Barak
Obama accedió al poder posicionando mensajes de una nueva
esperanza y cambios en la política estadounidense. Casi dos
años después, la sociedad norteamericana expresa cada vez
mayores síntomas de decepción y desencanto.
La
pérdida de las mayorías en las dos cámaras, situación
similar a la que vivió Bill Clinton en 1994, a la par que
ver reducido el número de gobernadores demócratas, podría
significar el fin de la carrera política de Obama, al cual
le quedarían todavía dos años de "via crucis"
en la Casa Blanca.
Desde
que el 3 de junio de 2008 concluyeran las elecciones
primarias del Partido Demócrata con la proclamación del
legislador afroamericano Barack Obama como candidato para
las presidenciales de noviembre de ese mismo año, el hasta
entonces senador por Illinois, no ha dejado de estar
presente en los medios de comunicación del planeta, como
una referencia de esperanza tras la senda de terror, guerras
y muertes dejadas por George Bush durante las dos
legislaturas de su mandato.
Durante
el primer semestre del 2008, Obama había tenido como rival
a Hillary Clinton, la cual dispuso de ocho años para
prepararse cara a esta contienda electoral. La Clinton había
creado bases de apoyo financiero, redes de voluntarios,
apoyo en los estados y a pesar de ello, Obama terminó las
primarias con una mejor organización, recaudó más dinero,
más gente trabajando por él en las calles, y realizó un
trabajo de creación y organización semi perfecta en los
cincuenta estados.
Posteriormente,
en las elecciones generales del 4 de noviembre de 2008,
derrotó a su rival republicano, John McCain, el cual no era
mal candidato teniendo en cuenta los valores del pueblo
norteamericano. McClain gozaba de ciertas ventajas: era
considerado héroe de guerra, pasó cinco años preso en
Vietnam, tenía reputación de hombre honesto e
independiente, se había caracterizado por un trabajo democrático
y no era demasiado partidario, aunque claramente posicionado
con las políticas xenófobas al interior de los EEUU.
La
victoria de Obama y su investidura como el 44 presidente de
los EEUU el 20 de enero de 2009 significó un halo de
esperanza que se proyectaba en dos sentidos al interior de
los EEUU: por un lado, como la posibilidad de reunificar un
país que había quedado dividido políticamente entre
partidarios y no partidarios de una lógica militarista que
tenía rasgos de "demencia" (guerra global
permanente, Guantánamo convertido en el mayor campo de
concentración del mundo occidental con permanentes
violaciones de los derechos humanos, Abu Ghraib, las
detenciones y vuelos secretos con secuestrados por los
servicios secretos norteamericanos, las cárceles
clandestinas para la detención e interrogatorio de
sospechosos de pertenecer a la Yihad...), y que por otro
lado, como la posibilidad de cambiar estructuras básicas en
una economía interna que recibía el azote de una crisis
sin precedentes desde la época de la Gran Depresión en
1929.
El
gobierno de dos legislaturas, encabezado por George W. Bush
había sido un fracaso absoluto para los EEUU como país,
para los estándares de vida de la sociedad estadounidense y
sus valores éticos y morales, y también para el propio
Partido Republicano (McCain se cuidó y mucho de no aparecer
junto a Bush durante la campaña electoral).
Con
la llegada de Barak Obama a la Casa Blanca se encarnaba un
casi imposible, para muchos era la posibilidad de cambiar
tanto interna como externamente las políticas desde dentro
del "corazón de la bestia".
Este
artículo pretende recoger un análisis de la situación política
interna estadounidense y valorar, a falta de tres meses para
que Obama cumpla su segundo año de mandato, la situación
real en la que se encuentra su gobierno y su imagen pública.
La
coyuntura actual de Obama
La
popularidad del presidente Obama, caracterizada por una
fluctuación con permanentes descensos abruptos combinados
con austeras recuperaciones parciales, es el fruto de una
situación compleja: aún persiste una estructura de la cual
el mismo Barak Obama es parte, que ha restringido
notablemente la capacidad de generar rupturas en las formas
de hacer política desde la Casa Blanca, lo cual hace que a
pesar del discurso de "cambio" que el actual
presidente estadounidense mantiene, en realidad se
desarrolle en la práctica una "continuidad"
sostenida con el período anterior.
