La encrucijada de Sarkozy

Incluso los analistas políticos que le consideran un pésimo presidente, reconocen sus «excelentes dotes» como candidato. A 20 meses de las presidenciales del 2012, Nicolas Sarkozy ya ha empezado a enfundarse el traje de aspirante a la reelección, ese que le transforma en una especie de guerrero del antifaz contra delincuentes y maleantes y que tan buen resultado le dio en el 2007 para conquistar el Elíseo.

La receta de la seguridad empieza a dar sus frutos en las encuestas, pero no sin ocasionar importantes daños colaterales: las expulsiones de gitanos así como el anuncio de retirar la nacionalidad a ciertos malechores ha irritado a la derecha moderada hasta el punto de abrir una brecha en el Gobierno y su imagen internacional ha sufrido un duro golpe.

Sarkozy se encuentra, pues, ante una difícil encrucijada. Al principio del verano su cota de popularidad era tan baja –solo un 26% de apoyos– que empezaba a ser cuestionado en sus propias filas como mejor opción para la carrera electoral. Con la acumulación de fatalidades –una crisis económica que sigue coleando, las protestas sociales, el intento fallido de liberar a un rehén de Al Qaeda, y el escándalo Woerth–Bettencourt– el presidente llegó a la conclusión de que debía tomar la iniciativa. Para llegar al 2012 con posibilidades de conservar el poder debía tomar carrerilla.

Acusaciones de racismo

Este verano Sarkozy ha querido conjurar tanta fatalidad con su infalible receta de la mano dura. Pero el terreno está tan explotado que, para conseguir el mismo efecto, había que aumentar las dosis con medidas de impacto. Tras los disturbios de Grenoble y los incidentes protagonizados por una comunidad gitana en el centro del país, el presidente se lanzó de cabeza al avispero.

La asociación de delincuencia e inmigración y las repatriaciones masivas de gitanos generaron duras críticas dentro y fuera del país. Desde el Papa hasta las acociaciones de defensa de los derechos humanos pasando por la ONU, el Consejo de Europa y la UE criticaron la medida. Algunos diarios anglosajones llegaron a comparar la situación con la «deportación de judíos».

El discurso populista de Sarkozy ha puesto los pelos de punta a algunos de sus principales ministros. «He pensado en dimitir», admitió el titular de Exteriores, Bernard Kouchner, fichaje socialista con un largo historial de defensa de los derechos humanos. «Este no es el camino», clamó el ministro de Defensa, Hervé Morin.

Pero los sondeos han puesto de manifiesto que los franceses de a pie no están tan escandalizados. El 65% aprueba las expulsiones de gitanos y, según la última encuesta de TNS sofres para Le Figaro la maltrecha popularidad de Sarkozy ha recuperado cuatro puntos (30%) aunque sigue por debajo del primer ministro, François Fillon (37%), cuyo escaso entusiasmo por la política de inmigración no ha pasado desapercibido.

El miedo

Fillon encarna a la derecha moderada de corte gaullista que no se ha identificado con una escalada de la política de seguridad que juega con el miedo y la estigmatización de una comunidad, algo que no casa bien con los principios republicanos. En cambio, el sondeo muestra que entre la clase obrera y entre los simpatizantes de la extrema derecha, la estrategia de Sarkozy ha dado en la diana dando la razón al ministro del Interior, Brice Hortefeux.

El brazo ejecutor de la política de seguridad fustiga las lecciones de moralidad de los «bienpensantes» y «socialistas millonarios» desde sus lujosos apartamentos parisinos. La recuperación de los votantes de las clases populares que en las regionales de la pasada primavera desertaron para alimentar al Frente Nacional y la abstención constituye un objetivo prioritario de Sarkozy para las presidenciales del 2012.

Éxito efímero

Sin embargo, a la hora de desviar la atención sobre cuestiones tan candentes como la reforma de las pensiones y el escándalo político–financiero que salpica al ministro que debe conducirla, el titular de Trabajo, Eric Woerth, la estrategia de Sarkozy ha tenido un éxito muy efímero. Cada día que pasa, Woerth se encuentra más atrapado en la telaraña del caso Bettencourt.

Sindicatos y miembros de la patronal han pedido que abandone el barco porque «está más ocupado» en defenderse que en llevar a cabo la reforma –la edad legal de jubilación pasará de los 60 a los 62 años– que tiene a los ciudadanos en pie de guerra. El martes, debe defender el proyecto en el Parlamento, mientras Francia sale a la calle en la que se augura como la mayor manifestación del mandato.

Todo indica que Woerth pasará a engrosar la lista negra de Sarkozy –con la continuidad de François Fillon como gran incógnita– para dejar el Gobierno en la remodelación anunciada para este otoño. Otra receta para intentar salir de la espiral infernal que amenaza con apear al presidente del Elíseo. Y conjurar titulares tan cenicientos como el de la portada del semanario Le Point: «¿Ya ha perdido?».

