En
la tenebrosa Argentina de la dictadura pensar era un crimen
y, por lo tanto, todos éramos sospechosos. Nadie sintetizó
mejor esta visión criminal y paranoica del mundo que el
general Ibérico Saint Jean cuando dijo que “primero
mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus
colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a
aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos
a los tímidos”. Esta sombría reflexión acude
inmediatamente a nuestra mente al leer las noticias que dan
cuenta de la razzia practicada por la policía española y
la Guardia Civil y que culminó con la detención y el
traslado a Madrid de 34 jóvenes del País Vasco acusados de
“terroristas”.
En
España, tan exaltada como ejemplo de una exitosa transición
desde el franquismo a la democracia, aquel apelativo puede
ser aplicado a cualquier persona que en Euskadi propicie una
solución negociada al conflicto político que agita al País
Vasco, o una amnistía o, simplemente, que exija que se ponga
fin a las torturas que se aplican rutinariamente –pese a
las numerosas denuncias de organismos internacionales– a
quien tenga la desgracia de caer en manos de las fuerzas
represivas del Estado español.
La irracional intransigencia
de Madrid queda muy bien sintetizada en las palabras
dirigidas hace poco por el ministro del Interior a los
independentistas vascos: “Aun en el caso de que la
izquierda abertzale dijese que condena la violencia y
solicitara su legalización, la respuesta va a ser
radicalmente no”. Este mismo personaje anteriormente había
planteado a los independentistas la opción “o votos, o
bombas,” y cuando éstos dijeron “votos” –y
presentaron la candidatura Iniciativa Internacionalista–
este santo varón, demócrata hasta el tuétano, los condenó
a una permanente ilegalidad. Cerrados todos los caminos
legales, no hace falta ser un sabio para inferir que las vías
extralegales se nutrirán con el creciente apoyo de quienes
no quieren renunciar al derecho a la autodeterminación de
los pueblos.
La
doctrina del terrorismo omnipresente tan cara a los
militares argentinos fue aplicada en esta oportunidad contra
una organización juvenil, Segi. Lo tragicómico de todo
esto lo retrata una vez más el diario El País (otro mito
periodístico, de prestigio tan manufacturado como
inmerecido), cuando informó a sus lectores que mediante el
“vandalismo terrorista Segi buscaba aumentar la presión
sobre las llamadas ‘luchas prioritarias’: la construcción
del ‘estado vasco’ y el combate contra el tren de alta
velocidad, el modelo educativo de Euskadi y la especulación
inmobiliaria”. Como se puede apreciar, estos jóvenes
prisioneros tenían una agenda no sólo revolucionaria, sino
también terrorista: oponerse al tren bala que destruiría
el medio ambiente y dividiría regiones enteras del país es
un acto innegablemente vandálico y terrorista, lo mismo que
discutir el modelo educativo (cosa que se está haciendo por
doquier en Europa) y combatir la especulación inmobiliaria.
En
su gran mayoría, Segi está formada por jóvenes
universitarios independentistas; como si fuera un insulto,
la información oficial dejó saber que algunos de estos vándalos
“ocuparon cargos de representación estudiantil en la
Universidad”. Según el Ministerio del Interior, los
detenidos lo habrían sido por “ejercer presuntamente
funciones de responsabilidad en Segi”. Es decir, se
presume la comisión de un delito, y eso basta para
encarcelar a los sospechosos en una redada efectuada, como
en la Argentina de aquellos años de plomo, a altas horas de
la madrugada y a cargo de personal encapuchado. Basta con
relacionar a los inculpados con cualquier persona u
organización que en el pasado haya actuado en la legalidad
defendiendo el proyecto independentista o compartir el
proyecto estratégico de la independencia y el socialismo
–aun cuando se condene los métodos violentos para
lograrlo y se opte por las tácticas del Mahatma Gandhi–
para que a cualquiera lo acusen de terrorista.
Pensar
o soñar son delitos imperdonables en Euskadi. Las
violaciones a los derechos humanos que Madrid perpetra a
diario en Euskadi son absolutamente incompatibles con la
democracia. A Madrid le convendría estudiar lo ocurrido y
convencerse de que si no detiene la aplicación de la “fórmula
Saint Jean” para enfrentar las aspiraciones
independentistas de los vascos podría enlutar aún más el
futuro de los diversos pueblos y naciones que, dificultosa y
conflictivamente, conviven en el Estado español.
(*) Atilio A. Boron es Director
del PLED, el Programa Latinoamericano de Educación a
Distancia en Ciencias Sociales del Centro Cultural de la
Cooperación Floreal Gorini, de Buenos Aires. Profesor
Titular de Teoría Política en la Universidad de Buenos
Aires e Investigador Superior del CONICET.