En todo el mundo, los ricos
casi no emigran, casi no integran los ejércitos que mandan
a sus guerras y que luego llenan de honores y aplausos, y
maldicen al Estado que les chupa la sangre. Cuando las
economías van bien, exigen recortes de impuestos para
sostener la prosperidad y cuando las cosas van mal exigen
que el maldito Estado los rescate de la catástrofe (con
dinero de los impuestos, está de más decir).
Desde la crisis financiera de 2008, la
mayor preocupación de la clase media norteamericana ha sido
el desempleo y el déficit, ambas herencias del gobierno
republicano de George Bush.
Dentro de este partido, el Tea Party ha
surgido con una fuerza que le ha permitido dominar su retórica
pero tal vez sea su propia ruina en las próximas
elecciones, que en principio se les presentan favorables. Su
bandera es la ideología Reagan–Thatcher y la ortodoxia de
oponerse a cualquier incremento en los impuestos. Aseguran
que no se puede penalizar a los exitosos, los ricos, con
impuestos, porque son los ricos quienes crean los puestos de
trabajo cuando la riqueza comienza a derramarse desde
arriba.
En un debate de 2008, Obama comentó
que los partidarios de esta teoría (más bien, ideología)
con la crisis habían descubierto que cuando se espera que
la riqueza gotee de arriba el dolor comienza a subir desde
abajo.
Los datos actuales (para no ir lejos)
contradicen la teoría del “trickle–down” llevada a
sus extremos por el último gobierno republicano, ya que (1)
la capacidad de la avaricia de los “de arriba” es
ilimitada, sino infinita, y (2) el desempleo no ha bajado en
los últimos años, sino lo contrario.
Aunque en el país ya no se destruyen
700.000 empleos por mes como hace un par de años, la creación
de nuevos puestos sigue siendo débil (entre 15.000 y
250.000 por mes; un ritmo saludable para bajar el 9.2 por
ciento de desempleo debería ser de 300.000 nuevos puestos
por mes).
Por otro lado, en el último año la
productividad ha crecido en proporciones muchos mayores y,
sobre todo, los beneficios de las grandes compañías. Cada
semana se pueden leer en los diarios especializados los
resultados de una gigante financiera, industrial o de
servicios que han incrementado sus ganancias en 30, 50 o 60
por ciento, como algo normal y rutinario.
Cualquiera de estos porcentajes
significan varios billones de dólares. Incluyendo las antes
desahuciadas automotoras de Detroit. Sin entrar en detalles
de cómo la clase media, Estado mediante, financió el
rescate de todos esos gigantes, sin elección y bajo amenaza
de que algo peor podía haber seguido.
Desde los ´80, la riqueza arriba se
sigue acumulando y el desempleo abajo continúa desde el
2009 en niveles históricos. Estudios han mostrado que esta
diferencia entre ricos y pobres (Bureau of Economic
Analysis), una característica latinomericana, ha crecido
bajo esta ideología del trickle–down.
Mucho antes de la crisis de 2008,
cuando todavía existía un superávit heredado de la
administración Clinton, los republicanos lograron reducir
los impuestos sobre los sectores más ricos, entre ellos las
petroleras. Este período de gracia vencía este año y fue
extendido por el propio Obama bajo presión republicana,
poco después de que los Demócratas perdieran el control de
la cámara baja. Entonces, el presidente Obama fue
fuertemente criticado por su propio partido por dar más
concesiones a los Republicanos que exigir de ellos algo a
cambio.
No obstante, en las últimas semanas
las posiciones se han polarizado. En una de las últimas
reuniones con los republicanos, Obama, el que nunca pierde
el equilibrio, se levantó abruptamente amenazando: “no me
prueben”.
Ante las negociaciones para incrementar
el techo de endeudamiento (práctica normal en Estados
Unidos y en muchos otros países; sólo en la administración
Bush se votó siete veces la misma medida) los republicanos
continúan procurando suspender y eliminar varios programas
de asistencia social y negándose radicalmente a subir los
impuestos a los más ricos (en muchos casos, billonarios).
Por el otro, los demócratas y el
presidente Obama se resisten a reducir los servicios
sociales y en contrapartida exigen incrementar los impuestos
a los más ricos.
He escuchado a unos pocos millonarios
preguntándose por qué ellos no pagaban más impuestos
cuando son ellos, precisamente, los que más posibilidades
tienen de aportar cuando el país necesita. Cuando el país
de mitad para abajo lo necesita, habría que aclarar.
Pero aparentemente no son estos
millonarios los que hacen lobbies presionando en los
congresos de los países.
De cualquier forma, y a pesar de toda
esta mise–en–scène republicana, no tengo dudas de que
antes del 2 de agosto el parlamento votará una nueva alza
del techo de endeudamiento.
