“Rendición
extraordinaria”, o entrega extrajudicial, es el eufemismo
que utiliza la Casa Blanca para referirse a un secuestro. Si
no lo cree, pregúntele a Maher Arar, un ciudadano
canadiense que fue “extraditado” por Estados Unidos a
Siria, donde fue sometido a torturas durante casi un año.
Esta
semana, el Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos
del Segundo Circuito Judicial, en la Ciudad de Nueva York,
desestimó una causa entablada por Arar contra las
autoridades gubernamentales (incluido el Director del FBI,
Robert Mueller, el ex Secretario de Seguridad Nacional, Tom
Ridge, y el ex Fiscal General, John Ashcroft) que
presuntamente habrían conspirado para secuestrarlo y
someterlo a torturas.
Arar
se encuentra hoy a salvo en Canadá, recuperándose junto a
su familia. Pero con esta decisión el Poder Judicial está
enviando una señal al gobierno de Obama de que no
intervendrá para detener los brutales excesos de la
“Guerra Mundial contra el Terrorismo” iniciada en la era
Bush. Deja así intactas prácticas tales como la entrega
extrajudicial, la tortura y el empleo del ‘privilegio del
secreto de Estado’ para ocultar estos crímenes.
La
trágica odisea que protagonizó Maher Arar es uno de los
casos más conocidos y el que más a fondo se ha investigado
de las víctimas de la “rendición extraordinaria”
practicada por Estados Unidos. En el año 2002, Arar fue de
vacaciones a Túnez junto a su familia. El 26 de septiembre,
cuando viajaban de regreso a Canadá, al hacer escala en el
aeropuerto internacional JFK, en la ciudad de Nueva York,
Arar fue interceptado antes de que pudiera abordar su avión
y quedó detenido por averiguaciones. Le tomaron las huellas
digitales y fue registrado tanto por oficiales del FBI como
del Departamento de Policía de Nueva York. Cuando solicitó
un abogado, le dijeron que no tenía ningún derecho.
Luego
fue trasladado a otro lugar, donde se lo mantuvo
incomunicado, sin comida ni asesoramiento jurídico, y se lo
sometió durante dos días a interrogatorios agresivos. En
los interrogatorios se le preguntó sobre su supuesta
afiliación a diversos grupos terroristas, y sobre Osama bin
Laden, Irak y Palestina, entre otras cuestiones. Al cabo de
esos dos días fue llevado encadenado a un centro de detención
federal de máxima seguridad de Brooklyn, ciudad de Nueva
York, donde fue sometido a un cacheo al desnudo y amenazado
con ser deportado a Siria.
Arar
pidió que no lo deportaran a Siria, su país de origen,
porque allí seguramente sería torturado. Pero, tal como
argumentarían posteriormente los abogados de Arar, eso era
precisamente lo que sus captores esperaban que pasara.
Finalmente se le permitió a Arar hacer una llamada y pudo
comunicarse con su suegra, que le consiguió una abogada y
la visita de un funcionario del Consulado canadiense.
Durante
casi dos semanas las autoridades estadounidenses lo
amenazaron con la expulsión a Siria si no confesaba sus vínculos
con el terrorismo. Pero no lograron obtener la confesión
que buscaban. Arar negó una y otra vez tener algún tipo de
relación con el terrorismo. Hasta que un fin de semana, en
medio de la noche fue llevado a la fuerza y encadenado a un
jet privado contratado por la CIA y, sin ningún tipo de trámite
migratorio ni una llamada a su abogada o al Consulado
canadiense, fue trasladado a Jordania, donde fue entregado a
las autoridades sirias.
Durante
10 meses y 10 días, Arar permaneció encerrado en una
oscura, húmeda y fría celda del tamaño de una tumba. Fue
azotado con gruesos cables eléctricos y golpeado
reiteradamente; lo obligaron a escuchar las torturas a otros
prisioneros; lo mantuvieron sin comida; y lo amenazaron con
choques eléctricos y otras atrocidades. Cuando ya no aguantó
más la tortura, mintió y confesó que había sido
entrenado como terrorista en Afganistán. Un buen día,
después de casi un año, fue liberado de repente y
entregado a Canadá, con casi 20 kilos menos y
emocionalmente quebrado.
El
gobierno canadiense, bajo la conducción del Primer Ministro
conservador Stephen Harper, realizó una investigación, en
la que determinó su propia culpabilidad por haber entregado
información inexacta al FBI, y llegó a un acuerdo con
Arar, que consistió en una disculpa y una compensación de
10 millones de dólares. El gobierno estadounidense, por su
parte, no ofreció disculpa alguna. Ni siquiera eliminó a
Arar de la lista de sospechosos de terrorismo. Arar tiene
prohibido el ingreso a Estados Unidos y hace dos años tuvo
que prestar un testimonio ante el Congreso a través de una
videoconferencia.
Arar
dijo: “Estos últimos años han sido una pesadilla. Poco a
poco, desde que volví a Canadá, mis heridas físicas han
ido sanando; pero sigo sufriendo a diario las secuelas
mentales y psicológicas que me dejó esa terrible
experiencia. Sigo sufriendo de pesadillas y revivo
constantemente lo que padecí. No soy la misma persona que
era antes. Mi deseo es poder trasmitir al mundo lo frágil
que se han vuelto nuestros derechos humanos y cuán fácilmente
los mismos gobiernos que han jurado protegerlos nos los
pueden usurpar.”
Dados
los excesos del gobierno de Bush y las promesas de cambio de
Barack Obama, muchos se han sorprendido de que estas políticas
continúen en pie y que el Congreso y el Poder Judicial no
hayan cerrado este capítulo de la historia estadounidense.
El Presidente Obama no ha condenado en ninguna oportunidad
la práctica de rendición extraordinaria. La abogada de
Arar, Maria LaHood, del Centro por los Derechos
Constitucionales, calificó de “escándalo” la decisión
judicial contra Arar: “Esta decisión es de una amplitud
tal que nos afecta a todos. Básicamente, lo que implica es
que si el gobierno federal decide tomar acciones con el
argumento de proteger la seguridad nacional, podría
torturarnos y hasta matarnos y los tribunales federales no
nos ampararían.”
En
su opinión disidente, el juez Guido Calabresi afirmó:
“Cuando se escriban los anales de este distinguido
tribunal, la decisión mayoritaria adoptada hoy será
evaluada con pesar.”
Considerando
los tormentos que sufrió Arar, es admirable la calma con la
que ha recibido la decisión. “Por sobre todo, esta decisión
significa una pérdida para todos los ciudadanos y para el
estado de derecho,” dijo Arar.
(*) Amy Goodman es la presentadora
de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario
de una hora que se emite en más de 550 emisoras de radio y
televisión en inglés y en 200 emisoras en español. Es
coautora del libro “Standing Up to the Madness: Ordinary
Heroes in Extraordinary Times,” recientemente publicado en
edición de bolsillo. Denis Moynihan colaboró en la
producción periodística de esta columna.