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Abrumador
rechazo popular a la Europa
del gran capital
Por
Alejandro Teitelbaum
coyunturapolitica.wordpress.com,
10/06/09
En
las elecciones para el Parlamento Europeo del 7 de junio se
ha registrado la tasa de abstención más elevada desde
1979. Desde esa fecha, en que la abstención fue del 40%, ésta
no ha cesado de aumentar hasta alcanzar el 7 de junio casi
el 60% como media europea. Desde el 80% en Eslovaquia y el
73% en Polonia y en Rumania hasta una baja tasa de abstención
en los países donde el voto es obligatorio, pasando por el
60% en Francia y el 58% en Alemania.
La
clase política europea pretende ignorar este claro mensaje
de los pueblos que no quieren una Unión Europea tal como
existe actualmente.
Ha
sido, sin duda alguna, un claro rechazo a la Europa
ultraliberal al servicio del gran capital, encarnada en las
instituciones y en la práctica de la Unión Europea.
I.
Las instituciones de la Unión Europea
Las
tres instituciones principales de la Unión Europea son el
Consejo de la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento.
Los miembros de este último son elegidos por el voto
directo de los ciudadanos de los Estados Miembros.
1.El
Consejo de la Unión Europea (antes Consejo de Ministros)
está constituído por los primeros ministros o Jefes de
Gobierno de los Estados Miembros de la Unión Europea. Sólo
en algunas ocasiones participan en las reuniones los
primeros ministros o jefes de Gobierno, pues a sus reuniones
periódicas asiste el ministro correspondiente de cada uno
de los gobiernos según sea el tema a tratar (en temas de
agricultura, asistirán los ministros de agricultura, etc).
El
Consejo toma sus decisiones, según establezcan los
Tratados, por unanimidad, por mayoría cualificada : se
asigna a cada Estado miembro un número de votos (voto
ponderado), que es la forma en la que se toman las
decisiones más importantes, y por mayoría simple para las
decisiones de procedimiento.
2.
El Parlamento, elegido por el voto directo de los
ciudadanos, no tiene sin embargo el poder de iniciativa en
materia legislativa, que corresponde en lo esencial a la
Comisión Europea.
3.
La Comisión Europea es algo así como el Poder ejecutivo de
la Unión Europea, aunque también con amplias facultades
legislativas (directrices, reglamentos y decisiones) espacio
en el que tiene la iniciativa en las cuestiones
fundamentales.
El
Consejo de la Unión Europea designa, por mayoría
calificada, al Presidente de la Comisión Europea y dicha
designación se somete a la aprobación del Parlamento
Europeo. El Presidente designado de la Comisión nombra, en
consulta con el Consejo de Ministros , a los 27 Comisarios
que componen la Comisión (uno por cada Estado Miembro). El
conjunto de los miembros de la Comisión recibe la aprobación
del Parlamento por mayoría simple, tras una serie de
comparecencias de cada comisario ante las diferentes
comisiones parlamentarias competentes. Al final de este
proceso el Consejo de Ministros nombra a la Comisión en su
conjunto, por mayoría calificada.
La
función principal de la Comisión consiste en proponer y
poner en práctica las políticas de la Unión Europea,
vigilar la aplicación de los tratados europeos y tiene el
quasi monopolio del derecho de iniciativa en el llamado «
primer pilar » de la Unión Europea, que son sobre todo los
temas económicos básicos, lo que le permite pesar en las
decisiones del Parlamento y del Consejo de Ministros.
Incluso el artículo 250 del Tratado Constitutivo de la Unión
Europea requiere un voto unánime para que el Consejo de
Ministros modifique una propuesta de la Comisión.
Pero,
como pequeña compensación, el Parlamento y el Consejo de
Ministros pueden pedir a la Comisión que adopte normas en
alguna materia.
En
los llamados segundo y tercer pilar la Comisión comparte el
derecho de iniciativa con el Consejo de Ministros.
Existe
el procedimiento de codecisión (Comisión, Consejo y
Parlamento) pero en los hechos quien orienta la política de
la Unión Europea es la Comisión, por razones
institucionales y también porque las tendencias
neoliberales y privatizadoras son compartidas por los
Gobiernos conservadores, socialistas y de coalición
conservadores–socialistas de los países de la Unión
Europea, que entre ambos tienen el control total de las
instituciones europeas.