¿Por qué? simplemente porque le
conviene a los dioses inversores de Wall Street. No porque
haya trabajadores sin empleos o soldados sin piernas
esperando por la caridad del Estado que los mandó al frente
a cambio de un discurso y unas pocas medallas.
(*) Jorge Majfud es profesor en
Jacksonville University, EEUU.
Estamos
asistiendo a una implacable
guerra de clases desde arriba
Desigual batalla en Estados Unidos
Uno nunca puede tener demasiado
dinero. En los EE.UU., el uno por ciento de la población
recauda casi un cuarto del ingreso nacional y goza de un 40
por ciento de la riqueza. Para esa clase, el problema es que
con eso no basta.
Para los trabajadores comunes, la
recesión sólo trajo dificultades económicas. Sin embargo,
para las corporaciones norteamericanas, significó otra
cosa: una oportunidad. Para ellas, fue la oportunidad de
moldear de forma permanente la economía en algo que se
aproxima al modelo del tercer mundo: una enorme riqueza y
privilegios para los más ricos y desempleo, caída de los
salarios y servicios sociales inadecuados o inexistentes
para el resto de la sociedad.
Aunque la recesión terminó hace dos años,
más de nueve por ciento de la población aún está
desempleada. Si tomamos en cuenta a los trabajadores
desalentados y a los trabajadores a tiempo parcial que
desean un puesto a tiempo completo, casi una sexta parte de
la fuerza laboral está subempleada. Para las personas de
ascendencia africana, la situación es aún más grave, con
una tasa de desempleo que se acerca al doble. Sin embargo,
los legisladores no han pensado siquiera en un programa de
empleo.
En cambio, la tendencia ha sido a la
reducción en los beneficios en un momento de mayor
necesidad, al mismo tiempo que se exigen más recortes de
impuestos para los ricos. Los déficits creados por el
gobierno de George W. Bush y el presidente Barack Obama le
han dado a la derecha un garrote para imponer su voluntad y
disciplinar a los trabajadores. El presidente Obama no
hubiera necesitado los votos del Congreso si hubiera estado
dispuesto a dejar expirar simplemente los recortes fiscales
de Bush. Al insistir en una imposible continuación parcial
de esos recortes, Obama se aseguró de que la totalidad del
paquete siguiera en vigor.
En un momento en que la recesión ha
provocado una caída en los ingresos fiscales, privando al
gobierno de los fondos cuando más se necesitan, a la
población se le está cobrando peaje para acceder al
bienestar, y se ha abierto la puerta para el recorte de los
beneficios. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso,
la continuación de los recortes fiscales de Bush hasta el año
2020 agregará $3,300 billones ($3,300,000,000,000,000) a la
deuda nacional. Este es dinero podría ser utilizado en la
prestación de muy necesarios servicios sociales y en poner
en marcha un programa de empleo real, asumiendo, por
supuesto, que existiera la voluntad política de hacerlo –
cosa que ha estado notablemente ausente.
Añadamos el hecho de que las guerras
en Irak y Afganistán de la Administración Bush están
costando la friolera de $1,2 billones, principalmente de
fondos prestados. Consideremos también que con los costes
asociados, el precio total de las guerras de Irak y Afganistán
se elevaron a por lo menos $3,2 billones, según el proyecto
Cost of War. Y esas guerras continúan devorando recursos;
pero, como si eso no fuera suficiente, ahora el presidente
Obama ha añadido una tercera guerra, la de Libia. No hay
final a la vista al aventurerismo militar, y el presupuesto
de defensa sigue siendo intocable. Este departamento
permanece inmune ante todos los discursos de recortes
presupuestarios. De hecho, la Cámara de Representantes votó
recientemente para aumentar el ya inflado presupuesto de
defensa en $ 17 mil millones.
Lo que tenemos en lugar de una política
fiscal responsable y progresiva o el recorte del presupuesto
de defensa es el constante bombardeo de mensajes de pánico
por la deuda, con grandes exigencias de la necesidad de
recortar los servicios sociales, reducir las pensiones y el
salario y, por extraño que parezca, ofrecer reducciones de
impuestos para los ricos. Este pánico de la deuda se ha
convertido en el argumento de todos los ataques contra los
trabajadores. Se está librando una guerra de clases, y al
sentirse cerca de la victoria, la clase dominante no está
dispuesta a tomar prisioneros.
Las políticas actuales ya marginan de
la recuperación económica a los trabajadores. En el
transcurso de los dos años de la recuperación, los
salarios de los trabajadores siguen esencialmente estáticos,
mostrando, de hecho, una ligera disminución. Mientras
tanto, la remuneración promedio de los CEOs se disparó un
27 por ciento sólo en 2010, llegando a unos simpáticos $ 9
millones. Las ganancias corporativas antes de impuestos
fueron aún mejores, con un crecimiento de casi 37 por
ciento en 2010 y mantienen su ritmo de nueve por ciento de
crecimiento adicional en el primer trimestre de 2011. De
hecho, tan unilateral ha sido la recuperación que los
beneficios empresariales representan hoy el 92 por ciento
del crecimiento de la renta nacional desde el inicio de la
recuperación.
