A 70 años de la nacionalización petrolera en México

Lázaro Cárdenas y las limitaciones del
reformismo burgués

Por Oscar Alba
Socialismo o Barbarie, periódico, 21/02/08

En 1934 es elegido presidente de México el general Lázaro Cárdenas. Había comenzado su carrera militar a los 18 años y, en un país convulsionado por la revolución campesina, sus acciones militares iban forjando también su carrera política. Cárdenas había formado parte del ejército constitucionalista de Venustiano Carranza, peleó contra las huestes de Pancho Villa y también contra Manuel Peláez, quien estaba sostenido por los intereses de las companías petroleras. En 1928 es ascendido a general de brigada y llega a la gobernación del estado de Michoacán. Desde su puesto de gobernador liquidó las “guardias blancas” organizadas por las companías petroleras y combatió la reacción cristera.[1] Por un corto tiempo ejerce la presidencia del partido gobernante, el PNR (Partido Nacional Revolucionario), y va a llegar entonces a la presidencia de la Nación con un considerable apoyo del movimiento de masas.

El problema de la tierra y los recursos naturales, fundamentalmente el petróleo, fue uno de los motores esenciales del proceso revolucionario de México en las primeras décadas del siglo XX. La gestión de Cárdenas al frente del gobierno nacional, a su vez, va a ser decisiva en la relación entre estos problemas y el movimiento de masas, la burguesía mexicana y el imperialismo.

El reparto de la tierra después de sancionarse la Constitución de 1917 había sido lento, y recién se aceleró en 1929, durante el breve período presidencial de Portes Gil, en el que se repartieron 1.750.000 has. entre 126.000 personas. Cárdenas dará un nuevo envión a la redistribución de parcelas. “Como presidente, Cárdenas impulsará un proceso similar al que había protagonizado en Michoacán, siendo el único presidente que supere, y ampliamente, aquel antecedente de 1929. Entre 1935 y 1940 se distribuyó una media anual de 2.935.000 hectáreas entre 129.000 beneficiarios en promedio, con una superficie media de la parcela de 22,5 hectáreas”.[2] Esta política agraria incluyó el otorgamiento de créditos para la actividad rural. Se creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal para la financiación de los ejidos. Se promovió la salud pública construyendo hospitales y enviando médicos rurales para la atención de los campesinos y las comunidades indígenas.

La nacionalización del petróleo

La cuestión del petróleo, como dijimos, fue fundamental en el gobierno de Cárdenas y estuvo ligada al proceso de ascenso de luchas obreras y la organización sindical de los trabajadores petroleros. En los inicios del gobierno de Cárdenas, los obreros del petróleo se encontraban divididos, cada compañía tenía su sindicato y las condiciones de trabajo y de vida eran deplorables. Las patronales negreras no respetaban la Ley Federal del Trabajo. En ese mismo año (1934) estalla una oleada de huelgas en distintos sectores obreros. En enero pararon los petroleros, los electricistas de Veracruz, más de una decena de fábricas textiles, hubo huelga general en Tampico y de los tranviarios del Distrito Federal. En abril, pararon los trabajadores de servicios públicos en Mérida, Veracruz, Celaya y León, entre otras luchas.

Es en este marco que en 1936 se organiza el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, cuya Convención va a sentar las bases para una lucha que derivará en la nacionalización del petróleo. La discusión del convenio laboral con las multinacionales fue ardua, y pese a la intervención del propio Cárdenas, en la conversación entre representantes obreros y patronales no hubo acuerdo. Finalmente, el 25 de mayo de 1937 estalla la huelga petrolera, que va a durar diez meses. El gobierno se ve entonces obligado a intervenir a fondo y el 18 de mayo de 1938 Cárdenas firma el decreto expropiatorio.[3] Junto a esta nacionalización del petróleo también se estatizaron los cuatro ferrocarriles nacionales, y dos años antes se había promulgado la Ley de mexicanización de las compañías de seguros.

El reformismo burgués

Las reformas llevadas adelante por Lázaro Cárdenas lo ubicaron en su momento como referente de lo que se denominó el “nacionalismo revolucionario”, una categoría política que buscaba conferir el carácter revolucionario a las burguesías nacionales, en este caso, las latinoamericanas. No obstante, si bien las reformas cardenistas fueron profundas, nunca superaron los límites del capitalismo mexicano.

En la nacionalización del petróleo es preciso tener en cuenta dos aspectos esenciales: por un lado, el ascenso que detonó la huelga petrolera por el convenio laboral; por el otro, el marco de las relaciones políticas y económicas entre México y el imperialismo.

En este sentido, la expropiación de las empresas petroleras no fue tanto una “medida progresiva” del propio Cárdenas como más bien una obligada respuesta a la huelga obrera de diez meses, así como al desconocimiento de la autoridad presidencial que esbozaron las empresas imperialistas.

Esto se combinó con el hecho de que Estados Unidos, a diferencia de Inglaterra, que rompió relaciones con México, bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt se aprestaba para la guerra y no quería resquebrajar el frente de América Latina frente a la contienda.

Las relaciones se tensaron, los yanquis reclamaron la indemnización por las expropiaciones y Cárdenas terminó pagando 23 millones de dólares, que se extrajeron de un porcentaje de las ventas de petróleo mexicano al exterior.