Prueba
de ello es que desde que se introdujo el procedimiento de
codecisión en 1995, el Parlamento rechazó hasta 2004 dos
proyectos sobre 420. Los 418 restantes se aprobaron en
primera o en segunda lectura o después de un procedimiento
de conciliación.
Así
es como la política de la Unión Europea es
consecuentemente ultraliberal y al servicio del gran capital
y su ejecutante es la Comisión Europea.
El
Proyecto de Tratado Constitucional europeo, destinado a dar
jerarquía constitucional a la política neoliberal
dominante en Europa, fue preparado por una asamblea de
personas cooptadas y el texto definitivo del proyecto fue
aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno. No hubo
participación de los ciudadanos, salvo en los países donde
se decidió someter el texto a referendo, para su rechazo o
aprobación. Para su entrada en vigor el proyecto requería
la aprobación unánime de los Estados miembros. Pero en los
referendos celebrados en Francia y Holanda fue rechazado por
la mayoría de los votantes, de modo que el proyecto quedó
archivado.
El
Proyecto no proporcionaba respuesta alguna a los problemas
sociales que se plantean actualmente en Europa : al amparo
de la « libre circulación de mercancías, servicios,
industrias, personas y capitales » la formación de
enclaves industriales modernos en los países pobres del
Este de Europa con salarios entre 5 y 10 veces inferiores a
los de los países ricos del Oeste, la persistencia de una
alta tasa de desocupación en esos mismos países y, como
contrapartida, la caída de los salarios, el deterioro de
los derechos laborales y el aumento de la jornada de trabajo
y de la desocupación en los países más desarrollados del
continente europeo.
Si
hubiera entrado en vigor, para su ulterior reforma hubiera
necesitado el acuerdo unánime de todos los Estados
miembros, de modo que su enfoque neoliberal y antisocial
hubiera resultado prácticamente inmodificable.
Después
del rechazo del proyecto de Constitución Europea se elaboró
un nuevo texto que firmaron los Gobiernos europeos en Lisboa
el 13 de diciembre de 2007.
Para
evitar los tropiezos sufridos por el Proyecto de Constitución
en los países donde hubo referendos, esta vez todos los
Gobiernos evitaron la consulta popular y el Tratado de
Lisboa fue aprobado en todos los países por vía
parlamentaria, salvo en Irlanda donde se sometió a
referendo (porque asi lo dispone la Constitución) y fue
rechazado.
La
entrada en vigor del Tratado (que requiere la aprobación unánime
de los Estados Miembros) estaba prevista para el primero de
enero de 2009, pero debió postergarse a causa del rechazo
de Irlanda, que, en principio, convocará a un nuevo
referendo, previsto para el segundo semestre de 2009.
Salvo
algunos cambios institucionales positivos (aumento de
algunas prerrogativas, más bien formales, del Parlamento
Europeo, resguardo en algunos aspectos de las facultades
soberanas de los Estados nacionales), el Tratado de Lisboa
no modifica la orientación prevaleciente de la normatividad
europea vigente (Tratado instituyendo la Comunidad Europea,
Roma 1957 y Tratado de la Unión Europea, Maastrich, 1993) y
de la práctica de las instituciones europeas, poco democráticas
y al servicio del gran capital.
II.
La Unión Europea en la práctica.
1.
Privatización de los servicios públicos.
Con
sus directivas, la Comisión Europea, que trabaja en equipo
con la Mesa Redonda de los Industriales Europeos – ERT
(las transnacionales Volvo, Olivetti, Siemens, Unilever y
otras), ha impulsado la privatización de las industrias más
dinámicas y rentables, como las telecomunicaciones y las
comunicaciones electrónicas y de numerosos servicios públicos,
como el gas, la electricidad y el correo (privatizaciones
ratificadas por el Parlamento Europeo).
La
ideología subyacente de estas políticas está explicada en
un documento de la Comisión Europea: “la participación
activa de las industrias de servicios en las negociaciones
es crucial para permitirnos alinear nuestros objetivos de
negociación con las prioridades de las empresas. El AGCS
(Acuerdo general sobre el comercio de servicios –OMC) no
es solamente un acuerdo entre gobiernos. Es ante todo un
instrumento en beneficio del mundo de los negocios”.
