Es posible que en las elecciones del próximo 6 de mayo, se rompa el predominio de los dos grandes partidos en la Cámara Baja británica, pero no se pondrá fin a la crisis presupuestaria y financiera. 

Gran Bretaña sigue siendo uno de los pesos pesados de la Unión Europea, así como un miembro del Club del G8 y una de las potencias del G20. Bajo el mandato de sus tres últimos primeros ministros, Thatcher, Mayor y Blair, celebró el neoliberalismo sus mayores triunfos y llegó a encumbrarse como verdadera normalidad de la vida política.

La estructura económica y social británica se ha transformado radicalmente. En 2008 irrumpió una crisis inmobiliaria de gestación casera que pronto trocó en crisis financiera y que difícilmente parece superable ahora como crisis presupuestaria.

En 2009 se hizo visible toda la magnitud de la corrupción generalizada cuando un macizo escándalo de gastos sacudió la dignidad de la Cámara de los Comunes. Más de una cuarta parte de los diputados laboristas y conservadores tienen que renunciar ahora a renovar sus escaños y responder ante los tribunales de justicia. Los liberal–demócratas, el Partido Nacional escocés y los Verdes pueden esperar ganancias electorales bastantes como para arrebatar a los dos grandes partidos establecidos la mayoría necesaria para gobernar. Diríase que se perfila en el horizonte un final provisional del sistema bipartidista.

La crisis económica golpeó a la Gran Bretaña de un modo particularmente duro: su sector financiero, de todo punto sobredimensionado, ha ido de megaquiebra en megaquiebra, y el gobierno de Gordon Brown, de rescate bancario en rescate bancario. A la City financiera de Londres le ha ido bien, y de nuevo tiene vara alta. El pato lo ha pagado todo el país, que ha terminado con una gigantesca montaña de deudas, rayana en los 180 mil millones de libras, y con un déficit presupuestario de dimensiones griegas. La libra esterlina ha perdido desde 2008 más de un cuarto de su valor, mientras crece el agujero en la balanza de comercio exterior, reflejando el declive de la propia industria.

La crisis se ha encargado de revelar las debilidades fundamentales del estupendo mundo nuevo del mercado ideado por el Nuevo Laborismo. Con la sola venta de derivados financieros no se puede pretender éxito ninguno a largo plazo. Tal es el transfondo de los “Manifiestos” con que  laboristas, conservadores y liberal–demócratas pretenden atraer a los electores.

Al estilo del Viejo Laborismo, Gordon Brown promete ahora justicia para todos, descubre el sentido y el propósito de una política industrial activa y da la espalda a la política de privatizaciones que su propio gobierno ha venido poniendo por obra en los últimos años.

Los tories fantasean con menos Estado, menos impuestos, más iniciativa privada, más “sociedad civil”. Ambos partidos quieren reducir el déficit presupuestario, y hacerlo drásticamente de aquí a 2014. Para lograrlo, la dirección laborista pretende aumentar las contribuciones a la seguridad social, lo que los tories reputan una política aniquiladora de puestos de trabajo. También podría pensarse en impuestos sobre el valor añadido, pero todos callan pudorosamente al respecto.

En comparación, los liberal–demócratas tienen propuestas concretas respecto de la crisis presupuestaria. En Gran Bretaña, como en todas partes, el Estado pierde año tras año miles de millones de recaudación fiscal, porque se ahorra en el aparato administrativo del fisco. En la última hornada, aquí se han “ahorrado” más de 20.000 funcionarios de hacienda. No es, pues, extraño que el Estado británico pierda ahora anualmente 40 mil millones de libras a causa de la ocultación y del fraude fiscales. Pero lo que mola mucho a los partidos es más bien una disputa ideológica escurril sobre distintas variantes de un programa neoliberal.

En 1979, Tony Blair prometió un referéndum sobre la Ley Electoral y nombró una Comisión independiente que recomendó un cambio en el sentido de una representación proporcional; todo acabó en nada. Cuando en 2009, con el escándalo de los gastos de los diputados, el país se vio sacudido por una tormenta de indignación, Brown, el sucesor de Blair, sacó asimismo de la chistera de las buenas intenciones el asunto de la Ley Electoral; pero ahí quedó la cosa. Lo único que en este asunto es capaz de proponer el dirigente conservador David Cameron es una promesa de rebajar el número de diputados en la Cámara de los Comunes de 650 a 500. Menos Estado, menos Legislativo, tal es la divisa.

El ganador pierde

La ley electoral mayoritaria británica sigue el principio de que el ganador se queda todo, y a las almas componedoras les resulta muy atractiva porque dirime hipotéticamente de un modo claro las correlaciones de fuerzas. Ahora mismo, lo que hace es generar cálculos absurdos. Para relevar a los laboristas, los tories deberían ganar 117 escaños más, cosa que su actual cuota en los distritos electorales hace barruntar como poco menos que imposible.

Con el actual sistema electoral podría llegar a darse que el partido más fuerte, con el mayor número de sufragios obtenidos, lograra el menor número de representantes, mientras que, en cambio, el que obtuviera en total menos votos, lograra hacerse con le mayor número de escaños.

Los liberal–demócratas de Nick Clegg, al que las encuestas pronostican ahora mismo entre un 32 y un 34 por ciento de los votos, no ganaron nada en muchos distritos electorales, en las últimas elecciones de mayo de 2005, a pesar de tener entre un 30 y un 40 por ciento de los votos. Si se diera un empate entre los dos grandes –un hung parliament–, sin clara mayoría, debería formarse un gobierno minoritario o negociarse una colación, lo que podría dar a la política británica un empellón europeizante.

Mas, propiamente hablando, ¿qué opciones se presentan ante los británicos? Se trata de la economía, se trata de la imponente montaña de deudas, del tipo de política de ahorro que habrá de ponerse por obra en los próximos cinco años, se trata de la crisis inmobiliaria y del sobreendeudamiento privado, de la pérdida de puestos de trabajo en el sector público y en el sector privado.

Todos los partidos tratan de ganarse a cualquier precio la confianza de los mercados financieros y de las agencias calificadoras del riesgo en los títulos de deuda británicos; no se ve, empero, el menor indicio de una preocupación seria por la regulación efectiva del sector financiero. Todos quieren mantener las tropas en Afganistán.

El Partido Laborista quiere cargar un poco más las tintas sobre los archirricos con un impuesto sobre los bonos, quizá también con algún gravamen a los bancos.

Resulte lo que resulte de las urnas, hay que ahorrar, ahorrar hasta reventar. El reventón es ya visible. A los pocos sectores del país que todavía funcionan a medias –como las universidades– se les estrangulará con el ahorro. Con el previsible efecto de que se verán forzados a seguir transformándose, más aún, si cabe, en máquinas de marketing y de ganar dinero. Muy en la línea de la idea novolaborista de un modelo empresarial para el sector público. Aun si pierden el poder, su legado sigue en pie.

* Michael R. Krätke, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es profesor de política económica y derecho fiscal en la Universidad de Ámsterdam, investigador asociado al Instituto Internacional de Historia Social de esa misma ciudad y catedrático de economía política y director del Instituto de Estudios Superiores de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido.