Cuando uno le pregunta a
Julia, una ecuatoriana indocumentada de 43 años, por qué quiere una reforma
migratoria, ella se agarra durante horas al poder perdido de la palabra. Llegó
a Estados Unidos hace 14 años para huir de un marido abusador, pagó con
jornadas de 12 horas una fortuna en ‘coyotes’ para que sus hijos también
pudieran cruzar ilegalmente la frontera de México (el mayor tuvo que hacerlo
nueve veces y ahora está en la cárcel en espera de ser deportado), perdió
20.000 dólares en timos de abogados y documentos falsos y apenas tiene con qué
sustentar a un bebé de siete meses que sonríe desde un carricoche azul
marino.
“¿Y ahorita, en quién se
puede confiar?”, se lamenta. “Que Obama nos dé la oportunidad, la
legalización, para poder trabajar sin miedo”.
Julia se unió a las hordas
de manifestantes alrededor del país el pasado 1 de mayo para condenar la
legislación extremista del Estado de Arizona [ver recuadro] y pedir una
reforma migratoria hasta ahora esquiva. Una reforma que les deje trabajar
“fuera de las sombras”, protegidos y con documentos legales; que les deje
pasear por la calle sin miedo a la ‘migra’.
En un país con doce millones
de indocumentados, una frontera sur porosa y una paradójica avidez de mano de
obra barata, el ‘fenómeno Arizona’ ha sido sólo la gota que ha colmado
el vaso.
“Los republicanos, tanto
como los demócratas, ahora han admitido que el sistema está roto”, afirma
Laura Vázquez, del Concilio Nacional de La Raza, la mayor organización
hispanoamericana que lucha por los derechos civiles de los latinos. Norman Eng,
portavoz de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York, añade: “Arizona ha
vuelto a poner el debate en el fogón frontal y muestra que éste es un
problema que está pidiendo a gritos una solución”.
La ley de Arizona dará lugar
a discriminación racial, abuso de poder policial e incremento de las
deportaciones, según defensores de los inmigrantes. Pero los abusos pueden
rastrearse meses, años y décadas atrás, a escala estatal y nacional. Kwesi
Okyere es un inmigrante de Ghana que fue encerrado en un centro de detención
federal en Nueva Jersey durante siete meses tras llegar a EE UU con asilo político.
Acaba de ser liberado sin explicaciones. Ravi Ragbir, un inmigrante legal de
Trinidad y Tobago que llevaba viviendo 20 años en EE UU, fue detenido por un
fraude falso y puesto en proceso de deportación. Perdió a su familia y cinco
años de su vida peleando su caso. Juan Notario, de México, dice encontrarse
con que le pagan menos de lo acordado porque no tiene papeles. “Aquí hay
personas muy vulnerables, muchas personas han sido explotadas”, afirma Vázquez.
“Cuando tienes un sistema
de inmigración que no funciona, los síntomas son muchísimos”, declara
Katherine Vargas, del Foro Nacional de Inmigración. Con el detonante SB1070
(la ley de Arizona), nunca una reforma ha sido más urgente. Pero, ¿será
ahora posible?
El May Day de 2010 y el
presente intento de reforma se asemejan a los de hace cuatro años, cuando el
país bullía en urgencias de cambio y la comunidad protestaba en las calles
contra una ley de 2005 que criminalizaba a los indocumentados. La reforma se
quedó a las puertas. No ha habido manera de revisar el sistema desde la
amnistía de Reagan en 1986. Pero en comparación con 2006, ahora el voto
latino pesa mucho más y el movimiento inmigrante está mucho más organizado.
K. Vargas apunta al éxito de
la campaña nacional Reform Immigration for America, que lleva meses
movilizando a inmigrantes sirviéndose de nuevas tecnologías como Twitter.
Matt Barreto, profesor de ciencia política en la Universidad de Washington, y
uno de los creadores del blog de análisis político Latino Decisions, también
señala que el voto latino ha cobrado mucha más importancia desde 2006:
“Los votantes latinos, que son electores muy, muy importantes en muchos
Estados, están muy disgustados con ambos partidos, republicano y demócrata,
y alguna salida tendrá que ser debatida”.
La ley más
dura en la historia de EEUU
• Qué es: Una ley
estatal que fue firmada por la gobernadora de Arizona Jan Brewer en abril de
2010. Convierte en delito estatal el no portar en el momento de la detención
documentos que prueben que se está en EE UU de un modo legal.
• Qué poderes otorga a
la policía: Requiere a los oficiales de policía local y estatal que
soliciten documentos específicos de inmigración y otorga potestad para
proceder a la detención de cualquier persona de la que se tenga “razonable
sospecha” de estar en el país ilegalmente.
• Implicaciones: Discriminación
racial. Creación de un estado policial. Uso de recursos policiales para
detenciones de inmigrantes indocumentados no violentos e inofensivos, en vez
de destinar los recursos a detener a criminales peligrosos.
• Efecto contagio: Al
menos en otros diez Estados hay oficiales que, con Arizona como modelo, están
dando forma a sus propias legislaciones conservadoras en materia migratoria.
Esto, indica el New York Times, está sucediendo incluso en estados como Ohio,
Missouri, Maryland y Nebraska, ninguno de los cuales cuenta con grandes
cantidades de inmigrantes indocumentados en comparación a otros Estados.
• La campaña por el
cambio: Es una coalición de más de 800 grupos de todo el país.
Incluye organizaciones sociales de base, grupos sindicales, grupos religiosos
y organizaciones nacionales como el Foro Nacional de Inmigración.
Reúne tanto a las grandes
organizaciones que hacen lobby en la capital como a organizaciones
comunitarias que movilizan a micro grupos locales de inmigrantes.
La campaña pretende crear
una red de personas de todo el país que estén listas para trabajar y obtener
los 279 votos requeridos para aprobar una reforma migratoria integral justa y
humanitaria: 218 votos en la Cámara de Representantes, 60 en el Senado, y la
firma del presidente.
Movilizó a casi 200.000
personas que llegaron de todas partes del país en autobuses para la
manifestación de Washington el 21 de marzo. Medio millón de personas fueron
movilizadas en diversas ciudades de EEUU el 1 de mayo, que en dicho país es
laborable.
