Una multitud se movilizó en 57 ciudades contra la reforma laboral

Primera gran protesta por el ajuste

Por Adrián Sack
Corresponsal en Madrid
La Nación, 20/02/2012

La profunda política de ajuste del gobierno de Mariano Rajoy se topó ayer con los primeros focos de resistencia en las calles de España. En Madrid, Barcelona, Valencia y otras 54 ciudades, cientos de miles de personas fueron movilizadas por los sindicatos para protestar contra la reforma laboral y, al mismo tiempo, allanar el camino hacia la convocatoria a una huelga general que ayer estuvo presente en los cánticos de los manifestantes.

Las marchas, que según las entidades gremiales convocaron en total a más de un millón de personas en todo el país, coronaron una semana de creciente tensión social en Europa, donde las consecuencias de la crisis financiera se hacen sentir cada día a través de nuevas protestas contra el recorte del modelo de Estado de Bienestar. De hecho, tras las concentraciones de ayer en España, para esta semana se esperan nuevas manifestaciones contra el ajuste en Portugal, Italia y Grecia, donde el fin de semana, en Atenas, hubo nuevas marchas contra las fuertes medidas de austeridad anunciadas por el gobierno del primer ministro Lucas Papademos.

En la tarde de ayer, Madrid fue el epicentro del descontento continental. Bajo el lema "No a la reforma laboral injusta con los trabajadores, ineficaz para la economía e inútil para el empleo", la Unión General de Trabajadores (UGT) y las Comisiones Obreras (CC.OO.) tiñeron de bronca y desazón el domingo de Carnaval. En los discursos gremiales, los puntos más atacados de la nueva legislación laboral lanzada por el Ejecutivo español fueron el abaratamiento del despido y la afirmación del propio Rajoy de que la reforma "no creará empleo" en el corto plazo ni frenará el aumento del índice récord de desocupación, hoy situado en el 22,85%.

Pero, más allá de las declaraciones y las consignas, las marchas, gracias al poder de convocatoria demostrado, consiguieron su objetivo de transformarse en una fuerte advertencia al gobierno. Según los organizadores, en la capital española, donde los manifestantes desbordaron el trayecto entre la fuente de Cibeles y la Puerta del Sol, la marcha habría congregado a unas 500.000 personas.

En tanto, en Barcelona, la cantidad de manifestantes habría llegado a 450.000, y en Valencia, a 80.000. En todos los casos, los cálculos efectuados por la policía y el gobierno alcanzaron "rebajas" llamativas, que oscilaron entre un 85% y un 90% menos respecto de las estimaciones de la UGT.

Los dirigentes sindicales, animados por la concurrencia, exhortaron al gobierno a abrir "en forma inmediata" un canal de negociación para modificar algunos puntos de la reforma, en especial el referido a las facilidades concedidas a los empresarios para despedir personal. "Si no cambiamos, habrá una escalada y un mayor deterioro del clima social", destaca uno de los párrafos del manifiesto conjunto de las centrales obreras.

A pesar de que en el documento no se menciona explícitamente la posibilidad de convocar a un paro general de actividades, en distintas marchas, entre ellas la de Madrid, los asistentes cerraron su lectura en público al grito de "¡Huelga, huelga!".

Además, la convocatoria a esta marcha, poco más de un mes y medio después del comienzo de la gestión del gobierno del Partido Popular (PP), fue percibida en España como un "globo de ensayo" con vistas a esa medida de fuerza, que no se realiza en el país desde el 29 de septiembre de 2010. Ese día, la UGT y CC.OO. llevaron a cabo la única huelga general en siete años del gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de que el país ya estaba inmerso en la crisis económica.

Tras ser acusado por el gobierno de haber "despertado de un largo letargo", el presidente de la UGT, Cándido Méndez, fustigó ayer al oficialismo por sus planes de lo que el dirigente calificó como una "enésima" reforma laboral.

"El PP se desentiende del problema del desempleo, margina al que no tiene empleo y pone en la cola de los desocupados a los jóvenes. Esta es claramente una reforma hecha al dictado de los intereses financieros y llevada a cabo ante la mirada del gobierno alemán", afirmó.

"Queremos corregir en profundidad esta reforma laboral y ése es nuestro objetivo. Las manifestaciones de hoy [por ayer] son un cauce, un instrumento democrático para intentar conseguir ese objetivo", dijo también Méndez a una radio local.

Sistema productivo

En tanto, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, denostó la reforma, a la que consideró "inútil", y afirmó que la salida de la crisis necesita "un cambio de sistema productivo" y no alteraciones en las leyes que "sólo favorecen" la destrucción de empleos estables y su reemplazo por puestos temporales.

La reforma es vista como un esfuerzo más del gobierno para convencer a los mercados de que puede reducir su déficit presupuestario y reforzar la competitividad, permitiendo el crecimiento y la creación de más puestos de trabajo. Sin embargo, los sindicatos opinan que estas medidas llevarán el desempleo a una cifra de 6 millones de personas desde los 5,3 millones que hay actualmente.

Junto con un mayor abaratamiento y una mayor facilitación del despido, la reforma abre la puerta a que las empresas rebajen los salarios de los trabajadores, y facilita y acelera también los despidos colectivos.

Mientras se celebraban las masivas manifestaciones, Rajoy volvió a defender la reforma, que logró aprobar gracias a su mayoría absoluta en el Parlamento. "La nueva ley es buena y justa para España", dijo. Además, resaltó que las reformas "son vitales para salir del marasmo", aunque descartó que esa serie de medidas "puedan hacer milagros por sí solas".

En el cierre del congreso del Partido Popular realizado en Sevilla, el mandatario español y líder de esa fuerza política también reafirmó su confianza y compromiso con el ajuste anunciado mediante un frase que pareció una respuesta directa y desafiante a las protestas sindicales: "No vamos a cejar hasta que el problema esté resuelto y España, encarrilada".

En el mismo sentido, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dijo que el gobierno respetaba el derecho de manifestación, pero agregó: "Lo que nos corresponde es trabajar y hacer las reformas necesarias para que este país vuelva a crecer y crear empleo".