Haití,
un portaviones, y dinero para Washington
Otra
vez la ONU al servicio de EEUU
Por
Diego Ghersi
APM,
17/09/09
Se
multiplican las denuncias contra la MINUSTAH por asesinato y
exceso de violencia. Los males que padece el país no cesan.
Miseria para los haitianos, narcodólares para los bancos
estadounidenses.
Haití
es un paraíso para delinquir. Al no regir las instituciones
gubernamentales, todo se puede hacer: tráfico de drogas, de
armas y contrabando son moneda diaria, y sus jefes son los
funcionarios oficiales.
Así,
en voz muy baja, los militares que regresan de la misión de
Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH)
confiesan que la situación del país es aberrante.
En
sus medidas descripciones abundan relatos de miseria,
corrupción, violencia generalizada, carencias básicas,
agresiones con piedras contra los tanques blancos de
patrullaje y narcotráfico.
Por
otro lado, empiezan a sumarse las voces de denuncia de
organizaciones sociales y de Derechos Humanos en contra de
las fuerzas internacionales, a las que no vacilan en llamar
de ocupación.
La
MINUSTAH comenzó sus actividades en Haití el 1º de junio
de 2004, coordinada por las Fuerzas Armadas de Brasil -por
mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas- e
integrada por efectivos de Chile, Uruguay, Argentina,
Ecuador y de España, Canadá, Francia y Estados Unidos.
Si
bien en sus comienzos la fuerza multinacional consiguió
restablecer la tranquilidad en Cité Soleil (barrio popular
de Puerto Príncipe, considerado de alta peligrosidad), en
la actualidad la conducta de los militares extranjeros roza
la brutalidad y el pillaje.
En
ese sentido, organizaciones sociales han denunciado que los
cascos azules realizan violentas requisas -sin razón
aparente- e incluso roban dinero de los pobladores y saquean
comercios.
Las
denuncias por homicidio tampoco están ausentes: miembros de
MINUSTAH fueron acusados de haber asesinado, el 5 de agosto,
a un joven de 26 años, durante una manifestación popular
para reclamar por el restablecimiento de los servicios de
electricidad en la ciudad de Las Cahobas.
Según
la Red Fronteriza Jano Siksè, los cascos azules llegaron al
lugar de la protesta y dispararon con armas de fuego contra
manifestantes armados con piedras. En el choque resultó
muerto el joven Ricardo Morette y otros diez manifestantes
salieron heridos.
Posteriormente,
miembros de la fuerza multinacional se apropiaron del cadáver
depositado en la morgue de Las Cahobas y merced a una
autopsia -cuyo resultado fue negado al letrado de la familia
de la víctima- informaron que el deceso no se había
producido por herida de bala. Esa información fue objetada
por los médicos de Las Cahobas.
Este
caso particular –que se suma a otras denuncias de abuso
perpetradas por las fuerzas de paz- amerita un replanteo de
la misión, tanto en la ONU como entre los gobiernos que
forman parte de ella.
Dado
que el problema de Haití es de carácter estructural, debería
haberse anticipado que el uso de la fuerza sólo era
admisible por un corto período y en conjunción con otro
tipo de medidas que no se han adoptado o han sido
equivocadas.
La
crisis de Haití es de carácter medioambiental, productiva
y política, y la solución no puede pasar exclusivamente
por el factor militar.
En
un país agrario, dónde no existen registros de propiedad
de la tierra, el desinterés por su utilización y
conservación es algo natural. En las pocas explotaciones
agrícolas que funcionan el uso de tecnologías nocivas
destruye la capacidad productiva de los suelos.
La
carencia de combustibles ha intensificado el uso del carbón
–se usa en el 70 por ciento de las cocinas del país- y
propiciado la deforestación.
Haití
ha perdido su soberanía alimentaria -en 1970 producía el
90 por ciento de lo que consumía, hoy importa el 55 por
ciento- y si bien el país recibe ayuda internacional, ésta
es distribuida a través del poco equitativo mercado negro.
El
desgobierno conlleva al funcionamiento de instituciones
financieras sin control, que se nutren con el lavado del
dinero proveniente de un creciente tráfico de
estupefacientes colombianos.
Una
vez más, la imposibilidad de despegue que padece Haití
parece estar ligada a los intereses de Estados Unidos. Y es
que en la actual búsqueda de posiciones estratégicas por
parte de Washington, el territorio haitiano representa un
portaviones desde dónde proyectar su amenaza militar en
territorio sudamericano y consolidar sus pretensiones hegemónicas
sobre los recursos de la región.
Por
otra parte, en épocas de crisis financiera, el dinero del
narcotráfico contribuye como alivio a la economía
estadounidense.
Es
así que la conducta de Estados Unidos en Haití complementa
los movimientos derivados de los planes Colombia y Mérida,
del golpe de estado en Honduras, del patrullaje de la IV
Flota y de la política de establecimiento de bases
militares, con la complicidad del presidente colombiano
Alvaro Uribe.
Por
consiguiente, los velados argumentos de los países
sudamericanos, en el sentido de que sus participaciones en
MINUSTAH contrapesan a los intereses de Estados Unidos,
aparecen casi como ingenuos. La comunidad internacional no
toma en serio el problema haitiano. Es hora de hacerlo.
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