Estos son tiempos de auge para las
corporaciones. Y en gran medida, esto se ha logrado a costa
de sus trabajadores. Cuando los trabajadores son despedidos,
los que permanecen en el trabajo deben asumir la carga
adicional. Después de eliminar millones de empleos durante
la recesión, el mundo empresarial siguió reacio a
contratar trabajadores a tiempo completo durante la
recuperación. La mitad de los nuevos empleos creados están
en las agencias de ayuda temporal, y muchos de los nuevos
puestos de tiempo completo carecen de beneficios. Más del
90 por ciento de crecimiento de la producción se ha debido
al aumento de la productividad. Los trabajadores que todavía
tienen la suerte de tener un puesto de trabajo están
obligados a trabajar más, a poner más horas
y a asumir más tareas sin ningún tipo de pago adicional.
En términos sencillos, la explotación en el trabajo es
cada vez mayor.
Los trabajadores están
comprensiblemente temerosos. Con una tasa de desempleo tan
alta, y con los millones de desempleados para los que es difícil
o imposible encontrar otro trabajo, nadie está dispuesto a
arriesgarse. Las circunstancias hacen que los trabajadores
sientan que tienen que soportar cualquier condición que sus
gerentes opten por imponer. El actual clima de miedo ha
eliminado la acción sindical. Sin duda, esta es una
continuación de una tendencia de larga data. Durante la década
de 1970, miles de trabajadores participaron en un promedio
de 269 paros laborales por año. Bajo el ataque de Reagan de
los años ochenta, el promedio se redujo a 69 por año, y
luego a 34 por año en la década de los noventa. Pero
incluso estas cifras han sido ampliamente superadas en los
últimos tres años. En 2009, hubo sólo cinco paros
importantes, de lejos el total más bajo desde que
comenzaron los registros en 1947. El año pasado hubo sólo
once huelgas y, al ritmo de lo que va del 2011, no se
alcanzará ni siquiera esa cifra. La recesión ha producido
un sueño hecho realidad para el mundo empresarial, con una
plantilla que está esencialmente de–sindicalizada.
Pero a pesar de las medidas de
aceleración, los recortes de beneficios y la baja de los
salarios, las empresas de EE.UU. siguen exportando empleos
al extranjero. ¿Por qué pagar un trabajador estadounidense
$ 8 la hora, cuando se puede conseguir a alguien en
Indonesia, por ejemplo, que haga el mismo trabajo por 50
centavos la hora? En la década previa a 2009, las
corporaciones multinacionales estadounidenses recortaron 2,9
millones de empleos. Al mismo tiempo, se añadió 2,4
millones de empleados en el extranjero. Esta cifra
representa solamente la contratación directa y no toma en
cuenta la subcontratación de empresas extranjeras, que
suele ser el medio utilizado para mover una fabricación a
talleres clandestinos (sweatshops).
Entonces, ¿qué conclusión se puede
extraer de todo esto? Si usted escucha a los expertos y a
los políticos, la necesidad urgente ahora es acabar con los
“privilegios” de los trabajadores del gobierno. Destruir
los sindicatos de empleados del gobierno, reducir las
pensiones o eliminarlas por completo, reducir los sueldos y
despedir trabajadores. Tiempos económicos difíciles exigen
sacrificio compartido. Al escucharlos esto, se podría
pensar que el pueblo estadounidense está pidiendo a gritos
el fin de los beneficios decentes para todos los
trabajadores: todos debemos que compartir el dolor. El
presidente Obama ya congeló los salarios de los empleados
federales por durante dos años – en la práctica, la
aplicación de un recorte salarial. Y él fue citado
recientemente diciendo: “En el sector público, lo cierto
es que algunos de los planes de pensiones y los beneficios
de salud que han estado en vigor están tan fuera de
proporción con lo que está sucediendo en el sector privado
que una gran cantidad de contribuyentes comienzan a sentir
resentimiento... Lo que esto significa es, es que todos
nosotros vamos a tener que hacer algunos ajustes”. Es
decir, todos menos los ricos, que pueden seguir la fiesta.
La filosofía de la derecha es
profundamente anti–gobierno. A sus ojos, la única función
propia del gobierno es servir a los ricos e idear nuevas
formas de permitirles enriquecerse aún más. Y para ello,
hacen incesantes esfuerzos para convencer al resto de
nosotros de que todas las funciones gubernamentales son
esencialmente ilegítimas y deben ser reducidas o abolidas.