Con
esta concepción se han privatizado la mayor parte de los
servicios de provisión de agua potable y de saneamiento y
están en la línea de mira la salud y la educación.
Más
allá del círculo relativamente estrecho de la Mesa Redonda
de los Industriales Europeos, las grandes empresas
transnacionales europeas, agrupadas en la UNICE –Unión de
las Confederaciones Industriales y de Empleadores de
Europa– controlan estrechamente a la Comisión europea y
los 39 miembros de la organización patronal mantienen
representaciones permanentes en Bruselas y un verdadero ejército
de « lobbystas » para influir sobre las decisiones de la
Comisión. Veamos qué dice la UNICE de sí misma :
La
UNICE es la voz del mundo de los negocios ante las
instituciones de la Unión Europea. Sus 39 miembros son las
organizaciones industriales multisectoriales y las
organizaciones de empleadores de 31 países europeos y
representa más de 16 millones de empresas, sobre todo pequeñas
y medianas. La UNICE es también un interlocutor en el diálogo
social europeo a nivel de la Unión Europea. La tarea
principal de la UNICE es informar e influenciar los procesos
de decisión en la Unión Europea, a fin de que las políticas
y las propuestas legislativas con un efecto sobre la
actividad económica en Europa tengan en cuenta las
necesidades de las empresas. La primera prioridad de la
UNICE es promover la competencia en el medio económico y la
inversión a escala europea , el único camino para alcanzar
un desarrollo más elevado y un empleo duradero. El mundo de
los negocios necesita una Comisión eficaz. (http://www.unice.org/
Le porte–parole des entreprises en Europe).
2.
Otros aspectos de la práctica de la Unión Europea.
a)
Industria de armamentos.
En
2004 la Comisión Europea publicó un “Libro verde”
titulado “Los contratos públicos de la defensa”en la
perspectiva de abrir a la “libre competencia” la compra
de material militar.
El
7 de diciembre de 2006 la Comisión emitió nuevas
directrices tendientes a limitar las excepciones a la «libre
competencia» en materia de contratos con la industria
militar, con el propósito proclamado de continuar «liberalizando
» dicho sector.
Esta
presión a favor de la liberalización del sector vendría
de los mismos industriales del armamento.
¿Quiénes
son estos industriales del armamento?El diario Le Monde del
14 de julio de 2005 (Les fonds américains irriguent
l'industrie de défense européenne) informaba que poderosos
fondos de inversión americanos, Blackstone, KKR, One Equity
Partner entre otros, están tomando el control de sectores
de la industria europea vinculadas a la defensa: QinetiQ,
Bofors Weapons, Gemplus…
b)
Pluralismo en los medios de comunicación.
Como
respuesta a la preocupación expresada en diversas ocasiones
por miembros del Parlamento Europeo y por algunas ONG de que
la concentración en la propiedad de medios de comunicación
en algunos países de la UE da lugar a un "enorme poder
de creación de opinión pública" y excluye los puntos
de vista alternativos, la Comisión Europea, en un informe
de enero de 2007, sostuvo que la tendencia a la concentración
en la propiedad de los medios de comunicación y la entrada
de grandes grupos internacionales en el mercado comunitario
no implica necesariamente una reducción en el pluralismo
informativo.
Agregaba
la Comisión que el hecho de que propietarios extranjeros
tengan un papel importante en algunos mercados no supone
necesariamente "una amenaza al pluralismo de los
medios”.
c)
OGM.
La
Comisión Europea puso fin a la moratoria resuelta en 1998
para todos los OGM y comenzó a autorizar algunos transgénicos.
Así, en mayo de 2004 autorizó la importación del maíz
dulce OGM Bt 11 destinado a la alimentación humana, a pesar
de la oposición de la mayoría de los Estados europeos y
desde setiembre de 2004 la misma Comisión agregó 31
variedades de maíz transgénico Monsanto MON810 al catálogo
común de semillas de la Unión Europea.
