Bienvenidos al país de un dólar,
un voto, como afirma una de las pancartas de los que protestan contra la
compra de la democracia por las empresas y de los más ricos. Al arrancar el año
electoral en Estados Unidos hay un olor verde muy particular: aquí el proceso
democrático apesta a dinero.
Una muestra reciente de este
aroma: el debate hace un par de días en CNN entre precandidatos republicanos
fue patrocinado por American Petroleum Institute, la asociación de las
empresas petroleras estadounidenses: Barack Obama anunció que aceptará la
nominación de su partido en un estadio que lleva el nombre del Bank of
America; el precandidato Mitt Romney tiene millones de su fortuna en un paraíso
fiscal para evadir contribuir al tesoro público de su país; un fallo de la
Suprema Corte ha desatado lo que un analista llamó un tsunami de dinero
privado en el proceso electoral.
Se pronostica que ésta será la
elección más cara en la historia de la humanidad, tal vez superior a los mil
millones de dólares. Pero esta ronda democrática tiene algo nuevo que explícitamente
comprueba que las elecciones aquí se tratan más de dólares que de votos.
Hace justo dos años, la Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo en
el caso Citizens United en el cual otorgó a empresas y a ricos el derecho a
invertir montos ilimitados para influir en el proceso electoral, al determinar
que las empresas son personas y por lo tanto gozan del derecho individual a la
libre expresión. Aunque se mantienen límites estrictos sobre cuánto se
puede donar a las campañas de candidatos individuales, no hay límite sobre
gastos para promover o atacar a otros aspirantes, siempre y cuando no se haga
en coordinación con una campaña especifica.
Los efectos de este fallo se
vieron de inmediato en las elecciones legislativas y estatales de 2010, cuando
al amparo de ese fallo de la Suprema Corte aparecieron nuevas entidades
legales llamadas supercomités de acción política (Súper PAC), por donde se
canalizan esos fondos sin límite, sobre todo en publicidad política. Según
la Fundación Sunlight, los Súper PAC gastaron un total de 455 millones de dólares,
de los cuales nunca se ha divulgado el origen de 126 millones, porque el
Congreso no ha promovido una ley que obligue a reportar el origen de este tipo
de contribuciones a los Súper PAC.
En el ciclo electoral
presidencial de 2012 se espera que estos montos sean mucho mayores. Los Súper
PAC ya han gastado hasta la fecha casi 30 millones de dólares (la elección
es en noviembre).
El Sunlight, centro de
investigaciones no partidista dedicado a dar seguimiento a este asunto, realizó
una investigación de quiénes son los principales donantes de los procesos
electorales federales a través de sus aportaciones a campañas, partidos, PAC
y otros grupos. En 2010 descubrieron que poco menos de 27 mil individuos, un
grupo muy reducido, contribuyeron cada uno con 10 mil dólares como mínimo,
para un total de 774 millones de dólares. Cuando se trata de política, éstos
son el 1 por ciento del 1 por ciento, afirma Sunlight.
“Creo que lo que uno ve en el
sistema de financiamiento político es el acceso desigual y sin precedente de
los ricos e influyentes a los que toman las decisiones en el gobierno. Son los
que hacen las grandes contribuciones a las campañas… Ellos determinan quién
se postula para los puestos y quién gana, qué hace el Congreso”, afirma
Ellen Miller, de la Fundación Sunlight, en entrevista con Bill Moyers en su
programa Moyers & Company.
Los ejecutivos e inversionistas
que conforman este 1 por ciento del 1 por ciento en el financiamiento de la
política están ligados con un número reducido de empresas. En 2010, de las
10 principales compañías, seis eran del sector financiero, encabezadas por
ejecutivos de Goldman Sachs, seguidos por otros de Citigroup. Otras empresas
cuyos empleados forman parte de este grupo de donantes son Microsoft, RJ
Reynolds Tobacco, American International Group y Bear Stearns.
Esta compra del proceso político
por medio de recursos para cabildear, contribuir a campañas y las guerras de
propaganda política en los grandes medios por empresas, ejecutivos, abogados
y cabilderos de los sectores más ricos de este país siempre ha existido,
pero se ha vuelto aún más marcada y hasta explícita en las últimas décadas,
y con el fallo de la Suprema Corte en 2010 ahora llega a niveles obscenos.
Hasta el ex director de la oficina del presupuesto federal de Ronald Reagan,
David Stockman, alerta que hoy día en Estados Unidos no tenemos ni
capitalismo ni democracia. Tenemos un capitalismo clientelista.
La población repudia todo esto.
Varias encuestas han registrado que la mayoría de ciudadanos opina que el
gobierno federal no representa sus intereses ni comparte sus preocupaciones, y
que hay demasiado dinero privado en las elecciones. Hay protestas por todo el
país sobre este asunto, las cuales se han multiplicado durante los últimos
meses mediante el movimiento Ocupa Wall Street, que repudia lo que llama el
secuestro de la democracia por el 1 por ciento, y en sus manifestaciones se
burla de un sistema con pancartas como no tengo con qué contratar a un
cabildero, sólo tengo esta pancarta.
Es cierto que nada de esto es
nuevo. Tenemos el mejor Congreso que el dinero puede comprar, afirmó el
humorista Will Rogers hace más de 70 años. El músico Frank Zappa afirmó
hace un par de décadas que la política es la rama de entretenimiento de la
industria. El cómico George Carlin tal vez resumió todo al afirmar que
“los dueños de este país conocen la verdad: se llama el sueño americano
porque uno tiene que estar dormido para creérselo”.
Pero quizás esta vez, por ser
ahora tan extremo y obsceno, habrá un despertar; mientras tanto, por ahora
hay una pausa en esta democracia mientras se ofrece otro mensaje más de sus
patrocinadores empresariales. Como afirma el dicho básico para todo
periodista, detective y cualquiera que desea descubrir los misterios del
poder: “follow the money” (siga el dinero).
