En
medio de la euforia desatada por los triunfos deportivos,
media España está aún en limbo o disfruta de las
vacaciones estivales. En este contexto de relajo y en la
mejor tradición franquista, el Parlamento, con el visto
bueno del Partido Socialista Obrero Español, la abstención
del grupo mixto, el Partido Nacionalista Vasco y
Convergencia y Unión ha dado el pistoletazo de salida a la
reforma laboral.
El
resto de grupos parlamentarios, incluyendo el conservador
Partido Popular, votaron en contra. Este último llevado por
una visión electoral y no por discrepancia en su
articulado.
Si
bien todo el proceso constituye un nuevo ataque a las clases
populares, lo destacable, en este caso, estriba no sólo en
su contenido, sino en la forma en la cual se ha llevado a
cabo el proceso. Salvo Izquierda Unida, el bloque gallego y
Esquerra Republicana de Cataluña, el resto del Parlamento,
sus tres cuartas partes, estuvo de acuerdo en despachar,
cuanto antes la reforma y no esperar a septiembre. Ahora el
siguiente paso es su ratificación en el Senado, donde no
habrá grandes cambios, salvo en los acentos.
En
tiempos de la tiranía fascista era costumbre aprobar leyes
impopulares durante los meses estivales. De esta manera,
llegado septiembre, considerado el comienzo de un nuevo
curso político, las medidas adoptadas, a traición, en
julio, eran agua pasada. El protagonismo noticioso lo
copaban la vuelta al colegio, la inflación, la moda, la
liga de futbol o los megaproyectos inherentes al franquismo.
Eso sí, dentro de la unidad ideológica de sus variopintas
familias. Las discrepancias eran de matiz; mientras tanto,
las manifestaciones opositoras pasaban a la categoría de
ilegales y eran perseguidas y detenidos sus dirigentes. Por
esta sencilla razón, iniciar septiembre sin temer
movilizaciones, huelgas o enfrentamientos formaba parte de
esa paz social de la que tanto se jactaba Carrero Blanco y
Manuel Fraga Iribarne.
En
pleno siglo XXI y a más de 30 años de promulgada la
Constitución monárquica, esta estrategia artera de
proceder se creía enterrada. Formas democráticas y
refinadas sustituirían las detestables maneras acuñadas
por del franquismo. Lamentablemente, esta afirmación está
lejos de ser una realidad. Hoy, los diputados pertenecientes
a los partidos mayoritarios y sus comparsas practican los
mismos métodos deleznables de la dictadura. Para evitar
conflictividad social en caliente y perder el control de la
situación, lo mejor es pillar a los sindicatos y las clases
populares con la guardia baja. En frío las cosas pierden
relevancia y adquieren otro cariz.
En
tiempos de recesión, se impone la mano dura. Sí o sí, el
gobierno del PSOE quiere sacar adelante sus medidas
anticrisis. Bajo presión y en tiempo récord, sus señorías
resucitan el modus operandi de los procuradores en las
cortes del caudillo, quienes asentaban sus posaderas en los
actuales butacones reformados del mismo hemiciclo. Tal vez
por ello se han contaminado.
Tal
vez por esta razón, cuando pasear por las calles de
cualquier ciudad o pueblo de España no es aconsejable, dado
las altas temperaturas propias de la estación, y sus
habitantes se dejan atrapar en el noble ejercicio de la
siesta, la clase gobernante está en vilo y con los ojos
bien abiertos. Ellos no descansan. Así, cuando los ingenuos
ciudadanos despierten, la peor pesadilla de sus sueños se
habrá convertido en realidad.
Antes
de colgar el cartel “cerrado por vacaciones” en la
puerta del Congreso, parte destacada de sus inquilinos han
dado a luz una de las reformas laborales más regresivas que
se recuerden en la historia social contemporánea de España
y seguramente en la Europa comunitaria. En estos momentos,
la patronal ha ganado el pulso a los trabajadores gracias al
talante conciliador del presidente de gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, a la sazón militante del PSOE y
secretario general del mismo. Los amos del capital están de
fiesta, no deben preocuparse, ellos no se examinarán en
septiembre. En contrapartida, los sindicatos mayoritarios,
UGT y CCOO, deberán presentarse a la repesca, convocando
para el 29 de septiembre a una huelga general, con
expectativas poco halagüeñas, si pensamos en su pérdida
de credibilidad ganada a pulso durante estos últimos años.
La
actual reforma será conocida por introducir el despido
libre. Veamos: los empresarios podrán despedir con 20 días
de indemnización a sus trabajadores si concurren causas
económicas, y “se entiende que existen causas económicas
cuando de los resultados de la empresa se desprenda una
situación negativa, en casos tales como la existencia de
perdidas actuales o previstas, o la disminución persistente
de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad
o a su capacidad de mantener el volumen de empleo”. A
partir de ahora, a los capitalistas les basta mostrar que
las ganancias no se corresponden con las expectativas, para
entregar la carta de despido. Y para más INRI, a partir de
ahora, deberá ser el trabajador quien aporte las pruebas,
ante el juez, si procede o no la extinción de su contrato.
Ya no será empresario quien deba justificar las causas que
concurren en el despido. Todo un avance en la protección de
los derechos de laborales.
El
siguiente golpe que preparan el PSOE y sus aliados es
adecuar la reforma laboral a un nuevo marco global, lo cual
significa necesariamente modificar el actual estatuto de los
trabajadores. Momento en el cual se propondrán los recortes
al derecho de huelga y la negociación colectiva. Por suerte
en España gobiernan los socialistas. ¡¡¡Qué sería del
país si lo hiciera la derecha!!!
Debemos
estar contentos: en nombre del progresismo, la factura de la
orgía financiera la pagan las clases populares. En esta dinámica,
los empresarios se frotan las manos, ven aumentar su poder
arropados por una Constitución liberal, social y democrática
de derecho bajo la tutela omnipresente de la “exitosa”
economía de mercado.
(*) Es
doctor en Sociología. Profesor Titular de Estructura social
de América latina, Universidad Complutense de Madrid.
