¿Funcionales
a la derecha?
Por
Fernando Krakowiak
Página 12, 24/05/11
Luego de la
aplastante derrota que sufrió el Partido Socialista Español
(PSOE) en las elecciones del domingo 22, algunas voces
acusaron a los jóvenes que se concentran desde el 15 de mayo
en la Puerta del Sol de ser funcionales a la derecha.
El argumento es
que ese movimiento inorgánico, que combina críticas
indignadas hacia los políticos con frases utópicas heredadas
del Mayo Francés, terminó sirviéndoles en bandeja el
triunfo a los conservadores del Partido Popular (PP), al
convertir las calles en cajas de resonancia de las críticas
contra la gestión oficial.
El supuesto implícito
detrás de ese cuestionamiento es que la victoria del PP es
peor para los intereses populares de lo que habría sido un
triunfo del PSOE. Sin embargo, lo hecho por José Luis Rodríguez
Zapatero en los últimos dos años pone en duda esa afirmación,
ya que cuesta hallar al menos un rastro siquiera de
“progresismo” en sus políticas.
Salarios
y jubilaciones
El 12 de mayo de
2010, Zapatero anunció un recorte de 5 por ciento en los
salarios públicos y su congelamiento durante 2011. A su vez,
congeló todas las jubilaciones, salvo la mínima, poniendo
fin a 25 años de subas garantizadas por ley. Para intentar
compensar, redujo 15 por ciento el salario de los miembros de
su gabinete. Las medidas formaron parte de un plan de ajuste más
amplio destinado a reducir el déficit fiscal, que fue
ratificado por el Parlamento el 22 de mayo de 2010 por apenas
un voto de diferencia (169 a 168).
Empleo
público
En julio de
2010, el gobierno anunció la supresión de 10.600 puestos de
trabajo en el plazo de tres años para ahorrar 314 millones de
pesos. Los únicos exceptuados fueron el personal de las
fuerzas armadas y del resto de los cuerpos de seguridad, los
empleados del Poder Judicial, del servicio penitenciario y los
controladores aéreos.
Reforma
laboral
El 16 de junio
de 2010, Zapatero dictó un decreto–ley de flexibilización
laboral, que en septiembre de ese mismo año fue ratificado
por el Parlamento. La norma generalizó el contrato de fomento
de empleo de 2001 que fija la indemnización por despido
injustificado en 33 días por año trabajado, en detrimento de
los 45 días establecidos en el Estatuto de los Trabajadores
de 1980. Además, estableció como “justificado” el
despido en las empresas con pérdidas y lo facilitó al
reducir de 45 a 20 días la indemnización por año trabajado.
El Estado también se comprometió a pagar parte de las
indemnizaciones con un Fondo de Garantía Social ideado
originalmente para afrontarlas en caso de quiebra. Por último,
se autorizó a que empresarios y trabajadores pacten a nivel
de empresa la suspensión del convenio laboral de su
respectiva actividad en situaciones de crisis.
Política
social
El 4 de julio de
2007, Zapatero anunció el otorgamiento de una asignación de
2500 euros por única vez por nacimiento o adopción. La
iniciativa, conocida como “cheque–bebé”, fue aprobada
por el Senado en noviembre de ese año. En el caso de madres
solteras, familias numerosas o con hijos discapacitados, la
ayuda subía a 1000 euros. No obstante, el 12 de mayo de 2010
se anunció la eliminación del “cheque–bebé” a partir
de enero de este año como parte del plan de ajuste. Además,
el gobierno dejó de pagar en febrero el Prodi, un subsidio de
426 euros destinado a los desocupados que, luego de cobrar el
seguro de desempleo, siguieron sin trabajo. Lo reemplazó por
el Prepara, una ayuda de 400 euros mensuales que se abona sólo
durante seis meses y no puede ser percibida por quienes
cobraron el Prodi, aunque sigan sin empleo.
Reforma
jubilatoria
En enero de este
año, el gobierno acordó con los sindicatos y las empresas
elevar la edad jubilatoria de 65 a 67 años de manera
progresiva a partir de 2013. La cantidad de años de aportes
se elevará gradualmente de 35 a 38,5 y el período de la vida
laboral que se toma para calcular el haber pasa de 15 a 25 años.
También aumentó la edad para adherir a la jubilación
anticipada prevista en situaciones de crisis (de 61 a 63 años).
Política
migratoria
En junio de
2009, Zapatero aprobó una ley de extranjería más dura, que
amplió de 40 a 60 los días que puede estar detenido un
inmigrante indocumentado antes de ser deportado. Asimismo,
para frenar la llegada de personas en edad de trabajar, se
limitó la reagrupación familiar para los ascendientes
(padres y abuelos), que sólo pueden ingresar a España si son
mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicita
acredita cinco años de residencia legal. El gobierno además
firmó acuerdos con países africanos y latinoamericanos para
facilitar la repatriación forzada de los “ilegales”.
Incluso se implementó un insólito “incentivo” para
repatriar inmigrantes desocupados. El gobierno les ofrece todo
el subsidio de desempleo si abandonan el país comprometiéndose
a no regresar por cinco años: 50 por ciento antes de partir y
el otro 50 por ciento apenas llegan a sus países de origen.
Privatizaciones
En diciembre del
año pasado, Zapatero dio luz verde a la venta del 49 por
ciento de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) y
al 30 por ciento de Loterías y Apuestas del Estado. Además,
está evaluando la privatización de ferrocarriles, estaciones
de trenes y televisoras públicas, tal como se desprende de
los informes solicitados al Consejo Consultivo de
Privatizaciones. El gobierno adelantó que el dinero recaudado
será destinado a cancelar deuda.
Este es sólo un
punteo de las principales medidas, pero alcanza para ver que no
han sido precisamente los jóvenes de Puerta del Sol los
funcionales a la derecha.
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