Senadores y diputados responsables de supervisar la economía de EE.UU. han recibido centenares de millones de dólares de las empresas de Wall Street. Desde 2001, sólo ocho de las empresas más cuestionadas han “donado” 64,2 millones de dólares a los candidatos del Congreso, a los candidatos presidenciales y a los partidos Republicano y Demócrata.

Senadores como Barack Obama y John McCain recibieron un total combinado de 3,1 millones de dólares. Los donantes incluyen a los bancos de inversión Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley, la aseguradora American International Group y los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac.

Algunos de los beneficiarios más relevantes recibieron contribuciones de compañías que a su vez recibieron dinero fiscal aprobado en el paquete gubernamental de ayuda financiera conocido como TARP (por su sigla en inglés) aprobado por los mismos miembros del Congreso que ocupaban cargos en los comités encargados de regular al sector financiero y de supervisar la eficacia de este programa de apoyo gubernamental sin precedentes. En total, los miembros del Comité del Senado sobre Actividades Bancarias, Vivienda y Asuntos Urbanos, Comité de Finanzas del Senado y Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes recibieron 5,2 millones de beneficiarios del TARP en el ciclo electoral 2007–2008. El Presidente Obama recolectó por lo menos 4,3 millones entre empleados de estas compañías para su campaña presidencial.

Casi cada miembro del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, que en febrero de 2009 supervisaron en audiencias públicas cómo serían gastados los 700 mil millones de dólares del TARP aprobado con urgencia, recibió contribuciones asociadas a estas corporaciones financieras durante el ciclo 2008 de la elección. “Podría decirse que la industria de las finanzas consiguió su dinero con el apoyo de los miembros del Congreso que estuvieron dispuestos a mirar a otro lado”, dijo Lawrence Jacobs, director del Centro de Estudios Políticos y Gobernabilidad de la Universidad de Minnesota.

Por ejemplo, en 2004 cuando la Comisión de Valores y Bolsa adoptó un cambio importante de la regla que liberó a los bancos de inversión de resguardar diez mil millones de dólares en dinero prestado en hipotecas desvalorizadas [“subprime”] y otros juegos aventurados, los comités de actividades bancarias del Congreso no llevaron a cabo ninguna audiencia sobre este descuido. La inactividad del Congreso impidió regulaciones para prevenir prácticas depredadoras de los prestamistas y también permitió que los agentes de hipotecas ganaran elevadas comisiones por la venta puerta a puerta de préstamos hipotecarios a compradores de viviendas insolventes.

El periodista Matt Taibbi, escribió [en su nota en Rolling Stone] que parte de la venta más notoria del gobierno de EE.UU. a Wall Street se concretó a fines de los años noventa, cuando “los demócratas, cansados de morir barridos por los republicanos en la arena de la recolección de fondos, decidieron relanzar su vieja confianza en las uniones corporativas y grupos de interés y hacerse más "amistosos hacia los negocios’" Wall Street respondió inundando a Washington con dinero, comprando aliados en ambos partidos”. En el período de diez años que comenzó en 1998, las compañías financieras pasaron 1,7 mil millones de dólares en contribuciones para campañas federales y otros 3,4 mil millones dólares en pagos a cabilderos o lobbystas. Las sabias inversiones políticas de los grandes banqueros de EE.UU. les permitieron desechar con eficacia cualquier descuido significativo de la industria financiera.

En 1999, el senador republicano por Texas Phil Gramm copatrocinó una iniciativa que revocó los aspectos claves de la ley “Glass–Steagall Act”, que desde la Gran Depresión impedía que los bancos ingresaran al negocio de los seguros. Al año siguiente, Gramm redactó una nueva legislación arrolladora llamada “Commodity Futures Modernization Act”, que hizo imposible regular los intercambios de créditos “swaps” [permuta financiera] y otras jugadas poco seguras. Así fue desregulado el aventurerismo en la comercialización del crédito.

En 1997 y 1998 –los años iniciales de la reforma de Phil Gramm que destripó la ley “Glass–Steagall”– las industrias bancarias, de corretaje y aseguradoras gastaron 350 millones de dólares en contribuciones políticas y en cabildeo. Gramm, entonces presidente del Comité de Actividades Bancarias del Senado, recolectó 2,6 millones de dólares en solamente cinco años. La ley 90–8 fue aprobada en el senado con el apoyo de 38 demócratas, incluyendo a Joe Biden, John Kerry, Tom Daschle, Dick Durbin y John Edwards. La ley ayudó a crear los fracasados grandes monstruos financieros del tamaño del Citigroup, de AIG y del Bank of América, y a la vez ayudó a esas compañías a demoler lentamente a sus competidores más pequeños, dejando a las principales empresas de Wall Street con aún más dinero y poder para cabildear en favor de más desregulación adicional.

