El panorama social se ha ensombrecido durante los últimos meses en Haití donde los efectos del terremoto devastador del 12 de enero de 2010 se conjugan con debilidades recurrentes en materia de servicios sociales de base y la ausencia de una política adecuada para enfrentar la situación.

La exclusión se ha incrementado con las dificultades de acceso sobre todo a los servicios de salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo y a la alimentación, sea como consecuencia directa del terremoto, sea a causa de deficiencias del sistema vigente.

Una desgracia más

La epidemia de cólera que se desató en el país a mediados de octubre ha develado la negligencia de las colectividades políticas que sucesivamente han detentado las riendas del poder durante varias décadas. La enfermedad, aparecida en la Meseta Central (al este), se propagó rápidamente en los 10 departamentos con un saldo, según las cifras oficiales de mediados de diciembre, de más de 2500 muertos y aproximadamente 115.000 personas contaminadas.

Una polémica persiste sobre el origen de la enfermedad, pero el pueblo inculpa al contingente nepalés de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH). Los militares de Nepal, país que ha tenido brotes de cólera, son sospechosos de haber vertido materias fecales en un río que atraviesa la región donde aparecieron los primeros casos. Más allá de las responsabilidades a establecer en esta cuestión fundamental, lo que salta a los ojos es el abandono que afecta a la mayor parte de la población, que vive en una insalubridad total, sin acceso al agua potable ni a letrinas.

Operaciones de urgencia han sido emprendidas para la distribución de agua, cloro, medicamentos y bolsas para restos humanos en varias regiones. Entre tanto, se han iniciado precipitadamente campañas de sensibilización de la población con respeto a los principios de higiene. En muy poco tiempo, las autoridades locales fueron completamente rebasadas. Diversas estructuras de ONGs o de la cooperación internacional se apresuraron a extender sus servicios de urgencia en las regiones más afectadas, cuando se teme que los casos de infección podrían alcanzar los 400.000 en los próximos meses.

Varios factores agravantes de esta situación seguramente no podrán resolverse a corto plazo, sobre todo en cuanto a las necesidades en agua potable, saneamiento e higiene. Las estimaciones disponibles registran que sólo un 41 % de los 10 millones de haitianos tienen acceso a letrinas en su residencia y 51 % al agua potable. En las zonas rurales desprovistas de infraestructuras colectivas, menos del 5 % de la población se beneficia de servicios de saneamiento.

En las regiones apartadas de las ciudades, como en las barriadas de la capital y de las grandes aglomeraciones, muchas personas han muerto sin haber podido llegar a un puesto de salud. La situación ha alcanzado tales proporciones en regiones como la Grande Anse (sur–oeste) o la Meseta Central, que sectores de la población llegan a vincular el cólera a la hechicería. Una veintena de personas acusadas de sembrar una "pólvora mágica" de cólera fueron linchadas.

Elites despreocupadas

La propagación del cólera no puede de ninguna manera ser vista como una consecuencia del terremoto, que suscitó temores de estallido de olas de epidemias en las regiones directamente afectadas, donde la promiscuidad se ha incrementado. 1,5 millones de personas se han refugiado bajo las tiendas de campaña en 1300 campos improvisados al día siguiente del terremoto. La mayoría de ellas permanecen sin ninguna esperanza de acceder a una vivienda a mediano plazo.

Esta realidad prácticamente tomó por sorpresa a las élites haitianas, siendo que, desde hace mucho tiempo, ninguna política de alojamiento ha sido implementada, dejando librado el sector de la construcción a la anarquía. El resultado: 81% del espacio construido en el país antes el sismo del 12 de enero de 2010, consistía en estructuras frágiles erigidas fuera de las normas, mientras que con el éxodo rural la presión se ha incrementado en las ciudades. 72% de los habitantes de la capital ha llegado a Puerto Príncipe a partir 1995, indican los expertos, que subrayan que más de las tres cuartas partes de los 2 millones de habitantes de la capital están sin–techo.

Según el primer ministro Bellerive, hace falta 5 mil millones de dólares para ofrecer a todos estos siniestrados un mejor abrigo que las tiendas o los toldos. Pero, lo que desean los sin–techo, es más bien un plan de realojamiento, que aún no existe. Entre la irresponsabilidad estatal y las amenazas de expulsión que afectan a un 17% de los campos, centenares de sin–techo se han manifestado repetidamente ante el despacho del premier ministro para reclamar una vivienda decente, en virtud de los derechos que les confiere la Constitución haitiana.

La cuestión del realojamiento hace parte de los asuntos que han sido confiados a ONGs a través de un "Cluster", siguiendo la fórmula de la ONU. Los proveedores de fondos han prometido consagrar US$ 240 millones de dólares a la construcción de más de 100.000 refugios transitorios, de los cuales apenas la cuarto parte ha sido construida en un año.

Derechos sociales ignorados

Entretanto, las poblaciones siniestradas permanecen vulnerables a la intemperie y sus derechos sociales son ignorados, en un contexto donde estos últimos nunca han sido verdaderamente tomados en cuenta.

Las alertas se multiplican sobre los riesgos a los que se exponen las poblaciones carentes al ver agravarse, por ejemplo, la inseguridad alimentaria que les afecta. Ya desde hace algunos años se constataba "un déficit cuantitativo y cualitativo en la alimentación de la mayoría de las personas. La mayoría de los productos de consumo tales como maíz, arroz, frijol, azúcar, verduras, queso, frutas, carne de res o de cabra, pescado o leche, no son accesibles a los pequeños presupuestos, debido a su costo elevado en el mercado", según la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Defensa de los Derechos Humanos (POHDH).

Sin embargo la situación económica se ha agravado aún más después del 12 de enero, privando a millares de personas de un trabajo o de cualquier actividad que les permita satisfacer sus necesidades. Las pérdidas causadas por el sismo son estimadas en más de siete mil millones de dólares a nivel de los sectores productivos, correspondiendo el 70 % al sector privado y el 30 % al sector público. Un 30 % de los empleos disponibles antes el 12 de enero se han perdido.

Las familias han realizado, sin embargo, esfuerzos sobrehumanos para enviar sus niños a la escuela, si bien el número de niños desocupados se ha incrementado con la destrucción de 4200 escuelas, incluidos establecimientos públicos. Hoy, 500.000 niños no están escolarizados, según las cifras oficiales del Ministerio de la Educación Nacional, en tanto que el 80% de la oferta escolar está en manos del sector privado.

En octubre pasado esta realidad provocó la ira de centenares de alumnos y de maestros no remunerados desde hace dos años, que han gritado su desamparo delante del Ministerio de la Educación Nacional. Estas movilizaciones tuvieron como saldo un muerto, el normalista Jean Philibert Louis, de 35 años, fallecido por causa de las heridas provocadas por un proyectil tirado por la policía.

En esta ocasión, los padres de familia denunciaron de nuevo el gobierno, que se niega a promulgar una ley a favor de la reducción de las pensiones escolares, votada por el parlamento con el objetivo de disminuir los desembolsos anuales asumidos por las familias en Haití.

(*) Gotson Pierre, periodista haitiano, es integrante de la red alternativa de información AlterPresse.