El secretario general de CC
OO, Ignacio Fernández Toxo, ha criticado hoy la ausencia del ministro de
Trabajo, Celestino Corbacho, de la comisión económica del presidente creada
para buscar soluciones a la crisis. "El Gobierno sabrá porqué –no está
Corbacho–, no me parece normal si se tiene en cuenta que la primera
prioridad en estos momentos es crear empleo. Es extraño", ha reiterado
el líder sindical en una entrevista en la Cope. Por su parte, desde UGT, Cándido
Méndez entiende que la comisión es una "iniciativa para los grupos políticos"
y justifica la falta del titular de Trabajo por el deseo del Ejecutivo de
"preservar para el diálogo social" todo lo relacionado con
eventuales cambios en el mercado laboral.
"Aún creciendo, la
economía va a seguir destruyendo empleo. Nosotros hace nueve o 10 meses que
venimos publicitando la idea" de lograr un gran acuerdo contra la crisis,
ha recordado Toxo. "Lo que necesita este país no es acuerdo solo en
parlamento", en referencia a los trabajos de la mencionada comisión,
"si no también entre las administraciones públicas" en línea
"con los pactos de la Moncloa para fijar las líneas de trabajo de las
reformas que se precisan de aquí a 20 años". Además, ha defendido que
las organizaciones sindicales y empresariales tienen "mucho que
decir" sobre ello.
Sobre las críticas vertidas
desde algunos sectores y partidos a los sindicatos por el hecho de que no
hayan convocado una huelga general contra el Gobierno por el auge del paro,
Toxo ha advertido de que "no hay empleos en la huelga general".
"No tenemos referencia política partidaria, nos guiamos por nuestras
propias reflexiones", ha insistido antes de defender que los puestos de
trabajo "los debe generar la actividad económica". Pero, para que
esta se recupere, en su opinión, la banca "debe dar créditos" y el
Gobierno seguir con las medidas de estímulo, aunque para ello "tiene que
decir a la gente que hay que ir a una reforma fiscal porque sin recursos en
las administraciones no hay actividad económica".
"No se que empeño
tienen algunos para que en este país haya una huelga general. No sirve para
crear empleo, nosotros hemos fiado las cosas al entendimiento, y aunque no ha
sido posible en 2009, ahora entramos en otra senda", ha reiterado en
relación a los contactos en la mesa tripartita sobre el diálogo social. Una
huelga general, ha explicado, solo está justificada en caso de que se ataquen
los derechos de los trabajadores.
Eso sí, Toxo ha advertido al
Gobierno que si "completa el giro" que ha iniciado con supropuesta
de elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años y su "escoramiento"
hacia los partidos nacionalistas para lograr cerrar un pacto en el Congreso,
"habrá más dificultades".
"Iniciativa
para los grupos políticos"
Desde UGT, el secretario de
este sindicato, Cándido Méndez, que también ha pasado esta mañana por los
medios, se ha mostrado menos beligerante con respecto a la ausencia de
Corbacho de la comisión encabezada por la ministra de Economía, Elena
Salgado. En una entrevista a Punto Radio, Méndez ha explicado que "lo
que se plantea con la composición –de la comisión– es preservar para el
ámbito del diálogo social todo lo relacionado con el mercado laboral".
"Ese es el mensaje que yo deduzco", ha matizado. En su opinión, la
comisión económica es una "iniciativa para los grupos políticos"
creada con el objetivo de "buscar fórmulas y alternativas para salir de
la crisis e ir a medio plazo al cambio del modelo productivo".
El argumento del líder de
UGT va en línea con el defendido desde el Gobierno, que justifica que no esté
presente en que él es "el ministro del Diálogo Social y del Pacto de
Toledo".
Contra la
huelga general
Sobre el asunto de la huelga
general, ha asegurado que si quien gobernara España fuera el actual líder
del PP, Mariano Rajoy, y no José Luis Rodríguez Zapatero, el comportamiento
de los sindicatos habría sido "simétrico". "Si en este
momento estuviera el señor Rajoy (en La Moncloa), y el señor Rajoy hubiera
mantenido los compromisos que mantiene el Gobierno actual en relación con la
protección por desempleo, nuestro comportamiento hubiera sido simétrico",
ha comentado.