El
análisis de la realidad política interna actual de los
EEUU, permite afirmar que la popularidad de Obama en estos
momentos, tiene importantes implicaciones respecto a tres
temas de carácter interno y que son los que de alguna
manera han definido estos 21 meses de gobierno: las
consecuencias del manejo de la crisis financiera, las políticas
migratorias, y la reforma del sistema de Salud.
Consecuencias
del manejo de la crisis financiera y el tema del desempleo
La
crisis financiera de 2008 se desató de manera directa
debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en EEUU en el año
2006, lo que provocó en octubre de 2007 la llamada crisis
de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis
hipotecaria comenzaron a manifestarse de forma grave desde
inicios de 2008, contagiándose primero al sistema
financiero estadounidense, y después al internacional,
generando como consecuencia una profunda crisis de liquidez,
y causando indirectamente, otros fenómenos económicos,
como una crisis alimentaria global, diferentes derrumbes
bursátiles (crisis bursátil de enero de 2008 y la crisis
bursátil mundial de octubre de 2008) y, en conjunto, una
crisis económica a escala internacional.
Esta
crisis financiera se ha manifestado fuertemente sobre de la
economía estadounidense, la cual se ha evidenciado a través
de varios indicadores, entre los que cabe mencionar que:
a.)
El Producto Interno Bruto de Estados Unidos se contrajo un
6,2% en el cuarto trimestre de 2008 (momentos en que la
crisis se agudizó) con respecto al trimestre anterior; en
2009 la economía estadounidense registró una contracción
del 2,4%, su peor lectura desde 1946.
b.)
La producción industrial en EEUU en términos anuales
resultó 10% menor a la observada en enero de 2008; la tasa
de crecimiento de la producción industrial da el porcentaje
de incremento anual en la producción industrial (incluye
manufactura, minería y construcción), en 2007 fue del
4,2%, en 2008 fue de –1,7% y en 2009 fue de –2%.
c.)
La tasa de desempleo llegó en septiembre de 2010 a alcanzar
un 9,6%, lo que implica que en los últimos doce meses el número
de desempleados aumentara en torno a los 5,3 millones de
personas, de ellas, aproximadamente 4,4 millones de personas
reciben ayuda estatal de algún tipo.
d.)
Las ventas de autos y camionetas se contrajeron un 37% en el
primer mes del 2009 (Chrysler vendió 55% menos con respecto
a enero de 2008, mientras en General Motors la caída fue de
49% y para la Ford de 40%); de igual manera, para las
empresas japonesas tampoco fue un buen mes (las ventas de
Toyota, Nissan y Honda se redujeron 35%, 29% y 28%,
respectivamente); con la caída de enero, las ventas de la
industria acumulan 15 meses a la baja; y actualmente la
tendencia ha aumentado pero sigue demorando su recuperación;
e.)
El mercado de la vivienda aún no ha recuperado su fuerza
original, la actividad crediticia aún no ha aumentado y la
disponibilidad de crédito sigue siendo escasa.
–
La gestión de la crisis por parte del gobierno de Obama:
Sectores
cada vez mayores de la población estadounidense cuestiona
la polarización existente entre los beneficiarios directos
de las políticas emanadas en materia económica desde la
Casa Blanca y los afectados por la crisis económica desde
la recesión de 2008. Según las diversas encuestas que se
realizan en los Estados Unidos, la mayoría de los
estadounidenses piensa que estas políticas han ayudado a
grandes bancos, grandes corporaciones y a los ciudadanos más
ricos, al tiempo que se proporciona poca o ninguna ayuda
para los pobres, las clases media o pequeñas empresas.
En
este sentido una de las condiciones que determinan en gran
medida la caída de popularidad del presidente Obama son los
elevados índices de desempleo.