A comienzos de 2009, se inventó una nueva serie entera de operaciones del gobierno para inyectar dinero en efectivo a la economía, la mayoría de ellas bajo control totalmente reservado al sector financiero. Taibbi señaló que “mientras el resto de EE.UU. y la mayor parte del Congreso han estado alardeando sobre el programa urgente de 700 mil millones de dólares de ayuda denominado TARP, los nuevos organismos recientemente creados en el zoológico de la Reserva Federal (FED, por su sigla en inglés) han estado bombeando discretamente, no miles de millones sino millones de millones de dólares, a las manos de las empresas privadas (por lo menos 3 millones de millones [billones españoles, equivalentes a “trillones” estadounidenses] de dólares hasta ahora en préstamos, con otros tantos 5,7 billones adicionales en garantías de inversiones privadas)”.

Taibbi continúa: “Esta nueva y secreta actividad de la FED eclipsa totalmente el programa TARP en términos de su influencia en la economía… Nadie sabe quién está consiguiendo ese dinero o exactamente cuánto está desapareciendo a través de estos nuevos agujeros en el deteriorado casco de la solvencia de EE.UU. Por otra parte, nadie puede estar seguro de que estas nuevas instituciones sean realmente temporales, o si las están poniendo como muletas permanentes del Estado para ayudar a Wall Street, diseñadas para chupar sistemáticamente malas inversiones desde los libros de prestamistas irresponsables”.

Taibbi concluyó: “La realidad es que la fusión económica mundial y el vaciamiento que siguió fueron juntos una suerte de revolución, un golpe de estado. Solidificaron y formalizaron una tendencia política que se ha estado manifestando por décadas: se trata de la toma de posesión gradual del gobierno por parte de una pequeña clase de iniciados conectados, quienes utilizaron el dinero para controlar las elecciones, comprar influencia y debilitar sistemáticamente las regulaciones financieras”.

El fraude y la crisis continúan profundizándose y se expanden con conflictos de intereses significativos en el Congreso y el Poder Ejecutivo, o gobierno, de EE.UU. Simon Johnson, economista, ex jefe del FMI, dijo: “La industria de las finanzas ha capturado con eficacia a nuestro gobierno”.

Mientras el gobierno federal continúa inventando fórmulas para salvar al sector financiero y dar un ímpetu a la economía, también se han estado recolectando donaciones de las mismas compañías que aceptaron dólares de los contribuyentes y son, en parte, las principales responsables de la crisis actual. Pero esto no es todo respecto a las colectas del Congreso, que ha estado ocupado en obtener fondos para el sector financiero, incluyendo a esas compañías que recibieron miles de millones de dólares en ayuda del gobierno a través del programa TARP.

Desde que en febrero fue escrita esta historia, el sector financiero, por supuesto, ha continuado dando dinero a candidatos, a los comités de partidos y a los comités de acción política. Desde que comenzó el año 2009, Wall Street ha donado 12,6 millones de dólares, más que cualquier otro sector este año. Y el 58% de ese dinero ha ido a los demócratas, marcando quizás un cambio de estrategia política, pues desde el ciclo electoral de 1990, el mundo financiero, los seguros y las inmobiliarias no habían destinado más del 52% de sus donaciones totales a los demócratas, y desde 1991 a 2006, el sector financiero dio la mayor parte de su dinero a los republicanos.

Muchas de las compañías involucradas en esta historia que escribimos han enviado a sus altos ejecutivos a atestiguar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y, sin embargo, realmente han superado sus donaciones totales en el primer trimestre de 2009 en comparación a los primeros trimestres de 2007 y 2005. Esto incluye a JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs (que este año ha sido la número uno en disminuir sus contribuciones, en comparación con el comienzo de 2008), Morgan Stanley, Citigroup y Wells Fargo. Sin embargo, es importante recordar que todavía es muy temprano para el ciclo [del Congreso] y que las contribuciones para campañas generalmente comienzan a fluir con más intensidad en fecha más cercana a una elección. Al igual que el resto de la industria, ahora estas compañías también apuntaron mayoritariamente a los demócratas como recipiendarios de sus donaciones políticas.

Por supuesto, una gran historia para conocer este año será si los legisladores sufrieron algún golpe en sus finanzas personales, como el común de los mortales de EE.UU.,  o si se beneficiaron personalmente tras sostener a las compañías de Wall Street con dinero en efectivo del contribuyente, especialmente los miembros de los comités de actividades bancarias y financieras.