencias globales de alza de precios de los alimentos
se reproducen a escala local en Timor Oriental y en Camboya:
el aumento de los costes del petróleo y otros productos
esenciales, la duplicación del precio de las materias
primas, desvío de los cultivos de grano hacia los
biocombustibles o el forraje para ganado, la conversión de
tierras agrícolas en complejos industriales, urbanos o turísticos,
el acaparamiento y la manipulación de la oferta de
alimentos por parte de los intermediarios, beneficio de los
especuladores con el comercio de futuros,…etc. Y como en
todo país en vías de desarrollo, el aumento de los precios
del arroz, el trigo, la soja, el maíz y otros alimentos básicos
no se han traducido en mayores ingresos para los pequeños y
medianos productores o en una mayor seguridad alimentaria.
Al contrario, son los intermediarios, comerciantes,
especuladores y empresas agropecuarias quienes se están
forrando.
Pero
incluso cuando los precios mundiales de los alimentos
caigan, a no ser que se lleven a cabo drásticas políticas
económicas y agrícolas que corrijan la situación, la
escasez de comida, el hambre y la malnutrición es
improbable que desaparezcan. “Ahora podemos ver los
efectos negativos del libre mercado”, dice Mateus Tilman
del Kdadalak Sulimutuk Institute (KSI), una organización
que trabaja para la reforma agraria en Timor Oriental. Según
Tilman y Pereira de HASATIL, resolver los conflictos por las
tierras e invertir en infraestructura rural son pasos críticos
que hay que dar si se quiere abordar el problema de la
escasez de alimentos y el hambre. “Nuestro sueño es tener
una reforma agraria comprehensiva que refuerza la posición
de nuestros granjeros. La tierra debe permanecer en manos de
los granjeros” añade Tilman. KSI trabaja conjuntamente
con HASATIL, cuyos miembros están promoviendo la soberanía
alimentaria como solución de largo plazo para la crisis que
sufre el país. “Necesitamos plantar más tipos de
cosechas locales, conseguir la independencia alimentaria y
reducir la dependencia de semillas y abonos importados.
También debemos promover el conocimiento entre los
granjeros – utilizar y fomentar nuestro propio
conocimiento y también ampliarlo; y debemos proporcionar
información a los granjeros sobre el cambio climático, el
comercio internacional y demás cuestiones relacionadas con
ello”.
Lamentablemente,
hay pocos de esos visionarios en Camboya. La mayoría de
ONG’s dedicadas al desarrollo se muestran reacias a
desafiar a las estructuras de poder que conforman las elites
del país y definen las políticas económicas que están
acelerando la crisis de recursos y tierras y generando la
crisis alimentaria. Sin embargo, las comunidades indígenas
de granjeros y pescadores se están organizando y federando
en un intento de unir sus voces a escala nacional.
Al igual
que ocurre un muchos otros sitios, la tragedia en ambos países
no es que no haya suficiente comida, sino que la comida no
llega a todos aquellos que la necesitan. Incluso en estos
momentos de escasez de comida, hay comida disponible en
regiones y países vecinos, y si el gobierno interviene a
tiempo se pueden evitar las crisis alimentarias más graves.
Pero como se ha hecho evidente a lo largo de este último año,
el mundo puede alcanzar un nuevo récord en la producción
de grano como ya ocurrió en 2007 (2,3 billones de
toneladas) y aún así puede que haya gente que se
empobrezca debido a la subida del precio de los alimentos
(9). Los enormes beneficios que en 2007 han registrado las
grandes compañías agropecuarias y los inversores en
futuros sobre los alimentos muestran cómo la comida se ha
convertido en una mercancía para la especulación y la
obtención de réditos. Mientras que los gobiernos de los países
en vías de desarrollo, especialmente aquellos que son
importadores netos de alimentos, han finalmente empezado a
tomar medidas para proteger sus economías y sus reservas de
alimentos, no está claro que vayan a tener el valor para
apartarse de la ortodoxia económica del libre mercado
predicada por el Banco Mundial y el FMI, y comprometerse a
llevar a cabo las drásticas transformaciones de las políticas
económicas y agrícolas que son necesarias para construir
una seguridad alimentaria auténtica y perdurable.
Es
imperativo que empecemos a reconstruir la capacidad de
nuestras comunidades y sociedades para alimentarse por ellas
mismas. El paradigma propuesto por la Via Campesina sobre la
soberanía alimentaria ofrece la mejor y más adaptable
estrategia para lograr esto. Para Timor Oriental y Camboya,
la soberanía almentaria de la gente puede garantizar que la
independencia, la reconstrucción nacional y la paz
encuentren una expresión perdurable y adecuada a nuestra
sociedad.
Notas:
(*)
Shalmali Guttal es socia principal de Focus on the Global
South.
1. Ver
UNMIT Weekly número 42:
http://www.unmit.org/unmisetwebsite.nsf/p9999/$FILE/42.weekly.english.190508.pdf
2. ibid.
3. KBH es
el acrónimo de Knua Bua Hatene, una ONG timoresa que
proporciona educación profesional a jóvenes y grupos
vulnerables para ayudarles a encontrar un empleo y mejorar
la seguridad alimentaria.
4.
East Timor: a Tiny Half Island of “Surplus Humanity”. Ben
Moxham, 18 de febrero de 2005.
http://www.counterpunch.org/moxham02182005.html
5. ibid.
6. HASATIL
es el acrónimo de Hametin Agricultura Sustentavel Timor
Lorosai, que significa 'Reforzando la Agricultura Sostenible
en Timor Oriental’ en tetum, una de las lenguas oficiales
de Timor Oriental.
7.
East Timor: a Tiny Half Island of “Surplus Humanity”. Ben
Moxham, 18 de febrero de 2005.
http://www.counterpunch.org/moxham02182005.html
8.
http://www.cavr–timorleste.org
9.
Making a Killing from Hunger. Against the grain, abril 2008,
GRAIN. http://www.grain.org/atg/
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