Puerto Príncipe.– Este
martes la Cámara de Senadores haitiana empezó a debatir una iniciativa de
ley del presidente René Préval para modificar los términos legales del
estado de emergencia, que le permitirá extender por 18 meses –siete meses
mas allá de su propio mandato presidencial– los poderes plenipotenciarios
de la Comisión Interina de Reconstrucción Nacional (CIRN).
La nueva ley, aprobada el 8
de abril en la Cámara de Diputados (43 votos a favor por 5 en contra, éstos
de la opositora Alternativa Patriótica para el Progreso y la Democracia),
permitirá a la CIRN manejar –sin rendir cuentas al Poder Legislativo– las
multimillonarias sumas de dólares de ayuda acordadas el pasado 30 de marzo
por la Conferencia de Donantes reunida en Nueva York. En total para Haití,
9.9 millones de dólares. En particular para los 18 meses adicionales del
periodo extraordinario de excepción, 5.3 millones de dólares. Toda esta
cantidad, directa a un fondo cuya gestión nadie podrá objetar, ni revisar
siquiera.
La comisión interina –que
empezó a trabajar a los primeros días después del terremoto bajo un árbol
de mango en el patio de un cuartel de la Policía Judicial, en medio del caos
generalizado– se ha convertido, a tres meses del cataclismo, en una
corporación transnacional que funciona en el secreto absoluto. Tiene una
dirección conjunta, presidida por el primer ministro Jean Max Bellerive, en
representación del propio Préval, y por el ex presidente estadounidense Bill
Clinton.
Según la Constitución, Préval
–electo en mayo de 2006– concluye su periodo presidencial de cinco años
en abril de 2011. Aunque él mismo ha asegurado que “pase lo que pase dejará
el poder en el término constitucional”, en la práctica pretende seguir al
frente de la CIRN hasta que concluya el plazo de 18 meses del periodo de
emergencia. Es decir, continuará al frente de una especie de periodo de
excepción, dotado de suprapoderes siete meses después de haber concluido su
gestión como mandatario. Un buen lapso para recibir y gestionar sin
vigilancia mucho, mucho dinero.
Hasta ahora Préval no ha
adelantado algún proyecto concreto para la realización de elecciones
presidenciales, previstas en el calendario electoral pre–terremoto para el
mes de noviembre de 2010.
La república,
cerrada por derribo
En suma, la república de
Haití, que a duras penas reconstruyó su sistema democrático después del
periodo de las dictaduras duvalieristas (1960–1986) y la debacle aristidista
de la década de los noventa, dará un paso sin precedente en la cesión de
facultades soberanas.
A pesar de su larga y penosa
historia del siglo 20, en la que se sucedieron protectorados estadounidenses
que protegieron dictadores y quitaron y pusieron gobernantes a su conveniencia
en el Palacio Nacional –hoy “cerrado por derribo”, como diría el
cantautor madrileño Joaquín Sabina– la clase política haitiana “revive
los viejos tiempos”, cuando el presidente en turno se dotaba a sí mismo de
poderes excepcionales.
Según alerta un artículo de
la agencia haitiana Alter Press, que distribuye Radio Kiskeya, la nueva ley de
emergencia signada por la rúbrica Préval–Clinton (y todo el entramado de
negocios de las concesionarias privadas que están detrás de estos dos
apellidos) permitirá por primera vez legalmente que personajes y entidades
extranjeras –en este caso el ex presidente demócrata de Estados Unidos como
cabeza de un grupo que también incluye al ex jefe de la Casa Blanca
republicano George Bush– intervengan directamente en la cosa pública.
El proyecto de ley del Estado
de emergencia enfrenta la negativa en bloque de la oposición que cuenta en la
cámara alta con 13 votos de los 43 escaños. Lejos de abrir consultas y
negociaciones, Préval ha intensificado en las últimas horas el cabildeo
entre sus aliados y algunos posibles detractores del bloque disidente. En
total, en el Legislativo tienen representación al menos 19 partidos políticos.
Los opositores, reunidos en
la Alternativa Patriótica para el Progreso y la Democracia, declararon en un
documento que la iniciativa de Préval es “un caso muy raro en el que un
Estado demanda a la comunidad de naciones que le sea amputada parte de su
soberanía”, en la etapa post sismo.
En la primera expresión política
en la que los opositores rompen filas con Préval –de quien de por sí eran
muy críticos antes del 12 de enero, pero a quien arroparon durante los últimos
tres meses en atención a la fragilidad del Estado como consecuencia del
terremoto– los firmantes acusan al actual gobierno de quererse dotar “de
poderes excepcionales, como en los viejos tiempos de la dictadura”.
Destacan además que ampliar
el estado de excepción para gestionar la salida de la crisis no es necesario:
“Esta ley no tiene razón de ser –argumentan– ya que la ley actual
cuenta con todas las herramientas legales para hacer frente a la
emergencia”.