"Cuando hemos tenido que
convocar una huelga general la hemos convocado, pero no por la crisis, si no
contra decisiones que afectaban a los intereses generales de los trabajadores
como recortes en las prestaciones por desempleo o reformas laborales
unilaterales", ha sostenido Méndez. Así, aunque ha admitido que ahora
existe un "desencuentro muy fuerte con unas propuestas del Gobierno que
todavía no son decisiones –la subida de la edad de jubilación a 67 años–,
hemos querido dar una respuesta proporcionada" con la manifestación del
próximo martes. Una convocatoria que espera que tenga una respuesta
"masiva" y que "sea suficiente" para que el Ejecutivo
recapacite.
Los
dirigentes de UGT y CCOO comienzan a admitir
extender la jubilación a los 67 años
La intención del Gobierno de
recortar el gasto en pensiones ha soliviantado a los sindicatos, pero tanto
Comisiones Obreras como UGT comparten algunas de las reformas propuestas. La
principal concierne a la pensión de viudedad, que perciben 2,3 millones de
personas. Documentos internos de las dos organizaciones, a los que ha tenido
acceso este diario, plantean la necesidad de cambios en esa prestación para
atender a las nuevas realidades sociales. La solución difiere en cada uno de
lución difiere en cada uno de los textos.
CC OO aboga por modificar
esta pensión –supone una de cada cuatro del sistema contributivo–
"atendiendo a la situación económica del beneficiario y no sólo de su
edad". Y UGT plantea como cuestión pendiente, sin definirse, la actual
"compatibilidad con otras rentas y el carácter vitalicio de las
mismas". Este sindicato constata que la pensión de viudedad es "la
más necesitada de reformas por su inadecuación o inadaptación a las
realidades sociales, económicas y familiares".
Esa renta se percibe
independientemente de los ingresos que tenga el cónyuge superviviente y
durante toda la vida del beneficiario. En su propuesta de reforma de las
pensiones, el Gobierno plantea, para las nuevas generaciones, sustituirla por
una prestación temporal en casos de convivencias cortas y sin hijos.
Con mayor o menor énfasis
–el documento de UGT es más valorativo y el de Comisiones, más
descriptivo–, los sindicatos se oponen al elemento central de la reforma que
proyecta el Gobierno: elevar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años.
Para UGT, se trata de "la propuesta más agresiva", con un
"enfoque desacertado" que reduciría la pensión media del sistema.
Más tibia, CC OO considera que "no es una prioridad" el retraso
obligatorio y propone como alternativa incentivar la permanencia voluntaria en
el puesto después de los 65. Ambos sindicatos ven con buenos ojos, sin
embargo, poner coto a las prejubilaciones elevando la edad mínima
(actualmente, 52 años) para acceder a ellas. CC OO matiza que hay que tratar
de forma específica las actividades de mayor desgaste para el trabajador y
UGT propone penalizar a las empresas que recurran de forma abusiva a ese
mecanismo.
Tampoco gustan, especialmente
a UGT, las referencias implícitas del Gobierno a que el cómputo de la pensión
no penalice a los despedidos al final de su vida laboral. Esa idea se
interpreta como un intento de elevar el número de años que se tienen en
cuenta para calcular la prestación. De hecho, el Ministerio de Economía
propuso pasar de los 15 últimos (situación actual) a 25, aunque finalmente
se retractó. "Rechazamos frontalmente que [la reforma] se pretenda hacer
empobreciendo a los futuros pensionistas, haciéndoles trabajar más años
para cobrar una pensión menor", zanja el sindicato. Comisiones no se
opone frontalmente –esta organización firmó en 2001 el pacto de pensiones
que abría la puerta a aumentar el periodo de cómputo–, sino que la
considera "una cuestión controvertida" que deberá abordarse
"desde una perspectiva de conjunto".
