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Cómo
se gestó la crisis de la deuda en Europa
Por
Damien Millet y Eric Toussaint
CADTM,
12/07/11
Traducido por
Griselda Pinero
Uno de los
avatares de la crisis del sector financiero que comenzó en
2007 en Estados Unidos, y que se extendió como reguero de pólvora
en Europa, es la energía que desplegaron los bancos del oeste
europeo (sobre todo alemanes y franceses, |1| pero también
belgas, neerlandeses, británicos, italianos, luxemburgueses,
irlandeses…) para utilizar los fondos prestados o donados
masivamente por la Reserva federal y el BCE.
Con ellos
lograron aumentar, entre 2007 y 2009, sus préstamos a varios
países de la zona euro (Grecia, Irlanda, Portugal y España),
de los que obtuvieron espléndidos beneficios producidos por
unos altos tipos de interés. Como ejemplo: entre junio de
2007 (comienzo de la crisis de las subprime) y septiembre de
2008 (quiebra de Lehman Brothers), los préstamos bancarios
privados de Europa occidental a Grecia habían aumentado en un
33 % , pasando de 120.000 millones a 160.000 millones de
euros.
Los banqueros de
Europa occidental se dieron codazos para otorgar préstamos a
la Periferia de la Unión Europea, que deseaba endeudarse. No
contentos de arriesgarse en forma extravagante al otro lado
del Atlántico en el mercado de las subprime con el dinero
confiado por los ahorradores, repitieron la misma operación
en Grecia, en Portugal, en España… Efectivamente, la
pertenencia a la zona euro de algunos países de la Periferia
convenció a los banqueros de los países del Oeste europeo de
que los gobiernos, el BCE y la Comisión Europea los ayudarían
en caso de problemas. Y no se equivocaron.
Cuando la zona
euro fue sacudida por fuertes turbulencias, a partir de la
primavera de 2010, el BCE prestaba con un interés ventajoso
del 1 % a los bancos privados, que a su vez exigían a países
como Grecia un interés netamente superior, entre el 4 y 5 %
para préstamos a tres meses, y alrededor del 12 % para los títulos
a 10 años. Los bancos y los otros inversores institucionales
justificaron tales exigencias por el riesgo de cesación de
pagos que pesaba sobre los llamados países de riesgo.
Una amenaza tan
fuerte que los tipos de interés aumentaron considerablemente:
el préstamo concedido por el FMI y la Unión Europea a
Irlanda en noviembre de 2010 alcanzaba el 6,7 %, contra el 5,2
% concedido a Grecia seis meses antes. En mayo de 2011, el
tipo de interés para Grecia, para préstamos a 10 años,
sobrepasaba el 16,5 %, lo que obligó a este país a tomar préstamos
a tres o seis meses, o dirigirse al FMI o a otros países
europeos. Desde entonces, el BCE debe garantizar las
acreencias tenidas por los bancos privados comprándoles los títulos
de los Estados… a los que, en principio tiene prohibido
prestar directamente.
Para tratar de
disminuir los riesgos, los bancos franceses disminuyeron en
2010 su exposición en Grecia, que se redujo en un 44 %,
pasando de 27.000 millones a 15.000 millones de dólares.
Los bancos
alemanes efectuaron un movimiento similar: su exposición
directa bajó un 60 % entre mayo de 2010 y febrero de 2011,
pasando de 16.000 millones a 10.000 millones de dólares.
Fueron el FMI,
el BCE y los gobiernos europeos los que reemplazaron
progresivamente a los bancos y otras entidades financieras
privadas. El BCE posee en forma directa 66.000 millones de
euros de títulos griegos (o sea, el 20 % de la deuda pública
griega) que adquirió en el mercado secundario a los bancos.
Aunque, hasta mayo de 2011, el FMI y algunos gobiernos
europeos ya habían prestado 33.000 millones de euros, sus préstamos
continuaron aumentando.
Sin embargo esto
no se detiene allí, el BCE aceptó de los bancos griegos
120.000 millones de euros en títulos de la deuda griega como
garantías (colaterales) de préstamos que había otorgado con
un tipo de interés del 1,25 %. El mismo procedimiento se
reprodujo con Irlanda y Portugal.
Nos encontramos,
por lo tanto, con todos los ingredientes de la gestión de la
crisis de la deuda del Sur, mediante el Plan Brady. |2| A
comienzos de la crisis que estalló en 1982, el FMI y los
gobiernos de las grandes potencias, Estados Unidos y Gran
Bretaña a la cabeza, fueron al rescate de los bancos privados
del Norte que se habían arriesgado enormemente prestando, en
forma compulsiva, a los países del Sur, sobre todo en América
Latina.
Cuando países
como México se encontraron al borde de la cesación de pagos
como resultado del efecto combinado del aumento de los tipos
de interés y del descenso en los ingresos por exportaciones,
el FMI y los países miembros del Club de París les
concedieron préstamos con la condición de que continuaran
reembolsando sus deudas y que aplicaran planes de austeridad
(los famosos planes de ajuste estructural).
Pero, como el
endeudamiento del Sur aumentaba por el efecto de bola de nieve
(como está pasando en este momento en Grecia, Irlanda,
Portugal, y en otros países de la UE), pusieron en marcha el
Plan Brady (llamado así por el secretario del Tesoro
estadounidense de esa época) que implicó una reestructuración
de la deuda de los principales países endeudados mediante un
intercambio de títulos. El volumen de la deuda se redujo en
un 30 % en ciertos casos y los nuevos títulos (los títulos
Brady) garantizaron un tipo fijo de interés de cerca del 6 %,
lo que fue muy favorable para los banqueros.
