Un análisis sobre la privatización de los servicios públicos y su relación con el Proceso de Bolonia

Una privatización sensu estricto de la Universidad

Por Patricia García y Manuel M. Navarrete
La República, Madrid, 24/07/08

Mucho se ha discutido sobre si procede o no hablar de privatización para referirse al proceso de cambio que está viviendo la educación superior europea. Por un lado están quienes afirman que el Proceso de Bolonia es un proceso separado de la privatización de servicios públicos a la que asistimos en los últimos años; y por otro, quienes denunciamos la relación entre ambas realidades.

En este artículo trataremos de definir qué entendemos por privatizar, cómo afecta esto a la universidad y en qué medida está ligado al famoso Proceso de Bolonia.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que lo que se ha denominado “Proceso de Bolonia” va más allá de las declaraciones de los Consejos de Ministros de la Unión. El Espacio Europeo de Educación Superior ha sido estructurado no sólo por las renombradas declaraciones bianuales (Sorbona, Bolonia, Bergen, Praga…), sino también por otros acuerdos tomados por los Consejos y desarrollados en comunicaciones de la Comisión (órgano ejecutivo de la UE). [1]

El Proceso de Bolonia no puede ser considerado al margen de la privatización de los servicios públicos y de la reforma del . Las sucesivas declaraciones de los Consejos de Ministros de la UE han sido paralelas a acuerdos sobre la necesidad de aumentar la financiación privada de la universidad y su coordinación con el mundo empresarial. Las directrices básicas en materia de financiación están recogidas en documentos como “Invertir eficazmente en educación y formación: un imperativo para Europa” (COM (2002) 779) o «Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación»(COM (2006) 481).

Estos documentos establecen que la viabilidad de las reformas de la educación superior pasa por la financiación privada. El modelo de financiación toma como referencia el sistema estadounidense que, aun presentando un gasto similar, incluye niveles mucho más altos de inversión privada. Así pues, para afrontar la reforma universitaria europea es necesario un <enfoque de asociación con las empresas y los particulares>; además, hay que <concentrar la financiación en los ámbitos que pueden producir mejores resultados>. Pero para garantizar el acceso a los estudiantes menos pudientes se precisa < la creación de becas de estudios, préstamos bancarios y préstamos reembolsables en función de los ingresos futuros>. La educación pasa de ser un derecho a ser una inversión individual. En el Estado español esto se ha concretado en la creación de las eufemísticamente llamadas “becas–préstamo”.

Sin embargo, tanto en los defensores como en los detractores de Bolonia encontramos cierta reticencia al empleo del término privatización . Algunos de los “detractores”, por ejemplo, han insistido en hablar de “mercantilización”. Es posible que esta precaución provenga de cierta moda intelectual, pero “mercantilización” es una palabra ambigua y poco contundente.

Hay quien piensa que privatizar un servicio público implica que el Estado se desprenda totalmente de su responsabilidad, pasando el servicio a ser asumido directamente por una empresa. Esto sería un modelo de privatización puro o total. Sin embargo, en sentido estricto, la privatización designa una amplia gama de instrumentos de gestión y organización del servicio “público”. La privatización puede definirse como “la reducción del rol del Estado y la transferencia de algunas de sus funciones a instituciones privadas”. [2]

En este sentido, podemos señalar tres modos de privatización ampliamente extendidos en la administración pública (si es que aún se le puede llamar así) y, de forma especial, en la educación universitaria española y europea:

1.La introducción de competitividad en los servicios públicos a través de la subcontratación de estos servicios a empresas privadas (copisterías universitarias, servicios de limpieza, servicios de seguridad) o bien mediante técnicas de gestión privada (ranking de universidades, financiación competitiva otorgando más recursos, por ejemplo, a aquellas universidades cuyos graduados monten empresas propias).

2.La prestación privada del servicio y los convenios de colaboración con empresas, pero manteniendo el control por parte de la autoridad pública. Ejemplo de ello son las Cátedras–empresa (con las que las empresas se ahorran el dinero de formación de sus futuros empleados), o las Becas–préstamo (préstamos que los bancos Santander, Caja Duero o Popular Español conceden a los estudiantes).

3.Colocar a la Administración como un actor más en el mercado. Aquí podríamos incluir la proliferación de universidades y títulos privados, aunque este ámbito está poco desarrollado ya que el sector educativo se encuentra aún dominado por entidades estatales.

Por tanto, no estamos ante un servicio que era público y que va a ser privatizado. Estamos ante un servicio que ya estaba siendo privatizado, tendencia que es legitimada y acelerada por el Proceso de Bolonia. En este sentido, son casos flagrantes los Consejos Sociales y la ANECA, ambos introducidos por la LOU.