Un
documento de Amigos de la Tierra y Greenpeace cita informes
científicos que mantuvo secretos la Comisión Europea, para
demostrar que ésta, mientras por un lado se apoya en dichos
informes para invocar las incertidumbres existentes sobre
las consecuencias de los OGM para el medio ambiente y la
salud en el litigio comercial que opone Argentina, Canadá y
Estados Unidos a la Unión Europea en la Organización
Mundial de Comercio, por otro lado, para autorizar la
introducción de transgénicos en Europa, adopta la posición
contraria y se basa en los informes y evaluaciones
favorables a los OGM de la transnacional Monsanto. El
documento de las dos organizaciones concluye que “la
Comisión Europea más bien favorece los intereses de las
industrias biotecnológicas que la protección del medio
ambiente y de la salud humana”.
d)
Biocarburantes.
Pese
a los reconocidas consecuencias nefastas de la producción
de biocarburantes sobre el precio de los alimentos y sus
efectos prácticamente nulos contra la contaminación
ambiental, la Comisión, el Consejo de Ministros y el
Parlamento europeos han aprobado resoluciones relativas al
fomento del uso de biocarburantes.
Excepcionalmente
se levantan voces entre los diputados de los grupos
mayoritarios (Partidos socialistas y conservadores) para
tratar de modificar algún aspecto de las políticas de la
Unión Europea. Por ejemplo algunos diputados están
pidiendo una revisión en la política de promoción de los
biocarburantes.
En
abril de este año, el Parlamento Europeo logró rechazar
definitivamente la directiva del Consejo de Ministros de la
Unión Europea de junio de 2008 que mantenía la jornada
laboral de 48 horas, pero autorizaba a que en virtud de
acuerdos individuales entre empresarios y trabajadores, se
pudiera aumentar la jornada laboral hasta 60 horas
semanales, calculadas como media durante un periodo de 3
meses, e incluso hasta 65 horas en el caso de guardias médicas.
Según esa directiva , se podrían incluso superar las 60 y
las 65 horas semanales de trabajo en el caso de un acuerdo
entre los interlocutores sociales o si así lo establece el
convenio colectivo. No sería sorprendente que la Comisión
y/o el Consejo reintroduzcan bajo otra forma esta directiva
para autorizar el aumento de la jornada laboral en Europa.
e)
Políticas neocolonialistas en Europa del Este, en Africa y
en América Latina.
En
un estudio de la Oficina Internacional del Trabajo de
febrero de 2007 se sostiene que la flexibilidad laboral en
los nuevos países miembros de la Unión Europea es extrema
en ciertos casos, aumentando el costo social de su adhesión.
Alli
se dice:
“A
casi un año de su ingreso a la UE, la evaluación de las
condiciones de trabajo en los diez nuevos socios
comunitarios muestra que éstas han sufrido un retroceso
bajo la presión por ganar competitividad.
“Entre
las formas de flexibilidad laboral más frecuentes en esos
países están los contratos temporales, el aumento del
tiempo de trabajo y el recurso a contratos múltiples con el
mismo empleado, uno para regular su trabajo habitual, otro
que se aplica a sus horas suplementarias, entre otros casos.
“Los
resultados que se registran a un año de la ampliación de
la UE – que se concretó el 1º de mayo de 2004 –
indican que los antiguos miembros de la Unión Europea «han
sido los que más se han beneficiado» con la entrada de los
diez nuevos socios.”
El
editor del estudio, Daniel Vaughan–Whitehad, declaró:
"Han ganado las empresas multinacionales, la mayoría
de ellas francesas y alemanas, que se han instalado en
varios países de Europa del Este" y que pueden mover
sus capitales con mayor facilidad
La
Unión Europea ha negociado una serie de acuerdos regionales
de asociación económica, llamados EPA por sus siglas en
inglés, con países pobres. Entre ellos los convenios de
preferencias comerciales recíprocas en el marco del llamado
Pacto de Cotonu, entre la UE y el grupo de 77 países que
fueron enclaves coloniales europeos en África, el Caribe y
el Pacífico (ACP). La UE, en sus propuestas de acuerdos
comerciales, exige a los países del Sur que abran sus
mercados a las empresas europeas, amenazando así empleos,
industrias y servicios públicos en las naciones más
pobres.