Después
de cuatro trimestres consecutivos de contracción la economía
de EEUU, retornó al crecimiento a mediados de 2009, pero a
pesar de ello, más de un año después persisten las altas
tasas de desempleo. Según el gobierno, aunque la reactivación
sigue se ha aminorado el ritmo de crecimiento, de una tasa
del 3,7% entre enero y marzo a una del 1,6% entre abril y
junio. Desde el comienzo de esta crisis, considerada la peor
recesión en siete décadas, EEUU ha tenido una pérdida
neta de 8,4 millones de empleos, y los analistas economicos
calculan que la economía debería crear por lo menos
150.000 empleos mensuales para absorber el crecimiento
natural de la fuerza laboral, cosa que está muy lejos de
suceder en estos momentos.
Al
respecto el presidente Obama dijo: "Hay una gran
preocupación por los ocho millones de empleos que se
perdieron en el transcurso de estos últimos dos años, y
tenemos que fomentar continuamente el ritmo del crecimiento
económico para que las personas puedan volver a trabajar.
En definitiva, para la mayoría de los estadounidenses, esa
es la medida para saber qué tan bien está la economía".
La
sociedad estadounidense percibe según estudios sociales
desarrollados que la administración Obama ha beneficiado a
través de sus políticas económicas, en primera instancia
a las grandes bancos e instituciones financieras, en segunda
instancia a las corporaciones comerciales de diversa índole;
y en último lugar, se reconoce que las acciones de política
económica han sido beneficiosas para los pequeños
negocios, a la clase media y a la gente más pobre.
Ante
estas percepciones y conscientes de sus impactos negativos
en el potencial electorado que constituye la clase media, el
equipo económico de Obama ha planteado un reajuste a la
reforma financiera teniendo en cuenta varios factores
encaminados a potenciar la dinámica económica doméstica.
En esa línea, el presidente Obama anunció recientemente
recortes impositivos a la clase media y a las pequeñas y
medianas empresas, en el marco de un plan para promover el
crecimiento económico que se está diseñando. Tras
reconocer que la economía estadounidense tiene ralentizado
su ritmo de recuperación, Obama señaló que estas
bonificaciones podrían extenderse a la inversión, a la
reconstrucción de infraestructuras y al desarrollo de
proyectos de energía renovable.
Obama
ha asegurado que gran parte de las medidas irán destinadas
a las pequeñas y medianas empresas, puesto que ha sido en
este sector donde se ha producido el 60% de las pérdidas de
empleo desde el inicio de la crisis. El plan busca generar
facilidades para que los pequeños negocios contraten
empleados mediante el recorte de ciertos impuestos y entrega
de más créditos.
–
El manejo financiero y las elecciones de noviembre:
Obama
recibió las calificaciones más bajas por su manejo de la
economía en una nueva encuesta realizada el pasado mes de
agosto por la Associated Press–GfK. Según la encuesta, la
gran mayoría de los estadounidenses considera malas las
perspectivas económicas de EEUU.
Los
electores descargarán su frustración contra el Partido Demócrata
en las elecciones legislativas de noviembre. Cuando falta
menos de una semana para los comicios del 2 de noviembre, el
54% de las personas entrevistadas desaprobó el desempeño
del presidente en materia economía, y el 61% dijo que la
economía ha empeorado.
Sin
embargo, tres cuartas partes de los encuestados consideran
irrealista esperar una mejoría económica notable en los
primeros 18 meses del mandato del presidente. El nivel de
aprobación general sobre Obama permaneció sin cambio, en
49%. Estas encuestas, ponen nerviosos a los demócratas que
intentan conservar sus mayorías cómodas en la Cámara de
Representantes y en el Senado. "La verdad es que va a
tomar algunos años para que salgamos totalmente de esta
recesión. Va a tomar tiempo recuperar ocho millones de
empleos", admitió el presidente Obama recientemente
mientras hacía campaña por los candidatos demócratas en
Seattle. "Quien les diga otra cosa sólo está buscando
su voto".
