Los
norteamericanos a los que nadie rescata
Por
Joan Subirats (*)
Sin Permiso, 12/10/08
El
presidente Bush estuvo días atrás muy activo, tratando de
convencer al Congreso de Estados Unidos para que aprobaran
el plan de respuesta a la catástrofe financiera. Su
principal argumento era que, de esa manera, se estaban
evitando males mayores a las comunidades locales y a los
ciudadanos. Lo cierto es que nadie quería comprar los
fondos "tóxicos", y la gran operación de rescate
trataba de asegurar que fueran los contribuyentes los que lo
hicieran. Pero ese plan no va a resolver los problemas
estructurales de fondo que han generado el pánico
financiero; tan sólo terminó encontrándose una manera de
aprobar los fondos públicos de rescate, apoyar una pistola
en la sien de cada congresista: "O votas el plan, o los
ciudadanos (tus votantes) van a pasarlo mal, muy mal".
El mensaje era diáfano: las irresponsables aventuras de
Wall Street han de ser rescatadas por la gente de Main
Street, la Calle Mayor, los ciudadanos de a pie, porque, si
no, vamos al caos. Pasamos del laissez faire, laissez passer
al laissez nous faire, laissez nous passer.
Mientras,
en Nueva York y otras ciudades estadounidenses, hubo
concentraciones de personas que respondían a ese acuerdo
entre élites económicas y políticas poniendo de relieve
el cinismo del sistema. "Hasta hace poco nos decían
que 6.000 millones de dólares eran demasiados para proteger
la salud de nueve millones de niños estadounidenses que no
tienen cobertura sanitaria. Y ahora, lanzan la casa por la
ventana para salvar el culo a sus amigos", afirmó Arun
Gupta, periodista de Indypendent, un medio de prensa
alternativo de Nueva York (www.indypendent.org).
Lo cierto
es que el nivel de protección social de la sociedad
norteamericana no es precisamente para lanzar las campanas
al vuelo, por lo que sorprende aún más que todo el
esfuerzo gubernamental se concentre en recomponer el
maltrecho sistema financiero, sin reconocer que mucha gente
lo está pasando realmente mal en ese país. El eslogan
utilizado en la campaña para la aprobación del plan de
Henry Paulson ha sido Reinvest, reimburse and reform
(Reinvertir, reembolsar y reformar), lo que de alguna manera
recuerda el que se utilizó tras la gran crisis de 1929:
Relief, reform and reconstruction (Alivio, reforma y
reconstrucción). Pero esta vez el alivio es sólo para unos
pocos, los de Wall Street. Socialismo para los bancos,
neoliberalismo conservador para la gente.
Es
significativo que la mayor organización de defensa de los
intereses de las familias con bajos ingresos, ACORN
(www.acorn.org), que articula más de 400.000 familias en
110 ciudades en todo EE UU, haya lanzado una campaña con el
significativo título de Bail Out Main Street Not just Wall
Street(Rescatar a la Calle Mayor, no sólo a Wall Street).
En esa
campaña se pide algo tan simple como que cada institución
financiera que haya sido beneficiada por el plan de Paulson
deba, automáticamente, reducir la carga financiera de las
hipotecas que estén a su cargo, favoreciendo así la
capacidad de pago de los propietarios hipotecados. Al mismo
tiempo, se solicita que las instituciones financieras que no
tengan a su cargo hipotecas, se vean obligadas a poner en
marcha planes de ayuda para las comunidades más
necesitadas. Y, además, se exige que se limiten los sueldos
de los ejecutivos, vinculándolos de manera clara a los
resultados reales de sus empresas.
Una de las
campañas de ACORN que está teniendo más impacto, y a la
que se han ido sumando otras organizaciones con sus propias
iniciativas, ha sido la relacionada con la defensa de las
familias norteamericanas que pueden perder sus casas en los
próximos meses, al no poder cumplir sus obligaciones
hipotecarias. Se calcula que más de dos millones de hogares
pueden estar en esa situación en breve tiempo, ya que
precisamente ése era el objetivo de las hipotecas subprime:
convencer a los NINJA (No Income, No Jobs, no Assets; sin
rentas, sin trabajos, sin patrimonio) de que ellos podían
también acceder a una vivienda.
