La compañía minera Massey
Energy opera la mina de carbón Upper Big Branch (UBB, por sus siglas en inglés)
de Virginia Occidental en la que veintinueve mineros murieron la semana
pasada. Perder la vida es trágico, pero la explosión en UBB es más que una
tragedia, es un crimen. Sin embargo, cuando una corporación es culpable de
algún crimen no va a la cárcel, ni pierde su libertad, solamente paga una
multa –lo que con frecuencia equivale a un tirón de orejas, el precio a
pagar por hacer negocios–.
Nadie ha demostrado esto con
tanta claridad como el Director General de Massey Energy, Don Blankenship.
Durante años, Blankenship ha sido el dolor de cabeza de los activistas contra
el cambio climático y los defensores de la seguridad en las minas. Este último
desastre minero, como mínimo, debería servir para atraer la atención sobre
el tema de las grandes inversiones destructivas que pisotean a las comunidades
y los derechos del medio ambiente y los trabajadores.
Días después de la explosión
de Massey, Blankenship admitió durante una entrevista en la radio que: “Las
violaciones e infracciones de seguridad son, desafortunadamente, una parte
normal del proceso minero. Se realizan inspecciones a diario y a veces es difícil
distinguir entre el total y las cifras cuando se trata de infracciones, es
decir, establecer su gravedad y tipo. En verdad, se producen violaciones a la
seguridad en cada mina de carbón de Estados Unidos y UBB era una mina que tenía
una serie de infracciones.”
El periódico de Virginia
Occidental The Charleston Gazette ha publicado sistemáticamente
cuestionamientos a Massey Energy y a Blankenship, lo que llevó a este último
a atacar a los editores del periódico en noviembre de 2008 durante un
discurso en el que afirmó: “Es un gran placer para mí ser criticado por
los comunistas y ateos del Gazette, al igual que lo es ser aplaudido por mis
mejores amigos. Sé que están equivocados.
Me refiero a que cuando hay
un editor que admite ser ateo y personas que claramente pertenecen al
comunismo de extrema izquierda, ¿querríamos que hablaran bien de nosotros?
Si uno piensa en esto, ve que en realidad no tiene sentido, y lo digo una y
otra vez porque hay personas que temen ser criticadas por nuestros enemigos,
es decir: ¿nos ofendería ser criticados por Osama bin Laden? Creo que no.”
Según las especulaciones
iniciales, la causa de la explosión habría sido la presencia de gas metano
en la mina. La mina UBB de Massey ha recibido cientos de citaciones por
violaciones a la seguridad, entre ellas, algunas por no evacuar el metano por
medio de ventilación. Otra causa pudo haber sido la proximidad de esta mina a
las operaciones de extracción en superficie que lleva adelante Massey en
minas cercanas.
La extracción en superficie
implica la voladura de las cumbres de las montañas mediante explosiones, lo
que proporciona acceso a las vetas de carbón pero causa una extensa destrucción
del medio ambiente. El periódico Wall Street Journal informó el lunes que el
Estado de Virginia Occidental llevará a cabo una investigación sobre la
explosión que incluirá el posible impacto de las operaciones cercanas de
minería a cielo abierto. El 1º de abril, pocos días antes de la explosión
de Massey, la Administradora de la Agencia de Protección Ambiental, Lisa
Jackson, había presentado una nueva reglamentación que restringe las
operaciones de extracción en superficie.
Massey es el blanco principal
de una creciente campaña de los movimientos de base contra la minería a
cielo abierto. Entre quienes han sido arrestados durante las manifestaciones
de protesta se encuentran el conocido climatólogo James Hansen, director del
Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, y la actriz Daryl
Hannah.
Dieciséis mineros murieron
en minas de Massey entre los años 2000 y 2007. Elvis Hatfield de 46 años y
Don Bragg, de 33, murieron en enero de 2006 en el incendio de la mina Aracoma.
Sus viudas demandaron a Massey Energy y a Blankenship. Durante el juicio, sus
abogados presentaron un memo escrito por Blankenship meses antes del fatal
incendio.
En ese memo, Blankenship daba
instrucciones a los encargados de minería profunda de concentrarse en extraer
carbón antes que en los proyectos de seguridad.
Blankenship escribió: “Si
a alguno de ustedes los superiores de su grupo, supervisores, ingenieros o
cualquier otra persona le ha pedido que haga otra cosa que no sea extraer carbón
(por ejemplo: construir canales de ventilación, hacer trabajos de construcción
o cosas así) es necesario que los ignoren y se dediquen a extraer carbón.
Este memo es necesario únicamente porque parece que no estamos entendiendo
que es el carbón el que paga las facturas.”
El carbón paga las facturas
y paga además el salario de Blankenship, que según estima la agencia de
noticias Associated Press asciende a 19.7 millones de dólares y sería el más
alto de la industria minera del carbón. Blankenship es miembro de la Cámara
de Comercio de Estados Unidos, es feroz opositor de la sindicalización de los
trabajadores, implacable negador del cambio climático y firme opositor de la
regulación.
El pasado Día de los
Trabajadores, Blankenship se refirió a los reguladores del gobierno durante
una manifestación anti sindicalista y dijo: “El gobierno y los políticos
estatales no saben cómo mejorar la seguridad en la minería. La sola idea de
que ellos se preocupan más que nosotros por la seguridad en las minas de carbón
es tan ridícula como el calentamiento global.”
El Director General de Massey,
Don Blankenship, aportó tres millones de dólares a la campaña de un
candidato a la Suprema Corte de Virginia Occidental. Su objetivo era
reemplazar a un juez actuante de quien Blankenship temía pudiera expedirse
contra Massey en la apelación del fallo de un tribunal por 50 millones de dólares.
El candidato al que apoyó, Brent Benjamin, obtuvo el cargo y votó para dejar
sin efecto el fallo.
La Suprema Corte de Estados
Unidos dejó luego sin efecto esta decisión haciendo referencia al hecho de
que Blankenship había financiado la elección del nuevo juez y, finalmente,
el caso sirvió de base a la novela legal de suspenso que publicara John
Grisham en 2008: “La Apelación”.
Los fondos de pensiones y
otros grandes inversores institucionales están exigiendo a Massey el despido
de Blankenship. El último de los 29 cuerpos de los mineros que perdieron su
vida en la mina de Massey la semana pasada ha sido recuperado. Sus muertes no
deberían ser computadas por Don Blankenship como parte del precio a pagar por
hacer negocios, sino que deberían encabezar la lista de delitos por los que
debe ser procesado.
(*)
Amy Goodman es la presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero
internacional diario de una hora que se emite en más de 550 emisoras de radio
y televisión en inglés y en más de 250 emisoras de radio en español. Denis
Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