Políticas
migratorias
Asistimos
en la actualidad a importantes desencuentros públicos entre
demócratas y republicanos, con respecto a las políticas
migratorias a implantar en los EEUU. Sin embargo, analizadas
con seriedad, las posiciones sobre el tema migratorio entre
republicanos y demócratas, estas no se muestran tan
distantes. Hasta ahora, la administración Obama no ha
mostrado ninguna diferencia con respecto a las políticas
migratorias de las administraciones anteriores.
Entre
uno de los objetivos de la estrategia de seguridad nacional
se contempla el consolidar la reforma integral de la
inmigración, lo que viene a indicar que las políticas
migratorias siguen en el contexto de la "securitización"
diseñada en administraciones anteriores y agudizada en la
gestión de George W. Bush.
El
punto crítico de este proceso de reforma legislativa se
encuentra en la imposibilidad de conciliar un régimen que
concibe la seguridad nacional como un tema integral de
prevención mediante acciones penitenciarias y persecutorias
severas, frente a un gobierno que sin tomar partido en el
tema con solvencia, admite al mismo tiempo que la reforma
migratoria es un riesgo pero también una alternativa de
futuro. La explicación de esta ambigüedad política,
vuelve a situar el tablero de juego en el ámbito electoral
(que te da y que te puede quitar votos), lo que va
conformando una lógica, que hasta ahora tiene mucho que
ver, con el perfil que está caracterizando a la
administración Obama.
–
El efecto administrativo de la Ley Arizona SB 1070:
El
estado de Arizona aprobó una ley que criminaliza a quienes
se encuentren en este territorio en condición de
indocumentados. La gobernadora de Arizona, Jean Brewer, firmó
y por tanto promulgó esta ley que ya entró en vigencia. El
nuevo ordenamiento legal SB 1070, cuya denominación formal
es "Apoya a nuestras fuerzas del orden público y los
vecindarios seguros" tiene varios efectos internos que
deben ser tomados en cuenta.
Cuando
los demócratas y Obama hablan de inconstitucionalidad de la
ley SB 1070, de lo que se esta hablando no es de la violación
de los derechos a las personas migrantes. El asunto de la
inconstitucionalidad radica en la violación de la
precedencia de las leyes federales sobre las estaduales,
dado que se legisla sobre materia que concierne al Congreso
Federal y se obstaculiza a través de esta ley, la actividad
de varias instituciones federales, especialmente: la
Secretaria de Justicia, el Departamento de Estado y el
Departamento de Seguridad Interna. Por otra parte, ni el
estado de Arizona ni ningún otro, tiene la potestad de
regular la actividad del Servicio de Guardacostas y el
Departamento de Emigración de los EEUU, a cargo de tales
asuntos. Por todo esto, el contenido de la ley migratoria no
es el problema de fondo, lo que se discute es realmente quién
adquiere las competencias sobre el diseño, aprobación y
aplicación de la ley.
Desde
esta perspectiva, se presenta una crisis estructural del
Estado inédita en el país más poderoso del mundo moderno.
Desde la Casa Blanca preocupa más el riesgo que este
desfase administrativo supone entre las políticas
estaduales y las federales, así como la extensión que esto
tenga hacia otros estados, generando graves consecuencias
sociopolíticas en la estructura del Estado federal, situación
mucho más preocupante para ellos que los aspectos graves
aspectos nocivos para los y las inmigrantes. Lo que está en
cuestión es la arquitectura institucional de los EEUU, nada
más.
Una
de las consecuencias inmediatas de la aprobación de la ley
SB 1070 de Arizona es que otros estados han replicado el
procedimiento. Legisladores mayoritariamente republicanos,
en otros 10 estados –Utah, Oklahoma, Colorado, Ohio,
Missouri, Georgia, South Carolina, Mississippi, Texas y
Maryland– han marcado un camino común para crear leyes
similares a la ley SB 1070. Estas nuevas disposiciones
legales dan autorización a detener, interrogar y exigir
documentos a las personas que los policías sospechen que
podrían ser migrantes sin documentos. Siendo los
indicadores de sospecha, el color de la piel, las
vestimentas o por la lengua hablada por el o la sospechosa.