En 2006
casi el 50% de las hipotecas basura fue a parar a hispanos
de bajos ingresos, y son ellos, precisamente, los más
vulnerables en esta nueva fase. Medio millón de hispanos
han perdido sus empleos en EE UU desde inicios del 2007, y
la situación se agrava por momentos. Es evidente que los 12
millones de "sin papeles" de ese país van a ser
los primeros en ser despedidos y/o deportados.
En Estados
Unidos el salario mínimo por hora era hasta el año pasado
de 5,15 dólares hora (3,70 euros). Una resolución del
Congreso acordó que, en tres años, ese salario–hora mínimo
debería pasar a 7,25 (5,25 euros). Se calcula que en estos
momentos hay 13 millones de norteamericanos que cobran
estrictamente ese mínimo. Pero, en 13 Estados de la Unión,
el salario mínimo o no está establecido o incluso está
por debajo del acuerdo federal. Los datos apuntan asimismo
que la mitad de los trabajadores del país, casi 60
millones, no tienen cubiertos salarialmente los días de
enfermedad, y ello provoca muchos problemas de presencia de
personas enfermas o con mermas significativas de sus
facultades en sus lugares de trabajo. Es evidente que el
tema afecta sobre todo a las personas que trabajan por horas
o a los de salarios más bajos.
Por otro
lado, hay muchas Main Street en el mundo que ven también
con alarma los efectos que sobre sus comunidades va a tener
la crisis financiera. La tradicional tacañería
norteamericana en relación a la ONU o a otros organismos de
cooperación y ayuda internacional, o su intransigencia en
lo concerniente a la deuda externa de los países en
desarrollo, se ve ahora dramáticamente en entredicho al
comprobar la generosidad con que se abordan los problemas de
los classmates, los colegas de los tiempos universitarios.
"El dispendio con Fannie Mae and Freddie Mac",
afirma Alex Wilks, director del European Network on Debt and
Development, "representa cuatro veces la deuda pública
externa de todos los países en vías de desarrollo".
Evidentemente, desde esos países el temor es creciente en
relación a un futuro en el que Estados Unidos socializa con
el mundo sus pérdidas, mientras refuerza los privilegios de
sus élites. Ahora entendemos cuáles son las ventajas de la
globalización.
En un país
que ha visto crecer la desigualdad y la vulnerabilidad en
los ocho años de Administración republicana, resulta
escandaloso que suenen todas las alarmas sólo cuando los
afectados son los sectores más privilegiados del
establishment económico–político–financiero. Algunos
de los centenares de grupos movilizados en las últimas
semanas contra el plan de rescate sólo para algunos,
entienden que es precisamente esta escandalosa situación la
que va a constituir una importante oportunidad para
modificar no sólo el sistema financiero estadounidense,
sino también para influir en otra manera de entender la política
y sus relaciones y connivencias con las élites económicas.
El problema
es que para muchos de los que peor lo pasan las elecciones y
el sistema político no han ofrecido hasta ahora esperanza
alguna. Si la comunidad hispana con derecho a voto
representa el 15% del electorado, sólo el 6,5% usó esa
prerrogativa en las últimas elecciones presidenciales. Quizá
para que nos hagan caso y no dejen de nuevo el futuro en
manos de los de siempre podríamos recordar las palabras de
Adam Smith en su clásico La Riqueza de las Naciones:
"Cualquier nueva ley o regulación del comercio que
provenga de los directamente beneficiarios de los negocios
ha de ser asumida sólo tras larga y cuidadosa comprobación.
Provienen de un tipo de personas cuyo interés nunca es el
de la gente, y que más bien pretende decepcionar sus
esperanzas y seguir oprimiéndola".
(*)
Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
La
presidenta de la FDIC critica el énfasis del
plan de rescate
Por
Damian Paletta
Wall Street Journal, 16/10/08
La
presidenta de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos
(FDIC), Sheila Bair, criticó el miércoles al gobierno
federal por no tomar medidas más agresivas para evitar que
los estadounidenses pierdan sus viviendas. De esta manera
puso de relieve una brecha con otros altos funcionarios
sobre los términos de los US$700.000 millones del plan de
rescate.
El plan del
gobierno ayudará a estabilizar los mercados, pero no hace
lo suficiente por luchar contra las ejecuciones
hipotecarias, la raíz del problema, dijo en entrevista con
The Wall Street Journal.