La única otra tarea urgente del momento es cómo ofrecer más
recortes de impuestos para las corporaciones, a pesar de que
dos tercios de las empresas ahora no pagan nada por concepto
de impuesto a la renta federal, y la mayoría de las compañías
Fortune 500 pagan un menor porcentaje en impuestos federales
sobre sus ingresos que los trabajadores ordinarios.
Se nos dice que lo único que impide la
creación de empleo son los impuestos excesivos. El refrán
es que debemos liberar el poder del mercado reduciendo los
impuestos a las corporaciones. Sin embargo, estas mismas
corporaciones ya están sentadas sobre una pila de $ 1,9
billones de dólares de reservas en efectivo, a las que se
aferran como una cobertura contra la inseguridad económica.
La adición de otro billón más o menos a esta pila no las
va a animar a construir nuevas planta de fabricación para
aumentar la producción cuando los consumidores están
siendo golpeados con tanta fuerza que no hay suficientes
compradores para los productos que ya están en el mercado.
La premisa de la creación de empleo, por supuesto, es una
cortina de humo para conseguir la aceptación pública de
canalizar aún más dinero hacia los bolsillos de los ricos.
Es desalentador oír al presidente Obama repitiendo estos
mitos, como en un comentario que hizo a finales de junio de
que “tiene sentido” considerar “otros incentivos
fiscales para la inversión empresarial que podrían marcar
una gran diferencia en cuanto a la creación de más puestos
de trabajo”.
Uno de los planes más prominentes es
el de una amnistía a la repatriación del impuesto a las
corporaciones. Hoy en día, las multinacionales
estadounidenses no pagan impuestos federales sobre el dinero
ganado en el extranjero hasta que – y sólo si – dicho
dinero es repatriado a los EE.UU. Muchas tienen establecidas
sedes ficticias en lugares como las Bermudas, y los fondos
son desviados a través de subsidiarias en el extranjero,
todo con el fin de eludir las leyes fiscales. Cisco Systems,
por ejemplo, redujo sus impuestos en $ 7 mil millones al
registrar casi la mitad de sus ganancias en una pequeña
filial en Suiza.
Grupos de presión empresariales están
ganando considerable apoyo para la propuesta de amnistía
fiscal entre senadores y congresistas. En lugar de pagar una
tasa máxima del 35 por ciento, la exoneración temporal de
impuestos permitiría a las empresas transferir esos fondos
a los EE.UU. a una tasa máxima de poco más de cinco por
ciento. Este plan, se nos dice, podría generar $ 1,000
billones y así fomentar la inversión y la creación de
empleo. El único problema es que esta propuesta se ha
intentado antes, cuando se impuso una amnistía dos años al
impuesto por la repatriación concedida en 2004 para el
mismo objetivo. En esa ocasión, las multinacionales
estadounidenses aprovecharon la oportunidad para transferir
$ 400 mil millones a los EE.UU., y utilizaron ese dinero
para pagar deudas, ofrecer dividendos a los accionistas, y
dar bonificaciones a los directivos, en fin, todo excepto la
creación de puestos de trabajo. Es improbable que una
repetición produzca un resultado diferente. De hecho, la
aprobación de dicho plan sería una señal más para las
empresas de que deben exportar una mayor parte de su
producción al extranjero, ya que solo tendrían que esperar
otra ocasión para disfrutar de la siguiente amnistía de
impuestos y pagar menos impuestos de lo que tendrían que
pagar si mantienen sus plantas en los EE.UU.
La recesión redujo drásticamente los
ingresos fiscales para los gobiernos estatales en todo el
territorio, pero con 29 gobernadores republicanos a la
cabeza, las deficiencias han otorgado una oportunidad para
atacar a los trabajadores en el ámbito estatal e introducir
recortes en los servicios sociales en casi todos los
estados.
En Nueva Jersey, por ejemplo, el
gobernador Chris Christie eliminó los fondos para
planificación familiar, redujo la asistencia médica para
la atención domiciliaria y residencias de ancianos, acabó
con la financiación de los programas legales de la
Universidad de Rutgers que ayuda a los pobres, y en recortó
en 40 por ciento la financiación de servicios legales para
los necesitados. No le dio dinero al programa de Zona
Empresarial Urbana, que había sido diseñado para fomentar
el desarrollo económico en los barrios pobres. También
retiró el financiamiento de programas después de la
escuela, mientras que los cambios a las reglas de
elegibilidad causarían que más de 50.000 personas pobres
pierdan el acceso a la cobertura de salud.
Estos recortes se considera necesarios
en razón de los inadecuados ingresos estadales, pero al
mismo tiempo, Christie concedió las empresas $ 180 millones
en recortes de impuestos.