La
ley de Arizona ha dejado ya sentir sus efectos sobre varias
cuestiones. Tendrá efecto sobre las condiciones laborales
de los inmigrantes, las cuales serán condicionadas, aún más,
por los empleadores. La importancia económica que reviste
para EEUU la mano de obra migrante es objetivamente visible.
El sueldo que reciben estos trabajadores es visiblemente
menor al que obtienen los trabajadores estadounidenses, y
resultan relegadas sus demandas laborales, siendo mermada
claramente su capacidad de reclamo. La ley generará
condiciones para que se vulnere aún más los derechos de
los y las trabajadoras inmigrantes, los cuales se verán
obligados a mal abaratar su trabajo a fin de obtener un
empleo y no ser denunciados ante la fuerza pública; de
hecho, ya se está empleando una suerte de compra de
condiciones a cambio de trabajo.
Por
otra parte, el costo social de la persecución y
criminalización de los inmigrantes tiene su rostro en
materia educativa, sanitaria y de desajuste social debido a
la movilización que se está dando desde Arizona hacia
otros estados norteamericanos. Como consecuencia de esta
realidad, otros estados están poniendo en marcha
iniciativas que establecen leyes similares a la de Arizona
con el fin de detener ese flujo. De generarse un flujo aun
mayor de migración desde Arizona hacia otros estados,
estaremos presenciando una especie de "efecto
colador" dentro de EEUU; donde por un lado los
migrantes deberán repensar no solamente sus nuevas rutas de
ingreso al país, sino encontrar nuevos destinos a partir de
este estado fronterizo.
Las
políticas punitivas frente a fenómenos sociales propios de
una estructura socioeconómica mundial desigual no implican
para nada una solución efectiva del problema de movilidad
humana.
El
costo fiscal que tendrán que asumir los departamentos de
policías y alguaciles para llevar a cabo actividades que
hoy en día no les competen, como son detener, procesar y
deportar a inmigrantes indocumentados, no solamente será
muy alto, sino que por obvias razones serán recursos que se
tomarán de otras partidas presupuestarias, lo que impactará
en la calidad de los servicios públicos en Arizona y demás
estados que están poniendo en marcha estas medidas
coercitivas de forma unilateral.
Adicionalmente
el tema migratorio tendrá una afectación directa al
turismo a nivel local, de hecho ya se promueven diversos
mensajes que perjudicarán directamente el nombre de Arizona
como destino turístico afectando severamente a su economía.
La Asociación de Turismo de Arizona dio a conocer
recientemente, que el sector comenzó a experimentar pérdidas
inmediatas a consecuencia de la ley SB 1070, y afirman que
esta ley está "pasando de un asunto de migración a
uno de turismo".
Tomando
en cuenta estos costos tan altos que tendrá la ley anti–migrante
¿cómo podemos explicar su promulgación? Resulta evidente
que los motivos de la promulgación de la ley SB 1070 son
eminentemente político–electorales. Arizona hoy es un
estado republicano, pero que tenía pocas posibilidades de
mantenerse así tras el próximo proceso electoral; ello
llevó a los republicana a desarrollar esta estrategia
descabellada con el fin de recuperar a los grupos más
radicales a través de leyes como esta.
–
¿Qué hay en el trasfondo político del asunto migratorio?
El
tema de la política migratoria en los EEUU esta
transversalizado definitivamente por la cuestión electoral,
contraponiéndose el planteamiento republicano clásico
frente a una oferta demócrata ambigua.
Para
entender esta cuestión, es relevante analizar las
actuaciones de Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad
Interna de Estados Unidos (Department of Homeland Security),
además de las declaraciones y actuaciones del presidente
Obama.
Napolitano
ha criticado varias veces la ley anti–inmigrante de
Arizona, por considerar que desviará recursos federales del
combate a crímenes serios como el pandillerismo hacia
tareas migratorias. Sin embargo no ha dejado de hablar de la
reforma migratoria integral, sosteniendo que la legalización
de indocumentados no significa una amnistía migratoria sino
que implica una serie de sanciones que tendrán que cumplir
los inmigrantes. En este sentido, las políticas migratorias
que apoya Napolitano no son diferentes en el fondo, a las
que se definen desde las filas republicanas.
