La aprobación del duro ajuste y el anuncio de nuevos impuestos volvieron a ensombrecer ayer el comprometido panorama de la economía española.

Manifestación en Valencia

Anoche, poco después de finalizar las primeras marchas sindicales realizadas contra el recorte de sueldos, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció que la rebaja en los salarios de los empleados públicos alcanzará hasta un 7%, y reconoció que la economía demorará en recuperarse más de lo esperado: según las nuevas previsiones oficiales, en 2011 el PBI crecerá sólo el 1,3%, medio punto por debajo del pronóstico original.

El aquí llamado "tijeretazo", que afectará a cerca de 2,8 millones de empleados públicos y ayer fue aprobado por el Consejo Extraordinario de Ministros, llevó a los sindicatos a organizar un acto de protesta en Valencia, donde cerca de 5000 personas expresaron su rechazo por la medida oficial.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, admitió por primera vez la impopularidad del recorte. "No ha sido una decisión fácil de tomar, pero son las medidas necesarias e imprescindibles que un gobierno responsable debe adoptar", señaló.

Más temprano, el gobierno se anticipó a los datos negativos que luego revelaría la ministra de Economía, Elena Salgado, al ofrecer más detalles sobre el "impuesto especial para ricos" que había adelantado el martes el propio Rodríguez Zapatero. Según informaron diversos medios españoles, el tributo será aplicado a los patrimonios que superen los dos millones de euros, y sería puesto en marcha a fines del mes próximo. Con esta medida, el gobierno buscará potenciar la reducción del gasto público, para poder alcanzar así la meta fijada a España por la Unión Europea (UE) de 15.000 millones de euros en un plazo de dos años.

Sin embargo, los dirigentes sindicales que convocaron ayer a la marcha de protesta valenciana afirmaron que las más recientes medidas gubernamentales, en especial el muy comentado "impuesto a los ricos" son un "maquillaje" destinado a "contraprogramar" movilizaciones como la de ayer. "Un gobierno serio debería plantear un plan de viabilidad para corregir todo lo que ha hecho mal", dijo un vocero de una de las grandes asociaciones gremiales.

En la marcha, se oyeron por primera vez cánticos, gritos e insultos contra el gobierno de Rodríguez Zapatero, a quien, incluso en más de un momento, se le pidió su dimisión. Aunque la movilización de ayer no alcanzó un número significativo de asistentes, este "quiebre" en contra del presidente podría influir en el tono que pueden adoptar las futuras manifestaciones de empleados públicos programadas en Madrid y otras ciudades de España para los primeros días de junio. Hasta ayer, las críticas de las centrales sindicales hacia el gobierno se habían caracterizado por su tibieza, pero el ajuste podría marcar un antes y un después.

En un aparente primer paso hacia esta escisión, los organizadores del acto central de ayer denunciaron que Rodríguez Zapatero "incumplió" un acuerdo firmado en septiembre del año último, en que se garantizaba para los tres próximos años el poder adquisitivo de los funcionarios.