La Corte Suprema de Nueva Jersey revocó
los recortes a la educación de Christie por $ 1,000
millones el año pasado, ordenando que el estado gaste la
mitad de esa cantidad en sus escuelas más pobres en el año
fiscal en curso. Sin embargo, Christie considera esto sólo
un revés momentáneo. Irremisiblemente hostil a la concepción
de la educación pública, Christie prevé la completa
privatización de la educación en su estado, y para ayudar
a impulsar los esfuerzos en esa dirección, nombró
Comisionado de Educación a Christopher Cerf, ex presidente
de Edison Schools Incorporated,. La sustitución de la
educación pública con un sistema de bonos ha estado
durante mucho tiempo en la agenda de la derecha. Los ricos,
que envían a sus hijos a escuelas privadas, resienten tener
que pagar impuestos para apoyar la educación pública. Con
su rechazo narcisista del concepto de bien público, sólo
se preocupan de sus propios intereses personales. A sus
ojos, las bellezas del sistema de cupones son múltiples.
Las familias pobres no serían capaces de pagar la
diferencia de los montos de los cupones, con el resultado de
que sus hijos estarían condenados a asistir las escuelas de
menos fondos. La “chusma”, en otras palabras, estaría
fuera de la vista. Por otro lado, sin embargo, los ricos
pagarían menos de lo que
pagan actualmente a las escuelas privadas, por el
monto del vale. Y lo mejor de todo en la mentalidad de libre
mercado, sería la eliminación de los sindicatos de
maestros de escuela y la oportunidad para las empresas
privadas de manejar las escuelas, donde la calidad de la
educación estaría en un distante segundo lugar después
del afán de lucro.
Para poner otro ejemplo, el gobernador
de Ohio John Kasich ha desempeñado un papel especialmente
destacado en el ataque a los trabajadores. Incluso antes de
asumir el cargo, anunció que iba a matar al incipiente
programa para llevar el muy necesario servicio de tren para
unir las ciudades de Cincinnati, Columbus y Cleveland, donde
la mayor base poblacional carece de dicho servicio. El
servicio de tren que iba a llevar finalmente al ferrocarril
de alta velocidad resultó impopular con el nuevo
gobernador, ya que sería de propiedad pública.
A pesar de las persistentes
manifestaciones en oposición, Kasich logró fácilmente la
aprobación de un proyecto de ley que elimina los derechos
de negociación colectiva para los trabajadores estatales.
Mediante esfuerzos decididos por el movimiento obrero, se
reunieron 1,300,000 firmas para una iniciativa de ley para
derogar la ley, y el resultado de esa batalla aún está por
verse. Aunque los resultados de la encuesta son inicialmente
alentadores, las grandes sumas de dinero en publicidad que
seguramente se dedicarán a la campaña convencerán a los
votantes a rechazar la medida.
En su primera conferencia de prensa
tras la victoria electoral, Kasich prometió aplicar un
recorte de impuestos de cuatro por ciento. Al asumir el
cargo, proclamó que hay que reducir los servicios sociales
porque no había suficiente dinero en las arcas del Estado.
En el presupuesto estatal recientemente aprobado, Kasich
cumplió su promesa de aplicar la reducción fiscal. En el
presupuesto, se redujo el apoyo a los gobiernos locales por
$ 630 millones, lo que sin duda se traducirá en un efecto
adverso en los servicios sociales locales. Cinco prisiones
serán privatizadas, y hay planes de privatizar la autopista
de peaje de Ohio, con lo que se espera que se aumente
fuertemente las tarifas a los usuarios. Los distintos
condados se están otorgando la capacidad de vender
edificios de
propiedad de los gobiernos locales, para luego arrendarlos
de los nuevos propietarios, como una especie de regalo para
los intereses de los ricos. También se incluye en el
presupuesto un plan para ayudar a las pequeñas empresas,
que se espera que reduzca los ingresos del Estado en $ 100
millones cada dos años. También está programada la
eliminación del impuesto al patrimonio a partir de 2013, lo
que reduciría los ingresos para los gobiernos locales en $
250 millones al año. Y en otro regalo a los intereses
corporativos, el presupuesto de Kasich prohíbe las ciudades
intentar regular el uso de grasas trans en las comidas en
restaurantes.
No se equivoquen. Lo peor aún está
por venir. La Cámara de Representantes en manos de los
republicanos, continuará empujando al presidente Obama
hacia la derecha. Y está claro en qué dirección irán las
elecciones de 2012. Cabe señalar que muchos trabajadores,
preocupados por el desempleo y la disminución de los
niveles de vida, están expresando su voluntad de votar una
candidatura republicana, con la ilusión de que una victoria
republicana beneficiará a los trabajadores. Las
corporaciones están planeando inundar la próxima temporada
de campaña con publicidad política, y en una cultura donde
la mayoría de personas depende de la televisión para su
visión del mundo, este tipo de publicidad tiene un efecto.