Hay un elemento más que influye en la situación. Cuando Cárdenas expropia las empresas petroleras, si bien en México seguía siendo un sector económico muy importante, la producción regional de petróleo tenía ya como centro a Venezuela y los capitalistas petroleros orientaban más sus intereses hacia ese país.

En la nacionalización de los ferrocarriles hay que precisar que la empresa era mixta y el gobierno quedó como único dueño. La situación de la empresa era desastrosa, y si bien el gobierno se queda con la empresa también se queda con sus deudas, que pasaron a ser parte del pasivo de la Nación, beneficiando a los acreedores extranjeros.

De Cárdenas a Ávila Camacho

Cárdenas será sucedido en la presidencia por Ávila Camacho, que tendrá una política tendiente a retrotraer las medidas del cardenismo, mostrando las limitaciones de clase del “nacionalismo revolucionario” de Lázaro Cárdenas y la burguesía mexicana. En 1942, Ávila Camacho suscribe con el presidente Roosevelt los acuerdos que sellan la “reconciliación” con los Estados Unidos, y en 1946 se reforma la Constitución, ampliándose los límites de la pequeña propiedad. Asimismo, se desacelera la distribución de tierras.

Con respecto al petróleo, ya en 1940 se buscaban acuerdos con la companías petroleras expropiadas. “Poco después quedaban liquidados los conflictos con casi todas las empresas, al sentenciar la Corte Suprema de Justicia de México la devolución de 50.000 hectáreas de terreno petrolífero a dos filiales mexicanas de la Standard Oil Co. of New Jersey, sobre la base de que estas empresas no estaban mencionadas específicamente en el decreto expropiatorio de 1938”.[4]

Desde el punto de vista del movimiento obrero, surge una burocracia ligada al aparato estatal que, como en el caso de los ferrocarriles, será un agente directo de los intereses del gobierno. Esta burocracia se va a consolidar durante el período de Camacho, lo que se dio en llamar sindicalismo “charro”, caracterizado por la corrupción y el matonaje.

Por una perspectiva independiente

Con respecto a las cuestiones planteadas alrededor de la nacionalización de la industria, León Trotsky, que estaba ya residiendo en México, expresaba: “¿Cuál debería ser la política del partido obrero en estas circunstancias? Sería un error desastroso, un completo engaño afirmar que el camino al socialismo no pasa por la revolución proletaria, sino por la nacionalización que haga el estado burgués en algunas ramas de la industria y su transferencia a las organizaciones obreras. (...) Los líderes sindicales son, en la mayoría de los casos, agentes políticos de la burguesía y sus estados. En la industria nacionalizada pueden volverse, y ya se están volviendo, sus agentes administradores directos. Contra esto no hay otra alternativa que luchar por la independencia del movimiento obrero en general, y en particular por la formación de firmes núcleos revolucionarios que defiendan la unidad del movimiento sindical, sean capaces de luchar por una política de clase y una composición revolucionaria de los organismos directivos”.[5]

En este sentido, la experiencia cardenista muestra la necesidad de una política independiente de los revolucionarios hacia el progresismo burgués.

En la actualidad, en otro marco político y económico, las rebeliones populares en América Latina han llevado al poder a gobiernos burgueses que se declaran “progresistas” y que, como en el caso de Chávez, toman limitadas medidas reformistas y llevan a cabo estatizaciones parciales. Incluso el propio Chavez afirma estar construyendo el socialismo del siglo XXI.

Pero la historia de la lucha de clases del siglo XX en Latinoamérica ha dejado una enseñanza palmaria: más allá de la defensa de las “medidas progresistas” que toman estos gobiernos frente a la eventual reacción imperialista, en ningún caso se las puede apoyar políticamente, por todo lo que de inconsecuentes, limitadas y burguesas han tenido, y mucho menos apoyar a los gobiernos burgueses que las implementan.

Notas:

1. La constitución de 1917 tuvo un fuerte contenido antirreligioso. Separando la Iglesia del Estado se proclamó la educación laica. Las propiedades de la Iglesia pasan a manos del Estado (artículo 27) y no se le reconoce personalidad jurídica (art. 130). El 31 de julio de 1926 se promulga la Ley Calles, que prohíbe los actos de culto, suministro de sacramentos, catequesis, monasterios y conventos. Esto da origen a un enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado que va a ir aumentando hasta llegar a enfrentamientos armados. En enero del 1927 surgen los “cristeros” que defienden los intereses de la iglesia.

2. Lázaro Cárdenas. La revolución mexicana, de Horacio Ciafardini.

3. La expropiación alcanzó a la Compañía Mexicana de Petróleo, “El Aguila”, Naviera San Cristóbal SA, Huasteca Petroleum Co., Sinclair Pierce Oil Co., Compañía Petrolera Cacalilao, Penn Mex Fuel Co., Richmond Petroleum Co., California Standard Oil Co., Compañía de gas y combustible “Imperio” SA, Consolited Oil Companies of México y otras.

4. Horacio Ciafardini, op. cit.

5. L.  Trotsky, “La industria nacionalizada y la administración obrera”.