Eso también
aseguró la prosecución de las políticas de austeridad bajo
el control del FMI y del Banco Mundial. Sin embargo, a largo
plazo, el monto total de la deuda aumentó y las sumas a
reembolsar fueron enormes. Si se tiene en cuenta sólo el
saldo neto entre las sumas prestadas y las reembolsadas desde
la implantación del Plan Brady, los países en desarrollo
transfirieron a los acreedores el equivalente a más de seis
planes Marshall, es decir cerca de 600.000 millones de dólares.
¿No se tendría
que evitar que suceda algo similar? ¿Por qué se debe aceptar
que los derechos económicos y sociales de los pueblos sean
una vez más sacrificados en el altar de los banqueros y de
otros actores de los mercados financieros?
Según los
bancos de inversiones Morgan Stanley y J.P. Morgan, en mayo de
2011, los mercados consideraban que había un 70 % de
probabilidad de que Grecia entrara en cesación de pagos,
contra un 50 % de dos meses antes.
El 7 de julio de
2011, Moody’s colocó a Portugal en la categoría de deudas
de alto riesgo. Unos días después, los especuladores
atacaban a Italia.
Por lo tanto,
tenemos una razón suplementaria para pedir la anulación: es
necesario auditar las deudas, con participación ciudadana,
con el fin de anular la parte ilegítima. Si no se toma esta
opción, las víctimas de la crisis sufrirán a perpetuidad
una doble condena en beneficio de los culpables, los
banqueros.
Se ve
perfectamente en Grecia: las curas de austeridad se suceden
sin que mejore la situación de las cuentas públicas. Pasará
lo mismo con Portugal, Irlanda, España,... Una gran parte de
la deuda es ilegítima puesto que proviene de una política
que ha favorecido a una ínfima minoría de la población en
detrimento de una aplastante mayoría de ciudadanos y
ciudadanas.
En los países
que firmaron acuerdos con la Troica, las nuevas deudas no son
sólo ilegítimas sino también odiosas, y esto se debe a tres
razones:
1) Los préstamos
están plagados de condiciones que violan los derechos económicos
y sociales de una gran parte de la población.
2) Los
prestamistas hacen chantaje a esos países (no hay una
verdadera autonomía de voluntad del que necesita el préstamo).
3) Los
prestamistas se enriquecen en forma abusiva imponiendo tipos
de interés prohibitivos (por ejemplo, Francia y Alemania
toman préstamos al 2 % en los mercados financieros y prestan
a más del 5 % a Grecia y a Irlanda; los bancos privados
obtienen préstamos al 1,25 % del BCE, y prestan a Grecia,
Irlanda, Portugal a más del 4 % a 3 meses). Estos países o
los de Europa del Este (y fuera de la UE, países como
Islandia), es decir aquellos que son sometidos al chantaje de
los especuladores, del FMI y de otros organismos, como la
Comisión Europea, conviene que recurran a una moratoria
unilateral del reembolso de la deuda pública. Es un medio
inevitable para conseguir crear una relación de fuerza
favorable. Esta propuesta es cada vez más popular en los países
más afectados por la crisis.
También, se
debería efectuar, bajo control ciudadano, una auditoría de
la deuda pública. El objetivo de la auditoría es conseguir
una anulación /repudio de la parte ilegítima u odiosa de la
deuda pública y reducir fuertemente lo que reste de deuda.
La reducción
radical de la deuda pública es una condición necesaria pero
no suficiente para que los países de la UE salgan de la
crisis. Es necesario completarla con toda una serie de medidas
de gran amplitud en los diferentes ámbitos (fiscalidad,
transferencia de las finanzas al dominio público,
resocialización de otros sectores claves de la economía,
reducción del tiempo de trabajo con el mantenimiento de los
salarios y contratación compensatoria, etc.). |3|
La flagrante
injusticia que domina las políticas regresivas actualmente
implantadas en Europa alimenta la poderosa movilización de
indignados en España, en Grecia o en otros lados. Gracias a
estos movimientos, que se inspiraron en los levantamientos
populares de África del Norte y del Próximo Oriente, estamos
viviendo una aceleración de la historia. La cuestión de la
deuda pública debe ser afrontada de manera radical.
(*)
Damien Millet es portavoz del CADTM Francia (www.cadtm.org),
Eric Toussaint es presidente del CADTM Bélgica. Conjuntamente
dirigieron la obra “La deuda o la vida” que será próximamente
publicado por Icaria Editorial, Barcelona, en octubre de 2011.
Notas:
|1|
A fines de 2009, los banqueros alemanes y franceses poseían
el 48 % de los títulos de la deuda externa española (los
bancos franceses el 24 %), 48 % de títulos de la deuda
portuguesa (los bancos franceses el 30 %) y el 41 % de los títulos
de la deuda griega (los franceses a la cabeza con el 26 %).
|2|
Eric Toussaint, Banco Mundial. El
golpe de Estado permanente, El Viejo Topo, Mataró, 2007, capítulo
15.
|3|
Véase http://www.cadtm.org/Ocho-propuesta...
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