La sociedad norteamericana está enferma, en un sentido metafórico, por muchas razones. Hace más de tres décadas que paso algunos meses por año en los Estados Unidos y he podido observar una progresiva acumulación de “enfermedades”, pero no es sobre ellas que quiero escribir hoy. Quiero escribir sobre la enfermedad en un sentido literal, a propósito de la reforma del sistema de salud que acaba de ser aprobada por el Congreso norteamericano.

Las lecciones de esta reforma para otros países son evidentes. Los EE.UU. son el único país del mundo desarrollado en que la salud fue transformada en una mercancía y su provisión entregada al mercado privado de las aseguradoras y las empresas de servicios médicos. Los resultados son escalofriantes.

En salud gastan anualmente dos veces más que cualquier otro país desarrollado y, pese a eso, 49 millones de ciudadanos no tienen ningún seguro de salud y, por esa carencia, 45 mil personas mueren cada año. Además, a cada paso surgen noticias aterradoras de personas con graves enfermedades a quienes las aseguradoras les cancelan sus coberturas, les rechazan el pago de tratamientos que podrían salvar sus vidas o les niegan la cobertura al conocer sus “condiciones preexistentes”, es decir, sus enfermedades crónicas o la probabilidad de que en el futuro necesiten tratamientos muy costosos.

La perversidad del sistema radica en que las ganancias de las aseguradoras de salud son tanto mayores cuanta más gente de clase media–baja o trabajadores de pequeñas y medianas empresas son excluidos, es decir, sectores sociales que no pueden soportar los constantes aumentos de las cuotas, que no tienen nada que ver con la inflación. En medio de una grave crisis económica y con altas tasas de desempleo, la aseguradora Anthem Blue Cross –que el año pasado declaró un aumento del 56 por ciento en sus ganancias– anunció hace semanas un incremento del 39 por ciento de las cuotas en California, lo que provocaría la pérdida de cobertura para 800 mil personas. La medida fue considerada criminal y escandalosa por algunos miembros del Congreso norteamericano.

Por todas estas razones, hay consenso en los EE.UU. de que es necesario reformar el sistema de salud, y ésa fue una de las promesas centrales de la campaña de Barack Obama. Su propuesta se basaba en dos medidas principales: crear un sistema público, financiado por el Estado, que, aunque residual, diera una opción a quienes no pueden pagar las coberturas privadas; y regular el sector de modo que los aumentos de las cuotas no pudieran ser decididos unilateralmente por las aseguradoras. El proyecto de ley se tramitó en el Congreso durante un año y acaba de ser aprobado. Pero no contiene ninguna de las propuestas iniciales de Obama. Por la simple razón de que el lobby de las aseguradoras gastó 300 millones de euros para pagar a los legisladores encargados de elaborar la ley (para sus campañas, para sus iniciativas públicas y, finalmente, para sus bolsillos). Hay seis lobbistas del área de salud registrados por cada miembro del Congreso.

Lobby es la forma legal de lo que en el resto del mundo se llama corrupción. El proyecto quedó tan desfigurado que muchos sectores progresistas (es decir, sectores un poco menos conservadores) piensan que hubiera sido mejor no promulgar la ley. Entre otras cosas, la ley “entrega” a las aseguradoras cerca de 30 millones de nuevos clientes sin ningún control sobre el monto de las cuotas. La razón por la que el Partido Demócrata quiso promulgar la ley no es una razón de política pública de salud. Es una razón política tout court: crear en la opinión pública la idea de que la promulgación de la ley es una victoria del presidente Obama y que eso ayudará a su reelección en 2012. Los EE.UU. están enfermos porque la democracia norteamericana está enferma.

¿Cuáles son las lecciones para otros países? Primero, es un crimen social transformar la salud en mercancía. Segundo, una vez que dominan el mercado, las aseguradoras muestran una irresponsabilidad social aterradora. Son responsables ante sus accionistas, no ante los ciudadanos. Tercero, tienen armas poderosas para dominar a los gobiernos y la opinión pública. Dependiendo de los países, o impiden la creación de un sistema público de salud por temor a que les haga competencia u organizan campañas contra el sistema público existente hasta quitarle lo que queda de las clases medias, más sensibles a la falta de calidad. Nunca llegan al punto de eliminarlo pues, de otro modo, dejarían de tener el “tacho de basura” donde tirar a los enfermos que rechazan (porque no pueden pagar los aumentos de las cuotas, porque necesitan cuidados continuos o dispendiosos).

En los casos en que hay sistemas públicos confiables, una de las tácticas es contraponer la eficiencia privada a la ineficiencia pública, las pérdidas de los hospitales públicos contra las ganancias de los privados. Parten de la suposición de que la opinión pública no se dará cuenta de sus criterios de selección de los enfermos y de que, por lo tanto, las pérdidas de los hospitales públicos, por más eficientes que sean, serán cada vez más la causa de las ganancias de los hospitales privados.

(*) Doctor en Sociología del Derecho.