Madrid.–
Los dirigentes sindicales están aflojando la tensión de
sus bases ante el convencimiento de que el Gobierno no
aprobará la jubilación por ley a los 67 años. El próximo
martes, 23–F, se manifestarán en Madrid, pero descartan
una huelga general. "No está en el escenario de las
reflexiones del sindicato", afirmó ayer el secretario
general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo.
El
dirigente sindical dijo que "no hay empleos en la
huelga general; los empleos los genera la actividad económica",
afirmó Toxo en una entrevista en la Cope. Sin embargo,
admitió presiones "para que venga a cuenta o no se
convoque una huelga general". De hecho, en las últimas
reuniones de los órganos directivos de ambos sindicatos,
sus dirigentes han tenido que frenar a sus propios
delegados, que les reclamaban una respuesta contundente
contra el retraso de la jubilación por ley. El problema al
que se enfrentan sus cuadros sindicales es que algunos de
ellos han ganado las elecciones haciendo bandera de la
jubilación a los 60 años.
Tras
las reuniones que han mantenido de manera informal, los
sindicatos creen que el Gobierno será flexible. Es decir,
que la fórmula que acabará aprobando el pacto de Toledo
podría ser una recomendación y no un cambio legislativo.
Es decir, alguna fórmula que suponga un retraso progresivo
incentivado de la jubilación a partir del 2013. El próximo
lunes el ministro de Trabajo explicará en el Parlamento la
propuesta gubernamental.
Por
el contrario, los sindicatos creen que se puede avanzar en
alguna fórmula que refuerce la contribución que hacen los
trabajadores a lo largo de su vida laboral. Esto permitiría
garantizar los ingresos teniendo en cuenta que las nuevas
generaciones trabajan menos años y con periodos más
intermitentes. Hay que tener en cuenta que la clave de las
dos grandes reformas aprobadas fue alargar el periodo de cómputo
(en 1985, de 2 a 8 años; en 1997, de 8 a 15 años, y en el
2001 se planteó y luego no se concretó). Por eso se podría
habilitar una fórmula que incluyera los mejores años de
cotización por determinados periodos laborales.
UGT
y CC.OO. no mantienen una posición unitaria ante la reforma
de las pensiones públicas. Comisiones admite que es
necesario recortar los gastos. De hecho, siempre ha
sostenido que el problema de la viabilidad del sistema es su
"contribuidad". Esto significa garantizar la máxima
aportación de los trabajadores teniendo en cuenta que
empiezan a trabajar más tarde y con contratos más
precarios. De hecho, esta organización ha avalado todas las
reformas, como le gusta decir a su responsable Carlos Bravo,
incluida la del 2001, que abrió la puerta al aumento del
periodo de cálculo. Además, cree que se deben hacer
ajustes para que el sistema se financie con las cotizaciones
de trabajadores y empresas, sin necesidad de recurrir a
impuestos. Por eso se niega rotundamente a una bajada de
cotizaciones que pueda disminuir los ingresos, dada la
evolución demográfica española.
Por
el contrario, UGT se cierra en banda al aumento del periodo
de cálculo de las futuras pensiones. Por esta razón, lo ha
impedido siempre que ha podido (en el 2001). Además,
considera que si hay problemas de financiación se debe
recurrir a subir impuestos para resolverlo.
Ambas
organizaciones están de acuerdo en que hay que limitar los
expedientes de regulación de empleo. También coinciden en
que es necesario adaptar la pensión de viudedad a la nueva
realidad laboral de la mujer para las futuras generaciones.
UGTy
CC.OO. también discrepan del papel del ministro de Trabajo,
Celestino Corbacho, en la salida de la crisis. Toxo pidió
que se le incluya en la comisión integrada por la
vicepresidenta Elena Salgado y los ministros de Fomento, José
Blanco, y de Industria, Miguel Sebastián.
Por
el contrario, el secretario general de UGT, Cándido Méndez,
dijo ayer que "no se deben hacer lecturas
torcidas". Es consciente de que el Gobierno quiere
mantener dos planos diferentes de negociación, uno político
y otro sindical. El objetivo es evitar que los desacuerdos
que puedan surgir en la negociación de la reforma laboral y
de las pensiones contaminen el consenso que requiere la
salida de la crisis.
Ayer
el presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció que propondrá
un nuevo contrato con una indemnización por despido
progresiva en la reunión que mantendrá el próximo día 23
con la comisión "anticrisis".
UGT
descarta una huelga general
Madrid.–
El secretario general de UGT, Cándido Méndez,afirmó,
sobre la negociación colectiva, que está "muy
avanzado" el acuerdo para este año y los sucesivos, un
tema que, a su juicio, "tiene una enorme
importancia" porque se trata del empleo de 13 millones
de trabajadores. Por
ello mostró su confianza en que el acuerdo de la patronal y
los sindicatos sobre este tema "no pase de la mitad de
la semana que viene", señaló el dirigente sindical en
declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.
Sobre
la propuesta del Gobierno para la reforma del sistema de
pensiones, Méndez advirtió de que, como consecuencia del
"profundo desacuerdo", a lo largo de la próxima
semana, UGT y CC.OO anunciarán públicamente las
movilizaciones previstas en contra de esta medida. Sin
embargo, descartó una manifestación o huelga general, ya
que ésta sería un opción a tomar "en último
extremo".
El
secretario general de UGT consideró que el sistema de
pensiones no peligra en España y añadió que nuestro país
gasta en pensiones tres puntos menos que la Europa de los
25, y tres puntos y medio menos que Italia, Alemania,
Francia o Portugal. En cualquier caso indicó que hay que
buscar fórmulas alternativas para mejorar los ingresos del
sistema público de pensiones. "¿Por qué hablar de
recortar gastos en el sistema de pensiones cuando es uno de
los más bajos de Europa y un 20% de las personas mayores
viven en el umbral de la pobreza?", se preguntó.
Méndez
advirtió de que si se planteara una reforma laboral
"contundente", ésta "no sería eficaz"
para crear empleo, por lo que apostó por un acuerdo
consensuado entre el Gobierno y los agentes sociales.
"Talar una arboleda por la sierra mecánica y hacer una
tala indiscriminada no es eficaz (...) después de 50
reformas laborales, es preferible trabajar esa arboleda por
el método del abono, el injerto y la poda".
Para
Méndez, la reforma es posible y además sin que suponga
"recortes" para los trabajadores. En este sentido,
apostó por orientar las negociaciones a mejorar el empleo
de los jóvenes, reducir la precariedad laboral, aprovechar
mejor los incentivos y contemplar medidas alternativas a la
"mera rescisión de contratos". "Todo eso, y
más cosas, está incluido en ese documento del Gobierno y,
por tanto, creo que es una buena base de partida",
apostilló.
Según
el secretario general de UGT, el problema de España está
ligado a la situación económica y a un contexto donde se
ha reducido el gasto público a causa de los
"imperativos" de la Unión Europea, donde hay una
"escasa posibilidad" de acceder a un crédito y
donde el consumo de la familia "está bajo mínimos".
"Es muy difícil recuperar la salida al crecimiento
económico y la reforma laboral puede ayudar a mejorar, y
sobre todo aporta confianza", añadió.