Napolitano
apoyó la prohibición en Arizona de matrimonios del mismo
sexo, se opuso a las restricciones sobre la propiedad de
armas y apoyó la pena de muerte. El Partido Republicano
recibió gratamente su nominación a Secretaria de Seguridad
Interna cuando el presidente Obama posicionó su nombre.
Napolitano fue quien desplegó la Guardia Nacional de
Arizona a lo largo de la frontera con México, ganándose
los elogios de los fanáticos en contra de la inmigración.
De hecho, Napolitano estableció su fama política en
Arizona cuando se opuso a la inmigración y firmó como ley,
la legislación reaccionaria que facilita el enjuiciamiento
de inmigrantes irregulares como delincuentes culpables de
delitos mayores.
Como
consecuencia de esta coyuntura personal y del lobby político
directo de la funcionaria Napolitano sobre el presidente
Obama, este firmó una ley que militariza aún más la
frontera entre Estados Unidos y México. Esto incluye el
despliegue de aviones Drone sin piloto como los utilizados
en Afganistán y Pakistán, para llevar a cabo la vigilancia
contra los migrantes que cruzan la frontera.
Obama
como explicación a la firma de la ley de militarización
frente a las anteriores críticas a la ley SB 1070 dijo:
"He sido muy claro. Creo que la ley de Arizona fue un
error. Y mi Departamento de Justicia está analizando muy
detalladamente la naturaleza de dicha ley. Pero comprendo
las frustraciones de esa gente de Arizona. El hecho es que
durante décadas pasamos hablando sobre la solución de
problemas en la frontera y no los solucionamos. La verdad es
que tenemos centenares de miles de trabajadores
indocumentados que vienen del otro lado de la frontera y eso
tensiona a la gente".
El
presidente Obama ha demostrado un permanente ostracismo
frente a la ejecución de una ley integral que flexibilice
las acciones contra los inmigrantes y que plantee una
reforma que garantice derechos laborales y derechos de
legalización a los indocumentados. Su silencio respecto a
cualquier vía de regularización no hace sino poner de
relieve que la legislación de la frontera forma parte de un
giro a la derecha del gobierno, en el periodo previo a las
elecciones de noviembre de 2010. El Partido Demócrata se
prepara para competir con los Republicanos en convertir a
los emigrantes en chivos expiatorios vanagloriándose de su
récord de persecución policial e incremento de las
deportaciones.
En
ese mismo contexto la secretaria de Seguridad Nacional de
Obama, Janet Napolitano, compareció recientemente en la
Casa Blanca para elogiar la nueva legislación sobre la
frontera por proporcionar "recursos permanentes"
para hacer cumplir la ley y calificó esta campaña de
"cuestión de seguridad nacional". Mientras que
Napolitano hacía una breve referencia a la "reforma de
la inmigración" no indicaba un calendario para la
promulgación de dicha legislación y afirmaba que la cuestión
estaba "en manos del Congreso".
En
otras palabras, habiendo incumplido su promesa electoral de
presionar por una reforma legal en materia de migración
durante su primer año de gobierno, la Casa Blanca de Obama
está dejando claro que no hará nada para llevar adelante
la normalización del estatuto de los indocumentados. En
lugar de ello, cada vez se aproxima más a las posiciones de
la derecha republicana en materia migratoria, la cual
desarrolla notables campañas de opinión pública en las
cuales responsabiliza a los inmigrantes del aumento de la
criminalidad, de la desaparición de empleos y de las
amenazas a la seguridad nacional.
Los
miedos de Obama en aplicar sus compromisos electorales en
esta materia, son la consecuencia sin duda de que según las
encuestas desarrolladas por los medios de comunicación
estadounidenses, en términos generales la sociedad
norteamericana es favorable a las lógicas implementadas en
la nueva ley de Arizona. El 73% de los encuestados dice que
se debe exigir a las personas portar documentos para
verificar su situación legal. De igual manera, 67% aprueba
que se permita a la policía que detengan a cualquier
persona que no pueda comprobar su situación jurídica,
mientras que el 62% aprueba el permitir que la policía
indague a las personas que piensan que pueden ser
indocumentadas.