En
cuanto a América Latina y el Caribe, la Declaración Final
de la Cumbre social de los pueblos, Enlazando Alternativas
realizada en Lima del 13 al 16 de mayo de 2008, decía entre
otras cosas:
“...rechazamos
el proyecto de Acuerdos de Asociación propuesto por la Unión
Europea y avalado por diversos gobiernos latinoamericanos y
caribeños que solo buscan profundizar y perpetuar el actual
sistema de dominación que tanto daño a hecho a nuestros
pueblos. La estrategia de la Unión Europea "Europa
Global : Competir en el mundo", supone la profundización
de las políticas de competitividad y crecimiento económico
que buscan implementar la agenda de sus transnacionales y
profundizar las políticas neoliberales, incompatibles con
el discurso sobre el cambio climático, la reducción de la
pobreza y la cohesión social. A pesar de que se pretende
velar su naturaleza incorporando temas de cooperación y diálogo
político, la esencia de la propuesta es abrir los mercados
de capitales, bienes y servicios, proteger la inversión
extranjera y reducir la capacidad del Estado de promover el
desarrollo económico y social”.
En
conclusión, la Unión Europea es profundamente antisocial
(con 20 millones de desocupados y donde las desigualdades no
cesan de profundizarse), atlantista y belicista (participación
en la guerra del Golfo y en las agresiones contra
Yugoslavia, Irak y Afganistán) a las antípodas de lo que
tendría que ser: una potencia independiente y pacífica en
el concierto mundial, democrática y social y dispuesta a
establecer relaciones mutuamente ventajosas y en un pie de
igualdad con otras regiones y países.
No
es de extrañar entonces que la abstención haya sido
ampliamente mayoritaria en todos los países europeos en las
elecciones del 7 de junio.
Los
pueblos europeos tienen conciencia de que la Unión Europea
no representa sus intereses y que los Gobiernos que la
integran (de derecha y socialistas) evitan cuidadosamente
una verdadera democratización de sus instituciones y un
giro hacia políticas sociales. Aunque tratan de
reconquistar a la opinión pública con algunas reformas
gatopardistas luego de cada rechazo popular en las urnas,
cada vez más contundentes.
Las
elecciones del 7 de junio fueron una tentativa de legitimar
a través del sufragio popular esas orientaciones
reaccionarias. Los Partidos Socialistas europeos entraron en
el juego (puesto que participan en él compartiendo las
instituciones europeas con la derecha mayoritaria). Entre
ellos ni siquiera se pusieron de acuerdo para tratar de
sacar al ultraliberal Barroso de la Presidencia de la Comisión
Europea, cuya continuación en el cargo apoyan los
“socialistas” Rodríguez Zapatero de España, Gordon
Brown de Gran Bretaña y José Sócrates de Portugal.
Pero
lamentablemente también entraron en el juego partidos de
izquierda que se proclaman anticapitalistas. Sólo algunos
grupos independientes denunciaron la trampa y llamaron a la
abstención.
Una
vez más los pueblos europeos, mayoritariamente y contra la
partidocracia de todos los colores, le negaron legitimidad a
la Unión Europea y a sus políticas ultraliberales.
Los
representantes de los partidos más votados han hablado con
todo cinismo de “victoria” porque han obtenido, por
ejemplo en Francia el partido de Sarkozy, el 28% de los
votos, es decir el apoyo del 11,2% de los electores
potenciales.
Y
los ciudadanos que han concurrido a las urnas han preferido
mayoritariamente, en materia de política neoliberal, el
original, encarnado por los partidos conservadores, que la
copia, representada por los partidos socialistas en plena
descomposición. Como ha sido el caso en Alemania, Francia,
Gran Bretaña y España.
En
ese contexto, la izquierda ha obtenido resultados
insignificantes, a causa de su incapacidad de ofrecer una
verdadera alternativa socialista al capitalismo en crisis
profunda.
En
Europa hay una verdadera crisis de legitimidad y de
representatividad políticas, que dada la disgregación de
la socialdemocracia y el fracaso de la izquierda, deja la
puerta abierta a giros hacia una mayor derechización y al
autoritarismo, como está ocurriendo con el sarkozismo en
Francia y también en Italia, donde los fascistas forman
parte del partido de Berlusconi en el Gobierno.
O
a la instalación de regímenes de extrema derecha, hipótesis
que no se puede descartar a la vista de los buenos
resultados de los partidos de esa ideología en algunos países
como Holanda y Austria., aunque en el marco de una alta tasa
de abstención, del orden del 65%.
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