La
decreciente banda de verdaderos creyentes de Obama ha
recuperado los ánimos porque su hombre ha terminado por
cumplir una de sus muchas promesas – el cierre de la prisión
de Guantánamo. Pero no está cerrando la prisión. La
trasladará a Illinois, EE.UU., si los republicanos lo
permiten.
A
decir verdad, Obama ha vuelto a derrotar a sus partidarios.
El cierre de Guantánamo significaba dejar de retener a
personas en violación de nuestros principios legales de
habeas corpus y proceso debido y dejar de torturarlas en
violación de las leyes estadounidenses e internacionales.
Todo
lo que se propone Obama es transferir a 100 personas, contra
las cuales el gobierno de EE.UU. no está en condiciones de
presentar un caso, de la prisión en Guantánamo a otra en
Thomson, Illinois.
¿Están
consternados los residentes de Thomson porque el gobierno de
EE.UU. ha elegido su ciudad para continuar su violación
flagrante de los principios legales de EE.UU.? No, los
residentes están felices. Significa puestos de trabajo.
Los
desafortunados prisioneros tenían una mejor probabilidad de
obtener su liberación de Guantánamo. Ahora se enfrentan a
dos senadores de EE.UU., un representante de EE.UU., un
alcalde, y un gobernador estatal que tienen un interés
creado en la detención permanente de los prisioneros para
proteger los nuevos puestos de trabajo en la prisión en una
localidad devastada por el desempleo.
Ni
el público ni los medios han mostrado el más mínimo interés
en saber cómo llegaron los detenidos a la cárcel. La mayoría
de los detenidos eran gentes sin protección que fueron
capturados por señores de la guerra afganos y vendidos a
los estadounidenses como “terroristas” para cobrar la
recompensa ofrecida. Al público y a los medios les bastó
que el secretario de defensa de la época, Donald Rumsfeld,
declarara que los detenidos de Guantánamo eran las “780
personas más peligrosas del mundo.”
A la
mayoría los liberaron después de años de abuso. Al
parecer, los 100 que deben ser trasferidos a Illinois han
sido tan terriblemente maltratados que el gobierno de EE.UU.
teme liberarlos por el testimonio sobre su maltrato que podrían
dar a organizaciones de derechos humanos y a los medios
extranjeros.
Los
aliados británicos de EE.UU. muestran más conciencia moral
de la que pueden reunir los estadounidenses. El ex primer
ministro Tony Blair, que dio cobertura a la invasión ilegal
de Iraq del presidente Bush, está siendo condenado por sus
crímenes por testimonios del oficialismo del Reino Unido
ante la Investigación Chilcot.
El
Times de Londres del 14 de diciembre resumió el caso contra
Blair en un titular: “Intoxicado por el poder, Blair nos
embarcó en la guerra.” Dos días después el First Post
británico declaró: “El caso de crímenes de guerra
contra Tony Blair es ahora sólido como una roca.” En un
momento desprevenido a Blair se le escapó que estaba a
favor de una conspiración para la guerra haciendo caso
omiso de la validez de la excusa [armas de destrucción
masiva] utilizada para justificar la invasión.
El
movimiento para procesar a Blair como criminal de guerra
gana fuerza. En el First Post Neil Clark informa: “Existe
un desprecio generalizado hacia un hombre [Blair] que ha
ganado millones [su recompensa del régimen de Bush]
mientras cientos de miles de iraquíes mueren por el caos
desatado por la invasión ilegal, y quien, con una
arrogancia sobrecogedora, parece pensar que está por encima
de las reglas del derecho internacional.” Clark señala
que la práctica de Occidente de enviar a dirigentes serbios
y africanos ante el Tribunal de Crímenes de Guerra,
mientras se exime del mismo, está perdiendo fuerza.
En
EE.UU., claro está, no hay un intento semejante de
responsabilizar a Bush, Cheney, Condi Rice, Rumsfeld,
Wolfowitz, y a la gran cantidad de criminales de guerra que
formaron el régimen de Bush. Por cierto, Obama, al que
gustan de odiar los republicanos, se ha excedido en su
esfuerzo por evitar que la cohorte de seguidores de Bush
tenga que rendir cuentas.
Aquí,
en el Gran EE.UU. moral sólo responsabilizamos a
celebridades y políticos por sus indiscreciones sexuales.
Tiger Woods está pagando un mayor precio por sus amigas que
el que Bush o Cheney tendrán que pagar un día por las
muertes y vidas arruinadas de millones de personas. La
consultora Accenture Plc, que basó su programa de mercadeo
en Tiger Woods, ha eliminado a Woods de su sitio en
Internet. Gillette anunció que está sacando a Woods de sus
anuncios impresos y radiales. AT&T dice que reconsidera
su relación con Woods.
Al
parecer, los estadounidenses consideran que la infidelidad
sexual es más grave que invadir países sobre la base de
acusaciones falsas y engaños, invasiones que han causado
las muertes y el desplazamiento de millones de personas
inocentes. Hay que recordar que el Congreso no destituyó al
presidente Clinton por sus crímenes de guerra en Serbia,
sino por mentir sobre su affaire con Mónica Lewinsky.
Los
estadounidenses están más molestos por las aventuras
sexuales de Tiger Woods que por la destrucción de la
libertad civil de EE.UU. por los gobiernos de Bush y de
Obama. Parecería que a los estadounidenses no les importa
que durante los últimos 8 años “su” gobierno haya
recurrido a las prácticas de detención de hace 1.000 años
– simplemente agarrar a una persona y arrojarla a un
calabozo para siempre sin presentar una acusación y obtener
una condena.
Según
los sondeos, los estadounidenses apoyan la tortura, una
violación del derecho estadounidense e internacional, y no
les importa que su gobierno viole la Ley de Inteligencia
Extranjera y los espíe sin obtener mandatos judiciales. Al
parecer, los animosos ciudadanos de la “única
superpotencia existente” tienen tanto miedo de los
terroristas que están dispuestos a renunciar a la libertad
por la seguridad, un logro imposible.
Con
una complacencia sorprendente, los estadounidenses han
renunciado al vigor de la ley que protegía su libertad. El
silencio de las escuelas de derecho y de las asociaciones de
abogados indica que la era de la libertad ha terminado. En
resumen, el pueblo de EE.UU. apoya a la tiranía. Y es hacia
donde vamos.
(*)
Paul Craig Roberts fue secretario adjunto del Tesoro en el
gobierno de Reagan. Es coautor de
“The Tyranny of Good Intentions.” Su
nuevo libro “How the Economy was Lost,” será publicado
el próximo mes por AK Press / CounterPunch.