Los grupos de presión empresariales
están sitiando Washington, todos empujando las mismas
propuestas. Y los think tanks de derecha están operando en
sobremarcha, produciendo una cantidad alarmante
recomendaciones de política que reciben mucha atención en
el Capitolio. Estos esfuerzos determinan, en gran medida,
los límites del discurso y las cuestiones que se consideren
dignos de atención. Como resultado, las preocupaciones de
los trabajadores quedan fuera del espacio de debate, manteniéndose
sobre la mesa sólo la agenda de las corporaciones.
No hay mucha variación en las políticas
por las que abogan que los cabilderos corporativos y los
grupos de reflexión de derecha. Dondequiera que uno mire,
se observa el mismo conjunto de recomendaciones. Así, es
suficiente considerar un solo ejemplo, el del Cato
Institute, como típico de la naturaleza de las propuestas
para reducir el tamaño del gobierno federal.
El seguro de desempleo, afirma Cato,
distorsiona la economía y debe ser reformado. En un momento
en que millones de estadounidenses son incapaces de
encontrar trabajo, Cato quiere reemplazar el seguro de
desempleo con un sistema de ahorro personal. Según Cato, el
seguro de desempleo causa desempleo, ya todas esas personas
que reciben los pagos, que son insuficientes para cubrir sus
gastos, están disfrutando de la experiencia, y optan por no
buscar trabajo. Los trabajos están por ahí, dice, para
quienes se molestan en buscarlos. Esto es tan
extraordinariamente disparatado que desafía la comprensión.
Los trabajadores sólo deben ahorrar para cubrir los
posibles períodos de desempleo, recomienda Cato. No importa
si la mayoría de trabajadores gana apenas lo suficiente
para pagar sus cuentas, y que los jóvenes trabajadores que
pierden sus puestos de trabajo no hayan tenido mucho tiempo
para ahorrar. Otra alternativa sugerida por Cato es poner
toda la operación al nivel de los estados, lo que les
permitiría a los estados “ser libres para pasar a un
sistema más orientado al mercado”, y “derogar las leyes
que impiden a las compañías de seguros ofrecer pólizas
privadas de seguro de desempleo”. Aquí llegamos al meollo
de la recomendación del Cato Institute: bajo el sistema
actual, las empresas privadas no tienen vela en ese velorio.
¿De qué sirve el seguro de desempleo si las corporaciones
no pueden beneficiarse directamente de él?
No es sorprendente que el Departamento
de Trabajo atraiga la ira de Cato. Los servicios de empleo y
de formación deben ser eliminados, porque “no cumplen con
ninguna necesidad crítica que los mercados privados no
satisfagan”. El Congreso “debe reducir el tamaño de las
actividades de reglamentación del Departamento de
Trabajo”. Cato luego se queja de que “la Administración
de Seguridad y Salud, la División de Horas y Salarios, y
otras agencias imponen una densa red de normas relativas a
los empleadores de Estados Unidos. El tema principal no es
el costo del presupuesto federal de estos organismos, sino
el “daño a
la economía causado por reglamentos innecesarios, tales
como el salario mínimo federal”.
Desde el punto de vista de las corporaciones, es el
momento de deshacerse de las molestas normas que ayudan a
proteger a los trabajadores de condiciones inseguras, y de
eliminar cualquier limitación a la capacidad de las
empresas de reducir los salarios. Estas “normas
innecesarias” se interponen con la capacidad de las
empresas de aumentar sus ingresos.
La lectura de la filosofía de Cato en
cuanto a los sindicatos es una experiencia alucinante. Es
difícil creer que incluso los gerentes corporativos puedan
tomar esto literalmente, y que estén tan agudamente
conscientes de sus intereses de clase, y tan en desacuerdo
con los intereses de clase de los trabajadores. Tal vez las
declaraciones de posición de Cato están destinados a
convencer a aquellos trabajadores que no tienen conciencia
de clase de actuar contra sus propios intereses. “Las
principales intervenciones federales a favor de la
sindicalización”, tales como la National Labor Relations
Act de 1935, razona Cato, “se basan en la falsa idea de
que la gestión empresarial y el trabajo son enemigos
naturales. De hecho, tanto la patronal como la laboral son
empleadas por los consumidores al producir bienes y
servicios, y por lo tanto no tiene sentido suponer que haya
una gran diferencia entre estos grupos”. Hay que estar
fuera de contacto con la realidad para hacer una afirmación
tan descabellada en estos tiempos económicos difíciles.
Además, el objetivo de las empresas es producir ganancias,
y los bienes que producen son sólo el medio de hacerlo.