La
Reforma de Salud. ¿éxito o fracaso político?
Ya
en los noventa, el ex presidente Bill Clinton intentó
llevar adelante una reforma del régimen de salud, con la
implementación de la cobertura sanitaria universal. Se
trataba de una reforma de las mismas características que
ahora propuso Obama y que generó la resistencia de grupos
económicos y del Partido Republicano, que siempre han
obstaculizado cualquier intento de intervención del Estado
en esta materia.
Obama
se jugó su mayor carta política con la reforma sanitaria
frente a un descenso significativo de su popularidad, aún
hoy transcurridos ya algunos meses de la aprobación de esta
ley, el tema sigue siendo de gran importancia en la agenda
electoral para las próximas elecciones de noviembre de
2010.
Aunque
el proyecto inicial del presidente Obama pretendía crear un
sistema de salud público que competiría con el privado, la
polarización que generó la reforma entre la propia población
estadounidense, sumado a la presión de las compañías
aseguradoras que veían como podrían ser perjudicados sus
negocios, y las movilizaciones que llevaron adelante
movimientos ultra conservadores como Tea Party, lograron que
se adoptaran importantes cambios en la ley que han sido
interpretados de muy diferentes maneras por los analistas
políticos y los expertos en la materia. El sistema se
mantuvo finalmente en manos de empresas privadas, aunque con
mayor injerencia y control del Estado.
La
reforma sanitaria impulsada por Obama incluye las siguientes
líneas de acción:
–
Nuevas y más estrictas reglas para las aseguradoras: La
propuesta prohíbe a las empresas de seguros negar cobertura
a personas con enfermedades, dejar fuera a personas cuando
enferman o limitar la cobertura de por vida, al igual que
restringe la aplicación de límites anuales.
–
No habrá "opción pública": Tras una disputa política
que duró todo un año, los aliados demócratas de Obama
optaron por no incluir un programa apoyado por el gobierno
que competiría con las aseguradoras privadas, que los
analistas y sus defensores de la propuesta inicial de Obama
pensaban que era la mejor manera de reducir los costos.
–
Nuevos mercados de seguros: En lugar de la "opción pública"
la propuesta crea nuevos mercados estatales donde los
ciudadanos estadounidenses sin cobertura de salud pagada por
el empleador pueden adquirir una.
–
Requerimientos, subsidios: Por primera vez en la historia de
EEUU la mayoría de sus ciudadanos deberán comprar un
seguro de salud o enfrentar multas, y las empresas más
grandes están expuestas a sanciones si no ofrecen
cobertura.
–
Beneficios en medicamentos para los ancianos: El proyecto
ofrece una devolución para los ancianos que quedan fuera
del pago de medicamentos previsto en el programa Medicare.
Según
datos de los medios de comunicación estadounidenses, el 58%
de la población cree que la reforma de salud les favorece
mientras que un 36% piensa lo contrario. De manera paradójica,
estas encuestas reflejan a su vez que el 51% de la población
cree que la ley será perjudicial para el Estado, mientras
que un 38% cree que la ley es favorable para el país.
Un
dato importante es que la clase política se opone al
impulso de la ley; lo que permite visualizar que gran parte
del establishment político "gringo" está ligado
al manejo de corporaciones que administran sistemas de salud
privados. Adicionalmente se debe tener en cuenta que una
porción significativa del bloque parlamentario demócrata
responden a tendencias sumamente conservadoras, y además
han quedado hipotecados por el financiamiento de privados en
sus campañas electorales; el tema de la "opción pública"
fue condicionado directamente por un sector muy importante
de los demócratas, lo que impidió que se aprobase esta
condición.