La ANECA es una fundación estatal cuya creación se recogía en el artículo 32 de la LOU; también en las sucesivas declaraciones de “Bolonia” (Sorbona, Bolonia, Praga, Berlín, Bergen y Londres). Según el Real Decreto 13/93, esta fundación estatal tiene importantes funciones relativas a la aprobación de los Planes de Estudio; si un plan no supera su veredicto, pierde su validez. Pues bien, según leemos en la propia página web de la ANECA, su Consejo Asesor está formado por personalidades del mundo “académico, profesional y empresarial”.

Otra de las funciones de la ANECA es la selección del profesorado. En sus “Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación” leemos que algunos de los criterios son: “Méritos relacionados con la experiencia en gestión y administración”, “Calidad y dedicación a actividades profesionales en empresas, instituciones u organismos” o “Patentes y productos con registro de propiedad intelectual”.

Los Consejos Sociales, por su parte, son definidos por el artículo 14 de la LOU como “el órgano de participación de la sociedad en la universidad”. Tienen importantísimas funciones, como aprobar los presupuestos de cada universidad. Sin embargo, un Consejo Social sólo incluye 6 miembros de la comunidad universitaria (Rector, Secretario General, Gerente, un profesor, un alumno y un miembro del PAS). El resto son “personalidades de la vida cultura, profesional, económica, laboral y social” designados por la Comunidad Autónoma. En la práctica, la mayoría de ellos han sido políticos y empresarios. Por ejemplo, el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid cuenta con miembros que son empresarios de El Corte Inglés, Fundación Caja Madrid, Telefónica o MAPFRE, entre otras empresas; y el de la Universidad de Sevilla, además de contar con el Secretario General de la Confederación de Empresarios de Sevilla, tiene representantes de Caja Sur, Inmobiliaria del Sur, Inés Rosales S.A., Fundaciones Caetano S.A, etc.

La creciente presencia del empresariado en la universidad quedó constatada hace unos meses, cuando el gobierno transfirió las competencias universitarias del Ministerio de Educación al recién creado Ministerio de Ciencia e Innovación (RD 432/2008); este ministerio está liderado por Cristina Garmendia, importante empresaria que proviene de la Junta Directiva de la CEOE.

Aparte de la creciente presencia de actores privados en órganos de dirección, hay que fomentar, como dicen la Comisión y el Consejo europeos, la financiación y gestión privada. Así, por ejemplo, en los nuevos Master se está aplicando la doctrina del equilibrio entre costes y precios del servicio, lo cual explica sus precios prohibitivos. Tampoco deja de ser significativa la proliferación de personal laboral precario (y de personal becario) en la docencia y en los servicios universitarios. La seguridad laboral y las condiciones de trabajo pasan a un segundo plano. Por otro lado, la asociación entre el mundo empresarial y el universitario queda bien plasmada en las Cátedras– empresa.

Por suerte aún no hemos asistido a un proceso de privatización total de la universidad, como ocurriera con Telefónica o Iberia. El mercado no acudirá donde no pueda obtener grandes beneficios. Lo preocupante es que esté absorbiendo todo aquello de la universidad que es rentable desde el punto de vista económico (dejando en manos del Estado lo que no lo es).

Lo que se viene produciendo supone, en suma, un desmantelamiento gradual y por partes de la universidad pública. Estamos ante un proceso que se inició, y no por casualidad, después de la Declaración de Bolonia de los ministros europeos de educación en 1999. En el Estado español, vino a reflejarse en la LOU, estableciéndose una estructura que, desde entonces, los sucesivos reales decretos se han encargado de rellenar.

Pedir que la educación pública no retroceda no es ninguna reivindicación revolucionaria, sino una simple defensa de lo que fuera el Estado de bienestar, resultado de duras luchas sociales. No idealizamos la “universidad pública” tal y como se ha entendido hasta ahora, mucho menos la consideramos ajena al mercado. Sí entendemos, en cambio, que hay que poner freno al avance de una privatización que restringe el acceso a la educación superior, recorta derechos laborales, suprime áreas de conocimiento no directamente rentables para las empresas, imposibilita compaginar la vida laboral y el estudio, promueve la eficiencia económica por encima de las necesidades y aspiraciones colectivas; una privatización que, en definitiva, considera el derecho a la educación una inversión individual y un negocio más del que extraer beneficios.

(*) Patricia García y Manuel M. Navarrete son representantes estudiantiles en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Sevilla respectivamente.