“Es importante que las autoridades
reexaminen las leyes sindicales y que deroguen aquellas
leyes que son perjudiciales para el crecimiento económico e
incompatibles con una sociedad libre”, sugiere amablemente
Cato. Y los legisladores están respondiendo a estas
propuestas, y se están realizando esfuerzos en varios
estados para prohibir que los sindicatos recaben membresías
a través de deducciones de nómina. Los trabajadores se verían
obligados a escribir un cheque a nombre del sindicato cada
mes. La intención es obvia: hacer más difícil que los
sindicatos perciban derechos, y así mutilar sus
operaciones. Los derechos de negociación colectiva de los
empleados estatales están bajo asedio en varios estados.
Las empresas no están contentas con sus ventajas, desde ya
desequilibradas. Están buscando la victoria total, por la
que los trabajadores se quedarían sin medios de defender
sus derechos.
Cato quiere que se deroguen todas las
leyes favorables a los trabajadores. Una de sus prioridades
es la eliminación de la prohibición a la contratación
libre de sindicalización. “Una regla que requeriría que
los trabajadores permanezcan libres de sindicatos como parte
de la descripción del trabajo”,
explica Cato, “y el trabajador es libre de aceptar
o rechazar la oferta de trabajo”. ¿Cuán libres seríamos,
en un mundo de libre mercado de ensueño, en el que el
resultado inevitable sería que casi todos los empleadores
impondrían el requisito de no afiliación como condición
de empleo. El trabajador tendría la libertad de elección:
o bien firma tal contrato o pasa hambre.
Entre las “reformas importantes”
que Cato insta al Congreso a aprobar están la eliminación
de la representación exclusiva, en otras palabras, la
autorización de la multiplicidad de sindicatos; la aprobación
de una ley de derecho al trabajo, que permitiría a las
empresas a contratar permanentemente a trabajadores de
reemplazo; y permitir a las empresas negarse a seguir
empleando a los representantes sindicales. A Cato también
le gustaría ver un proyecto de ley que permita los
sindicatos de empresas, ya que, como dice, “la prohibición
actual a la cooperación... no tiene sentido económico”.
Las recomendaciones de Cato para el
Departamento de Salud y Servicios Humanos no son menos
draconianas. “Medicare reduce la libertad individual”,
proclama el grupo de análisis. Cato resucita esa vieja y
cansada cantaleta de que Medicare es una “pirámide que le
permite a cada generación aprovecharse de la siguiente”.
Cato se pregunta por qué la gente joven tendría que
someterse a la imposición de tener que apoyar a los
ancianos. No importa que las personas mayores ya hayan
abonado al sistema. Una vez más, se evidencia la muy común
hostilidad sociopática de la derecha hacia el bien común.
“El Congreso debe reducir el gasto de Medicare”, exige
Cato, ya que “los ancianos son más prósperos que nunca
antes”. El Congreso debería poner fin a Medicare y
ofrecer a los jubilados un bono para adquirir un seguro de
salud. Esa es la solución de Cato. Después de todo, ¿cuál
es el beneficio de un programa del que las empresas no
pueden obtener ganancias? Cabría preguntarse, sin embargo,
cuántas compañías de seguros estarían dispuestas a
asegurar a una persona mayor, y si es así, ¿a qué precios
lo harían?
Cato alaba la reforma de los programas
de apoyo social de 1996 del presidente Clinton por haber
reducido en dos tercios la lista de personas elegibles. Pero
se puede hacer más. “El objetivo final de la reforma,”
Cato explica, “debe ser la eliminación de todo el sistema
de ingresos de bienestar para las personas en condiciones de
trabajar. Esto significa que la eliminación de no sólo los
cupones TANF, sino también los cupones alimentos, la
vivienda social y otros programas. Las personas que no están
dispuestas a mantenerse a sí mismas a través del
mercado de trabajo tendrían que depender del apoyo de la
familia, la iglesia, la comunidad o la caridad privada”.
Es el modelo perfecto del Tercer Mundo, esperando ser
importado a los EE.UU. Tal vez Cato no se ha dado cuenta,
pero el mercado laboral no ha funcionado tan bien para
emplear a personas dispuestas, incluso ansiosas, de
trabajar. Y no todos tienen parientes a los que puedan
recurrir, ni tampoco todas las familias a las que les va
bien económicamente pueden asumir cargas adicionales. Hay
que preguntarse cómo espera Cato que las organizaciones de
beneficencia y las iglesias asuman la tarea de mantener a
las millones de personas que lo necesitan. No hay
suficientes albergues para darles cabida a todos. Pero no
importa, porque “la caridad privada es superior a la
asistencia social del gobierno”. Y todavía hay un montón
de bancos en los parques donde se puede dormir, y puentes
bajo los cuales instalarse.
