París.– Trece meses después
de asumir, mientras se aprestaba a hacer votar una nueva y controvertida ley
de transportes, Nicolas Sarkozy se atrevió a afirmar: "Desde hace un año,
cuando hay una huelga en Francia nadie se da cuenta". Hoy debe estar
mordiéndose la lengua.
Para los franceses, la
reforma de la jubilación fue simplemente la gota que rebasó el vaso. Con
características diferentes, la misma ebullición se registra en la mayoría
de los otros 26 países de la Unión Europea (UE), donde uno de cada cinco
menores de 25 años está desocupado, en tanto que el desempleo total del
bloque se eleva a 9,5 por ciento.
Indignados por la sensación
de estar gobernados por "el presidente de los ricos", empujados por
la certeza de que "los que pagan son siempre los más frágiles",
los franceses hicieron otra vez honor a una tradición de más de dos siglos y
desde hace cuatro meses salieron a la calle, masivamente, a protestar,
cortaron autopistas; pararon trenes y aeropuertos; tomaron depósitos de
combustible y refinerías; dejaron de recolectar hasta la basura y pusieron en
jaque la actividad económica del país arrojándose a una serie de huelgas
indefinidas que, por el momento, no tiene visos de terminar.
Todo eso, para protestar
contra una modesta y necesaria reforma del régimen de jubilaciones, por el
cual la edad mínima del retiro aumentará –sólo en 2020– de los 60 a los
62 años, edad que seguirá estando por debajo de la media europea.
Considerada por Nicolas
Sarkozy "la madre de todas sus reformas", esa ley forma parte, sin
embargo, de un plan más vasto de ajuste, cuyo objetivo es el de economizar
100.000 millones de euros hasta 2013, reduciendo así el déficit público de
8% a 3%.
En Bélgica, las discusiones
comunitarias esconden las respectivas visiones de los grandes partidos sobre cómo
economizar los 24.000 millones de euros de déficit.
"Naturalmente, ninguno
piensa en los bancos, las grandes fortunas o los fraudes fiscales. Los
recortes los pagarán el sector social, los desempleados y los trabajadores–
Resistiremos, como en el resto de la UE", afirma Liliane Rubens,
representante del sindicato socialista belga FGTB.
En Gran Bretaña, la federación
sindical TUC proyecta manifestaciones masivas a partir de fin de mes, después
que el gobierno conservador de David Cameron anunció su intención de
economizar 94.000 millones de euros antes de 2014. Esa cirugía sin anestesia
implica la supresión de 500.000 empleos públicos y una reducción del
presupuesto de defensa, que termina con los últimos vestigios del Imperio
Británico.
"Gran Bretaña se ha
embarcado en una experiencia extremadamente riesgosa", opinó Joseph
Stiglitz. El premio Nobel de Economía advirtió una vez más sobre "los
efectos perversos de la austeridad sobre el empleo y la inversión".
Las protestas contra el plan
de austeridad más doloroso desde que terminó la Segunda Guerra Mundial habían
comenzado, en realidad, el 29 de septiembre, cuando, de Glasgow a Londres,
cientos de militantes ocuparon las calles. El mes pasado y a comienzos de
octubre, diversas huelgas paralizaron el tráfico de subterráneos y trenes,
en protesta por los despidos anunciados.
Portugal, España, Holanda,
Alemania, Irlanda, Italia, Dinamarca, Bulgaria, Hungría, Letonia, Lituania y
Rumania han vivido la misma experiencia: jornadas de manifestaciones masivas y
huelgas nacionales convocadas por los sindicatos para protestar contra los
recortes anunciados por sus gobiernos.
Con leves variantes, esos
planes de economías incluyen una prolongación de la edad de la jubilación,
reducciones masivas de empleos en la administración pública y drásticos
cortes en los sectores de la salud, la educación y la cultura.
Portugal debe ahorrar 11.700
millones de euros antes de 2013; Italia, 24.000 millones entre 2011 y 2012;
Alemania, 82.000 millones antes de 2014, y Grecia, 30.000 en tres años.
"Hay que elegir:
economizar 30.000 millones o seguir viviendo." En Grecia, el eslogan del
Frente Militante de Lucha de los Trabajadores (PAME) figuraba en primera línea
de cada manifestación durante las 12 huelgas generales organizadas con éxito
desde que el primer ministro Georges Papandreu anunció las medidas de
austeridad.
La amenaza de explosión
social no es la única preocupación de los gobiernos europeos. Desde mediados
de año, la economía desaceleró su ritmo y las exportaciones disminuyeron.
En otras palabras, el peligro es que los recortes presupuestarios terminen por
asfixiar la reactivación, todavía extremadamente frágil.
Presión
sobre el sector privado
Uno de los principales
interrogantes es cómo se comportará la demanda de empleo. ¿El sector
privado puede crear suficientes puestos de trabajo como para compensar la
supresión de cientos de miles de empleos públicos? Peor aún: teniendo en
cuenta los puestos de trabajo del sector privado amenazados por los planes de
austeridad, en los próximos tres años podrían desaparecer, en realidad,
millones de empleos.
La respuesta a esa cuestión
se conocerá dentro de algunos meses, cuando el impacto de las medidas de
austeridad llegue a la economía real.
La segunda gran incógnita
reside en la equidad de los recortes. La mayoría de los gobiernos insiste en
que han prestado especial atención al "equilibrio social",
protegiendo los gastos de salud pública y de educación. Todos pretenden
aplicar políticas "progresistas". Nadie ignora, sin embargo, que
los grandes perdedores de esos ajustes serán las ayudas sociales y las
jubilaciones. En la mayor parte del espacio europeo, esos presupuestos sufrirán
sensibles amputaciones.
Para lanzar su megaplán de
austeridad, el gobierno británico escogió como eslogan “We are all in
this together”, que, en traducción libre, sería algo así como
"Estamos todos en el mismo barco".
Para Cameron, Merkel o
Sarkozy, todos los europeos –ricos o pobres– padecerán los efectos de los
ajustes. Es probable que gran parte de los 23 millones de desempleados de los
27 países miembros de la UE tenga dificultades para coincidir con ellos.