Estado
de los escaños de cara a las elecciones de noviembre
El
Senado actual está compuesto por 59 demócratas y 41
republicanos. De esos, 44 escaños parecen estar asegurados
para los demócratas y 35 lo estarían de igual manera para
los republicanos. De los 21 que se estiman en disputa, hay 4
en los que el electorado se inclina a favor de los
candidatos del Partido Demócrata y 9 en los que se inclina
hacia los candidatos del Partido Republicano. Esta situación
definiría que habría 48 senadores demócratas y 44
senadores republicanos. Los 8 restantes aparecen con empate
técnico en las encuestas de sus respectivos estados. Si los
demócratas pierden 7 de ellos, los republicanos quedarían
con una mayoría de 51–49.
Por
otro lado, el Congreso está conformado en la actualidad por
255 demócratas, 178 republicanos y 2 vacantes. En las
elecciones de noviembre los demócratas tendrían 144
representantes asegurados y los republicanos 163. Ahora
bien, el electorado se inclina hacia los demócratas en el
caso de 51 representantes adicionales y hacia los
republicanos en el caso de otros 43 representantes, con lo
que quedarían 194 demócratas y 206 republicanos. Los 35
restantes se encuentran empatados en las encuestas. Si los
demócratas pierden 12 o más escaños de esos 35, los
republicanos se quedarían con la mayoría en el Congreso.
En
el caso de las gobernaciones, actualmente hay 26
gobernadores demócratas y 24 republicanos. Siguiendo con el
análisis de encuestas desarrollado anteriormente, 8 parecerían
seguros en manos de los demócratas, mientras que 15 lo
estarían para los republicanos. Hay 7 gobernaciones en las
que el electorado se inclina hacia los demócratas y 11 por
los que inclinan hacia los republicanos, con lo que quedarían
15 gobernaciones demócratas y 26 republicanas. Las 9
gobernaciones restantes están con empate técnico según
las encuestas.
A
menos de una semana de las elecciones del 2 de noviembre, el
panorama luce oscuro para el Partido Demócrata.
El
desencanto de los ciudadanos estadounidenses
El
desencanto con el gobierno y los políticos ha crecido a
niveles sin precedente en los EEUU; crecen la incertidumbre
y el pesimismo, así como la desconfianza hacia la Casa
Blanca. El fruto de esta frustración social lo recogen
sectores conservadores de perfil antisistémico.
El
sentimiento antigubernamental se ha incrementado entre la
sociedad, según encuestas realizadas en el mes de abril, sólo
el 22% dice confiar plenamente en el gobierno (sondeos del
Pew Research Center).
Una
vez más y siguiendo datos de la prensa estadounidense, se
han duplicado numéricamente los segmentos de la sociedad
que dicen estar muy enojados con el gobierno federal: de 10
por ciento en 2000 a 21 por ciento hoy. El 30 por ciento de
los estadounidenses dicen sentir que el gobierno es una
amenaza para su libertad personal.
Esta
situación ha dado pie a construcción del llamado
movimiento Tea Party, expresión ultraconservadora que surgió
hace algo más de un año en protesta por el proyecto de estímulo
económico y que creció en visibilidad en la campaña
contra la reforma de salud impulsada por el gobierno de
Barack Obama. Son considerados como el sector más activo
del conservadurismo estadounidense, y tienen como finalidad
no sólo obstaculizar las propuestas de Obama, sino también
de atacar a políticos republicanos considerados no
suficientemente conservadores.
Encuestas
recientes del New York Times/CBS News, revelaron que 18 por
ciento de los estadounidenses se identifican como
simpatizantes del Tea Party; este movimiento político podría
arrebatarle a los demócratas los estados de Illinois,
Carolina del Norte y Virginia Occidental en las próximas
elecciones.
Para
analistas como Noam Chomsky, la situación "es muy
similar a la Alemania Weimar, los paralelismos son notables
(...) de igual manera existe un desilusión tremenda con el
sistema parlamentario...". Según Chomsky,
"Estados Unidos tiene mucha suerte en que no ha surgido
una figura honesta y carismática, ya que si eso sucediera,
este país estaría en verdaderos apuros por la frustración,
desilusión y la ira justificada y la ausencia de una
respuesta coherente".
(*)
Sociólogo y periodista, es uno de los fundadores deL
peridico Diagonal de Madrid.