Cato guarda una especial hostilidad
para el Departamento de Transporte. “La Administración
Federal de Tránsito debe ser eliminada”, debido a su
apoyo al ferrocarril. La pérdida de los subsidios de tránsito
federales obligaría a los gobiernos locales a abrir “los
mercados de transporte a operadores privados”. El control
del tráfico aéreo debería ser “eliminado del
presupuesto federal” y las operaciones gestionadas por una
empresa privada. Amtrak también debería ser privatizada. Y
la Administración Federal de Carreteras debe ser eliminada,
lo que alentaría a los gobiernos estatales a “mirar hacia
el sector privado para ayudar en el financiamiento y operación
de carreteras”, incluyendo los peajes electrónicos, todo
ello con magníficas utilidades, naturalmente. Imagine una
vida en la que para conducir por las carreteras conllevara
repetidos cobros y donde el ferrocarril como un servicio de
transporte alternativo seguro, rápido y más amigable con
el medioambiente haya sido permanentemente eliminado… esa
es una pequeña muestra de algunas de las maravillas que nos
puede traer este libre mercado de ensueño.
Estos no son sólo algunos de los
conceptos descabellados, aunque ciertamente dan esa impresión.
Los grupos de presión y de análisis sienten que el momento
ha llegado, y están llevando a cabo estos objetivos con
abandono. Los gobiernos estatales ya se están avanzando
para poner en práctica algunos de estos objetivos políticos,
y los republicanos de la Cámara Baja han introducido una
serie de proyectos de ley en este sentido. De hecho, la
propuesta de Presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara,
Paul Ryan, refleja las recomendaciones de organismos como
Cato e incluye muchas de las mismas ideas. Mientras que la
propuesta de Ryan no tiene ninguna posibilidad de pasar a
ley sin cambios, lo cierto es que tarde o temprano, algunos
elementos encontrarán un espacio en la ley.
Los Republicanos de la Cámara proponen
que se privatice Amtrak. En efecto, eso significaría la
venta del corredor noreste a una empresa privada que opere
la línea, cobrando tarifas más altas a los usuarios. Y ya
que la rentabilidad de esa línea ayuda a apoyar el servicio
de trenes para el resto de la nación, es improbable que las
demás líneas encuentren compradores, lo que resultaría en
su cierre. China se ha embarcado en un programa de $ 1,000
millones para la construcción de un ferrocarril de alta
velocidad, infraestructura y carreteras, mientras que en los
EE.UU. ese tipo de dinero está reservado para las aventuras
militares y las reducciones de impuestos. En vez de eso, nos
ofrecen planes de transporte basados en la privatización,
la eliminación de las alternativas al automóvil e
infraestructura deteriorada. El senador de Illinois, Mark
Kirk, ha presentado un proyecto de ley que tipifica este
enfoque, llamando a la inversión privada en carreteras y
aeropuertos, y la “comercialización” de los descansos
en las carreteras.
Por como van las cosas, estas ideas sólo
ganarán más tracción con la elección de un presidente
republicano. Los trabajadores se enfrentan a una elección
poco envidiable en las elecciones de 2012: votar por el
Presidente Obama, que podemos estar seguros seguirá
sirviendo a los intereses corporativos, o votar por el
candidato republicano, que hará lo mismo, sólo que de una
manera más dura.
En los próximos meses, podemos estar
seguros de que veremos más recortes salvajes de las
pensiones y los servicios sociales, así como intentos de
socavar la Seguridad Social. Los jueces en dos casos
judiciales, en Colorado y Minnesota, han descartado los
desafíos legales presentados por trabajadores estatales
jubilados a quienes se les ha eliminado los ajustes por
costo de vida de sus pensiones. Estas decisiones son
ampliamente vistas como una luz verde para que otras
legislaturas estatales recorten las pensiones, y desde ya el
gobernador Christie de Nueva Jersey ha firmado una ley que
recorta severamente las pensiones y los beneficios de salud
de los trabajadores estatales. Y Christie dice que ha
recibido llamadas de los gobernadores de otros estados, pidiéndole
asesoramiento sobre la forma en que pueden replicar su acción.
Con el bajo nivel de solidaridad entre
trabajadores, la lucha es desigual. Pero los sindicatos,
debilitados como están, siguen enfrascados en una oposición
enérgica a los ataques contra los trabajadores. Siguen
siendo la mejor arma para defendernos, y merecen todo
nuestro apoyo. El mundo granempresarial está realizando
agresivamente su programa. No deberíamos ser menos
militantes en la defensa de nuestros derechos.
(*) Gregory Elich es miembro de la
Junta Directiva del Jasenovac Research Institute y del
Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad de Corea. También
es autor del libro “Strange Liberators: Militarism,
Mayhem, and the Pursuit of Profit”.