Las reformas constitucionales pactadas obligarán a sacrificar los derechos
de personas mayores, mujeres y trabajador@s de todo tipo

Constitución, déficit y derechos sociales

Por Observatori DESC
La Haine, 31/08/11

Ante las manifestaciones ciudadanas y las críticas de diversas organizaciones sociales y sindicales contra el acuerdo alcanzado por el Gobierno y el Partido Popular para introducir en la constitución española y en una ley orgánica límites al déficit y al endeudamiento públicos, el Observatori DESC cree conveniente realizar las siguientes consideraciones:

1. La imposición de límites al déficit y al endeudamiento públicos no son dogmas aplicables en cualquier circunstancia. Son instrumentos de política económica que pueden servir a fines diversos. Pueden contribuir al saneamiento económico si se acompañan, por ejemplo, de políticas fiscales social y ambientalmente progresivas o de un combate firme al endeudamiento especulativo del sector privado. Pero en un contexto como el actual, en el que ninguno de los grandes partidos impulsa estas medidas, lo más probable es que acaben sirviendo a objetivos menos nobles: la privatización de servicios públicos, el recorte de derechos de los más vulnerables y una drástica reducción de la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas y los municipios.

2. Esta última hipótesis no es una mera especulación. La reforma constitucional y legal acordada por los partidos mayoritarios no es una propuesta nueva ni simplemente técnica. Es una propuesta política que ha sido ensayada en distintos países en las últimas décadas, con constatables consecuencias anti–sociales y anti–democráticas.

3. Al consagrar el principio del Estado social y democrático, buena parte de las constituciones de posguerra aceptaron que los gobiernos pudieran servirse de diferentes instrumentos para ajustarse a él. El recurso al endeudamiento, combinado con una presión fiscal progresiva era uno de ellos. Esta posibilidad no prefiguraba un programa económico específico. Simplemente establecía un marco constitucional amplio que los diferentes gobiernos podrían concretar según su orientación ideológica.

4. La obsesión anti–déficit y anti–deuda y el bloqueo de políticas fiscales mínimamente progresivas fue la repuesta de las tesis neoliberales a este modelo constitucional. Con ella, se generaba una fuerte presión a favor de respuestas privatizadoras y de ajustes sociales y una mayor restricción de los márgenes de actuación de las asambleas legislativas.

5. A partir de los años 80 el techo del gasto público fue inscrito en numerosas constituciones locales y estatales del mundo. En algunos casos, como en California, en Estados Unidos, se llegaron a incluir límites a la potestad de aumentar impuestos. Estas medidas tuvieron un papel decisivo en la posterior crisis y bancarrota de las economías de estos lugares.

6. En Europa, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997 fue la expresión por excelencia de esta tendencia. De manera dogmática, convirtió la obcecación anti–déficit (no más del 3% del PIB) y anti–deuda (no más del 60% del PIB) en un rígido corsé que fue constriñendo el ámbito de decisión de los Estados. La imposibilidad de ajustarse a directivas tan estrictas sin provocar un caos social llevó a algunos de ellos, incluidos Alemania y Francia, a incumplirlas de manera selectiva, mientras imponían privatizaciones y recortes en servicios específicos. En la periferia, los intentos de adecuarse a esta tácita Constitución europea adquirieron ribetes más dramáticos. Grecia optó por una política fiscal fuertemente regresiva, pero aun así tuvo que falsear sus cuentas públicas. España, por su parte, alentó una irresponsable política de sobre–endeudamiento privado que los grandes partidos siguen fomentando a pesar de estar en el núcleo de sus problemas actuales.

7. En ausencia de voluntad para controlar a los mercados y para imponer una fiscalidad social y ambientalmente justa, la propuesta de Ángela Merkel y Nicolás Sarkozy de reforzar los dogmas del Pacto, grabarlos en las constituciones y leyes de la eurozona y endurecer las sanciones para los incumplidores, no es una medida neutra. Supondrá un espaldarazo a las salidas privatizadoras a la crisis y un nuevo golpe al constitucionalismo social y democrático con el que los poderes públicos aspiran a dotarse de legitimidad.

8. Estas medidas, en todo caso, no afectarán de la misma manera a todos los países en los que se apliquen. Tendrán un impacto especial en la periferia de la eurozona, cuya vulnerabilidad social y productiva es especialmente grave. En el concreto caso español, el gobierno y el Partido Popular han acordado imponer al conjunto de las administraciones un techo de déficit del 0,40%. Asimismo, pretenden que el pago de los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones goce de prioridad absoluta. La concreción de estos objetivos de aquí a 2020 es, además de irrealista, suicida social y económicamente.

9. Si bien es grave pretender otorgar a estas reformas rigidez constitucional, su consagración por ley orgánica no será menos prejudicial. De llevarse adelante, de hecho, los objetivos de reducción de déficit y de deuda pública serían incompatibles, en cualquier caso, con la consecución de principios y derechos básicos contemplados en la Constitución de 1978, en los Estatutos de Autonomía y en numerosas Declaraciones y Tratados internacionales en materia de derechos ratificados por el Estado español. De entrada, comportarían, sobre todo si se privilegia el pago a los acreedores, como pretende la reforma, renunciar a objetivos constitucionales como los del Estado social (art.1.1), la igualdad real y efectiva (art. 9.2) o la autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas y los municipios (arts. 2, 140, 142 y 156).

10. La pretensión de incluir, junto a los objetivos de reducción del déficit, excepciones en caso de "catástrofe natural, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado" resulta un contrasentido. En primer lugar, porque dicho escenario de insostenibilidad social ya existe en ámbitos como el de la vivienda, la salud, la educación o en el laboral, y las reformas no harán sino agravarlo.

11. Las reformas pactadas, en realidad, obligarán, de llevarse a cabo, a sacrificar no solo los derechos de personas mayores, mujeres y trabajadores de todo tipo, sino los de unas generaciones precarizadas que, además de no votar la actual Constitución, están siendo víctimas privilegiadas de sus límites e incumplimientos. En este contexto, el empeño en llevarlas adelante o la negativa a discutirlas, al menos, en referéndum, sólo agudizarán la impugnación que movimientos como los del 15–M han lanzado al actual régimen político y económico. Y cargarán de razones a quienes, como en Islandia, exigen procesos constituyentes capaces, no de "calmar" a los mercados, sino de someterlos a lógicas genuinamente democráticas que prioricen los derechos de todos sobre los beneficios de pocos.