"¿Por
qué ha habido tanto empeño político en asegurarse de que
no estamos ayudando en exceso a los prestatarios, pero sí
proporcionamos esta enorme asistencia en un plano
institucional?. Yo no lo entiendo", dijo. "Para mí
ha sido frustrante".
Bair no señaló
a funcionarios o dirigentes, pero sus críticas aludieron a
decisiones tomadas tanto por el gobierno de George W. Bush
como por el Congreso. Describió, por ejemplo, los denodados
esfuerzos de los legisladores por asegurarse de que el
programa federal "Hope for Homeowners" (Esperanza
para los dueños de vivienda) limitara las ganancias de
reventa a los prestatarios que recibieron préstamos para
vivienda social.
Bair, que
fue nominada por la Casa Blanca y confirmada por el Senado
en 2006, ha dicho con frecuencia que los esfuerzos del
gobierno y de la industria por prevenir las ejecuciones
hipotecarias no son lo suficientemente eficaces. Siempre ha
considerado la protección del consumidor como una tarea
importante de la FDIC, que se encarga de la vigilancia de
los depósitos bancarios.
Sus
comentarios se produjeron en medio de tensiones crecientes
sobre figuras clave para la solución de la crisis
financiera, en particular el secretario del Tesoro, Henry
Paulson, y el presidente de la Reserva Federal, Ben
Bernanke, de acuerdo con personas familiarizadas con el
asunto.
Los
defensores del plan de rescate de Bush dicen que el abordar
los problemas vitales de la industria financiera, en
particular la pérdida de la confianza en las instituciones
bancarias, es responsabilidad primordial del gobierno.
Afirman que un congelamiento de los mercados financieros
pone en peligro tanto a los consumidores como a las empresas
porque asfixia el crédito, que es aceite que mueve el motor
de la economía.
"Nosotros
diseñamos un gran proyecto que hace mucho por los
propietarios de vivienda", dijo Tony Fratto, portavoz
de la Casa Blanca. "Siempre habrá distintos puntos de
vista sobre aspectos concretos de la política, pero creo
que todos estamos tratando de jalar hacia el mismo
lado".
Es de
suponer que los comentarios de Bair darán más bríos a los
críticos del gobierno por su respuesta a la crisis,
especialmente aquellos que dicen que se ha hecho muy poco
para ayudar a las familias rezagadas en sus pagos de
hipoteca.
"Yo
apoyo todas las medidas", dijo la funcionaria. "He
sido parte de todas las que se han adoptado, pero estamos
trabajando en el nivel institucional en contraposición al
nivel prestatario; o sea los impagos de los prestatarios. Si
esto es lo que está causando peligro en el nivel
institucional, ¿por qué entonces no abordar el problema de
los prestatarios?".
Más
poder
La FDIC ha
ido ganando más poder, toda vez que se ha convertido en
jugador imprescindible del plan de rescate. En las últimas
semanas ha manejado algunas de las mayores quiebras
bancarias en la historia del país, y ahora se encarga de
garantizar tanto los depósitos bancarios de los
consumidores como la nueva deuda emitida por las entidades.
Tal medida, anunciada el martes, hace parte de los esfuerzos
por conseguir que el crédito vuelva a fluir.
Bair ha
argumentado que el plan debería poner mayor atención a los
propietarios, cuyas penurias son el núcleo de la crisis.
Hasta que los precios de las viviendas no dejen de caer, será
poco probable la estabilización de los mercados y de la
economía. "Esta entidad, que se gestó en los años de
la gran depresión, tiene ahora más sentido que cualquier
otro organismo", dijo.
Las
negociaciones sobre los detalles del acuerdo resultaron
tensas, con funcionarios estadounidenses tratando de ponerse
al día con sus homólogos extranjeros y con los mercados de
valores tambaleándose. Bair se reunió con Paulson y
Bernanke la semana pasada, y los dos hombres trataron de
convencerla de extender las garantías de deuda a más
instituciones y a más deudas.
Bair, que
se negó a comentar sobre la reunión, estuvo inicialmente
reacia, y finalmente solicitó un dictamen jurídico sobre
si tales medidas serían válidas. Un día después les envió
un memo, proponiéndoles un compromiso. En lugar de
garantizar las deudas bancarias hasta el 100%, hacerlo hasta
el 90%. En últimas, las garantías fueron limitadas al 100%
en deudas sin asegurar emitidas hasta el 30 de junio con
tres años o menos de vencimiento.
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