Haití tiene el sector de servicios sociales más privatizado en las Américas, con hasta el 80% de los servicios básicos del país prestados por el sector privado a través de “organizaciones no gubernamentales” (ONG). Ningún otro país del mundo tiene más organizaciones no gubernamentales per cápita. Edmond Mulet, jefe de la misión de la ONU en Haití, de manera conservadora calcula que había más de 10.000 antes del terremoto del 12 de enero. Muchos haitianos, irónicamente, se refieren a su país como una "república de las ONG."

El gobierno haitiano, periódicamente acusado de corrupción por el Departamento de Estado de EE.UU., ha sido marginado en los esfuerzos de recuperación post–terremoto. Menos de un centavo de cada dólar de ayuda estadounidense va al gobierno haitiano. Como informó la agencia Associated Press, las ONG que trabajan en el sector de asistencia reciben 43 centavos y 33 centavos de ese mismo dólar termina en las manos de los militares de EE.UU.. Este ha sido el patrón de la ayuda desde que el depuesto presidente haitiano Jean–Bertrand Aristide –uno de los políticos no favoritos de Washington –fue elegido en 1990.

Una organización que agrupa a los activistas anti–Aristide y organizaciones no gubernamentales, llamada Grupo 184, por ejemplo, fue financiada en gran parte por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Internacional para Sistemas Electorales y el Instituto Internacional de la República. Como informa Peter Hallward en su libro Embalse del Diluvio, La USAID y otras agencias gubernamentales de los países del Norte proporcionan el 70% de la financiación de las ONG en Haití. El otro 30% proviene de donaciones corporativas e individuales. Así, la etiqueta de "no gubernamental" es un término algo inapropiado.

En Haití, el estado ha sido sobrepasado y las no electas organizaciones, que no son responsables del pueblo haitiano, están llevando a cabo un programa de transformación neoliberal. Las relaciones entre las ONG y sus donantes continuamente menoscaban el derecho del pueblo haitiano a la libre determinación, mientras que las organizaciones son al mismo tiempo el cultivo y el aprovechamiento de la pobreza contra la que dicen luchar.

Una de las mayores organizaciones no gubernamentales, la Cruz Roja Americana, ha sido criticada por su manejo de los fondos de ayuda por el terremoto. La Cruz Roja consiguió 225 millones de dólares de donaciones privadas, pero sólo asignó 106 millones para alivio de Haití. Esto supuso que 149 millones fuesen dado por “desaparecidos” respecto a Haití.

La exposición de los gastos generales de las grandes ONGs realizada por Bill Quigley, del Centro de Derechos Constitucionales, indica que más de 200 millones dólares fueron entregado a la Cruz Roja EE.UU., que sólo tenía 15 empleados en Haití antes del terremoto, mientras que Partners in Health y sus 5.000 empleados (en su mayoría haitianos) recibieron 40 millones.

Han pasado dos meses y miles de millones de dólares de ayuda han llegado de todo el mundo. La falta de transparencia y rendición de cuentas ha afectado negativamente a la prestación de servicios. El primer ministro haitiano, Jean–Max Bellerive, ha hecho pública su frustración con la desorganización: "No sé quién ha dado dinero a las ONG y cuánto dinero han dado... Por el momento, no podemos hacer ningún tipo de coordinación o cualquier política coherente para dar ayuda a la población".

La reciente Conferencia de Donantes Post–Desastre para evaluar las necesidades en Santo Domingo, República Dominicana, el 16 de marzo, hizo poco para cambiar el statu quo de las ONG para el desarrollo. La reunión fue un ejemplo más de la exclusión de los haitianos en el proceso de toma de decisiones en la reconstrucción de su propio país.

El carácter paternalista de la reunión llevó presidente haitiano, René Préval, a desafiar airadamente al Departamento de Estado de los EEUU. Llamó a sus acusaciones de corrupción "arrogantes" y exigió que el gobierno de Haití tuviese poder de veto sobre cualquier proyecto de reconstrucción.

A pesar de desafío de Préval, el resultado fue más de lo mismo. No hubo debate sobre trabajar con organizaciones populares de Haití, que son cruciales para el desarrollo local. Los "expertos" decidieron que Haití debe adoptar medidas para fortalecer aún más el sector privado, la transparencia y buen gobierno. La ironía final de la conferencia de donantes es que la prescripción de ONG para el gobierno de Haití es lo que las propias ONG necesitan desesperadamente: una mayor transparencia.

(*) Kevin Edmonds es un investigador asociado de la ANCLA.