Otoño movidito para Sarko

La escena que oscila entre la burla y el misterio: el ministro que pasó a ser el emblema de los privilegios y la impunidad con que se mueven las grandes fortunas asumirá la reforma que decapita los beneficios sociales de los franceses.

París.– La agenda política del otoño francés es una bandeja de densos ingredientes. El desempleo, el pétreo descontento de una mayoría de Francia, la reforma del sistema de jubilaciones, la impopularidad del presidente, los constantes coletazos del escándalo L’Oréal que debilitan al ministro de Trabajo, Eric Woerth, las divisiones en la derecha a propósito de la política de seguridad de Nicolas Sarkozy y las huelgas y manifestaciones previstas para la próxima semana vaticinan un banquete indigesto.

El actor principal de la densa semana social que se avecina sigue atrapado en las turbulencias del caso L’Oréal. Asediado desde hace meses por constantes revelaciones sobre su proximidad con Lilianne Bettencourt, la heredera del fundador de la multinacional L’Oréal y, más particularmente, con el gestor de la fortuna de los Bettencourt, Patrice de Maistre, el ministro de Trabajo admitió el jueves que era el autor de una carta en la que pedía la Legión de Honor para Patrice de Maistre.

Eric Woerth, que prendió en la solapa del gestor la distinción más alta que ofrece Francia, pasó casi todo el verano negando esa información, pero ayer asumió la veracidad de las revelaciones de la prensa.

El embrollo del baúl sin fondo en que se ha convertido el caso de la señora Bettencourt no pesaría tanto si el administrador de la fortuna de la heredera no hubiese sido también, cuando el actual ministro de Trabajo era titular de la cartera de Presupuesto, el empleador de la mujer del ministro. Y para empañar más las cosas, es este mismo ministro quien, la próxima semana, defenderá en la Asamblea Nacional la reforma más impugnada de la presidencia de Nicolas Sarkozy, la del sistema de pensiones de Francia.

La reforma hará pasar la edad legal de la jubilación de 60 a 62 años. Los dirigentes de las dos principales centrales sindicales del país, CGT y CFDT, manifestaron sus dudas sobre la capacidad y la pertinencia de Eric Woerth para defender un proyecto de ley tan controvertido, cuando está acosado por una red de sospechas que van desde el conflicto de intereses entre su función de ministro de Presupuesto y sus relaciones con el entorno de los Bettencourt, hasta testimonios sobre la financiación ilegal de la campaña electoral de Nicolas Sarkozy, de la cual Woerth era el tesorero.

Cada línea de este megaescándalo es el comienzo de una novela político–financiera cuyos protagonistas son una anciana multimillonaria, un fotógrafo dandy que recibió mil millones de euros de regalo de la señora, el opaco gestor de su fortuna, la mujer del ministro, el mismo ministro, la campaña electoral de Nicolas Sarkozy, la guerra en el corazón del sistema judicial francés y, al filo de la intriga, la constatada evasión fiscal de Lilianne Bettencourt. Pese a la andanada de revelaciones que fueron cercando a Eric Woerth y al costo político que ello tuvo para el presidente, Nicolas Sarkozy lo mantuvo en su puesto.

La situación desemboca ahora en una escena que oscila entre la burla y el misterio: el ministro, que pasó a ser el emblema de los privilegios y la impunidad con que se mueven las grandes fortunas, es también quien asumirá la reforma que decapita los beneficios sociales de los franceses en el sector ultrasensible de la jubilación. Los socialistas acotan que el ministro de Trabajo está “quemado” y totalmente “descalificado” para hacerse cargo de un debate parlamentario de esa naturaleza.

El secretario general de la CGT, Bernard Thibault, estimó que la reforma del sistema de pensiones estará “contaminada” por las sospechas en torno del ministro. Los sindicatos y la izquierda le prepararon un comité de recepción. El próximo 7 de septiembre, o sea, el día en que comienza el debate, convocaron a una jornada de huelgas y manifestaciones en todo el país. Transporte, administración y servicios públicos serán los sectores más afectados.

Los sindicatos apuestan por una movilización mayor a la del 24 de junio, cuando más de dos millones de personas impugnaron en las calles la reforma de las jubilaciones. El gobierno, sin embargo, mira hacia otro lado. El Ejecutivo ocupó parte del verano con un plan contra la delincuencia que puso a medio mundo contra Francia –Comisión Europea, Naciones Unidas, Amnistía Internacional– porque sus destinatarios no eran otros que los gitanos.

La puesta en escena de las deportaciones de gitanos hacia Rumania y Bulgaria rompieron incluso la unidad dentro de la derecha. Pero todo pasó tan rápido como camina Nicolas Sarkozy. Sin embargo, al presidente speederman lo persigue la sombra de su ministro de Trabajo y la boca gigante de la trama L’Oréal.